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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”



Consejera Ponente: STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO


(Se da cumplimiento a la orden contenida en el numeral 5º de la parte resolutiva de la sentencia, tendiente a la protección del derecho a la intimidad familiar de la menor involucrada y de la presunción de inocencia)

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015)





Proceso número:

17001-23-31-000-2000-01183-01 (26958)

Naturaleza:

Acción de Reparación directa

Actores:

(Anaceneth) y otros

Demandado:

Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por las demandantes contra la sentencia de 6 de noviembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual se (i) declararon probadas las excepciones de culpa exclusiva de la víctima e inexistencia de causalidad entre la falla que se le endilga a la demandada y el daño y (ii) denegaron las pretensiones.


SÍNTESIS DE LOS HECHOS


Se señala en la demanda que (i) el dragoneante (Nicolás) disparó su arma de dotación oficial en contra de su compañera (Gloria), mientras ésta dormía en su casa de habitación en el municipio de (El Espino), causándole la muerte, el 28 de diciembre de 1998, aproximadamente a las 3:30 a.m.; (ii) la víctima, presentaba signos de maltrato y (ii) los hechos descritos ocurrieron sin mediar causa o justificación, constituyendo falla del servicio.


ANTECEDENTES




1. Lo que se demanda

Mediante escrito presentado el 19 de septiembre de 2000 (f. 1 a 25 c. ppl.), las señoras (Anaceneth), (Manuela), y la menor (flor) representada por el agente oficioso (Leonardo) (f. 30 a 33, 316 a 322 c. ppl.)1, presentaron demanda de reparación directa con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas:





1 Mediante auto de 19 de diciembre de 2000, el a quo designó al doctor (Leonardo) como agente oficioso de la menor (flor), porque “en el registro civil de nacimiento consta que su padre es el señor (Nicolás) y no se demostró que éste no exista o que no ejerza la patria potestad, además, por su edad (nació en 1997), carece de capacidad para comparecer al proceso y no se demostró que la abuela (Anaceneth), ejerza su representación legal”.

Mediante auto de 7 de febrero de 2014, la Magistrada Ponente confirmó al abogado (Leonardo) para que continúe representando a la adolescente (flor). Lo anterior, porque el artículo 45 del Código de Procedimiento Civil “habilita al juez para nombrar un curador ad litem al niño, niña o adolescente o a confirmar al designado para la defensa de sus intereses, si fuere idóneo, cuando advierta, al menos con prueba sumaria, que el padre está ausente, impedido o ha surgido un conflicto de intereses entre éste y su descendente”. En este caso, “la ausencia del padre advertida y calificada por las autoridades que tienen a su cargo la protección de la adolescente y el posible conflicto de intereses entre éste y su hija en razón de la litis hacen procedente, en aras de atender los principios de protección especial y de interés superior del menor, confirmar al abogadoagente oficioso que se le reconoció a la demandante (flor) para que la continúe representando en lo que resta del proceso”.

Al respecto se tuvo en cuenta que “si bien es cierto que el señor (Nicolás) ostenta la patria potestad de la adolescente (flor) y, por ende, la vocación para ejercer la legitimatio ad processum respecto de ella, en la medida que ese régimen paterno-filial de protección al menor no le ha sido suspendido o terminado judicialmente, no lo es menos que el despacho bien puede tenerlo como ausente, en consideración a la documental allegada y a las valoraciones efectuadas por las autoridades competentes, las cuales son descriptivas de la situación que afronta la menor”.

El incumplimiento de los deberes de padre puesto de presente por la Defensora de Familia-Regional (xxxx) con la documentación y las valoraciones que aportó, (i) desdibuja la finalidad para la cual fue instituida la patria potestad –atender el interés superior de los niños, niñas y adolescentes- e (ii) impide, por la ausencia, distancia e indiferencia evidenciada del señor (Nicolás), que éste represente a su hija y propenda por la defensa de sus intereses, cualquiera fuere la decisión que en este asunto de deba adoptar”.



Además, “resulta conveniente confirmar al aludido profesional del derecho, porque desde un comienzo ha actuado en defensa de los intereses de la adolescente (flor), ha promovido las etapas del proceso y conoce los pormenores del mismo”.

