Comisión interamericana de derechos humanos



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B. Asesinato


  1. El 30 de junio de 2011 fue asesinado el periodista Luis Eduardo Gómez en el municipio de Arboletes. El periodista realizaba trabajos independientes para diarios como El Heraldo de Urabá y Urabá al Día, donde cubría temas relacionados con el turismo y el medio ambiente. Luis Eduardo Gómez era conocido por sus investigaciones sobre el manejo de los recursos públicos del gobierno local, el impulso a la investigación sobre la muerte de su hijo y sus exigencias al Estado por los avances en dicha investigación, así como por su papel de testigo ante la Fiscalía en casos de infiltración del paramilitarismo en la política en la región.172 En una comunicación dirigida a la Relatoría Especial, el Estado colombiano manifestó que “lamenta y rechaza el homicidio del que fue víctima el señor Gómez, e informa que ha desplegado las acciones necesarias dentro de su ordenamiento jurídico con miras a que los responsables de este hecho sean debidamente identificados y llevados ante las autoridades competentes”173.


C. Agresiones y amenazas contra medios y periodistas


  1. A mediados de febrero, desconocidos habrían arrojado una bomba incendiaria a la casa de Rodolfo Zambrano, periodista del periódico Magangué Hoy, en Magangué, que causó daños en la fachada de la vivienda. De acuerdo con la información recibida, en el momento del atentado se encontraban en la vivienda varios familiares del periodista, que no sufrieron heridas174.




  1. La CIDH recibió información concerniente al ataque con piedras y palos que habrían sufrido el 18 de marzo la periodista del noticiero CM&, Ana Mercedes Ariza, y el camarógrafo Armando Camelo, por parte de pobladores de una zona minera, en el municipio de California, Santander. Días después las autoridades detuvieron a cuatro sospechosos de la agresión, que quedaron grabados en el equipo de video de Cameo175.




  1. El 26 de mayo de 2011 Héctor Rodríguez, periodista en la emisora La Veterana en Popayán, Cauca, habría sido atacado por dos desconocidos que habrían disparado un arma de fuego cuando se encontraba ingresando a su lugar de trabajo. El periodista no sufrió ninguna lesión debido a la intervención de escoltas policiales que habían acompañado al comunicador durante tres meses, debido a la situación de riesgo en la que se encontraba176.




  1. La CIDH tuvo conocimiento de un número importante de casos de amenazas contra comunicadores. El 2 de diciembre de 2010 el periodista Ramón Sandoval Rodríguez habría recibido varias llamadas a su teléfono celular; en una de esas llamadas se le decía: “se rebozó la copa. Se calla y se va de Sabana de Torres, o asume las consecuencias. No es el primer perro que hemos matado en este pueblo”. Sandoval relaciona la amenaza con una serie de informaciones que ha publicado acerca de presuntos actos de corrupción en la administración municipal177. Asimismo, de acuerdo con la información recibida por la Relatoría Especial, el 17 de febrero de 2011 llegó a varias organizaciones no gubernamentales colombianas un correo electrónico que habría sido enviado por el autodenominado “Bloque Capital de las Águilas Negras”, el cual anunciaba: “llegó la hora de exterminar y aniquilar a todas las personas y organizaciones que se hacen pasar por defensoras de derechos humanos, y aún más que se infiltran como ONGs internacionales, periodistas (…)“178. A continuación el mensaje mencionaba personas y entidades entre las cuales se incluía a la Federación Colombiana de Periodistas (“FECOLPER”) y a los comunicadores Eduardo Márquez González, Claudia Julieta Duque, Daniel Coronell, Hollman Morris y Marcos Perales Mendoza179. Según lo informado, el 18 de febrero representantes de diversas organizaciones periodísticas tuvieron una reunión en Bogotá con el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos, en la que se trató la amenaza recibida y se discutieron posibles medidas para garantizar la seguridad de las personas en peligro180. El 14 de marzo circuló de nuevo una supuesta amenaza del llamado “Bloque Capital de las Águilas Negras” que reiteraba las advertencias181. Al respecto, la Relatoría Especial consultó al Estado las medidas adoptadas para garantizar la vida e integridad de las personas amenazadas, en una nota enviada el 4 de marzo182. En su respuesta del 13 de abril de 2011, el Estado expresó a la Relatoría Especial su repudio a las amenazas proferidas contra los comunicadores, reiteró su compromiso con la defensa de la libre expresión, destacó el funcionamiento del Programa de Protección del Ministerio del Interior y Justicia y señaló que incluso se han puesto en ejecución medidas de seguridad para proteger a los periodistas en zonas de violencia y en misiones peligrosas. En su comunicación, el Estado recordó que los comunicadores beneficiarios del Programa han aumentado de 14 en el año 2000 a 175 en 2010, mientras que las muertes de periodistas se han reducido de 27 entre 2001 y 2003 a 2, entre 2008 y 2010. El Estado explicó que los casos de amenazas mencionados en la comunicación del 14 de marzo “han sido puestas en conocimiento de las autoridades judiciales respectivas, con el fin de que se adelanten las investigaciones respectivas”. Indica finalmente, que en los casos de los periodistas Hollman Morris y Claudia Julieta Duque ya tienen implementadas medidas a su favor en el marco del Programa de Protección mencionado183.




