Comisión interamericana de derechos humanos



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7. Costa Rica


  1. La Relatoría Especial recibió con satisfacción dos sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica que fortalecen el derecho de acceso a la información pública y la libertad de expresión. La sentencia No. 03320 del 18 de marzo de 2011 ordenó al Ministerio de Trabajo entregar al periódico El Financiero la lista de empresas y personas a las que se les habría emitido advertencias por incumplir el pago de salarios mínimos a sus empleados, entre agosto y diciembre de 2010. De acuerdo con lo informado, el Ministerio de Trabajo le había negado la información al periodista Alejandro Fernández, del periódico El Financiero. Sin embargo, la Sala Constitucional resolvió que “la información requerida reviste un claro interés público, por referirse a infracciones por incumplimiento del pago a los salarios mínimos”222.




  1. El 29 de marzo de 2011, la Sala Constitucional emitió la sentencia No. 04160 que consideró como una amenaza a la libertad de expresión y una violación a la libertad de cátedra un acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, el 1 de febrero de 2011, para impedir al Premio Nobel de Medicina, James Watson, dar una conferencia acerca de genética y ADN en las instalaciones de esa universidad, debido a que en el pasado habría hecho manifestaciones discriminatorias en contra de diversas minorías. De acuerdo con lo informado, finalmente James Watson logró impartir la conferencia y posteriormente el Consejo Universitario reconoció como un exceso la prohibición de la actividad académica. La Sala Constitucional consideró que la actuación de las autoridades universitarias fue una “amenaza de violación a la libertad de expresión y cátedra, dado que el acuerdo tomado por el Consejo Universitario para solicitar suspender la realización de una conferencia constituyó una forma de silenciar a priori las manifestaciones del pensamiento, ideas, opiniones, creencias, convicciones o juicios de valor del conferencista, lo cual es una censura previa”223.




  1. El 27 de junio, el plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica resolvió, por mayoría, archivar el proyecto de la Ley de Libertad de Expresión y Prensa al rechazar una moción para mantener la iniciativa en la agenda parlamentaria por cuatro años más, después de una década de haber sido presentada al Congreso224. El proyecto proponía reformas al Código Penal que introducían la doctrina de la real malicia al establecer que manifestaciones presuntamente injuriosas, calumniosas o difamatorias solo pudieran ser sancionadas cuando hayan sido “realizadas con temerario desprecio a la verdad o en conocimiento de su falsedad”. El proyecto excluía el delito “cuando se tra[tara] de la publicación o la reproducción de informaciones o juicios de valor sobre hechos de interés público, ofensivas al honor o al crédito público, vertidas por otros medios de comunicación colectiva, por agencias de noticias, por autoridades públicas, o por particulares con conocimiento autorizado de los hechos; siempre que la publicación indi[cara] de cuál de estos proviene la información”. Además, la iniciativa incorporaba en la legislación costarricense el secreto profesional para los periodistas y la cláusula de conciencia. La versión original del proyecto, presentado en 2001 por directores de medios de comunicación, fue archivada en 2005 por vencimiento del plazo cuatrienal. En ese año una comisión especial mixta retomó el texto del proyecto, lo dictaminó y trasladó al plenario legislativo, pero nunca llegó a ser votado225.




  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de la agresión que habrían propinado policías a dos camarógrafos de los canales 7 y 6 el 30 de diciembre de 2010, mientras cubrían una operación policial en un barrio en el sur de San José. De acuerdo con lo informado, uno de los comunicadores fue inmovilizado y golpeado por un policía mientras que el otro habría sido agredido con un bastón metálico. La dirección de la Fuerza Pública de Costa Rica consideró la actuación de sus subalternos como “abusiva”, “desmedida” e inaceptable y anunció que los oficiales involucrados serían sometidos a un proceso disciplinario226.




  1. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión establece que: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.




