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CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA/Ser.G

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS CP/CAJP-2460/07 rev. 4

11 mayo 2007

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS Original: español

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
LIBERTADES FUNDAMENTALES EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
(Aprobado por la Comisión en su sesión del 10 de mayo de 2007)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN


LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
LIBERTADES FUNDAMENTALES EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
1/
(Aprobado por la Comisión en su sesión del 10 de mayo de 2007)

LA ASAMBLEA GENERAL,


RECORDANDO sus resoluciones AG/RES. 1840 (XXXII-O/02), AG/RES. 1906 (XXXII-O/02), AG/RES. 1931 (XXXIII-O/03), AG/RES. 2035 (XXXIV-O/04), AG/RES. 2143 (XXXV-O/05) y AG/RES. 2238 (XXXVI-O/06), así como el Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA/Ser.L/V/II.116 – Doc.5 rev. 1);
REAFIRMANDO los principios y propósitos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta de las Naciones Unidas;
DESTACANDO que todas las personas nacen libres y tienen los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, y que esto es válido en todas las circunstancias, de conformidad con el derecho internacional;
REITERANDO que todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna;
REAFIRMANDO que los Estados tienen la obligación de proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas;
RECONOCIENDO que el respeto de todos los derechos humanos, el respeto de la democracia y el respeto del estado de derecho están interrelacionados y se refuerzan mutuamente;
CONSIDERANDO que el terrorismo constituye una grave amenaza a la seguridad, las instituciones, los valores democráticos de los Estados y el bienestar de nuestros pueblos, y afecta el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos;
REAFIRMANDO que los actos, métodos y prácticas terroristas, en todas sus formas y manifestaciones, son actividades orientadas hacia la destrucción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia, amenazan la integridad territorial y la seguridad de los Estados y desestabilizan a los gobiernos legítimamente constituidos, y que la comunidad internacional debe tomar las medidas necesarias para intensificar su cooperación a fin de prevenir y combatir el terrorismo;
REAFIRMANDO su condena inequívoca de todos los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones y dondequiera y por quienquiera que sean cometidos, independientemente de su motivación, por ser criminales e injustificables, y renovando su compromiso de estrechar la cooperación internacional para prevenir y combatir el terrorismo;
TENIENDO EN CUENTA:
Que en la Declaración de San Carlos sobre la cooperación hemisférica para enfrentar el terrorismo de manera integral, adoptada el 24 de marzo de 2006, y en la Declaración de Panamá sobre la Protección de la Infraestructura Crítica en el Hemisferio frente al Terrorismo, adoptada el 1 de marzo de 2007 los Estados Miembros reafirmaron que el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, cualquiera sea su origen y motivación, no tiene justificación alguna, afecta el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y constituye una grave amenaza a la paz y la seguridad internacionales, las instituciones y valores democráticos y la estabilidad y prosperidad de los países de la región;
Que en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, los Estados del Hemisferio ratificaron su compromiso, reiterado en la Declaración de San Carlos y en la Declaración de Panamá, de luchar contra el terrorismo y su financiamiento con el pleno respeto al estado de derecho y al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
Que en la Declaración de Mar del Plata de la Cuarta Cumbre de las Américas y en la Declaración de Nuevo León de la Cumbre Extraordinaria de las Américas, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron tomar todas las medidas necesarias para prevenir y combatir el terrorismo y su financiamiento, en cumplimiento pleno de sus compromisos en el marco del derecho internacional, incluidos el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario;
ACOGIENDO CON SATISFACCIÓN que la Convención Interamericana contra el Terrorismo entró en vigor el 10 de julio de 2003, y que en la actualidad la Convención ya ha sido ratificada por 22 países;
CONSIDERANDO el informe de la Reunión de Expertos Gubernamentales sobre las mejores prácticas y experiencias nacionales en la adopción de medidas contra el terrorismo, bajo la perspectiva de los derechos humanos, celebrada del 12 al 13 de febrero de 2004 (CP/CAJP-2140/04);
HABIENDO RECIBIDO el documento “Recomendaciones para la protección de los derechos humanos por parte de los Estados Miembros de la OEA en la lucha contra el terrorismo” (CP/doc.4117/06), elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que complementa el informe de la CIDH sobre Terrorismo y Derechos Humanos del 22 de octubre de 2002 (OEA.Ser.L/V/II.116, Doc. 5 rev. 1);
REAFIRMANDO que en la lucha contra el terrorismo cualquier persona detenida que se encuentre presuntamente involucrada en un acto terrorista, gozara de los derechos y garantías que le otorga el derecho internacional aplicable, en particular, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario;
REAFIRMANDO asimismo que los medios que el Estado puede utilizar para proteger su seguridad o la de sus ciudadanos en la lucha contra el terrorismo deben ser en toda circunstancia acordes con el derecho internacional aplicable, en particular, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados; y
REAFIRMANDO que el terrorismo no puede ni debe vincularse con ninguna religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico;
RECORDANDO que, de conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y con el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se reconoce que algunos derechos no son derogables en ninguna circunstancia y que, con respecto a los derechos que pueden estar sujetos a derogación, los Estados pueden adoptar medidas que deroguen sus obligaciones de acuerdo con esas Convenciones en la medida estrictamente requerida por las exigencias de la situación y, en el caso de la Convención Americana, durante el período de tiempo requerido, siempre que dichas medidas sean compatibles con los demás derechos y obligaciones que impone el derecho internacional; y enfatizando que, en el sistema interamericano, la protección de derechos inderogables incluye garantías judiciales esenciales para la protección de dichos derechos; y
DEPLORANDO PROFUNDAMENTE que se cometan violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en el contexto de la lucha contra el terrorismo, así como violaciones del derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario,
RESUELVE:


