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CONSEJO INDIO EXTERIOR

Inscripta en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior de España con el número 14899- Asociación sin fines de lucro




CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL ANTE NACIONES UNIDAS-CERD

Informes




Mario Agreda Uzeda y Micaela Agreda Benavente

Febrero de 2011



“Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio racial” Albert Einstein

INDICE


Introducción………………………………………………………….pg 3

Informes:



  • Amnistía Internacional-España………………………………pg 4

  • Movimiento Contra la Intolerancia…………………………..pg 12

  • Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo……...pg 14

  • Movimiento Indio de América………………………………..pg 14

Conclusiones………………………………………………………...pg 15

INTRODUCCIÓN

El estado español presenta su informe para ser examinado por la CERD, órgano de las Naciones

Unidas en Ginebra-Comité Contra el Racismo y la Discriminación Racial.

Una vez leído su informe extraemos algunos párrafos del mismo:



Constituye discriminación indirecta todo tratamiento derivado de la adopción de criterios que perjudiquen a los trabajadores por su condición de extranjeros o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

20. De igual manera, la ley también considera, a propósito del régimen sancionador que en la misma se regula, como infracción administrativa muy grave, "la realización de conductas de discriminación por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos, en los términos previstos en el artículo 23, siempre que el hecho no constituya delito" (art. 54 1) c)).

9. En su redacción final el informe también se refirió a las indicaciones realizadas por los Comités, en el sentido de que los informes periódicos sean concisos, analíticos y centrados en cuestiones fundamentales de la aplicación de la respectiva Convención. En este sentido, se ha procurado unificar la información dada y, como consecuencia de ello, se ha logrado reducir considerablemente la extensión del presente informe de España, respecto del anterior garantizando en todo momento la transmisión de la información esencial respecto de los fines perseguidos, que no son otros que la protección y desarrollo de los derechos que asisten a los grupos de población más vulnerables de nuestra sociedad. En este sentido destaca la inclusión en su anexo I del Estudio sobre el Programa de Desarrollo Gitano y en su anexo II el análisis del seguimiento de las recomendaciones formuladas por el Comité al último informe.

El Consejo Indio Exterior , asociación civil sin fines de lucro ha realizado un informe basado en hechos concretos que fueron consultados a diferentes instituciones reconocidas a nivel nacional e internacional y demuestra que el estado español no cumple con todos los acuerdos firmados contra el racismo, la intolerancia y la xenofobia, como queda demostrado en los siguientes informes de:



  • Amnistía Internacional-España,

  • Informe Ecri

  • Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo de la Universidad Complutense de Madrid

  • Movimiento Contra la Intolerancia

  • Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo

  • Movimiento Indio de América.

INFORMES

  • Informe de Amnistía Internacional: Glosario

Acoso: El acoso constituirá discriminación cuando se produzca un comportamiento no deseado relacionado con el origen racial o étnico que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, u ofensivo. (según la Directiva 2000/43/CE).

CERD (Committee on the Elimination of Racial Discrimination): El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la:

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminació Racial de Naciones Unidas, por sus Estados Partes.

CETS (Council of Europe Treaty Series): Catálogo de Tratados del Consejo de Europa. Los Convenios y acuerdos abiertos a la firma entre 1949 y 2003 se publicaron en “European Treaty Series” (ETS números del 001 al 193 inclusive). Desde 2004, esta catalogación se conoce como “Council of Europe Treaty Series” (CETS Nº 194 y siguientes).

Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico (Consejo de Igualdad de Trato): Se creó mediante el artículo 33 de la Ley 62/2003. Está adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Sus fines son la promoción del principio de igualdad de trato y no-discriminación, de las personas por su origen racial o étnico, en la educación, la sanidad, las prestaciones y los servicios sociales, la vivienda, y en general, la oferta y el acceso a cualesquiera bienes y servicios, así como el acceso al empleo. En febrero de 2008 no había iniciado sus actividades.

ECRI (European Commission against Racism and Intolerance): La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa es un órgano de vigilancia y de lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia en toda Europa, que actúa desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos.

FRA (European Union Agency for Fundamental Rights): La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea nació el 1 de marzo de 2007. Tiene como objetivo proporcionar a las instituciones de la Comunidad y a los Estados miembros, ayuda y asesoramiento en materia de derechos fundamentales con el fin de ayudarles a respetarlos plenamente. La Agencia no tiene competencias para examinar denuncias individuales.

Inversión de la carga de la prueba: Corresponderá a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, de dicho principio alegue, ante un tribunal u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta. No se aplica a los procedimientos penales. (según la Directiva 2000/43/CE).

OBERAXE (Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia): se creó mediante el artículo 71 de la Ley Orgánica 14/2003. Está adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Sus objetivos son aportar un diagnóstico periódico de la situación del racismo y la xenofobia en España, establecer redes de comunicación con organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en la lucha contra la discriminación y apoyar técnicamente al Consejo de Igualdad de Trato.