  1. El 19 de julio, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica rechazó por el fondo un recurso de amparo presentado por el diario Extra en contra del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas. Según lo conocido por esta Relatoría, el Tribunal de Honor y Ética emitió un comunicado en el cual condenó el contenido gráfico de una información acerca de un accidente de tránsito y se unió a la protesta “de muchas personas” ante esa publicación. El diario Extra alegó que el Tribunal de Honor y Ética habría lesionado su derecho de defensa y de libertad de expresión al unirse a la protesta de un sector de la población y emitir una resolución sin permitirle la posibilidad de defenderse, lo que le habría causado un perjuicio económico. La Sala Constitucional resolvió que el pronunciamiento del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas “no contiene el carácter de una sanción” y es “una mera manifestación de desacuerdo (…) a raíz de la protesta de muchas personas descontentas con el contenido gráfico” de la información. En razón de lo anterior, para la Sala Constitucional “no resulta obligación de la parte recurrida, apercibir a la parte recurrente acerca de sus intenciones o bien, de su forma de pensar, con respecto a las publicaciones efectuadas sobre el accidente de tránsito”227. En relación con el mismo caso, el 26 de agosto de 2011 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó tres recursos de amparo presentados por el Colegio de Periodistas en contra del Diario Extra, el canal TV Extra 42 y el periódico La Prensa Libre, todos pertenecientes al Grupo Extra. De acuerdo con lo informado, los tres medios de comunicación publicaron noticias donde criticaban al Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas sin haber consultado la posición de representantes de esa organización. El Tribunal de Ética y Honor solicitó un derecho de rectificación y respuesta pero los medios de comunicación no accedieron. Ante esa situación el Tribunal de Ética y Honor presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, que fue rechazado pues los recurrentes no detallaron cómo las publicaciones habían afectado su honor y reputación y tampoco cuáles datos eran falsos o inexactos228.


8. Cuba229


  1. La CIDH tuvo conocimiento de la huelga de hambre que mantuvieron los periodistas Pedro Argüelles Morán y Albert Santiago Du Bouchet Hernández, ambos pertenecientes al “Grupo de los 75” disidentes detenidos en 2003 y materia del caso 12.476 (Oscar Elías Biscet y otros) ante la CIDH. Argüelles Morán habría realizado una huelga de hambre contra las presiones de las autoridades para obligarlo a dejar el país si lo dejaban en libertad. Él depuso su acción cuando recibió la promesa de las autoridades de que él y unos 10 disidentes opositores detenidos podrían permanecer en Cuba cuando fueran liberados. Por su parte, Du Bouchet Hernández, habría mantenido la huelga durante 23 días, para conmemorar el primer aniversario de la muerte del disidente Orlando Zapata y llamar la atención por su encarcelamiento y el de otros presos políticos230.




  1. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibió información concerniente a la persistencia de la práctica de detenciones arbitrarias temporales, que se prolongan horas o pocos días, contra personas identificadas como opositores del régimen, para evitar que participen en actividades políticas o como respuesta a manifestaciones o circulación de mensajes críticos al Gobierno. De acuerdo con la información recibida, también son frecuentes los actos de repudio en contra de disidentes políticos, al frente de sus casas, como una forma de hostigamiento y para impedirles salir a la vía pública. Estos actos, en los que se gritan consignas gubernamentales y se escucha a todo volumen himnos patrióticos y música revolucionaria, suelen ser acompañados por detenciones y agresiones contra los opositores. De acuerdo con la información recibida, organizaciones disidentes cubanas reportaron haber registrado entre 2.668 y 2.784 arrestos de enero a septiembre de 2011, con un promedio mensual en los primeros ocho meses de al menos 333 detenciones. Sin embargo, las organizaciones habrían documentado un importante incremento en septiembre, cuando los arrestos habrían ascendido a cifras entre 486 y 563 presos. Según lo informado también habría unas 80 personas condenadas o procesadas judicialmente por razones políticas, de las cuales 63 estarían en prisión231. El aumento en los arrestos motivó incluso un comunicado público de la embajada británica en Cuba, en el cual la misión diplomática hizo un llamado al Estado a permitir las acciones pacíficas de protesta y manifestó su preocupación por las detenciones cortas de activistas políticos y de derechos humanos, así como por el trato agresivo contra organizaciones opositoras como las Damas de Blanco232.




