Comunidades aborigenes



Descargar 47.01 Kb.
Fecha de conversión10.01.2018
Tamaño47.01 Kb.
COMUNIDADES ABORIGENES

LEY Nº 23.302

Ley sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes. Objetivos. Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Adjudicación de Tierras. Planes de Educación, Salud y Vivienda.

Sancionada: Setiembre 30 de 1985.

Promulgada de Hecho: Noviembre 8 de 1985.

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, ETC., SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:



LEY SOBRE POLITICA INDIGENA Y APOYO A LAS COMUNIDADES ABORIGENES

I — OBJETIVOS



ARTICULO 1º — Declárase de interés nacional la atención y apoyo - el reconocimiento pleno de sus derechos civiles -a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su inclusión plena y participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se implementarán planes consensuados con la comunidad aborigen que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, junto a la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes.

II — DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS



ARTICULO 2º — A los efectos de la presente ley, reconócese personería jurídica a las comunidades indígenas radicadas en el país.

Se entenderá como comunidades indígenas á los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad.

La personería jurídica se adquirirá mediante la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas y se extinguirá mediante su cancelación.

ARTICULO 3º — La inscripción será solicitada haciendo constar el nombre y domicilio de la comunidad, los miembros que la integran y su actividad principal, las pautas de su organización y los datos y antecedentes que puedan servir para acreditar su preexistencia o reagrupamiento y los demás elementos que requiera la autoridad de aplicación. En base a ello, ésta otorgará o rechazará la inscripción, la que podrá cancelarse cuando desaparezcan las condiciones que la determinaron. Tanto la inscripción como la representación de la comunidad podrá (como alternativa) ser ejecutada por Organizaciones de la sociedad civil (OSC) que demuestren, en forma fehaciente, el instrumento y formato legal que acredite dicha representatividad.

NOTA: Las comunidades presentan dificultades económicas (traslados), de localización geográfica (argentina profunda), de conectividad, de gestión eficaz y demás etcs que tornan, si no es inviable, sumamente improbable la interpretación, sostenibilidad y desarrollo de eventuales “beneficios” que el sistema pueda brindarles. Muchas ONG’s trabajan junto a ellos en forma permanente y disponen de estructuras administrativas, de gestión, de seguimiento y resolución que pueden destinarse a la articulación y coordinación entre comunidad y Estado.



ARTICULO 4º — Las relaciones entre los miembros de las comunidades indígenas con personería jurídica reconocida se regirán de acuerdo a las disposiciones de las leyes de cooperativas, mutualidades u otras formas de asociación contempladas en la legislación vigente. El Estado se compromete a comunicar y capacitar a las comunidades y sus representantes - que obtengan su personería jurídica- dentro del marco del tipo de asociación adecuada.

III — DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS



ARTICULO 5º — Créase el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como entidad descentralizada con participación indígena, que dependerá en forma directa del Ministerio de Salud y Acción Social. El Poder Ejecutivo designará a su titular y deberá constituirse dentro de los 90 días de la vigencia de la presente ley. Contará con un Consejo de Coordinación y un Consejo Asesor.

I — El Consejo de Coordinación estará integrado por:

a) Un representante del Ministerio del Interior;

b) Un representante del Ministerio de Economía;

c) Un representante del Ministerio de Trabajo;

d) Un representante del Ministerio de Educación y Justicia;

e) Representantes elegidos por las comunidades aborígenes, tanto sean de la comunidad aborigen en sí como miembros de la Sociedad Civil que acrediten su representatividad, cuyo número, requisitos y procedimiento electivo, determinará la reglamentación;

f) Un representante por cada una de las provincias que adhieran a la presente ley.

