Consideraciones generales



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2.5. Proceso de cobranza
La organización solidaria debe contar con políticas y procedimientos para adelantar labores de cobranza en créditos no atendidos normalmente, que deben plasmarse en un reglamento debidamente aprobado por el consejo de administración, junta directiva o quien haga sus veces. Así mismo se deben presentar informes periódicos sobre los resultados de este proceso al estamento respectivo.
Así mismo se debe definir el área y/o funcionarios responsables, los criterios con base en los cuales se ejecutan las labores de cobranza administrativa y jurídica dejando evidencia de las gestiones realizadas.
Las organizaciones solidarias deben dar aviso oportuno al deudor o codeudores de cualquier problema que pueda poner en riesgo el servicio o pago adecuado de la respectiva deuda. Esto con el propósito de disminuir las pérdidas potenciales en que podrían incurrir deudores y acreedores en caso de presentarse dificultades de pago por parte del primero.
2.6. Políticas de créditos
Las políticas de créditos las definirá el consejo de administración, junta directiva u organismo que haga sus veces, el cual fijará las condiciones y los criterios de otorgamiento, seguimiento y cobranza que se reflejarán en el reglamento de créditos. Los anteriores elementos definirán el perfil de riesgo que la entidad quiere manejar. Para tal efecto se deberán tener en cuenta los numerales del 2.3 al 2.5.


  1. CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS

La cartera de créditos se clasificará en Consumo, Vivienda, Microcrédito y Comercial.


3.1

3.1. Créditos de consumo
Se entienden como créditos de consumo las operaciones activas de crédito otorgadas a personas naturales cuyo objeto sea financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales, independientemente de su monto.
3.2. Créditos de vivienda
Se entienden como créditos de vivienda las operaciones activas de crédito otorgadas a personas naturales destinadas a la adquisición de vivienda nueva o usada, a la construcción de vivienda individual o liberación de gravamen hipotecario, independientemente de la cuantía y amparadas con garantía hipotecaria.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 546 de 1999 y sus normas reglamentarias, estos créditos deberán tener las siguientes características:


  • Estar denominados en UVR o en moneda legal.




  • Estar amparados con garantía hipotecaria en primer grado, constituida sobre la vivienda financiada.




  • El plazo de amortización debe estar comprendido entre cinco (5) años como mínimo y treinta (30) años como máximo.




  • Tener una tasa remuneratoria, la cual se aplica sobre el saldo de la deuda denominada en UVR o en pesos, según si el crédito está denominado en UVR o moneda legal, respectivamente. La tasa de interés remuneratoria será fija durante toda la vigencia del crédito a menos que las partes acuerden una reducción de la misma y deberá expresarse únicamente en términos de tasa anual efectiva. Los intereses se deben cobrar en forma vencida y no pueden capitalizarse.




  • Las tasas de interés remuneratorias de los créditos destinados a la financiación de vivienda no podrán superar la tasa máxima que determine la Junta Directiva del Banco de la República, en concordancia con lo señalado en el literal e) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992 y el numeral 2 del artículo 17 de la Ley 546 de 1999.




  • El monto del crédito podrá ser hasta del setenta por ciento (70%) del valor del inmueble. En los créditos destinados a financiar vivienda de interés social el monto del crédito podrá ser hasta del ochenta por ciento (80%) del valor del inmueble. En todo caso, el valor del inmueble será el del precio de compra o el de un avalúo técnicamente practicado dentro de los seis meses anteriores al otorgamiento del crédito.




  • La primera cuota del crédito no podrá representar más del treinta por ciento 30% de los ingresos familiares, los cuales están constituidos por los recursos que puedan acreditar los solicitantes del crédito, siempre que exista entre ellos relación de parentesco o se trate de conyugues o compañeros permanentes. Tratándose de parientes deberán serlo hasta el segundo grado de consaguinidad, primero de afinidad y único civil.




  • Los créditos podrán prepagarse total o parcialmente en cualquier momento sin penalidad alguna. En caso de prepagos parciales el deudor tendrá derecho a elegir si el monto abonado disminuye el valor de la cuota o el plazo de la obligación.




  • Los inmuebles financiados debe estar asegurados contra los riesgos de incendio y terremoto.



    1. Microcrédito

Para efectos del presente capítulo, microcrédito es el constituido por las operaciones activas de crédito a las cuales se refiere el artículo 39 de la Ley 590 de 2000, o las normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen, así como las realizadas con microempresas en las cuales la principal fuente de pago de la obligación provenga de los ingresos derivados de su actividad.