PRIMERA. La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional es responsable de la totalidad de los daños y perjuicios causados a las demandantes por la muerte de su hija, hermana y madre (Gloria), al parecer a manos de un agente de la Policía Nacional, por acción u omisión, en hechos sucedidos el 28 de diciembre de 1998, en el municipio de (El Espino), por lo que conlleva la responsabilidad del Estado y, por lo tanto, la obligación de asumir las consecuencias de un insuceso, acto o conducta, que constituye una evidente falla del servicio público.

SEGUNDA. Como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar a cada una de las demandantes:



  1. Daños y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales (morales, subjetivos-petitum dolores-, morales subjetivos, perjuicios fisiológicos).



  1. Los perjuicios materiales como los morales, deben actualizarse al momento del fallo, es decir, se debe tener en cuenta la pérdida del valor adquisitivo de la moneda.



Daños Morales:

Por el equivalente en pesos, a la fecha de ejecutoria de la sentencia, de mil gramos de oro fino, para cada una de las actoras, como indemnización de los perjuicios morales por la muerte de su hija, hermana y madre (Gloria).

Daños y perjuicios patrimoniales:

Por el valor de lo que cueste el pleito, incluyendo claro está lo que se le debe pagar al abogado indispensable para hacer valer procesalmente los derechos, fijando el monto, dándole aplicación a la tarifa de honorarios profesionales para esta clase de negocios cuota litis.

A las demandantes se les pagará los perjuicios materiales resultantes de la pérdida de la ayuda económica que regular y oportunamente venían percibiendo de su protector muerto (Gloria), capitalizando su valor desde la fecha del infortunio y junto con sus intereses y por su valor actual en la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso.

Al momento de la muerte de (Gloria), trabajaba en oficios varios, por lo que se le debe tener en cuenta para este evento el salario mínimo legal mensual que estaba para la fecha de los hechos en $270.000, aproximadamente, que se tendrá en cuenta como base para hacer la liquidación de los perjuicios materiales, salario que anualmente se va incrementando de acuerdo con el costo de la vida del 23% al 25%.

(….) Que si no hubiera en los autos bases suficientes para hacer la liquidación matemática de lo que valen los perjuicios que se pretenden, el Tribunal, por razones de equidad, fijará la indemnización en el equivalente en pesos de la fecha de ejecutoria de la sentencia de 4.000 gramos de oro fino, para cada una de las demandantes, dándole aplicación a los artículos 4 y 8 de la Ley 153 de 1887 y 107 del Código Penal (f. 11 a 15 c. ppl.).

2. Defensa de la entidad demandada

Mediante apoderado y dentro del término de fijación en lista, la NaciónMinisterio de Defensa-Policía Nacional solicitó que se denieguen las pretensiones, porque, a su parecer, la demanda está fundamentada en hechos irreales y en apreciaciones subjetivas.

Precisó que las pruebas obrantes en el plenario permiten inferir que la muerte de la señora (Gloria) fue producto de un suicidio, de modo que su determinación y propia actividad fueron definitivos en la producción del daño que se pretende irrogar a la demandada, para así obtener una indemnización.

Manifestó que, como el dragoneante (Nicolás) fue exonerado penal y disciplinariamente por el homicidio de la señora (Gloria), es evidente que a la administración no le asiste responsabilidad.

Puntualizó que el Estado no puede responder patrimonialmente, cuando, como en este caso, los asociados no cuidan de su vida e integridad personal.

3. Alegatos de conclusión



  • Las actoras destacaron que (i) la pareja conformada por el dragoneante (Nicolás) y la señora (Gloria) tenía graves conflictos originados en la infidelidad del primero, los asedios de mujeres que afirmaban ser novias o amantes del uniformado y el maltrato físico y psicológico habitual que recibía la víctima en este caso; (ii) el día del fatal desenlace, el efectivo estaba en situación de disponibilidad y portaba su arma de dotación oficial; (iii) la muerte de la antes nombrada ocurrió en el marco de una acalorada discusión marital; (iv) los resultados de las pruebas técnicas practicadas no permiten establecer, de forma contundente, sí el policial disparó contra su compañera permanente o si éste incitó a la misma a atentar contra su propia vida y (v) de aceptarse la hipótesis de un suicidio, es evidente que el comportamiento indebido del policial incidió, de forma eficiente, en su compañera para que ésta tomara la fatal determinación.