II — El Consejo Asesor estará integrado por:

a) Un representante de la Secretaría de Acción Cooperativa;

b) Un representante de la Secretaría de Comercio;

c) Un representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria;

d) Un representante de la Secretaría de Cultos;

e) Un representante de la Comisión Nacional de Areas de Fronteras.

f) Un representante del Ministerio de Justicia

ARTICULO 6º — Corresponde al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas:

a) Actuar como organismo de aplicación de la presente ley, velando por su cumplimiento y la consecución de sus objetivos;

b) Dictar su reglamento funcional, normas de aplicación y proponer las que correspondan a la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo;

c) Llevar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y disponer la inscripción de las comunidades que lo soliciten y resolver, en su caso, la cancelación de la inscripción comunicando -en forma previa- a la comunidad en cuestión para que la misma mediante el ejercicio de sus derechos pueda efectuar consideraciones y descargos pertinentes, para todo lo cual deberá coordinar su acción con los gobiernos provinciales y prestar el asesoramiento necesario para facilitar los trámites. Las resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, relativas a la inscripción de las comunidades, así como a su cancelación, serán apelables ante la Cámara Federal del lugar dentro del plazo de diez (10) días de sesenta (60) días.; NOTA: ver consideraciones en ART 3

d) Elaborar e implementar planes de adjudicación y explotación de las tierras, de educación y de salud, siendo inválida cualquier determinación propuesta en ausencia y/o sin consentimiento expreso del representante indígena, a pesar que el Consejo Coordinador cuente con la mayoría de sus miembros.

e) Proponer el presupuesto para la atención de los asuntos indígenas y asesorar en todo lo relativo a fomento, promoción y desarrollo de las comunidades indígenas del país. Dicho presupuesto establecerá que un mínimo del 50% deberá ejecutarse en “terreno”, auditados y verificados mediante indicadores precisos.

IV — DE LA ADJUDICACION DE LAS TIERRAS

ARTICULO 7º — Dispónese la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o, en caso necesario en las zonas próximas más aptas para su desarrollo.

La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes; podrá hacerse también en propiedad individual, a favor de indígenas no integrados en comunidad, prefiriéndose a quienes formen parte de grupos familiares.

La autoridad de aplicación atenderá también a la entrega de títulos definitivos a quienes los tengan precarios o provisorios.

NOTA: Es una hermosa declaración de improbables y raros casos puntuales. Valga como ejemplo, una comunidad de nuestra región se encuentra, desde hace 12 años, sobre lotes fiscales y en condiciones de ser adjudicados. Todas las gestiones han sido infructuosas.

Cabe resaltar un ítem verdaderamente importante. Nuestra Fundación trabaja sobre modelos de Pagos por servicios ecosistémicos (tema para charlar largo y tendido), en los cuales el propietario de la tierra es directamente el beneficiario de los ingresos generados. La titularidad de la tierra es FUNDAMENTAL para la trazabilidad y modelos de contratación (compensación de huellas de carbono, enriquecimiento y restauración, protección de cursos y nacientes de agua, etc) por parte de Empresas, Organizaciones y/o eventos. Las comunidades aborígenes ven impedido su ingreso a este modelo de negocios (basados en la conservación del medioambiente) a raíz de la imposibilidad fáctica de demostrar, mediante escritura y/o cesión y/o usufructo, la titularidad y derechos sobre la propiedad.

En mi opinión, este artículo 7 debería trabajarse bastante, si es que realmente el Estado busca el ordenamiento territorial de las comunidades aborígenes y los derechos asociados que dicha “titularidad” encierra.