Principio de igualdad de trato: Ausencia de toda discriminación, tanto directa como indirecta, basada en el origen racial o étnico. (según la Directiva 2000/43/CE).

RAXEN (European Racism and Xenophobia Information Network): La Red Europea de Información sobre Racismo y Xenofobia trabaja mediante un conjunto de centros de coordinación en cada Estado miembro de la UE, que recopilan datos e información sobre racismo, xenofobia y antisemitismo en el plano nacional. Suministraba información al Observatorio del Racismo y la Xenofobia de la Unión Europea (EUMC) y ahora a la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA).

Represalias: Cualquier trato adverso o consecuencia negativa que pueda producirse como reacción ante una reclamación o ante un procedimiento destinado a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato. (según la Directiva 2000/43/CE).

TJCE (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas): Es una institución de la Unión Europea (27 Estados miembros), con sede en Luxemburgo, que cumple la función de órgano de control del Derecho comunitario europeo. A través de su jurisprudencia, el Tribunal ha establecido la obligación de las administraciones y de los órganos jurisdiccionales nacionales de aplicar plenamente el Derecho comunitario y de proteger los derechos que éste otorga a los ciudadanos, descartando para ello cualquier disposición contraria del Derecho nacional, ya sea anterior o posterior a la norma comunitaria (primacía del Derecho comunitario sobre el Derecho nacional).

Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Es un órgano judicial, con sede en Estrasburgo, ante el que pueden presentarse, en determinadas circunstancias, denuncias de violaciones de los derechos reconocidos en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa (CETS No. 005), ratificado por 47 Estados. Todo Estado parte o individuo que alegue ser víctima de una violación del Convenio puede presentar una demanda ante el Tribunal. El Comité de Ministros del Consejo de Europa es el responsable de controlar la ejecución de las sentencias.

  • Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, párrafo 79. Durban, Sudáfrica, Septiembre de 2001

Introducción

El racismo es un ataque contra el concepto mismo de la universalidad de los derechos humanos, ya que de forma sistemática niega a ciertas personas el pleno disfrute de sus derechos humanos sólo por su color, raza, etnia u origen nacional. Ataca directamente el principio fundamental sobre el que se basa la Declaración Universal de Derechos Humanos: que los derechos humanos son inherentes a la persona y que deben disfrutarlos todas sin distinción. Socava también cualquier derecho del ser humano, ya sea civil, político, económico, social o cultural. El racismo infecta, en varios grados y de diversas formas, a todos los países del mundo.

La prohibición de la discriminación racial constituye un principio general del derecho internacional, presente en todos los principales instrumentos de derechos humanos. La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, aprobada en 1965 y ratificada por 157 Estados, esboza derechos y una serie de medidas para la eliminación de la discriminación racial en todas sus formas.

En España, a una comunidad gitana tradicionalmente marginada se ha sumado en los últimos años, en un contexto de aumento de la inmigración, la presencia de importantes colectivos de diferentes nacionalidades. Amnistía Internacional, así como diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de ámbito nacional e internacional, ha mostrado su preocupación por la persistencia –y en algunas esferas, incremento– de situaciones de discriminación, racismo y xenofobia contra ciudadanos extranjeros y miembros de minorías étnicas en la sociedad española. Así lo muestra la continuidad –y extensión a lo largo del territorio español– de situaciones de discriminación en el mundo laboral, vivienda, educación, acceso a lugares de ocio, así como de incidentes racistas y abusos a manos de particulares y casos de malos tratos o torturas con un componente racista a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado.

Sin embargo, España no cuenta con datos oficiales que permitan conocer el alcance y la magnitud del racismo en el país. De hecho, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, España es uno de los cinco países de la Unión que no publica datos oficiales sobre incidentes, denuncias o delitos racistas.

Los datos sobre la percepción que tiene la población española tanto de la comunidad gitana como de las personas extranjeras que llegan al país, dibujan un panorama lleno de prejuicios y de creciente hostilidad.

(http://eumc.europa.eu/eumc/material/pub/racism/report_racism_0807_en.pdf) (consulta del 25/03/2008). En el último informe sobre España de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (en adelante ECRI) de 2005, se menciona el dato de que seis de cada diez personas asociaban de algún modo la delincuencia con la inmigración 3. Sin embargo, este contexto no ha inducido a las autoridades españolas a tomar medidas de envergadura para luchar contra el racismo y la discriminación. Según el informe de agosto del 2007 de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sólo había cinco países en la Unión que no habían puestoen marcha un organismo nacional de lucha contra la discriminación racial: Alemania, República Checa, España, Luxemburgo y Malta.

Este informe repasa las medidas impulsadas por los Gobiernos españoles en los últimos años para abordar la lucha contra el racismo, a la luz de las obligaciones y compromisos internacionales suscritos por el Estado español. Medidas que, en opinión de Amnistía Internacional, resultan claramente insuficientes para cumplir con los compromisos adquiridos. Tras este análisis se hacen públicas las recomendaciones de la organización a las autoridades estatales, autonómicas y locales.

La Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia que se celebró en septiembre de 2001 en Durban, Sudáfrica, recordó que el combate y la denuncia del racismo es tarea de todos, pero especialmente de las autoridades públicas y de los políticos. Subrayó, como deber de los Estados, la aprobación de medidas rápidas, decisivas y apropiadas para eliminar todas las formas de racismo y xenofobia. No cumplir con esta obligación es un factor que alienta la perpetuación del racismo en España.


  1. Contexto español

Hasta hace no más de dos décadas, la diversidad étnica o racial en España prácticamente se circunscribía a la existencia de una comunidad gitana heredera de un legado de siglos de persecución y discriminación. No existen en España datos oficiales que permitan conocer la magnitud o alcance del racismo. Las carencias relativas al registro y análisis de datos sobre incidentes de índole racista, tanto en la fase policial como en la judicial, así como la ausencia de órganos independientes de investigación impiden conocer con precisión las dimensiones de la discriminación racial en España.

  1. La comunidad gitana: un legado de siglos de discriminación

El anterior Comisionado de los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil Robles manifestaba que “incluso en los países donde las personas gitanos han vivido durante siglos, son vistos con frecuencia por la mayoría de la población como los “otros”, como extranjeros en sus propios países.”Tal sería el caso de España en la que, a pesar de las medidas que se han adoptado en los últimos años. Fundación Secretariado Gitano: “Población gitana y empleo: un estudio comparado”.

http://www.gitanos.org/publicaciones/estudioempleo/estudioempleo/index.html (consulta del 25/03/2008).

Por nacionalidad, el colectivo mayoritario al finalizar 2007 era el marroquí (648.735 personas), seguido del rumano (603.889) y del ecuatoriano (395.808). A continuación se encontraban el colectivo colombiano (254.301), el británico (198.638), el búlgaro

(127.058), el italiano (124.936), el chino (119.859), el peruano (116.202) y el portugués (101.818). Observatorio Permanente de la Inmigración, Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa: “Informe de Álvaro Gil Robles en su visita a España de Marzo 2005”.

El Comité Asesor del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa, en su primer informe sobre España, constató las considerables diferencias socioeconómicas existentes entre un gran número de personas gitanas y el resto de la población, y como las primeras todavía se enfrentan a la marginación y la exclusión socia. Por su parte, ECRI en su último informes obre España señalaba que: “las personas gitanas sufren prejuicios, desventajas y discriminación en muchas esferas de la vida como educación, empleo, alojamiento, y salud”. Dicho informe menciona que en España, un 30% de la población gitana vive en condiciones de pobreza y exclusión, desigualdad que refuerza otras formas de discriminación en el acceso al alojamiento, educación y empleo. Respecto a este último aspecto, el informe “Población gitana y empleo: un estudio comparado” del 2005 de la Fundación Secretariado Gitano señala que:

- En su conjunto, las personas analfabetas (absolutos y funcionales) tienen un peso en la población gitana 4,6 veces superior al del conjunto de la población española censada. Entre los parados gitanos, el 72% son analfabetos absolutos o funcionales; en toda España la tasa roza el 5%.

- Las actividades que ocupan a los y las trabajadores gitanos suelen ser marginales y de baja cualificación, generalmente encuadradas en el sector de servicios. El 70% de las y los trabajadores gitanos tienen contratos temporales frente al 31% de tasa de temporalidad del resto de trabajadores y trabajadoras. El desempleo afecta más a la comunidad gitana que al resto de la población española, con una tasa global del 13,8% frente al 10,4% del resto de la población.

c) población inmigrante

El Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración aprobado por el Gobierno español reconoce que “la presencia de un número importante de personas inmigrantes ha hecho surgir, en distintos campos de la vida social, como el empleo, la educación, o la vivienda, situaciones de discriminación por el origen racial o étnico que es preciso combatir como un primer paso para garantizar la igualdad de oportunidades”. En el mismo sentido se han manifestado organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación racial (en adelante CEDR) o ECRI (Comisión Europea Contra el Racismo y la Intolerancia entre otros.

Así, el informe de ECRI de 2005 señalaba las dificultades de acceso y discriminación que sufren las personas inmigrantes en el acceso a alojamiento. El informe “Inmigración y vivienda en España” del colectivo IOÉ del año 2004 mencionaba que la población inmigrante “habita casas mucho más pequeñasque la autóctona, lo que da lugar a que las situaciones de hacinamiento (menos de 10m2 por persona) sean mucho más frecuentes entre las primeras (19%) que entre las segundas (2,5%). Así, el 61% de las personas migrantes disponen de menos de una habitación por persona frente al 36% de las personas autóctonas”. El informe “Racismo, xenofobia y antisemitismo en España” del Centro de referencia del Observatorio del Racismo y la Xenofobia de la Unión Europea da cuenta de ejemplos de discriminación, xenofobia y explotación: declaraciones xenófobas, negativas sistemáticas a alquilar pisos a inmigrantes, contratos de alquiler, hacinamiento21. Aspectos que también son tratados en varios de los informes anuales de SOS Racismo.

