Comisión interamericana de derechos humanos



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4. Canadá


  1. La Relatoría Especial registró en su informe anual del año 2010 información acerca del uso excesivo de la fuerza que autoridades policiales habrían ejercido contra participantes pacíficos, y la imposición de importantes limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión durante la cumbre del G20 en Toronto, los días 26 y 27 de junio de 2010126. Al respecto, la Relatoría Especial toma nota del informe del Comité de Seguridad Pública y Seguridad Nacional de la Cámara Baja del Parlamento de Canadá acerca de los incidentes ocurridos en Toronto, así como de los informes del Defensor del Pueblo (Ombudsman) de Ontario y de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles (CCLA) y el Sindicato Nacional de Empleados Públicos y Generales (NUPGE). El informe del Parlamento de Canadá recomendó una investigación judicial pública, independiente y exhaustiva “con potestades suficientemente amplias para investigar todos los niveles de gobierno, todo el proceso de toma de decisiones y todos los eventos ocurridos que condujeron al daño de propiedades, violaciones de derechos civiles y lesiones corporales”, con el poder suficiente para hacer recomendaciones que aseguren la no repetición de los hechos127. El informe del Ombudsman de Ontario estableció que el Ministerio de Seguridad Comunitaria y Servicios Correccionales con base en la Ley de Protección de Actividades Públicas (Public Works Protection Act) implementó y usó la regulación 233/10, para fortalecer la seguridad durante la cumbre del G20, la cual el Ombudsman consideró inconstitucional y nunca debió haber sido promulgada128. El efecto de esa regulación, según el Ombudsman, fue el de limitar la libertad de expresión, otorgar a la Policía el poder de ejecutar arrestos sin justa causa y requisas no razonables. Asimismo, el Ombudsman notó que el público no fue debidamente informado de la promulgación de la regulación 233/10, por lo que muchas personas resultaron detenidas simplemente por ejercer sus derechos en desconocimiento de los límites impuestos por dicha regulación129. Entre otras recomendaciones, el Ombudsman propuso reformar o reemplazar la Ley de Protección de Actividades Públicas y revisar los poderes que esa ley otorga a la Policía130. El Ministro de Seguridad Comunitaria y Servicios Correccionales de Ontario se habría comprometido a cumplir con todas las recomendaciones del Ombudsman131. Finalmente, el informe de CCLA y NUPGE concluyó que la mayoría de los arrestos ocurridos durante la cumbre del G20 fueron “arbitrarios y excesivos” y recomendó una investigación federal- provincial y mejoras en la política policial y el entrenamiento policial132.




  1. La Relatoría Especial reconoce los esfuerzos del gobierno canadiense por brindar información detallada a la Comisión respecto de la respuesta de los servicios de seguridad ante las manifestaciones realizadas en 2010 durante la cumbre del G20 y las medidas adoptadas por el gobierno para evaluar su respuesta. La Relatoría Especial toma en cuenta los numerosos procedimientos iniciados, tanto ex officio como en respuesta a denuncias formales, en el ámbito del gobierno municipal, provincial y federal con el fin de examinar las prácticas de control policial aplicadas durante la cumbre del G20. La Relatoría continuará llevando a cabo un seguimiento de estos procedimientos con especial interés. La Relatoría señala asimismo que, en función de la explicación ofrecida por el gobierno sobre el alcance de la prohibición de “concentración ilegal” contemplada en el artículo 63 del Código Penal de Canadá133, continúa compartiendo la preocupación del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la implementación práctica de esta disposición134 y los potenciales efectos disuasivos que podría tener para la protesta social.