ARTICULO 8º — La autoridad de aplicación -¿Quién es?- elaborará, al efecto, planes de adjudicación y explotación de las tierras –por parte de las comunidades aborígenes en exclusividad- conforme a las disposiciones de la presente ley y de las leyes específicas vigentes sobre el particular, de modo de efectuar sin demora la adjudicación a los beneficiarios de tierras fiscales de propiedad de la Nación ¿????. El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia de las tierras afectadas a esos fines a la autoridad de aplicación para el otorgamiento de la posesión y posteriormente de los títulos respectivos. Si en el lugar de emplazamiento de la comunidad no hubiese tierras fiscales de propiedad de la Nación, aptas o disponibles, se gestionará la transferencia de tierras fiscales de propiedad provincial y comunal para los fines indicados o su adjudicación directa por el gobierno de la provincia o en su caso, el municipal. (Este ítem avala la relocalización de las comunidades y la adjudicación de mínimas porciones de tierra sin relación alguna con la superficie de la cual se los desplaza y, probablemente, dentro de un “peor” escenario geográfico del cual obtienen los recursos para su subsistencia) Si fuese necesario la autoridad de aplicación propondrá la expropiación de tierras de propiedad privada al Poder Ejecutivo, el que promoverá ante el Congreso Nacional las leyes necesarias. (Este ítem es conflictivo, hay casos de “uso político” para perjuicio y/o extorsión de terceros)

ARTICULO 9º — La adjudicación de tierras previstas se efectuará a título gratuito. Los beneficiarios estarán exentos de pago de impuestos nacionales y libres de gastos o tasas administrativas. El organismo de aplicación gestionará exenciones impositivas ante los gobiernos provinciales y comunales. El Poder Ejecutivo dispondrá la apertura de líneas de crédito preferenciales a los adjudicatarios para el desarrollo de sus respectivas explotaciones – o asignará partidas NO REINTEGRABLES del presupuesto anual del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas frente a la presentación de un plan de manejo/desarrollo de la tierra-, destinados a la adquisición de elementos de trabajo, semillas, ganado, construcciones y mejoras, y cuanto más pueda ser útil o necesario para una mejor explotación.

ARTICULO 10. — Las tierras adjudicadas deberán destinarse a la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, en cualquiera de sus especialidades, sin perjuicio de otras actividades simultáneas, siempre desarrolladas por la comunidad aborigen beneficiada y, bajo ningún concepto podrán ser alquiladas y/o usufructuadas por terceros bajo el riesgo de perder la adjudicación. La autoridad de aplicación, asegurará garantizará la prestación de asesoramiento técnico adecuado para la explotación y para la promoción de la organización de las actividades. El asesoramiento deberá tener en cuenta las costumbres y técnicas propias de los aborígenes complementándolas con los adelantos tecnológicos y científicos, en la medida que no atenten ni contaminen su cultura, la cual es considerada UN PATRIMONIO.

ARTICULO 11. — Las tierras que se adjudiquen en virtud de lo previsto en esta ley son inembargables e inejecutables. Las excepciones a este principio y al solo efecto de garantizar los créditos con entidades oficiales serán previstas por la reglamentación de esta ley. En los títulos respectivos se hará constar la prohibición de su enajenación durante un plazo de veinte años (¿porqué? Esto es habilitar una nueva usurpación a futuro, a discreción de los poderes de turno ) a contar de la fecha de su otorgamiento.

NOTA: El Estado puede asumir un rol de auditor que mediante la ejecución de programas e indicadores pueda medir/evaluar el “destino/manejo/desarrollo” que la comunidad realiza sobre la tierra adjudicada. Esta presencia del Estado podrá garantizar su compromiso con el bienestar de las comunidades, la erradicación de la economía de subsistencia, el estado alcanzado de salud, educación y progreso e inserción de las mismas dentro del sistema.



ARTICULO 12. — Los adjudicatarios están obligados a:

a) Radicarse en las tierras asignadas y trabajarlas, personalmente los integrantes de la comunidad o el adjudicatario individual con la colaboración del grupo familiar;

b) No vender, arrendar o transferir bajo ningún concepto o forma sus derechos sobre la unidad adjudicada, ni subdividir o anexar las parcelas, sin autorización de la autoridad de aplicación. Tendría que evaluarse bajo que figura se les permitiría “vender” los servicios ecosistémicos.

Los actos jurídicos realizados en contravención a esta norma serán reputados nulos a todos sus efectos.

c) Observar las disposiciones legales y reglamentarias y las que dicte la autoridad de aplicación relativas al uso y explotación de las unidades adjudicadas en la medida que hayan sido correcta y fehacientemente comunicadas.