Para los efectos previstos en este capítulo, el saldo de endeudamiento del deudor no podrá exceder de ciento veinte (120) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la aprobación de la respectiva operación activa de crédito. Se entiende por saldo de endeudamiento el monto de las obligaciones vigentes a cargo de la correspondiente microempresa con el sector financiero y otros sectores, que se encuentren en los registros de los operadores de bancos de datos consultados por el respectivo acreedor, excluyendo los créditos hipotecarios para financiación de vivienda y adicionando el valor de la nueva obligación.
Se tendrá por definición de microempresa aquella consagrada en las disposiciones normativas vigentes.


    1. Créditos comerciales

Se entienden como créditos comerciales los otorgados a personas naturales o jurídicas para el desarrollo de actividades económicas organizadas, distintos a los otorgados bajo la modalidad de microcrédito, vivienda o consumo.




    1. Otras consideraciones




  • Las cuentas por cobrar originadas en cada tipo de operación se deben clasificar en la modalidad que corresponda a cada uno de los créditos.




  • Para la cartera de créditos comerciales, de consumo y microcréditos, las organizaciones solidarias de que trata el presente capítulo deberán clasificarla, a su vez, según la naturaleza de las garantías que las amparan (garantía admisible y otras garantías), acogiéndose a lo dispuesto sobre el particular en el Decreto 2360 de 1993 y las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.




  1. CALIFICACIÓN POR NIVEL DE RIESGO

Las organizaciones solidarias de que trata el presente capitulo, para efectos de provisión calificarán los créditos en las siguientes categorías:


4.1.

4.1. Categoría A o “riesgo normal”
Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención apropiadas. Los estados financieros de los deudores o los flujos de caja del proyecto, así como el resto de información crediticia indican una capacidad de pago adecuada, en términos del monto y origen de los ingresos con que cuentan los deudores para atender los pagos requeridos.
4.2. Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal”
Los créditos calificados en esta categoría están aceptablemente atendidos y protegidos, pero existen debilidades que pueden afectar, transitoria o permanentemente, la capacidad de pago del deudor o los flujos de caja del proyecto, en forma tal que, de no ser corregidas oportunamente, llegarían a afectar el normal recaudo del crédito.
4.3. Categoría C o “riesgo apreciable”
Se califican en esta categoría los créditos que presentan insuficiencias en la capacidad de pago del deudor o en los flujos de caja del proyecto y comprometen el normal recaudo de la obligación en los términos convenidos.
4.4. Categoría D o “riesgo significativo”
Son créditos de riesgo apreciable, pero en mayor grado, cuya probabilidad de recaudo es altamente dudosa.
4.5. Categoría E o “riesgo de incobrabilidad”
Son créditos de riesgo con mínima probabilidad de recaudo.
4.6. Calificación de la cartera de créditos por edad de vencimiento
De acuerdo con la edad de vencimiento, la cartera de créditos se calificará obligatoriamente de la siguiente manera:


CATEGORÍA

COMERCIAL

CONSUMO

VIVIENDA

MICROCREDITO

A

0-30 días

0-30 días

0-60 días

0-30 días

B

31-90 días

31-60 días

61-150 días

31-60 días

C

91-180 días

61-90 días

151-360 días

61-90 días

D

181-360 días

91-180 días

361-540 días

91-120 días

E

> 360 días

> 180 días

> 540 días

> 120 días

Las condiciones señaladas en el cuadro anterior, de edad de vencimiento y clase de cartera de créditos, son condiciones objetivas suficientes para adquirir la calificación respectiva.


No obstante, la cartera de créditos cuya sumatoria de los saldos insolutos sea menor a 50 SMLMV por asociado, podrá evaluarse con base en los criterios previstos en el numeral 2.4.2. del presente capítulo, de acuerdo con la política interna de la organización solidaria y, en consecuencia calificarse en una categoría de mayor riesgo.
Toda calificación a una categoría de mayor riesgo, debe estar documentada y sustentado por el comité de evaluación de cartera de créditos, el cual deberá reposar en la entidad a disposición de la Superintendencia. En caso de que, a juicio del ente de control, no se encuentre sustentada adecuadamente esta calificación, se procederá a ordenar la reclasificación en forma inmediata.
La Superintendencia podrá ordenar recalificaciones de la cartera de crédito cuando estime que la probabilidad de recaudo sea dudosa y pueda comprometer la estabilidad financiera de la organización.