  1. De acuerdo con información recibida por la CIDH, al menos una decena de periodistas colaboradores de la agencia independiente Hablemos Press habrían sido detenidos temporalmente o agredidos días antes y durante la realización en La Habana del Sexto Congreso del Partido Comunista, del 16 al 19 de abril del 2011. El 15 de abril el corresponsal en Guantánamo de Hablemos Press, Enyor Díaz Allen, habría sido atacado por dos personas que primero le habrían gritado consignas a favor del Gobierno y después le fracturaron un brazo e hirieron en la cabeza. Después habría sido detenido por la Policía, atendido en un hospital y encarcelado por cuatro días233. Raúl Arias Márquez y Elier Muir Ávila, corresponsales en las provincias de Morón y Ciego de Ávila, fueron detenidos el 5 y el 6 de abril por agentes de la Policía y la seguridad del Estado en la casa de Márquez, y se les habría advertido que serían encarcelados si mantenían sus actividades periodísticas234. El 31 de marzo el corresponsal de Hablemos Press, Idalberto Acuña Carabeo, habría sido arrestado en su casa en La Habana por agentes de la seguridad del Estado, al negarse a entregar fotografías captadas horas antes en una protesta en la Central de Trabajadores de Cuba (CTC)235. El 16 de abril, un grupo de agentes policiales y de la seguridad del Estado habría impedido salir de su casa durante 12 horas al corresponsal de Hablemos Press en la provincia de Mayabeque, Luis Roberto Arcia Rodríguez, para que no viajara a La Habana durante la realización del congreso del Partido Comunista236. Una situación similar habría sufrido el 16 de abril la corresponsal de esa agencia, en Melena del Sur, Sandra Guerra Pérez, cuya casa habría sido sitiada durante dos días por unos 20 agentes de la Policía y la seguridad del Estado, para impedirle viajar a La Habana237. El 15 de abril se habrían presentado dos agentes de la seguridad del Estado, en la sede de Hablemos Press en La Habana, para advertirle a los periodistas Robert de Jesús Guerra Pérez, Magaly Norvis Otero Suárez, Ignacio Estrada Cepero y José Alberto Álvarez que no debían salir a la calle mientras se estuviera efectuando el congreso partidario o serían encarcelados238.




  1. De acuerdo con información recibida, el periodista y disidente político Guillermo Fariñas habría sido detenido por horas o días en repetidas ocasiones desde diciembre de 2010. En diciembre, el Estado no habría autorizado a Fariñas para viajar a Estrasburgo, Francia a recoger el premio Sájarov, otorgado por el Parlamento Europeo a la libertad de conciencia239. El 27 de enero, Fariñas habría sido arrestado dos veces en menos de 24 horas, junto con otros disidentes, acusado de “escándalo público” por participar en protestas contra el Gobierno240. El 23 de febrero Fariñas volvió a ser detenido junto a otros 46 activistas que intentaban conmemorar en Santa Clara el primer aniversario de la muerte del también disidente Orlando Zapata. Fariñas fue liberado 27 horas después. Además de ser detenidos, unas 200 personas afines al Gobierno habrían rodeado a mujeres de la organización opositora “Damas de Blanco” para gritar insultos y consignas oficialistas. El 6 de abril Fariñas nuevamente fue arrestado junto con una decena de activistas del Foro Antitotalitario y de la Coalición Central en Santa Clara, tras presentarse a una prisión a protestar por el arresto de varios opositores detenidos momentos antes. Las autoridades confinaron a Fariñas en arresto domiciliario y le retiraron su documento de viaje241. Fariñas, junto con otros 26 disidentes, habría vuelto a ser detenido el 15 de septiembre en Santa Clara cuando preparaba una manifestación. Fariñas y el resto del grupo habrían sido liberados horas después242.




  1. El 1 de noviembre de 2011 Guillermo Fariñas fue nuevamente detenido cuando intentó entrar al hospital provincial “Arnaldo Milián Castro” para conocer la situación del disidente Alcides Rivera, que se encontraba internado por una huelga de hambre de más de un mes. Un grupo de vigilantes le impidió el paso. Lo golpearon, llamaron a un patrullero, lo esposaron y trasladaron a una unidad policial. Fue liberado el 3 de noviembre de 2011.