En relación con el mundo laboral, el informe “Racismo, xenofobia y antisemitismo en España” muestra como las personas inmigrantes extracomunitarias perciben sueldos inferiores a los de las personas españolas y como muchas “continúan concentrándose en un número reducido de sectores económicos como la agricultura, construcción, hostelería y servicio doméstico, sectores que se caracterizan por salarios inferiores a la media, tasa elevada de empleos temporales, jornadas de trabajo prolongadas, un gran riesgo de accidentes laborales y una mayor vulnerabilidad en casos de crisis económicas”.

Continúa denunciando que “la explotación laboral se añade a la discriminación laboral con abusos tales como… entornos laborales no saludables e inseguros, falta de comida para las asistentas de hogar, impago de salarios, jornadas laborales muy extensas, falta de vacaciones, despidos improcedentes, insultos y comentarios racistas, amenazas”.


  1. Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

Malos tratos a manos de fuerzas de seguridad con un componente racista. En lo que se refiere a malos tratos o torturas a manos de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado con un componente racista, Amnistía Internacional documentó ya en el año 2002 un número creciente de denuncias de malos tratos y torturas con componente racista, siendo las víctimas tanto pertenecientes a la comunidad gitana como de origen extranjero. Las mujeres inmigrantes estaban especialmente expuestas a sufrir tortura en forma de violación o agresión sexual bajo custodia. Estos incidentes ocurrían de una manera frecuente y extendida a lo largo del territorio español sin que el Estado ofreciera la suficiente protección a las víctimas.

En los años siguientes han continuado las denuncias sobre la situación de especial vulnerabilidad de la población gitana y las personas inmigrantes indocumentadas —muchas de ellas mujeres y niños, respecto a los agentes del Estado. A pesar de la existencia de leyes y códigos que intentan protegerles frente a la conducta discriminatoria o arbitraria de los agentes del estado, la aplicación de “criterios raciales” y el uso discriminatorio de los controles de identidad sigue siendo común.

Iniciativa Pro-Justicia y GEA 21 que, en su investigación sobre los “controles de identidad” constatan que “los gitanos e inmigrantes son tratados (por las fuerzas de seguridad) en España de forma menos respetuosa que la mayoría de la población”. También señala que “la policía como parte integrante de la sociedad muestra actitudes similares a los del conjunto de la sociedad española, a saber, un rechazo general a la inmigración y a los cambios que ha producido en la sociedad española” y “vincula la inmigración con la delincuencia”. El uso de criterios raciales para realizar controles de identidad ha sido consagrado como doctrina constitucional por el Tribunal Constitucional y propicia situaciones en las que personas de dichos colectivos han sido objeto de malos tratos y tortura. El caso que se expone a continuación ilustra algunas de estas preocupaciones. malos tratos con un componente racista:

Sudacas de mierda”

Juan Daniel Pintos Garrido, Alex Cisterna Amestica y Rodrigo Lanza Huidobro fueron detenidos el 4 de febrero de 2006 después de que un agente de la policía local (Guardia Urbana) resultara gravemente herido en circunstancias controvertidas en el exterior de un edificio de Barcelona donde se celebraba una fiesta. Los tres negaron toda implicación en el incidente y afirmaron también que fueron sometidos a graves malos tratos físicos en el momento de la detención y mientras estuvieron detenidos en la comisaría de policía. Alex Cisterna declaró que dos agentes de policía le dijeron: “Si os matamos no le importará a nadie porque sois unos sudacas de mierda”. Representantes de la unidad de asuntos internos de los Mossos d’Esquadra dijeron a una delegación de Amnistía Internacional en junio de 2007 que no se había abierto ninguna investigación interna sobre el incidente. La juez de instrucción ordenó el sobreseimiento y archivo de las tres denuncias de malos tratos en julio de 2007. La decisión ha sido recurrida por los denunciantes. Según informaciones periodísticas, la Audiencia de Barcelona condenó en febrero de 2008 a uno de los agentes de policía a cuatro años y medio de prisión y a otro a tres años y tres meses. Los tres se encuentran en libertad al haber cumplido ya parte de sus condenas. Al parecer, todas las partes tienen intención de recurrir a instancias judiciales superiores.

Múltiple discriminación para las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género

Otro de los principales motivos de preocupación de Amnistía Internacional es la situación de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género en situación irregular en España. Desde hace tiempo, la organización viene llamando la atención sobre la discriminación de este colectivo en el acceso a recursos básicos para las víctimas (asistencia jurídica gratuita, alojamientos temporales seguros y prestaciones), así como sobre el impacto de la Instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre actuación de dependencias policiales en relación con mujeres extranjeras víctimas de violencia doméstica o de género en situación administrativa irregular (ver infra, apartado ).