  1. REGLA DE ARRASTRE

Para efectos de constituir la respectiva provisión, cuando una organización solidaria califique cualquiera de los créditos de un mismo deudor en B, C, D o en E deberá llevar a la categoría de mayor riesgo los demás créditos de la misma clasificación otorgados a dicho deudor.


Se exceptúan de la aplicación de la regla de arrastre, las obligaciones a cargo de un mismo deudor cuando la sumatoria de los saldos de los créditos sea igual o inferior al valor de los aportes del deudor-asociado; en el caso de los fondos de empleados se tendrá en cuanta tanto los aportes y/o ahorro permanente. Esto tratamiento se podrá realizar, siempre y cuando la organización solidaria acreedora no registre pérdidas acumuladas ni en el ejercicio en curso y esté cumpliendo la relación de solvencia exigida según sea el caso.
En aplicación de la regla de arrastre, las referencias que se hagan al deudor no se entenderán realizadas al codeudor o codeudores que estén vinculados a la respectiva operación de crédito.


  1. PROVISIONES

Las organizaciones solidarias objeto del presente capítulo deberán constituir provisiones con cargo al estado de resultados, así:


6.1.

6.

6.1. Provisión General
Las organizaciones solidarias deberán constituir como mínimo una provisión general del uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta. La decisión de constituir una provisión general superior al mínimo exigido corresponderá a una política adoptada por el consejo de administración, junta directiva o quien haga sus veces.
Para el cálculo de la provisión general, se podrá computar el saldo registrado en la cuenta reserva para la protección de la cartera de créditos a 30 de septiembre de 2008, en este evento, la sumatoria de la provisión y de la reserva, o una u otra, siempre deberá alcanzar el mínimo del 1% del total de la cartera bruta, según corresponda.
Si a 31 de diciembre de 2012 la provisión general no alcanza como mínimo el 1%, para el efecto se fijan los siguientes plazos para su ajuste:


  • Organizaciones solidarias de primer nivel de supervisión, así: Marzo de 2013 el 40%, Junio de 2013 el 30%, Septiembre de 2013 el 20% y a diciembre el 10% restante.

  • Organizaciones solidarias de segundo y tercer nivel de supervisión, a diciembre 31 de 2013.

No obstante lo anterior, si a juicio de la Superintendencia se presentan situaciones que adviertan riesgos en el manejo de la cartera o se evidencie un potencial deterioro del indicador de la cartera vencida, se podrá solicitar una provisión general superior.


En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito o las secciones de ahorro y crédito de las multiactivas o integrales, cuando la calidad de la cartera vencida exceda dos desviaciones estándar a la del promedio del sector, la provisión general se deberá incrementar 0,2% por cada desviación estándar. Para tal efecto, la Superintendencia de la Economía Solidaria publicará en su página Web, la información estadística que sirva de base para estos parámetros.
6.2. Provisión Individual
Sin perjuicio de la provisión general a que se refiere el numeral anterior, las organizaciones deberán mantener en todo tiempo una provisión individual para la protección de sus créditos mínimo en los porcentajes que se relacionan en la tabla que se presenta a continuación. La decisión de constituir una provisión individual superior al mínimo exigido corresponderá a una política adoptada por el consejo de administración, junta directiva o quien haga sus veces.





COMERCIAL

CONSUMO

VIVIENDA

MICROCRÉDITO

DÍAS

PROVISIÓN

DÍAS

PROVISIÓN

DÍAS

PROVISIÓN

DÍAS

PROVISIÓN

A

0-30

0%

0-30

0%

0-60

0%

0-30

0%

B

31-90

1%

31-60

1%

61-150

1%

31-60

1%

C

91-180

20%

61-90

10%

151-360

10%

61-90

20%

D

181-360

50%

91-180

20%

361-540

20%

91-120

50%

E

>360

100%

181-360

50%

541-720

30%

>120

100%

 

 

 

>360

100%

721-1080

60%







 

 

 







>1080

100%






Cuando se trate de créditos otorgados para actividades cíclicas en su generación de flujo de caja (para el caso de las actividades agropecuarias incluye la post-cosecha) o créditos a una sola cuota, deberán ser provisionados al 100% a partir del primer día de mora, cuando lleguen a presentar incumplimiento en su pago.