  1. En el contexto de la agudización de detenciones y hostigamiento contra activistas políticos y de derechos humanos, durante septiembre habrían sido detenidos varios dirigentes de grupos disidentes. De acuerdo con la información recibida en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, el 9 de septiembre habrían sido detenidos los ex presos políticos Ángel Moya Acosta, José Daniel Ferrer y Raumel Vinajera en la localidad de Palma de Soriano, en el oriente de Cuba243. El 15 de septiembre habrían sido arrestados los líderes y ex presos políticos Librado Linares García y, nuevamente, Ángel Moya Acosta, así como la líder de la Coalición Central Opositora, Idania Yánez Contreras. Las detenciones habrían ocurrido cuando los activistas preparaban la marcha denominada “Boitel y Zapata Viven”, que recorrería varias ciudades cubanas244. El 27 de septiembre habrían sido golpeados e insultados los dirigentes de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Martha Beatriz Roque y Arnaldo Ramos Lauzarique, así como Berta Soler, una de las fundadoras de Las Damas de Blanco y esposa del ex preso político Ángel Moya Acosta. Los tres fueron detenidos cuando se dirigían a una estación policial, a interceder por varias personas arrestadas previamente, y habrían sido golpeados cuando eran transportados en vehículos policiales245.




  1. La CIDH recibió información concerniente a detenciones y actos de agresión y acoso cometidos contra la agrupación Las Damas de Blanco, integrada por mujeres familiares de presos políticos. De acuerdo con la información recibida, el 9 de septiembre al menos 22 mujeres de Las Damas de Blanco habrían sido detenidas por varias horas en La Habana y Santiago cuando participaban en una procesión en celebración del día de la Virgen de la Caridad del Cobre246. El 24 de septiembre varias decenas de Damas de Blanco se reunieron en la casa de una de las integrantes del grupo para organizar una caminata pacífica y acudir a misa a la iglesia de La Merced, en La Habana. Sin embargo, entre 200 y 300 personas se habrían reunido al frente de la casa a gritar consignas gubernamentales e impedir la salida del grupo de mujeres. Cuando las integrantes de Las Damas de Blanco intentaron iniciar la marcha pacífica habría habido un forcejeo con los manifestantes oficialistas en el que varias de las mujeres resultaron golpeadas247. El 2 de octubre, 11 Damas de Blanco habrían sido detenidas y golpeadas en la localidad de Palma Soriano, cuando intentaban asistir a misa a la catedral de Santiago. De acuerdo con la información recibida, las activistas fueron dejadas en libertad horas después248.




  1. De acuerdo con información recibida, el 7 de abril autoridades cubanas habrían detenido y expulsado del país al periodista español Carlos Hernando, colaborador del grupo de prensa Intereconomía y realizador de un documental acerca de Guillermo Fariñas, al acusarlo de “actividad contrarrevolucionaria”249. En la primera semana de septiembre, las autoridades cubanas habrían retirado la credencial de prensa a Mauricio Vicent, quien por 20 años había sido corresponsal en Cuba del periódico español El País. Sin el documento es imposible el ejercicio del periodismo en la isla. El Centro de Prensa Internacional, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, habría justificado la decisión en que las informaciones de Vicent, trasmitían “una imagen parcial y negativa” de la realidad cubana250.




  1. En 2011 el uso de la red Internet sigue estando lejos del alcance de la mayoría de la población, debido a su alto costo, a las bajas velocidades de conexión y a la vigencia de normas restrictivas que limitan u obstaculizan la conexión251. Al respecto, no se registran hasta ahora cambios significativos en relación con lo reportado en el informe del año 2010252.




  1. En febrero de 2011, el Gobierno anunció la conexión de Cuba con un cable submarino de fibra óptica instalado en cooperación con Venezuela, que aumentaría 3.000 veces la velocidad de transmisión de datos por Internet, elevaría el porcentaje de personas con acceso a la red, donde ahora apenas el 3% de la población podría utilizarla, y abarataría las llamadas internacionales. Sin embargo, hasta el momento no hay reportes de que la instalación del cable de fibra óptica haya podido ser aprovechado por la población en general, a la vez que persisten las restricciones de uso, tarifarias y de interconexión reportadas en años anteriores253.