Un caso que muestra esta situación es el de Laura, una mujer de nacionalidad boliviana y 21 años de edad, que no ha podido acceder a ningún recurso especializado para el tratamiento de mujeres víctimas de violencia de género por su miedo a interponer denuncia contra su agresor. Laura llegó a España en marzo de 2004 pero aún hoy se encuentra en situación irregular, y aunque está tratando de regularizar su situación administrativa no logra obtener ninguna oferta de empleo. Comenzó a sufrir violencia de género cuando, al llegar a España, conoció a su pareja de nacionalidad española, y se marchó con él a Ciudad Real. El maltrato psíquico y físico que sufría desde el comienzo de la relación se incrementó cuando quedó embarazada. Varias veces, tras las palizas, fue hospitalizada y en el centro médico donde ingresaba le animaron a denunciar los hechos, pero el miedo, la desconfianza y la preocupación por su situación de indocumentada le impidieron dar ese paso. Tras una de las agresiones y ya con su hija nacida, decidió escapar de Ciudad Real, y llegó a un municipio de la Comunidad de Madrid donde en el centro de atención a víctimas de violencia de género le manifestaron que sin haber presentado una denuncia el único recurso que le podían encontrar es el alojamiento en el Centro de Atención Social a Inmigrantes (CASI), donde conviven mujeres y hombres y en el que no existe ningún tipo de tratamiento especializado en materia de violencia de género. Laura residió en el CASI entre mayo y julio de 2007. La gran precariedad económica en la que se encontraba, que no pudo acceder a ninguna ayuda económica a raíz de su situación administrativa, y las dificultades de compaginar el cuidado de la niña con la búsqueda de empleo, la llevó a dar a su hija de diez meses de edad en acogimiento familiar. A pesar de que las profesionales del Centro de Inmigrantes le ofrecieron prolongar su estancia para trabajar los aspectos psicológicos y jurídicos, decidió aceptar un empleo para trabajar como interna fuera de Madrid.

Laura abandonó el empleo semanas después, principalmente por el malestar que le generaba estar separada de la niña y no poder visitarla. Al cierre de este informe, reside en casa de una amiga y continúa a la búsqueda de un empleo. Las profesionales del Centro de Atención a Inmigrantes donde residió la describen como una mujer muy traumatizada,bloqueada y deteriorada por el maltrato sufrido, e insistían en que ese no había sido el recurso adecuado para Laura, que debería haber ingresado en un centro especializado en el tratamiento de mujeres víctimas de violencia de género.

España es uno de los 10 países europeos con una mayor incidencia de esta nueva forma de esclavitud. Si bien se desconoce la dimensión real del problema en España, la mayoría de sus víctimas son mujeres de entre 18 y 25 años provenientes de Brasil, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Nigeria, Ucrania, Rusia o Rumania. Son captadas y traídas a España por personas, grupos de delincuentes o redes criminales organizadas a través de engaño, amenazas o coacción con el fin de someterlas a explotación en la prostitución, en el servicio doméstico, la agricultura o los talleres clandestinos.

Discursos que alimentan el racismo y la discriminación.

Amnistía Internacional ya mostraba en su informe del 2001 su preocupación por declaraciones racistas y xenófobas de algunos políticos. ECRI, en su segundo informe sobre España de julio del 2003, también recoge su preocupación por el discurso de políticos y medios de comunicación que estaba fomentando en la población española una imagen de la inmigración como amenaza a la seguridad y a la disponibilidad de oportunidades de empleo.

En febrero 2000 un diputado socialista, Rafael Centeno, admitió haber hecho declaraciones –emitidas por televisión- del estilo de “Los moros a Marruecos, que es donde tienen que estar” Posteriormente renunció a su escaño.

En enero de 2001, el Diputado del Común (Defensor del Pueblo de las islas Canarias) afirmó que las islas estaban siendo “invadidas” por inmigrantes procedentes de África y América, lo que estaba generando “el problema más grave de todo el archipiélago

En los últimos tiempos se han seguido produciendo declaraciones de políticos españoles en este sentido como por ejemplo:

«[...] La inseguridad ciudadana crece de una manera alarmante e importamos delincuentes, organizados en bandas muy violentas. [...] Como por cierto es verdaderamente notable el número de bandas organizadas, de delincuentes extranjeros, especialmente violentos, que están llegando a España . Mariano Rajoy Brey, Presidente del Partido Popular.

«La gent no se’n va del seu pais per gannes sinó per gana. Però a Catalunya no hi cap tothom. (La gente no se va de su país por ganas sino por hambre. Pero en Catalunya no cabe todo el mundo). Cartel de propaganda electoral de Convergència i Unió.

Por otra parte, ECRI también señala que “ha seguido recibiendo informes conforme a los cuales algunos medios de comunicación han fomentado la hostilidad, los prejuicios y la imagen negativa de los grupos minoritarios como los gitanos, musulmanes e inmigrantes en general. Por ejemplo, algunos periódicos revelan el origen étnico o la nacionalidad de las personas arrestadas o declaradas culpables de los delitos, aun cuando dicha información no es pertinente para la noticia

El 6 de julio de 2005, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, declaró que “las autoridades estatales deben usar todos los medios a su alcance para combatir el racismo y la violencia racista, reforzando la percepción social de una democracia en la que la diversidad no es percibida como una amenaza, sino como una fuente de riqueza”.