  1. La CIDH tuvo conocimiento de que a finales de marzo circularon en el departamento de El Cauca tres panfletos atribuidos a las “Águilas Negras, Rastrojos y las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC”, que declaraban como “objetivos militares permanentes a 11 periodistas y 11 radioemisoras comunitarias”184. Asimismo, en el mes de agosto la periodista Mary Luz Avendaño, corresponsal del periódico “El Espectador”, en Medellín, habría sido obligada a salir del país dada su elevada situación de riesgo, a pesar de recibir protección de la Policía Municipal185. El riesgo se habría originado tras la publicación de artículos sobre la violencia entre bandas de narcotraficantes y la colusión de miembros de la Policía, por lo que habría recibido varias llamadas de amenaza desde el 22 de junio de 2011186. De acuerdo con información recibida, el 29 de septiembre un presunto integrante de una banda criminal habría llamado a la emisora Radio Guatapurí, en la ciudad de Valledupar, para advertir que le habían ordenado atentar contra una serie de personas en esa localidad, entre ellas la periodista Ana María Ferrer, colaboradora en el programa de televisión “La Cuarta Columna” en el Canal 12 de Valledupar187.




  1. En la última semana de mayo, desconocidos habrían irrumpido por una ventana en el apartamento del periodista Gonzalo Guillén, mientras se encontraba fuera del país, y habrían robado una memoria externa de 1000 gigas y una computadora portátil. Los equipos robados contenían datos de investigaciones periodísticas recabados en los últimos 15 años. Entre la información robada, habría documentación acerca de temas como ejecuciones extrajudiciales, gastos reservados del Estado y corrupción en organismos de seguridad del Estado. El periodista pidió una investigación a la Fiscalía General de la Nación188. A raíz de estos hechos y las amenazas que Guillén habría recibido, la Relatoría Especial solicitó información del Estado colombiano189. En su respuesta del 4 de agosto de 2011, el Estado informó que el periodista Guillén ha sido beneficiario desde el mes de julio de 2007 del Programa de Protección del Ministerio de Interior y de Justicia, y que actualmente cuenta con un esquema móvil de protección. También informó que respecto al hurto de información periodística de la residencia del señor Guillén, la Fiscalía 113 local adelanta una investigación por el presunto delito de hurto calificado y agravado, la cual se encuentra en etapa de indagación, en averiguación de responsable190. Al cierre del presente informe no se habían reportado avances en la investigación referida.


D. Espionaje y hostigamiento del DAS contra periodistas


  1. En sus informes anuales de 2009 y 2010, la CIDH reportó la información que había recibido sobre actividades ilegales de espionaje, hostigamiento, desprestigio e incluso amenazas de muerte contra periodistas, que se llevaron a cabo desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre 2002 y 2008. En su informe anual del año pasado, la Comisión dio seguimiento particular a los casos de algunos de los periodistas más asediados: Daniel Coronell, Claudia Julieta Duque, Carlos Lozano y Hollman Morris191.