  1. La Relatoría Especial reconoce la decisión adoptada el 19 de octubre por la Corte Suprema de Canadá en el caso Crookes v. Newton, donde se analizó si una persona podía ser condenada por difamación cuando en su sitio Web se incluyeran enlaces a otro sitio que contuviera contenido difamatorio (o presuntamente difamatorio) sobre terceros. A fin de establecer si existió difamación, debe demostrarse que hubo publicación de contenidos, y se pidió entonces a la Corte que examinara si la creación de un enlace constituía publicación. La Corte se pronunció en contra de dicha posibilidad y sostuvo que de ser así se generaría “una presunción de responsabilidad respecto de todas aquellas personas que creen hipervínculos”, lo cual “restringiría gravemente el flujo de información a través de Internet y, por ende, la libertad de expresión”. Por consiguiente, “solo cuando quien crea el hipervínculo presente material tomado de dicho hipervínculo de un modo que en realidad replique el contenido difamatorio, entonces deberá considerarse que el contenido ha sido ‘publicado’ por quien proporcionó el hipervínculo”135. La Relatoría Especial recuerda que “ninguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como acceso, búsquedas o conservación de información en la memoria caché deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios, siempre que no intervenga específicamente en dichos contenidos ni se niegue a cumplir una orden judicial que exija su eliminación, y esté en condiciones de hacerlo (‘principio de mera transmisión’)”136.




  1. La Relatoría Especial también tomó en cuenta la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Ontario ante un recurso presentado en el caso Morris v. Johnson. Se trata de una demanda por difamación interpuesta por la ex alcalde del municipio de Aurora a partir de comentarios en un blog local de esa comunidad, donde se criticaba el trabajo de dicha funcionaria. En el marco de su demanda, presentó una petición al Tribunal para que este ordenara a las partes conocidas que revelaran la identidad del autor o los autores del blog. El Tribunal Superior resolvió que la ex alcalde no tenía legitimidad para obtener la información identificatoria solicitada, debido a que no había acreditado prima facie el fundamento de su pretensión sobre difamación. En tanto la ex alcalde no había expuesto las declaraciones concretas que consideraba difamatorias, el Tribunal resolvió que no estaba en condiciones de determinar si su pretensión era, a primera vista, suficiente para establecer la difamación. El Tribunal señaló asimismo que los autores del blog en cuestión tenían una expectativa razonable de anonimato, puesto que no debían identificarse para participar en el blog. El Tribunal concluyó que “teniendo en cuenta las circunstancias del presente caso, en el cual la Actora no ha acreditado prima facie los fundamentos de su pretensión, el interés público que justificaría la revelación de la identidad claramente no es superior al interés legítimo en preservar la libertad de expresión y el derecho a la privacidad de las personas que se pretende identificar”137.




  1. De acuerdo con información recibida, un juez de la Corte Suprema de Columbia Británica ordenó el 31 de diciembre de 2010 a la reportera del periódico The Province, Elaine O’Connor, a identificar una fuente confidencial utilizada en un artículo acerca de presuntos gastos excesivos de un ex legislador durante una campaña electoral, con el fin de conocer la intención o malicia con la cual esa fuente habría actuado. El juez resolvió que la confidencialidad de la fuente debe ser protegida si la motivación para aportar información a un periodista es la responsabilidad cívica o promover la integridad del gobierno a través de la denuncia, pero no si tal acción se deriva del interés de obtener ventaja en una disputa familiar o en un plan para difamar o desacreditar personalmente a una persona138.




  1. La Relatoría recuerda que el principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, establece que: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.




  1. Finalmente, la Relatoría ha recibido información sobre alegadas dificultades para ejercer el derecho de acceso a la información pública. Según un estudio publicado por Canadian Journalists for Free Expression (CJFE), 44% de las solicitudes de acceso a nivel federal no fueron resueltas en el término de 30 días establecido por la Ley de Acceso a la Información (Access to Information Act),139 y el promedio para resolver una solicitud es 395 días.140 Adicionalmente, según el informe, en solamente 15% de los casos resueltos los solicitantes reciben toda la información que solicitan.141




  1. La Relatoría recuerda que, de acuerdo con el Principio 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, “[e]l acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.


5. Chile


  1. En materia de protesta social y respecto a las manifestaciones estudiantiles llevadas a cabo en Chile durante el 2011, se desarrolló una audiencia temática durante el 143º período de sesiones. En la citada audiencia, los peticionarios denunciaron el uso abusivo de la fuerza por parte de la fuerza pública y documentaron sus afirmaciones con una serie de videos y testimonios de jóvenes estudiantes142. A su turno, el Estado indicó que si bien se habían producido algunos hechos de violencia en el marco de las manifestaciones en Chile, se garantizaba plenamente el ejercicio de la protesta social, lo cual habría quedado de manifiesto en la participación autorizada de dos millones de personas en marchas de protestas, de las cuales solo algunas personas habrían sido detenidas, en lo corrido del 2011143.