  • Convenios internacionales relativos al racismo, discriminación y xenofobia no ratificados por el Estado Español

1. Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. No ha sido firmada.

2. Convenio número 143 sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), de la Organización Internacional del Trabajo. No ha sido firmado.

3. Protocolo número 4 del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa (CETS No. 046), –relativo a la libertad de movimientos y residencia– firmado el 23 de febrero de 1978 y no ratificado.

4. Protocolo número 7 del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades

Fundamentales del Consejo de Europa (CETS No. 117), –sobre garantías en los procedimientos de expulsión de extranjeros– firmado el 22 de noviembre de 1984 y no ratificado.

5. Convenio sobre la participación de los extranjeros en la vida pública local del Consejo de Europa (CETS No. 144). No ha sido firmado.

6. Carta Social Europea (revisada) del Consejo de Europa (CETS No. 163), firmada el 23 de octubre de 2000 y no ratificada.

7. Convenio sobre la nacionalidad del Consejo de Europa (CETS No. 166). No ha sido firmado.

8. Convenio sobre delito cibernético del Consejo de Europa (CETS No. 185), firmado “ad referéndum” el 23 de noviembre de 2001 y no ratificado.

9. Protocolo Adicional al Convenio sobre el delito cibernético, relativo a la penalización de actos de naturaleza racista o xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos del Consejo de Europa

(CETS No. 189). No ha sido firmado.



10. Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos del Consejo de Europa (CETS No. 197).

No ha sido firmado





  • Movimiento contra la Intolerancia: Informe Raxen contra la I

El neofascismo, la ultraderecha populista, el neonazismo, el integrismo conservador,... el conjunto de formaciones de derecha extrema a nivel internacional, hacen de la islamofobia, salvo rara excepción, un eje estratégico de su política. En España, como en el resto de Europa, el rechazo a la inmigración magrebí es recogido en todas las encuestas como de los más elevados, y solo superado por el rechazo a los gitanos. Este rechazo es utilizado y se presta a todo tipo de campañas de intolerancia, bien contra la construcción de mezquitas o contra el acceso a derechos sociales, además de captarlo como bandera política, cual es el caso del ingreso de Turquía en Europa, de la enseñanza del Islam en la escuela, del uso del velo por las mujeres musulmanas o cualquier otro elemento factible de ser instrumentalizado. En este sentido se ha pronunciado la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) al declarar que los inmigrantes de los países musulmanes y el propio Islam se han convertido en objetivos principales de políticos sin escrúpulos que explotan los sentimientos de inseguridad en un mundo cada vez más diverso y multicultural.

Los conciertos racistas se permiten en España.

Memoria de Víctimas por Crímenes de Odio: Más de 80 homicidios desde 1991

Los crímenes mortales que a continuación se detallan son una muestra de la crueldad de los grupos de odio. Estos datos solo son una parte de la realidad porque en España no se dispone de ninguna estadística oficial de delitos de intolerancia y crímenes de odio que permita conocer y evaluar el alcance del problema. Además la violencia de estos grupos no es reivindicada, aunque saben que sus víctimas les reconocen en su agresión. ¿Cuántas agresiones presentadas como ajustes de cuentas o sin explicación alguna se corresponden con crímenes de odio? Años después de su terrorífica presencia, las autoridades públicas siguen manteniendo que son sucesos puntuales y que el problema es preocupante, pero no alarmante.

De los más de 80 homicidios que hemos estimado como crímenes de odio desde 1991, recordamos aquellos casos que han tenido un mayor eco en los medios de comunicación. Son personas fallecidas por las acciones de violencia racista y por odio criminal protagonizadas, en su mayoría por ultras o bandas neonazis para quienes simplemente son vidas sin valor y que en su criminal eugenesia social, el odio a la condición de ser inmigrante, indigente, negro, homosexual, prostituta, «rojo», punki, antifascista, o, sencillamente, por ser un joven que les miró o se cruzó en su camino y les pareció mal, fue estigma suficiente para acabar con su vida.



Giovanni Musat. 11 de septiembre de 2009. La Cabrera (Madrid). Joven inmigrante rumano, obrero de la construcción, de 33 años mientras estaba con un amigo minusválido, Dumi, fueron agredidos por 5 individuos de entre 22 y 33 años y tras derribar de un puñetazo a Dumi, persiguieron y patearon la cabeza hasta matar a Gigi, mientras gritaban: “Rumano de mierda, te vamos a quemar”, “¡Te vamos a matar, rumano de mierda!”. Después de perpetrar el crimen, huyeron del lugar al volante de su Renault Clio. Tras ser detenidos el Juzgado decretó el ingreso en prisión de J.B.B. y A.P.S. Los 5 jóvenes son de San Agustín de Guadalix, Venturada, Cabañas y El Molar (todos pueblos de la sierra).