  1. Durante 2011 la CIDH continuó dando seguimiento a los procesos judiciales en curso con relación a las actividades ilegales de espionaje y hostigamiento contra los periodistas mencionados. La información recibida por la Relatoría Especial indica que aún no ha habido ninguna condena penal relacionada específicamente con los hechos ilícitos cometidos contra estos periodistas. Al mismo tiempo, la CIDH toma nota de los avances importantes en la investigación de algunos de estos casos. En el caso de la periodista Claudia Julieta Duque, por ejemplo, la Fiscalía 3ª de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación halló documentos en las instalaciones del DAS que incluyen información sobre la señora Duque actualizada hasta noviembre de 2008. Duque ha sido objeto de reiteradas amenazas que le habrían producido un sufrimiento extremo y es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde noviembre de 2009. En agosto de 2011, luego de publicar un artículo en el Washington Post sobre los abusos del DAS y las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos192, Duque habría sido objeto de acusaciones estigmatizantes por parte del ex Presidente Álvaro Uribe193. El ex presidente Uribe también habría hecho afirmaciones estigmatizantes en contra del corresponsal del periódico The Washington Post en Colombia, Juan Forero, por la publicación de una nota acerca de presuntas graves irregularidades que habrían cometido funcionarios de su gobierno194. Las organizaciones de prensa expresaron una razonable preocupación por las eventuales consecuencias que podrían tener dichas declaraciones195.




  1. El Estado de Colombia señaló que ha cumplido con todas las medidas de protección ordenadas por la CIDH en el caso de la periodista Claudia Julieta Duque Orrego, quien el 26 de noviembre del año 2004, “instaur[ó] ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la FGN, denuncia penal con ocasión a las presuntas amenazas de las cuales ha sido víctima desde el año 2001”. De acuerdo con lo reportado por el Estado, la periodista indicó “que fue víctima de un secuestro en la modalidad de paseo millonario, de seguimientos, hostigamientos, e interceptación de correos electrónicos al parecer por miembros de organismos de Seguridad del Estado (DAS), en atención a las investigaciones y un documental presentado sobre el asesinato del periodista Jaime Garzón”. En sus observaciones al informe de la CIDH, el Estado reportó que de la labor investigativa adelantada por parte de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la FGN, “se ha logrado establecer el vínculo de agentes del Estado en la comisión del delito, que actualmente se centra en establecer la identificación de dichos agentes con el fin de hacerlos comparecer ante la Justicia colombiana. Hasta el momento no se ha logrado establecer si personas pertenecientes al Alto Gobierno tuvieron conocimiento o participaron en las acciones delictivas en contra de la periodista”. El Estado enfatizó las acciones realizadas por el Fiscal del caso para garantizar la vida e integridad de la periodista, “así como el cumplimiento de lo ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a las medidas cautelares que le asisten a ella y a su hija menor”196.


E. Acciones Judiciales


  1. El 25 de mayo de 2011, la Corte Constitucional de Colombia emitió la sentencia C-442-11, mediante la cual declaró que los jueces que conocen casos relativos a injurias y calumnias deberán realizar una interpretación restrictiva de estos tipos penales de forma que se favorezca “la vis expansiva de la libertad de expresión”, la cual goza de un carácter privilegiado en el ordenamiento jurídico colombiano. Precisó, que “sólo consagra como sancionable el comportamiento doloso”, es decir, que la imputación sea realizada con conocimiento y la intención de producir daño. Finalmente, reiteró la importancia de atender a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión197.




  1. A pesar de la sentencia mencionada en el numeral anterior, el 12 de septiembre de 2011, el director del periódico “Cundinamarca Democrática”, Luis Agustín González, habría sido declarado culpable de los delitos de injuria y calumnia por la jueza primera penal municipal de Fusagasugá. El periodista habría sido demandado por la ex gobernadora Leonor Serrano de Camargo quien habría considerado que la publicación de un editorial en 2008 en el que se cuestionaba la candidatura al Senado de Serrano afectaba su honra y buen nombre, por lo que habría reclamado 50 millones de pesos colombianos de indemnización (equivalente a unos US $26.000 dólares)198.


F. Regulaciones a la prensa durante periodos electorales


  1. La CIDH toma nota de la emisión, durante el año 2011, del Decreto 3569 de 2011, “por el cual se dictan normas para la conservación del orden público durante el período de elecciones de Autoridades y Corporaciones Públicas Territoriales y se dictan otras disposiciones”199. Este nuevo decreto preserva, en general, el lenguaje del Decreto 1800 de 2010200, respecto del cual la CIDH expresó preocupación en su Informe Anual 2010201.