  1. Reafirmar que la lucha contra el terrorismo debe realizarse con el pleno respeto de la ley, incluyendo el cumplimiento del debido proceso, y de los derechos humanos, que abarcan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como a las instituciones democráticas para preservar el estado de derecho, las libertades y los valores democráticos en el Hemisferio.




  1. Reafirmar que todos los Estados Miembros tienen el deber de garantizar que todas las medidas adoptadas en la lucha contra el terrorismo se ajustan a sus obligaciones, de conformidad con el derecho internacional, en particular, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario.




  1. Exhortar a todos los Estados Miembros a que, con el fin de cumplir con los compromisos adoptados en esta resolución, consideren firmar y ratificar, ratificar o adherir, a la brevedad posible, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según sea el caso, y a los Estados Parte que adopten las medidas que sean pertinentes a fin de implementar las disposiciones de estos tratados.




  1. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que continúe promoviendo el respeto y la defensa de los derechos humanos y facilitando los esfuerzos de los Estados Miembros para cumplir debidamente con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos cuando desarrollen y ejecuten medidas contra el terrorismo, incluyendo los derechos de las personas que podrían estar en desventaja, en situación de discriminación y de vulnerabilidad como resultado de la violencia terrorista o iniciativas antiterroristas, y que informe al Consejo Permanente sobre la conveniencia de realizar un estudio de seguimiento.




  1. Solicitar al Consejo Permanente que, habiendo recibido el documento “Recomendaciones para la protección de los derechos humanos por parte de los Estados Miembros de la OEA en la lucha contra el terrorismo” (CP/doc.4117/06), elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realice consultas con el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y con los Estados Miembros, con el fin de concluir el proceso de elaboración de las recomendaciones previsto en el párrafo resolutivo 5 de la resolución AG/RES.2143 (XXXV-O/05), párrafo operativo 5.




  1. Con base en las “Recomendaciones para la protección de los derechos humanos por parte de los Estados Miembros de la OEA en la lucha contra el terrorismo” formuladas por la CIDH y en los resultados de las consultas con el CICTE y los Estados Miembros, el Consejo Permanente podrá considerar la preparación de un proyecto de términos de referencia comunes para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, que compile los estándares internacionales vigentes, con fundamento en el derecho internacional aplicable, así como las mejores prácticas, para la consideración de la Asamblea General.

  2. Reiterar la importancia de intensificar el diálogo entre el CICTE, la CIDH y otras áreas pertinentes de la Organización, con miras a mejorar y fortalecer su colaboración permanente en el tema de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.




  1. Instar a los Estados Miembros a que, en el marco de sus obligaciones, respeten los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad en los centros de detención de control efectivo, de manera particular la observancia del debido proceso.

9

. Reafirma que, en la lucha contra el terrorismo, es imprescindible que todos los Estados respeten y protejan la dignidad de las personas y sus libertades fundamentales, así como las prácticas democráticas y el estado de derecho.


10. Solicitar al Consejo Permanente que presente a la Asamblea General en su trigésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General un informe sobre el cumplimiento de esta resolución, la cual será ejecutada con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.



1 La delegación de la República Bolivariana de Venezuela hará una declaración con respecto a este proyecto de resolución.


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