  1. En 2011 seguiría vigente en el ordenamiento jurídico cubano la resolución 179/2008, que establece un “Reglamento para los proveedores de servicios de acceso a Internet al público, que se ofrecen en las áreas de Internet, las cuales están situadas en hoteles, oficinas de correo u otras entidades del país y donde se ofertan servicios de navegación por Internet y correo electrónico nacional e internacional a personas naturales”254. Entre las disposiciones que llaman la atención de la CIDH figura la siguiente obligación para los proveedores: “adoptar las medidas necesarias para impedir el acceso a sitios cuyos contenidos sean contrarios al interés social, la moral y las buenas costumbres; así como el uso de aplicaciones que afecten la integridad o la seguridad del Estado”. La misma disposición establece entre otros puntos, lo siguiente: “acatar por parte de los Proveedores las disposiciones emanadas de los Órganos de la Defensa del país ante situaciones excepcionales, así como para la realización de tareas impostergables para el aseguramiento de la defensa y seguridad del Estado”. Cuando un proveedor incumple el reglamento, puede ser sancionado con la invalidación temporal o definitiva de los servicios y los contratos que haya suscrito con el proveedor de servicios públicos de transmisión de datos y acceso a Internet, señala el artículo 21 de la resolución citada.




  1. En 2011 seguiría vigente la resolución 55/2009, que entró en rigor en junio de 2009, con base en la cual se establece el mismo reglamento mencionado en el párrafo anterior para los denominados Proveedores de Servicios Públicos de Alojamiento, Hospedaje y Aplicaciones255. De acuerdo con esta resolución, el reglamento comprende a las personas jurídicas cubanas que hayan recibido una licencia de operación como Proveedor de Servicios Públicos de Acceso a Internet, lo que incluye a aquellos que alquilen un espacio físico para que el cliente coloque su propia computadora; a aquéllos que den el servicio de hospedaje de sitios, aplicaciones e información; y a aquéllos que otorguen servicios a terceros de aplicaciones.




  1. Al respecto, la CIDH reitera que Internet “constituye un instrumento que tiene la capacidad de fortalecer el sistema democrático, contribuir con el desarrollo económico de los países de la región, y fortalecer el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Internet es una tecnología sin precedentes en la historia de las comunicaciones que permite el rápido acceso y transmisión a una red universal de información múltiple y variada, maximizar la participación activa de la ciudadanía a través del uso de Internet contribuye al desarrollo político, social, cultural y económico de las naciones, fortaleciendo la sociedad democrática. A su vez, Internet tiene el potencial de ser un aliado en la promoción y difusión de los derechos humanos y los ideales democráticos y un instrumento de importante envergadura para el accionar de organizaciones de derechos humanos pues por su velocidad y amplitud, permite transmitir y recibir en forma inmediata condiciones que afectan los derechos fundamentales de los individuos en diferentes regiones”256.


9. Ecuador


  1. La Relatoría Especial valora positivamente la importancia otorgada a la audiencia sobre “La Situación de la Libertad de Expresión en Ecuador”, que tuvo lugar en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, D.C., el 25 de octubre de 2011. La misma contó con la presencia de altos funcionarios del Estado ecuatoriano y miembros de distintas organizaciones de la sociedad civil. Esta oficina considera productiva dicha audiencia, en la cual, tanto el Estado como la sociedad civil tuvieron la oportunidad de expresar sus posiciones, preocupaciones y criterios respecto de la situación de la libertad de expresión en el país. La información obtenida en virtud de la audiencia es recogida en los apartes correspondientes del presente informe.