  1. Al respecto, la CIDH observa en primer lugar que el Decreto 3569 mantiene la prohibición, durante el día de las elecciones, de “toda clase de propaganda, manifestaciones, comunicados y entrevistas con fines político electorales” por cualquier medio de comunicación202. En segundo lugar, con respecto a la “información de resultados electorales”, el Decreto 1800 de 2010 establecía que durante el día de las elecciones, mientras tiene lugar el acto electoral, los medios de comunicación “solo podrán suministrar información sobre el número de personas que emitieron su voto …”203. La redacción del artículo relevante ha sido modificada en el Decreto 3569 de 2011, eliminando la palabra “solo” para establecer que los medios “podrán suministrar información sobre el número de personas que emitieron su voto…”204. Finalmente, el anterior decreto establecía que “en materia de orden público, los medios de comunicación transmitirán el día de las elecciones, únicamente las informaciones confirmadas por fuentes oficiales”205. El Decreto 3569 de 2011, por su parte, elimina la palabra “únicamente” de su redacción, expresando que “en materia de orden público, los medios de comunicación trasmitirán el día de las elecciones, las informaciones confirmadas por fuentes oficiales”206.




  1. La CIDH reitera lo señalado en su Informe Anual 2010, en el sentido que durante los periodos electorales pueden existir restricciones especiales del derecho a la libertad de expresión que, sin embargo, deben respetar de manera estricta las garantías constitucionales e internacionales, particularmente aquellas consagradas en el artículo 13.2 de la Convención. Según esta norma, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar; a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”. En aplicación de esta disposición, la CIDH y la Corte ya han indicado que toda restricción debe encontrarse establecida en una ley tanto en sentido material como formal y que las normas restrictivas deben ser claras y precisas en su alcance. En este sentido, la CIDH advierte que en el presente caso se establecieron restricciones generales a través de disposiciones de carácter administrativo que no parecen compatibles con las condiciones antes anotadas207.


G. Derecho de Acceso a la Información


  1. La CIDH toma nota de la aprobación, por parte del Congreso de la República, del proyecto de ley, “[p]or medio de la cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los Organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”208. Según la información recibida, la norma aprobada se encuentra bajo revisión previa de la Corte Constitucional, como corresponde al ser una ley estatutaria209.




  1. La CIDH observa con preocupación algunos aspectos de la referida ley de inteligencia y contrainteligencia que podrían afectar de manera desproporcionada el derecho de acceso a la información. En primer lugar, la norma adiciona al Código Penal el crimen de “Revelación de secreto por parte de particulares”, el cual establece: “Quien dé a conocer documento público de carácter reservado, incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, salvo en cumplimiento de un deber constitucional o legal”210. Sin embargo, en el artículo 33(4) del Capítulo VI (Reserva de información de inteligencia y contrainteligencia) la norma establece: “[El] mandato de reserva no vincula a los periodistas ni a los medios de comunicación cuando ejerzan su función periodística de control del poder público, en el marco de la autorregulación periodística y la jurisprudencia constitucional, quienes en cualquier caso estarán obligados a garantizar la reserva respecto de sus fuentes”. La CIDH recuerda al respecto que las autoridades públicas y funcionarios tienen la responsabilidad exclusiva de proteger la confidencialidad de la información secreta legítimamente bajo su control. Otros individuos, incluidos los periodistas y representantes de la sociedad civil, no deberán estar nunca sujetos a sanciones por la mera publicación o ulterior divulgación de esta información, independientemente de si ha sido filtrada o no, a no ser que cometan fraude u otro delito para obtener la información211. Por otro lado, la CIDH reconoce la protección parcial que la norma otorga a los funcionarios que denuncien irregularidades (whistleblowers)212 y recuerda que los denunciantes que de buena fe divulguen información sobre violaciones de leyes, casos graves de mala administración de los órganos públicos, una amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente, o una violación de los derechos humanos o del derecho humanitario deberán estar protegidos frente sanciones legales, administrativas o laborales213.