Bernabá Laaredi. 28 de febrero de 2009. Lepe (Huelva). Un joven magrebí de 35 años fue agredido y muerto en la madrugada del sábado por un grupo de menores que proferían insultos racistas en la localidad Onubense de Lepe. Testigos presenciales aclararon que el herido fue agredido por varias personas que le insultaron al proferir contra él gritos «racistas y xenófobos» y aseguraron que tras agredirle le golpearon ya en el suelo con una botella de vidrio, fracturándole el cráneo.



Ioan Grancea. 31.12. 2006. Alcalá de Henares . Rumano de 28 años, fue asesinado de dos puñaladas delante de su mujer en la pista de hielo municipal de la plaza de Cervantes de Alcalá de Henares, tras ser agredido por un grupo de 10 jóvenes ultras . La víctima trabajaba de madrugada como vigilante de las instalaciones y el presunto homicida formaba parte del grupo que saltó al interior de la pista. Ioan les llamó la atención por lo que se desató una riña en la que uno sacó un estilete y le asestó dos puñaladas. Varios de los integrantes del grupo de agresores insultaron al joven rumano con gritos xenófobos mientras se marchaban.

Pese a la ausencia de datos oficiales, los HECHOS recogidos por el Informe RAXEN, solo aquellos que se pueden documentar, recogen una realidad inquietante que afecta a todas las comunidades autónomas de España. La cifra oculta que hay tras estos datos puede ser sensiblemente más elevada, sin embargo se sigue sin reconocer el problema, minimizando su alcance y trivilizando su gravedad. Ni es violencia juvenil lo que se recoge en estos hechos, ni es un problema de tribus urbanas, ni tampoco hablamos de gamberros, aunque el discurso oficial, superado por el discurso ciudadano desde hace años, se empeñe inexplicablemente en negarlo.

ABUSOS POLICIALES. Siete colectivos que trabajan en zonas de exclusión social de la ciudad de Córdoba han presentado un escrito en la Subdelegación del Gobierno para denunciar las “intervenciones policiales desmedidas y desproporcionadas” que se han producido en varias barriadas deprimidas. La última actuación polémica se produjo en el barrio Guadalquivir, donde los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía que intentaban identificar a un vecino consideraron que el resto de los residentes “estaban obstaculizando la operación policial”. La “excesiva presencia de efectivos” originó un “gran caos e indignación” entre los ciudadanos ya que, según los afectados, hubo tiros al aire, mujeres y niños zarandeados y supuestas agresiones físicas y verbales a los presentes. El portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos, Valentín Aguilar, advirtió que la actuación representó un “claro abuso de autoridad” e incluso, vulneró los “derechos fundamentales por el trato degradante y de violación de la intimidad moral y personal.

  • Plataforma contra la contaminación de Almendralejo:

En España no se cumple con el acceso gratuito a la justicia ni con el derecho a recibir información estatal y la participación pública de los ciudadanos. Este veredicto lo ha dado las Naciones Unidas, tras la denuncia del Grupo Ecologista de Almendralejo (Badajoz), La ONU ha criticado al gobierno español por hostigamiento a los activistas en defensa del medio ambiente e incumplimiento del Convenio de AARHUS ratificado por España en el año 2005, ya que el alcalde de esa localidad José María Ramirez Moran, fue acusado por acoso a los activistas, tildandolos de inquisidores, talibanes ecologistas o ignorantes. El delito fue querer acceder a los informes de impacto ambiental de una refinería de petróleo proyectada en la zona ya que este proyecto podía afectar gravemente la salud y la seguridad de los ciudadanos. Pero al dia de hoy , José María Ramirez, actual alcalde de Almendralejo ha sido elegido por unanimidad de los miembros de la asamblea del PSOE (Partido Sicialista obrero español) candidato a las elecciones municipales de este año 2011.

  • Movimiento Indio

En el encuentro de la Cumbre Iberoamericana de jefes de estado y de gobierno realizada en Argentina el 3 y 4 de Diciembre de 2010, el rey de España en su discurso destacó, “el esfuerzo de las empresas españolas que, con sus inversiones y su vocación de permanencia, apuestan desde hace años por el futuro de hispanoamerica”. Las empresas españolas están en America Latina para quedarse y contribuir al progreso de este continente. La ministra de Asuntos Exteriores española, Trinidad Jiménez, ha corroborado rotundamente el carácter profesional y riguroso de las empresas españolas en todo el mundo.

El movimiento indio de America plantea la necesidad de que el rey de España, además de lo expuesto, tome en cuenta a los pueblos indios que son afectadas por la política de las empresas españolas, como es el caso de Repsol-YPF, acusada de violar sistematicamente el derecho de los pueblos indios a su existencia y el ecocidio en las tierras de explotacion.