  1. Sobre estos hechos, tanto en la audiencia celebrada como en sus comunicados al Estado, la CIDH reconoció la masiva participación social en las manifestaciones llevadas a cabo durante el 2011 y las garantías existentes para el ejercicio de la libertad de manifestación, pero expresó una profunda preocupación por los hechos de violencia reportados, algunos de los cuales revisten particular gravedad144. A este respecto, la Comisión recordó que el derecho de asociación, manifestación y la libertad de expresión son derechos fundamentales garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dada la importancia de estos derechos para la consolidación de sociedades democráticas, la Comisión ha sostenido que cualquier restricción de los mismos debe estar justificada en un interés social imperativo. En este sentido, la Comisión indicó que un Estado puede imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas, así como dispersar aquellas que se tornan violentas, siempre que tales límites se encuentren regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.




  1. Por su parte, el accionar de agentes estatales no debe desincentivar los derechos de reunión, manifestación y libre expresión, por lo cual la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas. Los operativos de seguridad que se implementen en estos contextos deben contemplar las medidas más seguras y menos lesivas de los derechos fundamentales involucrados. El uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos. En todo caso, en los operativos de seguridad las autoridades deben tomar en especial consideración el interés superior del niño, y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar su protección contra todo tipo de violencia.




  1. La Relatoría Especial manifiesta su preocupación por una serie de agresiones y detenciones a comunicadores que habrían sido cometidas durante acciones policiales en el curso de las multitudinarias manifestaciones llevadas a cabo durante el 2011. El 2 de febrero fue arrestado en Santiago el periodista del diario digital El Mostrador, Jorge Molina Sanhueza, cuando filmaba los forcejeos entre manifestantes opuestos al aumento de tarifas del transporte y Carabineros. Según lo informado, los policías aprehendieron a Molina sin explicarle las razones y lo condujeron a la Primera Comisaría de la capital, donde permaneció cuatro horas hasta que fue liberado con una citación ante la Fiscalía, por presuntos “desórdenes”145. El 25 de febrero efectivos de Carabineros detuvieron al periodista Patricio Mery, director del portal Panorama News, cuando cubría en el centro de la capital una manifestación en contra de un proyecto de energía termoeléctrica146. La Relatoría Especial tuvo conocimiento del arresto de la reportera gráfica Marcela Rodríguez, del diario digital Mapuexpress, ocurrida el 13 de enero durante una manifestación en Temuco, en contra de un proyecto hidroeléctrico. En la audiencia realizada el 22 de junio, el Ministerio Público desistió de continuar la acusación pues el presunto delito no afectaba el interés público147.