En el evento que la organización solidaria a la entrada en vigencia de esta circular registre operaciones activas de crédito con personas jurídicas que no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 21 de la Ley 79 de 1988, la Superintendencia expedirá una reglamentación para el proceso de desmonte de estas operaciones. Lo anterior sin perjuicio de las instrucciones que en forma particular puedan impartir los Superintendentes Delegados con esta finalidad.
Cuando este tipo de obligaciones sean reestructuradas o novadas o se genere una nuevo crédito, la organización solidaria deberá proceder a provisionar el 100% del saldo insoluto de la deuda, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.
Así mismo, cuando se otorguen créditos a entidades públicas territoriales cuyo endeudamiento exceda su capacidad de pago, se deberá proceder a provisionar el 100% del saldo insoluto de la deuda.
6.3. Efecto de las garantías sobre las provisiones
Para efectos de la constitución de provisiones individuales, las garantías solo respaldan el capital de los créditos, en consecuencia, los saldos por amortizar de los créditos amparados con garantías admisibles definidas en el artículo 2.1.2.1.3. del Decreto 2555 de 2010 se provisionarán en el porcentaje que corresponda según la calificación del crédito, aplicado dicho porcentaje a la diferencia entre el valor del saldo insoluto y el valor de la garantía aceptada.
Cuando se otorguen créditos amparados con aportes sociales, estas operaciones solo podrán ser registradas como garantía admisible cuando el valor de los aportes sociales del respectivo deudor sea igual o superior en un cien por ciento (100%) al saldo de la totalidad de sus créditos; en caso contrario, dichas operaciones deberán ser registradas en cartera de crédito otras garantías.
6.3.1. Para garantías admisibles no hipotecarias
Para el cálculo de la provisión individual, en el caso de créditos garantizados con aportes sociales, se deberá tener en cuenta que la organización solidaria no registre pérdidas acumuladas, ni en el ejercicio en curso al corte del mes inmediatamente anterior.
En el evento de que el deudor tenga más de una obligación, los aportes sociales serán descontados en forma proporcional, es decir, de acuerdo con el porcentaje que represente el saldo insoluto de cada uno de los créditos sobre el saldo de la totalidad de los créditos del mismo deudor.
La decisión de descontar o no los aportes sociales corresponderá a una política adoptada por el consejo de administración, junta directiva o quien haga sus veces. No obstante, para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito o las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas o integrales, solo podrán descontar los aportes sociales para el cálculo de la provisión, cuando la solvencia no esté respaldada en más del 80% por capital mínimo irreductible.
Dependiendo del tiempo de mora del respectivo crédito, solamente se considerarán para la constitución de provisiones los porcentajes del valor total de la garantía de la siguiente manera:


TIEMPO DE MORA DEL CRÉDITO

PORCENTAJE DEL VALOR DE LA GARANTÍA QUE SE APLICA

De cero (0) a doce (12) meses

70%

Más de doce (12) a veinticuatro (24) meses

50%

Más de veinticuatro (24) meses

0%

Para establecer el valor de la garantía admisible diferente a los aportes sociales, a efectos de lo previsto en el presente numeral deberá determinarse su valor de realización por métodos de reconocido valor técnico, debiendo conocer y dimensionar los requisitos de orden jurídico para hacer exigibles las garantías y medir los potenciales costos de su realización.


6.3.2. Para garantías hipotecarias
Dependiendo del tiempo de mora del respectivo crédito, solamente se considerarán para la constitución de provisiones los porcentajes del valor total de la garantía de la siguiente manera:


TIEMPO DE MORA DEL CRÉDITO

PORCENTAJE DEL VALOR DE LA GARANTÍA QUE SE APLICA

De cero (0) a dieciocho (18) meses

70%

Más de dieciocho (18) y hasta veinticuatro (24) meses

50%

Más de veinticuatro (24) y hasta treinta (30) meses

30%

Más de treinta (30) y hasta treinta y seis (36) meses

15%

Más de treinta y seis (36) meses

0%

Para calcular el valor de la garantía, independientemente de la modalidad del crédito que esté garantizando, se tendrá en cuenta su valor de mercado, que corresponde al avalúo del bien dado en garantía al momento del otorgamiento del crédito. En este caso, el valor del bien no podrá ajustarse por métodos distintos al de un nuevo avalúo, el cual debe ser emitido por un perito inscrito en la Lonja, donde conste el valor comercial del bien y su nivel de comerciabilidad.

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