Al iniciar la explotación de un área, cabe inicialmente a las empresas identificar a los pueblos indígenas que podrían ser afectados por las actividades planeadas. Hasta inclusive los pueblos no reconocidos oficialmente por el Estado o que viven en regiones de frontera deben ser tenidos en consideración. Para esto, es necesario tomar como base las normas internacionales que definen la categoría de los pueblos y garanticen una serie de derechos diferenciados.

Algunos episodios de impunidad petrolera:

Los pueblos indígenas Tagaeris y Taromenane en aislamiento voluntario ubicados en el Bloque 39 de la Amazonia peruana ven amenazada su supervivencia por el inicio de actividades de extracción petrolera que REPSOL YPF prevé realizar en territorios indígenas.

Una investigación reciente por parte de un gran equipo de científicos medioambientales a los cuales se publicó en la revista PLOS ONE determinó que ésta es una de las regiones de mayor biodiversidad del mundo .

Octubre 2003: La represión en la guerra del gas mata a 67 vecinos del Alto por evitar un contrato de exportación de gas del pozo Margarita ( Repsol-YPF, BG, Total). Junio 2005: Incendio de una deflagración de gas del Pozo Surubí (Repsol YPF) quema mortalmente a una familia que pescaban en un humedal.

2005: Denuncias por trato de esclavos a familias que vigilan el Gasoducto Yacuiba Rio Grande (Repsol YPF y Petrobras).

El 1 de Febreo de 2008 Repsol es denunciado por el derrame de 2.000 barriles de petróleo en el territorio indígena Huaorani de la selva ecuatoriana.

Repsol YPF vulnera derechos fundamentales de las poblaciones indígenas de los lugares en los que ejerce su actividad. Estos derechos, recogidos principalmente en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), están también presentes en el espíritu de las normas internacionales que la compañía petrolera afirma respetar. Según los informes, el derecho a consulta previa a la comunidad para obtener su consentimiento antes de comenzar los trabajos de prospección o extracción, es clave, puesto que supone la llave de acceso al resto de derechos internacionales como el de participación de beneficios, la compensación de daños o la capacidad de decidir sobre su propio proceso de desarrollo. Todos ellos están recogidos en el Convenio 169 de la OIT, principal instrumento internacional que regula el derecho de los pueblos indígenas y tribales.

Según Tomás Calvo Buezas, Catedrático en la Universidad Complutense de Madrid y fundador del Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo manifiesta que .

Puede ser discutible o no que el rey de España defienda los intereses de las multinacionales españolas en América Latina, pero debe manifestar que hay empresas españolas que deben respetar los derechos históricos de los pueblos indios, y en ningún caso conculcar los derechos de estos pueblos”

CONCLUSIONES

El Consejo Indio Exterior de acuerdo a los informes recabados en distintas organizaciones reconocidas en el ámbito nacional e internacional, pregunta al gobierno español:



  • ¿Qué medidas ha tomado el gobierno español contra el alcalde socialista Ramírez Morán, de Almendralejo, quien fue sancionado por las Naciones Unidas?

  • ¿Cuáles son las medidas tomadas por el gobierno español contra las empresas españolas como es el caso de Repsol que fue denunciada por atentar contra la vida de los pueblos indígenas, como el pozo Surubí, donde murió una familia incinerada por la inflamación de gas que la empresa venteaba ilegalmente en la Amazonía boliviana, sin el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas?

  • El gobierno español admite la actuación de impunidad de la empresa Repsol, empresa que viola el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, ambas firmadas por España?

  • ¿Qué medidas tomó el gobierno, basado en el informe anual sobre Discriminación al Pueblo Gitano?

  • ¿Qué medidas tomó el gobierno contra las declaraciones en los medios de comunicación atentatorias en contra de los inmigrantes por los representantes de partidos políticos como el contrato de inmigración del partido popular y Ciu de Cataluña o representantes del partido socialista?

  • ¿Cuál es la política de “discriminación positiva” para las inmigrantes africanas?

  • ¿Cuáles son las medidas tomadas por las denuncias de malos tratos de la policía a los inmigrantes?

Informe realizado para CERD por la Asociación Consejo Indio Exterior por Micaela Agreda Benavente-secretaria general y Mario Agreda Uzeda-presidente, miembros asociados a Capaj, con status consultivo en la ONU.
Catálogo: Treaties -> CERD -> Shared%20Documents -> ESP
Shared%20Documents -> Informe XVIII-XXI consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial
Shared%20Documents -> Original: Español Inglés, francés y español
Shared%20Documents -> Informe periódico sexto a octavo combinado del estado de honduras ante el comité para la eliminación de la discriminación racial
ESP -> Vidas gitanas, lungo drom y las jornadas gitanos: una nueva mirada
Shared%20Documents -> Informe Alternativo para la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (icerd)
Shared%20Documents -> Informe periódico sexto a octavo combinado del estado de honduras ante el comité para la eliminación de la discriminación racial
Shared%20Documents -> Mecanismo Nacional de Elaboración de Informes y Monitoreo de Recomendaciones Mesa Discriminación – Acta de Sesión


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