  1. El 8 de septiembre, la policía de Carabineros habría detenido al periodista Raúl Flores Castillo, director del medio digital Dilemas, cuando cubría una jornada de protestas en Santiago. De acuerdo con la información recibida, habría sido arrestado cuando tomaba fotografías de una manifestación y, aunque se identificó como periodista, habría sido llevado a un camión policial donde borraron sus imágenes y los audios de su grabadora. Permaneció detenido cerca de seis horas148. El 29 de septiembre, Carabineros habrían detenido y golpeado al periodista Nicolás Salazar, del medio de comunicación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción Metiendo Ruido, cuando intentaba grabar con una cámara el ingreso de policías a esa universidad. Según lo informado, los policías habrían golpeado y detenido a Salazar, arrebatado la cámara y extraído la batería del equipo149. El 4 de agosto, agentes policiales habrían detenido a Ítalo Retamal y Dauno Tótoro, productores de CEIBO Producciones, mientras grababan enfrentamientos entre policías y manifestantes en Santiago. Según lo informado, ambos comunicadores fueron arrestados de manera violenta pero, como fue registrado en un video del incidente, cuando los Carabineros intentaban introducirlos en un vehículo policial otros periodistas y manifestantes lograron arrebatar y liberar a los dos detenidos, en medio de forcejeos y lanzamiento de gases lacrimógenos150. En la madrugada del 25 de agosto, policías de Carabineros habrían intentado irrumpir con violencia en las instalaciones del canal comunitario Señal 3 de la población de la Victoria, en Santiago. Según la información recibida, trabajadores del Canal y vecinos impidieron el ingreso de los policías. Durante el forcejeo, grabado en video, varias personas resultaron golpeadas y equipos de la emisora habrían sido dañados151. El 11 de septiembre, en una marcha en recordatorio del aniversario del golpe de Estado de 1973, un equipo de la televisión pública argentina habría sido agredido por encapuchados cuando cubrían choques de manifestantes con fuerzas policiales152. El 6 de octubre, Carabineros habrían detenido y agredido al director de Panorama News, Patricio Mery, cuando cubría el arresto de un manifestante. De acuerdo con la información recibida, Mery se identificó reiteradamente como periodista. Al momento de su detención, Mery habría sido esposado, amenazado y golpeado por un oficial de Carabineros. Dos horas y media después fue llevado a un hospital153. El 6 de octubre, un Carabinero dio un cabezazo con el casco puesto al camarógrafo de Chilevisión, Gonzalo Barahona, cuando él y el periodista de ese medio, Luis Narváez, reportaban manifestaciones en Santiago. Narváez intentó obtener la identificación del agresor y fue detenido por la Policía y llevado a un furgón policial154.




  1. La Relatoría Especial recuerda que el principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.




  1. La Relatoría tuvo conocimiento de un proyecto de ley que regularía el ejercicio de la protesta social de forma que podría afectar los estándares interamericanos en la materia155. No obstante, al cierre del presente informe, el trámite de dicho proyecto no habría avanzado en las cámaras legislativas.




  1. La Relatoría Especial fue informada del enjuiciamiento de Marcelo Núñez Fuentes, director de la emisora comunitaria Radio Tentación en Paine el 10 de mayo, y la comunicadora Mireya Manquepillán Huanquil de Radio Kimche Mapu en Puquiñe Lumaco el 15 de noviembre, acusados de haber violado el artículo 36(b) de la Ley General de Telecomunicaciones, que sanciona con penas de prisión la explotación de servicios de radiodifusión sin contar con la licencia correspondiente156. Según lo informado, Núñez rechazó la oferta de la Fiscalía de suspender su caso si aceptaba la acusación, se abstenía de volver a transmitir y donaba los equipos a escuelas de comunicación157. Los acusados y sus defensores habrían alegado que en la actualidad muchos radialistas podrían ser acusados pues no existe a la fecha de los hechos la reglamentación a la Ley de Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana (Ley 20.433), aprobada el 4 de mayo de 2010. El caso se originó el 9 de noviembre de 2010, cuando autoridades policiales allanaron las radios comunitarias Tentación y Radio 24, en la comunidad de Paine, en la región metropolitana de Santiago158.




  1. La Relatoría insiste en que las leyes en materia de radiodifusión deben adecuarse a los estándares internacionales y deben hacerse cumplir mediante el uso de sanciones administrativas proporcionales y no mediante el empleo del derecho penal159.




  1. En este mismo sentido, en su informe anual de 2010, la Relatoría Especial ya había manifestado que “toda restricción impuesta a la libertad de expresión por las normas sobre radiodifusión debe ser proporcionada, en el sentido que no exista una alternativa menos restrictiva del derecho a la libertad de expresión para lograr el fin legítimo perseguido. Así, el establecimiento de sanciones penales ante casos de violaciones a la legislación sobre radiodifusión no parece ser una restricción necesaria”. La Relatoría recuerda que no es suficiente el reconocimiento legal de la radiodifusión comunitaria si existen normas que establecen condiciones discriminatorias para su operación o sanciones desproporcionadas como el uso del derecho penal160.