ARTICULO 13. — En caso de extinción de la comunidad o cancelación por voluntad propia de su inscripción, las tierras adjudicadas a ellas pasarán, a la Nación o a la provincia o al municipio según su caso. En este supuesto la reglamentación de la presente, establecerá el orden de prioridades para su readjudicación si correspondiere. El miembro de una comunidad adjudicataria de tierras que las abandone no podrá reclamar ningún derecho sobre la propiedad; los que le correspondieran quedarán en beneficio de la misma comunidad a que pertenecía.

V — DE LOS PLANES DE EDUCACION



ARTICULO 14. — Es prioritaria la intensificación de los servicios de educación y cultura en las áreas de asentamiento de las comunidades indígenas. Los planes que en la materia se implementen deberán resguardar y revalorizar la identidad histórico-cultural de cada comunidad aborigen, asegurando al mismo tiempo su integración igualitaria en la sociedad nacional.

ARTICULO 15. — Acorde con las modalidades de organización social previstas en el artículo cuarto de esta ley, los planes educativos y culturales también deberán:

a) Enseñar las técnicas modernas para el cultivo de la tierra y la industrialización de sus productos y promover huertas y granjas escolares o comunitarias;

b) Promover la organización de talleres-escuela para la preservación y difusión de técnicas artesanales; y

c) Enseñar la teoría y la práctica del cooperativismo.



ARTICULO 16. — La enseñanza que se imparta en las áreas de asentamiento de las comunidades indígenas asegurarán los contenidos curriculares previstos en los planes comunes y, además, en el nivel primario se adoptará una modalidad de trabajo consistente en dividir el nivel en dos ciclos: En los tres primeros años, la enseñanza se impartirá en la lengua indígena materna correspondiente y se desarrollará como materia especial el idioma nacional; en los restantes años, la enseñanza será bilingüe. Se promoverá la formación y capacitación de docentes primarios bilingües, con especial énfasis en los aspectos antropológicos, lingüísticos y didácticos, como asimismo la preparación de textos y otros materiales, a través de la creación de centros y/o cursos especiales de nivel superior, destinados a estas actividades.

Los establecimientos primarios ubicados fuera de los lugares de asentamiento de las comunidades indígenas, donde existan niños aborígenes (que sólo o predominantemente se expresen en lengua indígena) podrán adoptar la modalidad de trabajo prevista en el presente artículo.



ARTICULO 17. — A fin de concretar los planes educativos y culturales para la promoción de las comunidades indígenas se implementarán las siguientes acciones:

a) Campañas intensivas de alfabetización y posalfabetización;

b) Programas de compensación educacional

c) Creación de establecimientos de doble escolaridad con o sin albergue, con sistemas de alternancias u otras modalidades educativas, que contribuyan a evitar la deserción y a fortalecer la relación de los centros educativos con los grupos comunitarios; y

d) Otros servicios educativos y culturales sistemáticos o asistemáticos que concreten una auténtica educación permanente.

e) La asignación de “equis” porcentaje del presupuesto operativo del Instituto de Asuntos Indígenas con el fin de garantizar un vaso de leche diario como desayuno/merienda para cada colegio reconocido. Mínima seguridad alimentaria.

La autoridad de aplicación promoverá la ejecución de planes educativos y culturales para las comunidades indígenas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta ley, asesorará en la materia al ministerio respectivo y a los gobiernos provinciales y los asistirá en la supervisión de los establecimientos oficiales y privados.

VI — DE LOS PLANES DE SALUD



ARTICULO 18. — La autoridad de aplicación coordinará con los gobiernos de provincia la realización de planes intensivos de salud para las comunidades indígenas, para la prevención y recuperación de la salud física y psíquica de sus miembros, creando unidades sanitarias móviles para la atención de las comunidades dispersas. Se promoverá la formación de personal especializado para el cumplimiento de la acción sanitaria en las zonas de radicación de las comunidades.