  1. El Estado indicó en sus observaciones al presente informe que, “con respecto al derecho a la información y a los servicios de inteligencia y de contrainteligencia proporcionados por el Estado colombiano (…) la ley estatutaria de la Ley de inteligencia y contrainteligencia cumple con las especificaciones dispuestas por la Corte Constitucional para la introducción de la reserva legal como lo son: (i) la claridad y precisión de los términos; (ii) La motivación por escrito justificando la razonabilidad y proporcionalidad de la decisión de negar el acceso a la información; (iii) el límite temporal para tal reserva; (iv) el sistema de custodia de la información; (v) la existencia de controles sobre tales decisiones; y (vi) la existencia de recursos y acciones judiciales para impugnar la decisión de mantener en reserva una información determinada”. El Estado enfatizó que “la Ley no vulnera la libertad de prensa ni de expresión” y reiteró que el párrafo 4º del artículo 33, establece que “el mandato de reserva no vincula a los periodistas ni a los medios de comunicación cuando ejerzan su función periodística de control del poder público, en el marco de la autorregulación periodística y la jurisprudencia constitucional, quienes en cualquier caso estarán obligados a garantizar la reserva respecto de sus fuentes”. Para el Estado, esta disposición eleva a rango de ley estatutaria la jurisprudencia de la Corte Constitucional según la cual “la reserva no vincula a los medios, quienes son responsables sólo por la revelación de su fuente.” El Estado expuso en sus observaciones que la justificación de tal disposición, “como lo ha explicado la propia Corte, es que a los medios de comunicación les corresponde cumplir con una función de control del poder público. Esta tarea no podría desarrollarse a cabalidad si los medios se conformaran con las informaciones que les fueran suministradas”. El Estado explicó que “la excepción de la reserva legal se hace para los periodistas pero no así para todas las organizaciones de la sociedad civil, puesto que el principio general de la información de inteligencia es que ésta debería ser reservada debido a su estrecha relación con la garantía de la seguridad y la defensa nacional. Sin embargo, el Legislador consideró que la función de control social que cumplen los medios de comunicación debería permitirle a los periodistas hacer uso de información reservada sin incurrir en una conducta delictiva. No obstante, si cualquier organización de la sociedad civil puede hacer uso de información reservada sin incurrir en una conducta delictiva, a pesar de que se implementen todos los mecanismos de seguridad de la información, cualquier persona podría acceder por medios ilegítimos a esta información y publicarla, poniendo en grave riesgo la seguridad nacional, la defensa y las relaciones internacionales, entre otros intereses de la Nación”. Según las observaciones del Estado, la Corte Constitucional ha avalado la creación de la reserva legal “para garantizar la defensa de los derechos fundamentales de terceras personas que puedan resultar desproporcionadamente afectados por la publicidad de una información y ante la necesidad de mantener la reserva para garantizar la seguridad y defensa nacional”. El Estado añadió que “de ello se ha desprendido que los funcionarios públicos que tienen acceso a esta información estén obligados a mantenerla en reserva, so pena de incurrir en responsabilidad penal y disciplinaria” y especificó que, según la Corte Constitucional, “su divulgación genera responsabilidades penales y disciplinarias sólo para el funcionario que la suministra”214.




  1. Por otra parte, durante 2011 la CIDH recibió información sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de grupos de campesinos en el Departamento del Atlántico. Los distintos grupos de campesinos solicitaron información del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (“INCODER”) respecto de la ejecución de programas agrarios en sus respectivas parcelaciones, incluyendo programas de capacitación, servicios sociales, infraestructura física, vivienda rural, adecuación de tierras, asistencia técnica, financiación y acompañamiento legal215. En varias ocasiones los grupos de campesinos han acudido a la acción de tutela ante respuestas de INCODER a sus derechos de petición que consideraban insatisfactorias. Dichas acciones fueron resueltas favorablemente en los casos de las parcelaciones de Los Guayacanes del municipio de Repelón216, Banco Totumo del municipio de Repelón217, y Maramara del municipio Baranoa218. Los fallos judiciales en estos casos, en atención a “lo genérico e incompleta de la respuesta” de INCODER, ordenan “al INCODER a que atienda todas y cada una de las peticiones elevadas, pronunciándose claramente sobre ellas […] sin incurrir en formulas evasivas o elusivas, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado”, en el término de 48 horas219. INCODER habría impugnado las decisiones judiciales en estos tres casos220; en el caso de la parcelación de Los Guayacanes, la tutela ya fue confirmada en segunda instancia221.




  1. La CIDH recuerda que el principio 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece que “[e]l acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos”, y reconoce como buena práctica la respuesta judicial para garantizar el ejercicio de este derecho en los casos mencionados. Al mismo tiempo, y sin perjuicio de las eventuales resoluciones de segunda y tercera instancia en estos procesos, la CIDH expresa su preocupación ante los indicios de incumplimiento reiterado del derecho de acceso a la información por parte de INCODER.

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