A. Agresiones y ataques a medios de comunicación o periodistas


  1. La Relatoría Especial recibió información según la cual el periodista deportivo del diario El Universo, de Guayaquil, Guido Manolo Campaña, habría sido secuestrado, golpeado y amenazado el 2 de diciembre de 2010, mientras realizaba una investigación en la zona costera de Esmeraldas. De acuerdo con lo informado, el periodista investigaba una presunta suplantación de identidad de un jugador de futbol. El reportero recibió en la localidad de Muisne documentos que comprobarían la denuncia, pero al regresar en autobús a la ciudad de Esmeraldas dos hombres armados, a bordo de una camioneta, interceptaron al autobús, apuntaron al comunicador y lo llevaron a un sitio desconocido donde le ataron pies y manos, golpearon, amenazaron de muerte e interrogaron acerca de los hechos que indagaba y las fuentes que le proporcionaron los datos. Los secuestradores permitieron a Campaña responder una llamada del periódico a su celular, y obligaron al periodista y a sus editores a prometer que no publicarían la información. Autoridades policiales y judiciales de Esmeraldas lanzaron un operativo para intentar encontrar al periodista, pero en las primeras horas de la noche el reportero fue puesto en libertad en un barrio de Esmeraldas, después de que los secuestradores destruyeran su cámara fotográfica, grabadora, celular, y las notas y documentos recopilados. Días después el periódico publicó la investigación257.




  1. De acuerdo con información recibida, al menos cinco disparos habrían sido efectuados el 7 de mayo de 2011 en la ciudad de Manta contra la fachada del edificio de la casa matriz del grupo editorial Ediasa, propietario de los periódicos El Diario, La Marea y el canal Manavisión. La empresa periodística denunció el hecho para que se inicie una investigación policial258.




  1. La Relatoría Especial fue informada de que el 17 de diciembre de 2010 un grupo de policías armados habría allanado las oficinas de la revista Vanguardia, en Quito, y habría confiscado unas 40 computadoras, requisado pertenencias privadas así como a periodistas en busca de armas. Según lo informado a la Relatoría Especial, la Policía ingresó con una orden de secuestro preventivo de bienes originada en una presunta deuda de US $14 mil dólares, por el arrendamiento del local. La orden daría tres días de tiempo para hacer el pago pero los policías la ejecutaron de inmediato. El director de la revista, Juan Carlos Calderón, es coautor del libro “El Gran Hermano” y ha sido demandado civilmente por el Presidente Correa, quien solicita una indemnización de US $10 millones de dólares a los dos periodistas autores del libro259. Días después del allanamiento, un juzgado de garantías penales de Guayas ordenó que se permitiera a los representantes de la revista copiar los discos duros de las computadoras, para recuperar materiales periodísticos; sin embargo, el 24 de diciembre los depositarios judiciales de los equipos habrían rechazado acatar la orden del juez al alegar que no habían sido notificados260.




  1. El 24 de marzo, pobladores de la comunidad indígena de El Topo impidieron a un grupo de periodistas cubrir una asamblea pública y agredieron a los comunicadores. De acuerdo con la información recibida los periodistas David Torres, de Gama TV; Washington Benalcázar, corresponsal del diario El Comercio en Imbabura; Christian Tinajero, de Ecuavisa; y Enrique Portilla, de RTS llegaron a la comunidad a reportar la captura y sanción de un presunto delincuente. A los reporteros se les permitió escuchar una parte de la asamblea y luego se les pidió retirarse; cuando se alejaban, según lo informado, un grupo de vecinos los habría perseguido y atacado con piedras y ramas de ortiga261.




  1. Según la información recibida el 10 de mayo de 2011 el periodista Holger Guerrero, tras declarar como testigo en la audiencia seguida al exdirector del Hospital de la Policía, César Carrión, sobre los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, recibió agresiones verbales por parte de comunicadores sociales y simpatizantes de Carrión262.




  1. La Relatoría fue informada de que en julio de 2011, el periodista Emilio Palacio habría gritado “yo a los fascistas no les doy declaraciones” a un reportero de Ecuador TV y le habría pedido que se retirase del lugar donde realizaba sus declaraciones. El periodista de Ecuador TV indicó que el señor Palacio le habría bajado el micrófono al percatarse del medio del cual provenía263.




  1. Según la información recibida, el 20 de septiembre de 2011, en el contexto de un enfrentamiento entre funcionarios públicos y seguidores del Presidente con directivos del diario El Universo y sus seguidores, en razón de que a estos últimos no se les permitía entrar a la sala donde se celebraría la audiencia del caso del Presidente Correa contra dicho diario, los directivos habrían agredido verbalmente a un funcionario de la presidencia que les impedía el paso264.




  1. La Relatoría Especial reitera la importancia de crear un clima de respeto y tolerancia hacia todas las ideas y opiniones, y recuerda que el principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

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