NOTA: en nuestra región existen sólo 2 médicos (casi sin recursos) que supervisan a 14 comunidades guaraníes diseminadas en alrededor de 500 km2.

Los artículos que siguen deberían implementarse realmente.

ARTICULO 19. — Se declarará prioritario el diagnóstico y tratamiento mediante control periódico, de las enfermedades contagiosas, endémicas y pandémicas en toda el área de asentamiento de las comunidades indígenas. Dentro del plazo de sesenta días de promulgada la presente ley deberá realizarse un catastro sanitario de las diversas comunidades indígenas, arbitrándose los medios para la profilaxis de las enfermedades y la distribución en forma gratuita bajo control médico de los medicamentos necesarios.

ARTICULO 20. — La autoridad de aplicación llevará a cabo planes de saneamiento ambiental, en especial para la provisión de agua potable, eliminación de instalaciones inadecuadas, fumigación y desinfección, campañas de eliminación de roedores e insectos y lo demás que sea necesario para asegurar condiciones higiénicas en los lugares de emplazamiento de las comunidades indígenas promoviéndose, a ese efecto, la educación sanitaria de sus integrantes y el acceso a una vivienda digna.

ARTICULO 21. — En los planes de salud para las comunidades indígenas deberá tenerse especialmente en cuenta:

a) La atención bucodental;

b) La realización de exámenes de laboratorio que complementen los exámenes clínicos;

c) La realización de exámenes cardiovasculares, a fin de prevenir la mortalidad prematura;

d) El cuidado especial del embarazo y parto y la atención de la madre y el niño;

e) La creación de centros de educación alimentaria y demás medidas necesarias para asegurar a los indígenas una nutrición equilibrada y suficiente;

f) El respeto por las pautas establecidas en las directivas de la Organización Mundial de la Salud, respecto de la medicina tradicional indígena integrando a los programas nacionales de salud a las personas que a nivel empírico realizan acciones de salud en áreas indígenas;

g) La formación de promotores sanitarios aborígenes especializados en higiene preventiva y primeros auxilios.

Las medidas indicadas en este capítulo lo serán sin perjuicio de la aplicación de los planes sanitarios dictados por las autoridades nacionales, provinciales y municipales, con carácter general para todos los habitantes del país.

VII — DE LOS DERECHOS PREVISIONALES



ARTICULO 22. — El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, elaborará y elevará al Poder Ejecutivo un proyecto de ley que contemple el derecho a la jubilación ordinaria de este sector social.

La reglamentación de esta ley determinará un porcentual de pensiones no contributivas que beneficiará a los componentes de las comunidades indígenas que reúnan los recaudos establecidos por la ley 13.337.

VIII — DE LOS PLANES DE VIVIENDA

ARTICULO 23. — El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas gestionará la habilitación de planes especiales para la construcción de viviendas, para los titulares de las tierras adjudicadas por esta ley (lo que implica que la mayoría de las comunidades del país, al no disponer de titularidad NO disponen de acceso a una vivienda digna), preferentemente con materiales, técnicas utilizadas por cada comunidad, mano de obra propia, del Banco Nación, el FONAVI y de cualquier otro plan habitacional de fomento.

IX — DE LOS RECURSOS



ARTICULO 24. — Hasta la inclusión de las partidas pertinentes en el presupuesto general de la Nación (sería deseable que no pase lo mismo que con la Ley de Bosques de presupuestos mínimos ¡!), el Poder Ejecutivo podrá efectuar las reestructuraciones de créditos del presupuesto general de la Administración Nacional que fueren necesarias para el adecuado cumplimiento de esta ley, a cuyo efecto podrá disponer cambios en las denominaciones de los conceptos, partidas y subpartidas existentes o crear nuevas y reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios.

ARTICULO 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los treinta días del mes de setiembre del año mil novecientos ochenta y cinco.



JUAN C. PUGLIESE

EDISON OTERO

Carlos A. Bravo

Antonio J. Macris

Fuente: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23790/norma.htm


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal