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6.2 Entre los avances normativos conseguidos, es importante destacar la Ley 1257 de 2008 que incorporó disposiciones en orden a mejorar la atención de la violencia contra la mujer, para lo cual define, por primera vez, la violencia de género como violación a los derechos humanos.

Entre los aportes de la ley se destacan (i) la ampliación de los derechos de las mujeres víctimas de violencia; (ii) la incorporación de medidas de sensibilización, prevención y protección dentro de las obligaciones del Estado; (iii) la inclusión de deberes de la familia y la sociedad frente a la prevención de la violencia y de instrumentos para la implementación de la Ley en las Políticas Públicas; (iv) el incremento de penas; y (v) la ampliación del catálogo de las medidas de protección y nuevos mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la ley.

Esta normativa contiene también amplias responsabilidades para los sectores

Trabajo, Salud, Justicia y Educación, las cuales fueron reglamentadas en el 2011, mediante los decretos 4463, 4796, 4798 y 4799.

En lo que respecta a la Policía Nacional, es pertinente señalar que en el mes de julio de 2012, la institución lanzó el Plan Integral Policial para la seguridad del ciudadano “Corazón Verde”, el cual cuenta con 16 estrategias operativas. Una de esas, concretamente la No. 4, propende por (i) la protección de las poblaciones vulnerables, entre las cuales se sitúa a la “mujer (género)” y (ii) posicionar a la entidad “como parte de los programas del gobierno en Derechos Humanos”. Objetivo en el que se echa de meno, las relaciones familiares de los uniformados, en cuanto direccionado, únicamente, hacia el cumplimiento del servicio que se presta al colectivo.

Finalmente, atendiendo lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 20102014 “Prosperidad para Todos”66, en septiembre de 2012, el Gobierno Nacional lanzó los Lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y del Plan Integral para Garantizar una Vida Libre de Violencias, los cuales constituyen el referente para el diseño y puesta en marcha de acciones sostenibles para la superación de brechas y la transformación cultural. Se busca que en 10 años las mujeres gocen sus derechos en condiciones de igualdad y no discriminación.

En el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, se señala que las autoridades deben actuar con la debida diligencia para prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar los actos de discriminación y violencia contra la mujer, cometidos tanto por sus agentes como por los particulares y que este accionar no sólo busca trabajar por la atención adecuada y el acceso a la justicia, sino que propende por la transformación de estructuras y mandatos que perpetúan el trato diferenciado y la agresión.

Este Plan, para alcanzar sus metas, compromete a toda la institucionalidad vinculada en la prevención y atención de las violencias basadas en género, y comprende las siguientes estrategias:



El Plan para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia tiene un horizonte de largo plazo (2012-2022), en el cual adelantará las siguientes estrategias:



  • Prevención, protección, investigación, sanción y reparación de los actos de violencia basadas en género.



  • Operacionalización de la Ley 1257 y sus decretos reglamentarios a nivel nacional y territorial.



  • Transformación de los imaginarios sociales y prácticas culturales que naturalizan la violencia contra las mujeres, enfatizando en la prevención de las violencias y tomando en cuenta las particularidades y las diversidades de las mujeres.



  • Disminución de la prevalencia de las violencias basadas en género en Colombia.



Estado colombiano de los estándares internacionales y nacionales en materia de Derechos Humanos de las mujeres con un enfoque multisectorial y transversal.





  • Reducción de los niveles de impunidad en los casos de violencias basadas en género.



  • Fortalecimiento en la actuación pública de los funcionarios/as públicos el respeto por el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres.

La Policía Nacional fue encargada, dentro del Plan, de desarrollar algunos lineamientos, como el de prevención107. No obstante no se observa medidas dirigidas a contrarrestar la violencia de género, en los ámbitos laboral, familiar y social en los que interactúan los uniformados y sus superiores.

Del recuento efectuado se desprende que el Gobierno Nacional es consciente de que, a pesar de sus políticas, avances normativos y de la vinculación directa de su institucionalidad, ello no ha sido suficiente para disminuir la prevalencia de las violencias basadas en género y que se requieren, preferentemente, medidas educativas, preventivas y de protección con posibilidad de incidir en la formación socio-cultural y de hacer entender la paridad, para ponerla en práctica, de manera que influya



107 Lineamientos en prevención de las violencias



  1. Capacitar y sensibilizar a funcionarios/as públicos en prevención y detección de la violencia:



    1. Realización de estrategias de comunicación intrainstitucional.



    1. Capacitación especializada y sensibilización a funcionarios/as que trabajan con población en riesgo y atención al público para incorporar en su accionar estrategias de detección y prevención de los diferentes tipos de violencia basada en género con enfoque diferencial.



Responsables según sus competencias: Todos los ministerios, Policía Nacional, FGN, CSJ, DPS y UNP y Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

(…) 7. Fortalecimiento de las estrategias de movilización social para la prevención de la violencia:



    1. Apoyo a programas y estrategias de movilización social con organizaciones de carácter municipal a nivel urbano y rural.



    1. Promoción y fortalecimiento de redes sociales y comunitarias para acciones de movilización social de prevención de la violencia.



Responsables según sus competencias: Ministerios de Salud y Protección Social, Ministerio de Educación Nacional, Policía Nacional, entidades territoriales y Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

en las concepciones existentes y consiga, a la postre, corregir la discriminación.

También se infiere que, si bien la Policía Nacional busca posicionarse “como parte de los programas del gobierno en Derechos Humanos”, especialmente en lo que tiene que ver con prevención, protección e investigación de actos de discriminación y violencia contra la mujer, no ha incrementado esfuerzos para producir cambios importantes entre su personal, esto es, lograr construir una cultura de respeto e igualdad, desprovista de estereotipos en favor de las uniformadas, hijas, madres, hermanas y, en general, de las mujeres que de manera directa e indirecta concurren con la institución en el diario acontecer laboral, familiar, social y educativo.

Se debe buscar impactar las relaciones de los policiales, comandantes y subalternos, en razón de los roles de hombre y mujer, construidos por estereotipos contrarios a la realidad y que se dirigen a tolerar ambientes laborales, familiares y sociales fundados en pautas de dominación patriarcal. De donde no resulta posible obviar medidas de prevención y protección, entre los que debe destacarse la restricción del arma de dotación oficial, en los casos que así lo ameriten. Es necesario que los policiales conozcan que a las mujeres también les asiste el derecho de decidir sobre sus vidas y que, lo contrario, lejos de honrar el compromiso institucional de prevenir las violaciones de derechos humanos y, en especial, la violencia contra la mujer, favorece las agresiones psicológicas y físicas y perpetúa la violencia en todos los ámbitos.



Es necesario además advertir sobre la gravedad de la conducta de un agente estatal que encargado de luchar contra la discriminación es agente de la misma. De donde no se entendería que las investigaciones disciplinarias por un hecho de violencia contra la mujer no sean cursadas y terminadas con la respectiva sanción108.



108 En este punto es pertinente evidenciar que, recientemente, la Sección Primera de esta Corporación, tuteló el derecho al debido proceso de una mujer que denunció actos abusivos, en contra de su integridad sexual, cometidos por un uniformado de la Policía Nacional y no fue tenida como sujeto procesal en el proceso disciplinario abierto por esa causa, el cual terminó archivándose. Se destaca:

Siendo ello así, al revisar el caso concreto, la Sala advierte que la accionante, mediante escrito de 2 de noviembre de 2013, puso en conocimiento del Coronel

Álvaro Pico Malaver, Director de la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander”, los hechos ocurridos ese mismo día, en los que da cuenta la presunta comisión de actos abusivos en contra de su integridad sexual por parte del patrullero Darwin Alejandro Giraldo Restrepo.

Es por lo anterior que la Escuela de Cadetes de Policía General Santander inició la investigación disciplinaria radicada bajo el núm. ECSAN-2013-85, la cual, posteriormente, fue remitida por competencia a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Dirección General de la Policía Nacional mediante comunicación oficial núm. S-2013-014374-SUDIE-ECSAN, suscrita por el Coronel Juan Carlos Buitrago Arias (….)

De lo precedente, resulta claro para la Sala que la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Dirección General de la Policía Nacional, conoció de las conductas perpetradas por el señor Darwin Alejandro Giraldo Restrepo, no precisamente por una comunicación realizada por el Subdirector de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander en la que pone de presente los hechos materia de indagación, sino en virtud de la remisión de la investigación disciplinaria adelantada por dicha Institución, por cuanto consideraron que no eran competentes para conocer del asunto, la cual se inició en virtud de la queja interpuesta por la accionante el mismo día en que ocurrieron los hechos.

De igual forma, observa la Sala que los hechos denunciados por la accionante constituyen una clara violación a los derechos humanos, pues la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), estableció en su artículos 5, el derecho a la integridad personal, por cuya violación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha proferido diversas sentencias en las que ha condenado a los Estados parte por actos constitutivos de violencia sexual perpetrados por sus agentes. De igual forma, este tipo de conductas han sido cuestionadas en diversos Tratados Internacionales, de los que se destaca la Convención sobre la Eliminación de

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem Do Pará” (1994).

Siendo ello así, comoquiera que los hechos denunciados por la accionante constituyen una clara violación a los derechos humanos y, además son constitutivos de violencia de género, cuya comisión deviene en una falta disciplinaria, la entidad demandada debió darle la calidad de sujeto procesal, y por ende, le asisten los derechos de que goza tal reconocimiento, pues de admitir lo contrario, se le estaría vulnerando abiertamente el derecho al debido proceso, como en efecto ocurrió. Tutela 2015-00602-01, actor: Ana María Rojas Hurtado, demandado: Policía Nacional, M.P. María Elizabeth García González (negrita con subrayas fuera del texto).

Lo anterior, si se considera que, en autos, las autoridades pasaron por alto la situación que la señora (Gloria) afrontó. Aunado a que no obstante las evidencias se omitió investigar. Lo que deja al descubierto una actitud indolente frente a la violencia de que son víctima las mujeres quienes al igual que grupos discriminados por razón de su edad, raza/etnia o condición socio económica reclaman una atención especial.

Esto es así, porque lo concluyente, como ya se dijo, es que el dragoneante (Nicolás), prevalido de su fuerza y autoridad -condicionamientos propios de su formación policial que no pudo desligar en su hogar-, se impuso faltamente con su arma de dotación oficial, ante los reclamos de su compañera y la manifestación de abandono.

Por lo expuesto, se revocará de decisión del Tribunal que declaró probadas las excepciones de culpa exclusiva de la víctima e inexistencia de causalidad y denegó las pretensiones, para, en su lugar, acceder a condenar a la Policía Nacional por los perjuicios causados con ocasión de la muerte de la señora (Gloria). Lo hasta aquí discurrido impone, además, la necesidad de ordenar medidas de reparación integral.





  1. Protección del derecho a la intimidad familiar del menor y de la presunción de inocencia

En este punto, la Sala pone de presente las previsiones constitucionales, convencionales y legales sobre la protección de la intimidad familiar y de los menores, al igual que la presunción de inocencia67, razón por la cual dispone que las copias que se expidan de esta decisión no permitan identificar a las personas involucradas, como se dispondrá en la parte resolutiva.





  1. Indemnización de perjuicios

En este punto, es pertinente resaltar que el Juzgado Primero de Familia de (Maní), mediante auto de 18 de noviembre de 2013, (i) decretó la suspensión provisional de las facultades de disposición y administración de los bienes que tiene el señor (Nicolás) sobre su hija (flor) y (ii) designó como curadora provisoria de la menor adolescente a su abuela paterna, señora (Martha).

También es del caso mostrar que, según comunicación de 13 de marzo de los corrientes del aludido Juzgado, el señor (Nicolás) aceptó que se le prive de la administración de bienes y derechos de su hija (flor) y que su señora madre (Martha) (….), sea quien en adelante se encargue de la administración de los bienes y derechos de la adolescente, habiéndose nombrada a ésta como CURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS

BIENES Y DERECHOS de la citada adolescente”.

8.1 Perjuicios morales

En el proceso se solicita el equivalente a mil gramos oro, por concepto de perjuicio moral, para cada una de las demandantes, en consideración al dolor que padecieron por la muerte de su hija, hermana y madre (Gloria).

Establecido el parentesco con los registros civiles allegados, la Sala da por probado el perjuicio moral reclamado por las actoras, por cuanto la muerte de un pariente cercano y en las condiciones en que murió la antes nombrada, en mayor grado, causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad.

Conforme a lo expresado en sentencia de 6 de septiembre de 2001, esta Sala abandonó el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral; consideró que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y sugirió la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado68.

En consecuencia y teniendo en cuenta la negligencia de la demandada frente a la situación de riesgo de violencia conyugal grave o mortal que afrontó la señora (Gloria), el cual se concretó, la Sala otorgará por concepto de perjuicios morales las sumas reconocidas tradicionalmente por la jurisprudencia a sus familiares en caso de muerte, así69:

Señora (Anaceneth) (madre) 100 smlmv

Menor (flor) (hija) 100 smlmv

Señora (Manuela) (hermana) 50 smlmv



8.2 Perjuicios materiales –Lucro cesante-

Las demandantes solicitan el reconocimiento de lucro cesante, en consideración a que la señora (Gloria) se dedicaba a labores varias que le generaban un salario mínimo legal mensual vigente de la época y les prodigaba ayuda económica a todas.

En el sub lite no hay pruebas que evidencien tales actividades, como tampoco la ayuda que la misma destinaba para su madre y hermana, por el contrario, las pruebas indican que la víctima se dedicaba exclusivamente a las tareas domésticas, con deseos de reintegrarse al hogar materno para que su madre cuidara de su hija, en tanto aquella cumpliría sus deseos de estudiar. De manera que la indemnización por perjuicios materiales reclamada por aquellas tendrá que negarse.

Ahora bien, la Sala ha reiterado que las tareas del hogar, en cuanto variable de la economía del cuidado, comportan un ingreso susceptible de indemnización:



Sobre esta reclamación -que corresponde más exactamente a una modalidad de daño emergente consolidado y futuro, por cuanto se trata de gastos, sumas de dinero que han salido o saldrán del patrimonio del demandante-, resulta necesario observar que si bien la labor de ama de casa no es un trabajo remunerado, por cuanto la mujer normalmente lo desempeña como una actividad propia de su condición de madre y esposa y porque se trata de su hogar y de su familia, y por lo tanto actúa movida por sentimientos de afecto y responsabilidad, lo cierto es que cuando ella falta, esas labores en todo caso deben ser realizadas por otra persona, que generalmente no lo hará en forma gratuita sino que cobrará un salario, el cual corresponderá por lo menos al mínimo legal; ya la Sala tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el valor económico de las labores del ama de casa, en un evento en el cual fue precisamente ella la víctima directa del daño, al quedar totalmente incapacitada; en tal ocasión, se dijo70:

Sin embargo, no podría desconocer que también se afirmó que la lesionada, siendo madre de cinco (5) hijos, se dedicaba a las labores propias de ama de casa, lo que constituye sin lugar a dudas un ingreso en especie en las finanzas del hogar.

El estado físico tan precario en que quedó la actora como consecuencia de la intervención de que fue objeto, traducido en la parálisis que según el peritazgo determinó una incapacidad del 100% de su actividad laboral, lleva consigo la consecuencia lógica de su indemnización, por cuanto el no poder atender los oficios domésticos de su casa por el resto de su vida, implica que debe contratar a una persona que los realice y no se puede negar que en el desarrollo normal de vida dichos oficios tienen que darse, puesto que la preparación de alimentos, cuidado de los vestidos, limpieza de la casa son básicos en el diario acontecer, razón por la cual, para la Sala, hay fundamento suficiente para reconocer dicho rubro, y lo hará sobre el quantum del salario mínimo legal, porque si bien es cierto que no es éste el que generalmente se paga a una empleada doméstica, ello radica en que se le proporciona alimentación y vivienda, que se consideran parte del salario en especie. Más aun cuando debe tenerse en cuenta que en el caso de autos queda sin indemnización la atención y cuidado prodigados al esposo e hijos de una parte, y de otra que la propia lesionada al no poder valerse por sí misma necesita de una persona que la ayude hasta en sus mínimas necesidades fisiológicas71.

Como quiera que no se demostró otro valor por la labor desempeñada por la señora (Gloria), los prejuicios causados por lucro cesante a favor de la menor (flor) se liquidará tomando como base el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2015 -$644.350-, en consideración a que la actualización de la misma base para la fecha de los hechos72 resulta inferior.

Igualmente, el salario base de liquidación será aumentado en un 25% $161.087-, por concepto de prestaciones sociales, en atención a que las mismas son un imperativo de ley y, por tal razón, deben ser reconocidas73.74

La Sala calculará la renta base de liquidación y procederá a liquidar el lucro cesante a favor de la menor (flor), proyectándolo hasta que ésta cumpla 25 años, conforme a lo establecido por la jurisprudencia de esta Corporación y al modelo de sociedad que se establece en la base del ordenamiento jurídico colombiano, en la que se sustenta todo el régimen de responsabilidad, que es el de buen padre de familia, esto es lo que procura la formación integral de sus hijos para lo cual les brinda apoyo económico hasta la edad en que de ordinario alcanzan su formación profesional, ingresan al mundo laboral y conforman su propio hogar. De manera que, como la menor perdió el apoyo de su madre en hechos que la entidad pública demandada tendría que haber evitado, el daño antijurídico imputable al Estado se liquidará hasta que la menor (flor) alcance los 25 años116.

Así, al salario mínimo legal mensual vigente para el año 2015 -$644.350-, incrementado en un 25% -$161.087-, como quedó expuesto, se le restará un 25% -$201.359.25-, como quiera que es el porcentaje que se considera la víctima habría destinado a su propia subsistencia. Esto es, se utilizará como como salario base de liquidación la suma de $604.077.75, en un 100% para la menor demandante.

Liquidación del lucro cesante de la menor (flor):



  • Indemnización debida

Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos, 28 de diciembre de 1998, hasta esta sentencia -28 de mayo de 2015-, para un total 197 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

S = Ra (1+ i)n - 1

i

S = $604.077.75 (1+ 0.004867)197 - 1



0.004867

S= $198.897.848.20





  • Indemnización futura

Comprende el período transcurrido desde el día siguiente de esta sentencia, hasta la fecha en la que la menor (flor) cumpla la edad de 25 años, esto es, el 20 de junio de 2022, puesto que nació el 20 de junio de 1997, según el registro civil de nacimiento (f. 7 c. ppl.), para un total de 84.7 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

S = Ra (1+ i)n - 1

i (1+ i) n

S = $604.077.75 (1+ 0.004867)84.7 - 1

0.004867 (1+ 0.004867)84.7

S = $44.619.466.32

Sumados los valores de la indemnización vencida y futura, por concepto de lucro cesante, se obtiene un valor total de $243.517.314.52

8.3 Medidas de reparación integral

La Sala estima necesario ordenar medidas de reparación integral a favor de las demandantes, dado que, como ya se explicó, el Estado omitió dar cabal cumplimiento a su compromiso de evitar que los hechos acontecidos sucedieran, incurriendo en total desconocimiento de la normatividad constitucional, convencional y legal que lo obliga a adoptar medidas dirigidas a contrarrestar de manera eficaz la discriminación de género.

De conformidad con el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en los procesos judiciales corresponde la valoración de daños irrogados a la luz de “los principios de reparación integral y equidad”. Ahora bien, en el presente caso la Sala encuentra que, aunque las actoras afectadas sólo pretendían la reparación de los perjuicios morales y materiales ocasionados, advertido que la Sala enfrenta un caso de grave violación de los derechos humanos y atendiendo a la jurisprudencia de la Sala, procederá en consecuencia.

Señala la jurisprudencia:



(…) para la Sala, ponderados los principios de reparación integral -por razones de violaciones a derechos humanos-, con los procesales de la no reformatio in pejus y de congruencia, es claro que estos últimos tienen que ceder frente al primero, toda vez que el Estado Colombiano, así como sus autoridades, no pueden sustraerse del deber jurídico superior, reiterado en diversos instrumentos, doctrina y jurisprudencia internacional, en donde se establece la obligatoriedad de reparar in integrum, los daños que se deriven de la violación de derechos humanos, conclusión que se ve reforzada si se tiene en cuenta que, en el ordenamiento jurídico interno, prevalece el derecho sustancial sobre el formal, sin que ello implique el desconocimiento al debido proceso de las entidades o personas demandadas, quienes sabrán que, en tratándose de la solicitud de reparación de daños derivados del desconocimiento del sistema universal o americano de derechos humanos, es procedente adoptar todas las medidas conducentes a garantizar el restablecimiento de los mismos75.

Así, comoquiera que “la reparación integral en el ámbito de los derechos humanos supone, no sólo el resarcimiento de los daños y perjuicios que se derivan, naturalmente, de una violación a las garantías de la persona, reconocidas nacional e internacionalmente, sino que también implica la búsqueda del restablecimiento del statu quo, motivo por el cual se adoptan una serie de medidas simbólicas y conmemorativas, que propenden por la restitución del núcleo esencial del derecho o derechos infringidos”118, la Sala considera imperioso ordenar la adopción de las siguientes medidas de reparación integral:

A). Como medidas de no repetición.



  • Ordenar al Ministerio de Defensa Nacional que, dentro del año siguiente a la notificación de esta sentencia, trace unos lineamientos de política pública tendientes a fortalecer la integridad familiar al interior de la Policía Nacional. Las que deberán acompasarse con los proyectos que buscan posicionar a la institución en materia de respeto de los derechos humanos, de manera prioritaria en lo que tiene que ver con prevención, protección e investigación de actos de discriminación y violencia contra la mujer, en las relaciones afectivas, familiares, laborales y sociales de sus integrantes.

Por tal razón, dentro del año siguiente a la notificación de esta sentencia diseñará y pondrá en práctica medidas de corrección, persuasión y motivación, entre ellas de índole formativa a modo de curso, módulo, área o asignatura, transversal, permanente, de obligatoria asistencia y aprobación para todos los miembros uniformados y no uniformados en los niveles de ingreso, ascenso y permanencia en la institución.

Los proyectos formativos serán dados a conocer en ceremonia privada por el Director General de la Policía, asegurando la presencia de las señoras (Anaceneth), (Manuela) y de la menor (flor), si estas consienten en ello.

Ceremonia en la que se hará conocer de la sociedad la voluntad institucional de atender distintos frentes con el propósito de erradicar la cultura de dominación patriarcal que afecta a la institución, para que los hechos evidenciados en autos no se repitan. El estudio específico del sub lite será obligatorio dentro en los programas académicos, con el objeto de destacar la problemática que comporta la discriminación de género, su soterrada aceptación, tolerancia y ocultamiento.





  • Exhortar a la Fiscalía General de la Nación para que destine personal experto en la materia, con el objeto de que se considere la posibilidad de disponer la apertura de la investigación por la muerte de (Gloria) y, en todo caso, para que (i) se adviertan las falencias en la investigación de este asunto que llevaron a la preclusión, con miras a poner de presente la perspectiva de género en las actuaciones que le competen, esto es cuando los hechos dejan en evidencia que el ilícito se dirigió contra la mujer por el hecho de serlo, particularmente el feminicidio.



  • Exhortar a la Policía Nacional para que, a través del órgano competente, considere la apertura de la investigación disciplinaria sobre los hechos violatorios de los derechos humanos evidenciados en este asunto y determine con diligencia y eficacia el incumplimiento de los fines del Estado por vía de la transgresión de la Constitución, los tratados internacionales ratificados por Colombia, en que incurrieron los uniformados comprometidos en este asunto con el propósito de adoptar las sanciones y los correctivos de orden administrativo para que lo acontecido no vuelva a ocurrir. Los resultados de las diligencias que se emprendan deberán ser conocidos por las demandantes, si así lo reclaman.



  • -Exhortar a la Procuraduría General de la Nación para que analice desde la Constitución, los tratados internacionales ratificados por Colombia, la ley y los reglamentos, las intervenciones de los funcionarios de la entidad, en el curso de las investigaciones adelantadas con ocasión de la muerte de la señora (Gloria), para que adopte medidas de corrección, en orden a velar por el respeto de la vida y no discriminación de la mujer, en todos los frentes de su competencia.



  • Dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia, enviar copias de esta decisión –con las restricciones impuestas- a (i) la Alta Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer (ACPEM), con el fin de exhortar la promoción de políticas públicas, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales encaminadas a la prevención, investigación y sanción de la violencia contra la mujer en todas las instancias del poder público y especialmente en la fuerza pública y (ii) la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura-Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial para su inclusión en el observatorio de política de igualdad y no discriminación con enfoque diferencial y de género.

B). Como medidas de satisfacción. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, la Policía Nacional publicará – con las restricciones impuestas- la parte resolutiva de esta decisión, difundirá su contenido en una cartilla de amplia circulación y colgará en su página web la presente providencia –al menos por cinco años–, de modo que resulte visible el acceso al contenido íntegro de la decisión y de fácil consulta.



9. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia, en el trámite del proceso, actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

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