  • La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional insistió en que si bien es cierto en el sub lite está probado el daño –muerte- y el instrumento que lo provocó –revolver de dotación oficial-, también lo es que existe duda sobre que el dragoneante (Nicolás) haya (i) accionado el arma contra la humanidad de su compañera permanente o (ii) incitado o facilitado que ésta se suicidara.

La defensa aseveró que las “circunstancias de tiempo, modo y lugar, como presuntamente se desarrollaron los hechos y se produjo el daño antijurídico, apuntan a que FUE LA VÍCTIMA, la señora (Gloria), quien en forma deliberada y exclusiva se ocasionó el menoscabo, al propinarse un disparo con el arma de su compañero permanente, quien la portaba como de dotación oficial, por fungir como agente al servicio de la Policía Nacional”

(f. 133 c. ppl.).

Sostuvo que la prueba testimonial recaudada en el plenario no permite el esclarecimiento de los hechos, por cuanto los acontecimientos se desarrollaron “estando sólo presentes la víctima (Gloria) y su compañero permanente (Nicolás), encontrándose ambos, en la intimidad de su



habitación el día 28 de diciembre de 1998” (f. 134 a 135 c. ppl.).



  1. Intervención del Ministerio Público

El Procurador Judicial Veintiocho ante el Tribunal Administrativo de Caldas conceptuó que las pretensiones no están llamadas a prosperar, porque en el caso no confluyen “los elementos indispensables para atribuirle responsabilidad al Estado por la muerte de la señora (Gloria), circunstancia que le hace coincidir con la entidad demandada, en cuanto no demostró que el agente estatal, con su actuación, negligencia u omisión, haya sido el causante del hecho y, por tanto, responsable del daño producido” (f. 139 c. ppl.).





  1. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 6 de noviembre de 2003 (i) declaró probadas las excepciones de culpa exclusiva de la víctima e inexistencia de causalidad, entre la falla que se le endilga a la demandada y el dañó antijurídico y (ii) denegó las pretensiones.

Consideró que si bien está demostrado el daño, no ocurre lo mismo con la falla del servicio que se alega y el nexo de causalidad. Puntualizó que en el sub judice la intervención del dragoneante (Nicolás) en la muerte de su compañera permanente no está probada, a pesar de que el hecho se produjo por un impacto de arma de dotación oficial.

Evidenció que las pruebas obrantes en el proceso permiten inferir que fue la señora (Gloria) su propio ofensor, circunstancia que tipifica el eximente de responsabilidad administrativa de culpa exclusiva de la víctima.





  1. Recurso de apelación

Las demandantes señalaron que en el sub judice se podría sostener que el dragoneante (Nicolás) “pudo haber matado a la señora (Gloria), pero fue precavido al no dejar rastro o huellas al manipular el arma de fuego, o bien pudo haberla inducido a que se matara coaccionándola física o psicológicamente, todo ello debido a los malos tratamientos que el policial venía dándole a su compañera permanente, hasta el punto de llevarle las amantes a su propia cama, como se podrá constar del proceso” (f. 173 c. ppl.).

Añadieron que, en todo caso, (i) el comportamiento indebido del uniformado, consistente en la infidelidad, el maltrato sistemático y el uso de un arma de dotación oficial en situación de disponibilidad del servicio y (ii) la indiferencia de la administración, son elementos que estructuran una clara falla del servicio.

Evidenciaron que no hay que olvidar que “los hechos sucedieron en la intimidad de un hombre y una mujer, donde sería ilógico, insensato e irracional propender por darle plena credibilidad a la versión del sindicado, cuando el juzgador sabe bien que el porte de armas es una actividad peligrosa y, por lo tanto, la misma debía estar bien guardada en un lugar seguro y no en una mesa de noche o al alcance de toda persona” (f. 173 c. ppl.).





  1. Alegaciones finales

De esta oportunidad hizo uso la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, quien reiteró los argumentos esgrimidos en el transcurso del

proceso (f. 193-195 c. ppl.).

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