  1. Colombia161




  1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido información relativa a la situación del derecho a la libertad de expresión en Colombia y para ello ha contado con datos proporcionados tanto por la sociedad civil como por el Estado de Colombia. En este último sentido, el 27 de diciembre de 2011, el Estado de Colombia dirigió a la CIDH el oficio MPC/OEA No. 1829 a la CIDH, mediante el cual remitió la nota DIDHD.GAIID No. 79338/1665 del 23 de diciembre de 2001, de la Dirección de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Relaciones Exteriores en el cual el Estado hace referencia a la situación de la libertad de expresión en Colombia y aporta información respecto de los casos particulares que han sido reportados a la CIDH y que se presentan en este informe.


A. Avances


  1. La CIDH toma nota de la aprobación por el Congreso de la República de Colombia de la Ley No. 1426, firmada por el Presidente Juan Manuel Santos el 29 de diciembre de 2010, según la cual en el futuro se amplía de 20 a 30 años el plazo de prescripción de los homicidios cometidos contra periodistas, defensores de derechos humanos, o miembros de organizaciones sindicales162. En 2011 prescriben al menos siete asesinatos de periodistas163.




  1. De acuerdo con información recibida, la Fiscal General de Colombia, Viviane Morales Hoyos, anunció que será fortalecido el departamento para crímenes contra periodistas de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con el fin de agilizar las investigaciones por amenazas que han recibido los comunicadores. Según lo informado, ese departamento recibirá todos los casos que manejan de manera independiente diferentes oficinas del Ministerio Público. Durante 2010, la Fiscalía habría registrado unas 50 denuncias por amenazas contra periodistas164.




  1. El 29 de marzo habrían sido objeto de una orden de detención preventiva sin beneficio de excarcelación, los políticos Francisco Ferney Tapasco González y Dixon Ferney Tapasco Triviño, por el asesinato del periodista Orlando Sierra, subdirector del diario La Patria, ocurrido el 30 de enero de 2002. En sus observaciones a la CIDH, el Estado comunicó que el 25 de julio se acusó a tres personas “entre ellas al señor Francisco Ferney Tapasco González, quien se encuentra privado de su libertad, cumpliendo una sentencia condenatoria en su contra por el delito de Concierto para Delinquir Agravado, es así como, a su vez, el Fiscal del caso precluyó la investigación en favor del señor Dixon Ferney Tapasco Triviño”165. En su informe, el Estado señaló que en el caso del periodista Orlando Sierra “hasta el momento se ha obtenido sentencia condenatoria en contra de tres personas”166.




  1. La CIDH conoció que la Fiscalía ordenó la prisión preventiva sin beneficio de excarcelación de Jaime Arturo Boscan Ortiz, presunto responsable del asesinato del periodista Jaime Rengifo Ravelo, ocurrida en 2003 en Maicao, departamento de Guajira167.




  1. En sus observaciones a la CIDH el Estado indicó que, “en cuanto al tema de delitos cometidos contra periodistas, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación, hasta la fecha cuenta con 49 casos asignados; 39 de ellos se encuentran activos, en los cuales existen 106 personas vinculadas, 67 personas acusadas y 58 personas privadas de la libertad. Actualmente, se han obtenido 18 sentencias condenatorias, en contra de 26 personas”168.




  1. De acuerdo con información recibida, el 24 de febrero el Juzgado 23 Municipal de Bogotá absolvió a la periodista Claudia López de los delitos de injuria y calumnia. La periodista enfrentaba una denuncia planteada por el ex presidente Ernesto Samper, quien alegó que una columna de la periodista, publicada en el periódico “El Tiempo” habría afectado su honor. Los jueces de la causa absolvieron a la periodista, en referencia a la doctrina y jurisprudencia interamericanas169.




  1. La CIDH tuvo conocimiento de la decisión de la Juez 16 Penal de Bogotá en septiembre de 2011 que habría exonerado a los periodistas Darío Arizmendi Posada, Clara Elvira Ospina, Vicky Dávila, Juan Carlos Giraldo y Héctor Rincón Tamayo, quienes habrían sido demandados por el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria por el delito de calumnias e injurias tras la publicación de unos artículos en junio de 2009170.




  1. La Comisión reconoce la importancia de la expedición de la Ley No. 1474 del 12 de julio de 2011, “[p]or la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, en la que se establecen reglas sobre los gastos de publicidad oficial171.

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