Consideraciones generales



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2.2. Artículo 56 de la Ley 79 de 1998
Este artículo prevé que la asamblea general de las cooperativas y precooperativas podrán crear otras reservas y fondos, diferentes a los de creación legal previstos en el artículo 54 de la ley 79 de 1988. Igualmente define que la entidad, con parámetros presupuestales, determinará el valor a proveer en cada fondo o reserva. Cabe aclarar que, por definición, las reservas son patrimoniales mientras que los fondos pueden ser patrimoniales o fondos sociales pasivos.
En los fondos sociales pasivos creados y alimentados contra gastos del ejercicio por decisión de la asamblea general (artículo 56 de la Ley 79 de 1988) se deberá contar con un reglamento donde se especifique el destino de los recursos. Para ello, se anexará el acta de la asamblea donde se aprobó y se especificó el monto de cada fondo.
Por su parte, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales y las administradoras públicas se regirán por los decretos que las regulan.
Cuando el organismo solidario esté registrando pérdidas (del ejercicio o acumuladas) o se encuentre restituyendo la reserva para protección de aportes, bajo ninguna circunstancia podrán alimentar fondos sociales pasivos contra gastos del ejercicio.


3. FONDOS MUTUALES
3.1. Auxilio mutual
Las organizaciones solidarias podrán constituir y administrar fondos mutuales para la prestación de servicios de previsión, asistencia y solidaridad, en cumplimiento del artículo 65 de la Ley 79 de 1988.
Las asociaciones mutuales tienen como propósito brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales, por lo que el fondo social mutual debe utilizarse para esos fines. No obstante lo anterior, las asociaciones mutuales pueden crear, por decisión de la asamblea, otros fondos de carácter mutual.
3.1.1. Características del fondo mutual
a. Es una protección mutual en la cual los asociados asumen mutuamente sus propios riesgos.
b. El amparo mutual presupone un convenio o contrato de asociación de cual emana la obligación de cotizar o contribuir y el derecho de auxilio.
c. La renta (rentabilidad) en el amparo mutual, cuando se produce, forma parte de la propiedad colectiva o solidaria de la entidad de la cual los asociados amparados son los mismos dueños.
d. En el amparo mutuo la contribución es variable y modificable únicamente por decisión de la asamblea general.
e. El amparo mutuo excluye la idea de beneficio o provecho lucrativo.
f. Por el amparo mutuo se obtiene un servicio por los convenios de cooperación, que origina la relación asociativa. (Acuerdo cooperativo, artículo 3 de la Ley 79 de 1988).
g. La protección mutual supone la contraprestación total del riesgo hasta la concurrencia del fondo. Es decir, el fondo mutual responderá hasta el monto total de dicho fondo.
Estos fondos mutuales se crean con contribución directa del asociado. Su incremento deberá ser fruto de contribución directa del asociado y del rendimiento promedio de las inversiones de alta liquidez contabilizados en el estado de resultados de la entidad cooperativa, cuyo fondeo provenga de los recursos del fondo mutual, al cual se le descuentan los costos de agencia. La cifra resultante se contabilizará como un gasto que incrementará el fondo mutual no asimilable a seguros.
3.2. Fondos mutuales que se asimilan a seguros - artículo 72 de la Ley 79 de 1988
Los fondos mutuales ya constituidos que cubren riesgos contingentes y cuyos siniestros, retribuciones o indemnizaciones se asimilan a seguros, podrán seguirlos operando siempre y cuando se cumpla con el inciso segundo del artículo 72 de la ley 79 de 1988. Las cooperativas que a la fecha de expedición de la citada ley manejaban riesgos contingentes asimilables a seguros podrán continuar haciéndolo, siempre y cuando apliquen las bases técnicas actuariales para calcular tanto la reserva de liquidez como la reserva matemática, contratados con organismos especializados en el ramo.
A lo anterior se suma lo señalado en concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 16 de agosto de 2005 Radicado 1660 AG 1605 PAS dirigido a Dansocial en el que se precisa: “las Cooperativas que venían prestando directamente servicios de previsión, asistencia y solidaridad, antes de la entrada en vigencia del la Ley 79 de 1988 podían seguirlo haciendo e incluso  adicionar o complementar estos servicios, sujetándose a los requisitos de solvencia y capacidad económica que les exija la autoridad competente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asuman por ese concepto”.
El cálculo de la reserva de liquidez se hará mensualmente y la reserva matemática se hará con una periodicidad de, por lo menos, una vez al año para garantizar la liquidez en el pago de siniestros y el aseguramiento de los futuros siniestros.
Después de la expedición de la Ley 79 de 1988 no está permitida la constitución de esta clase de fondos mutuales que manejan riesgos contingentes asimilables a seguros.

Para los fondos mutuales de este tipo ya constituidos (antes de la expedición de la Ley 79 de 1988), la única posibilidad de incrementar su monto será con las contribuciones directas de los asociados y el rendimiento promedio de las inversiones de alta liquidez contabilizados en el estado de resultados de la entidad cooperativa, cuyo fondeo proviene de los recursos del fondo mutual, al cual se le descuenta los costos de agencia. La cifra resultante se contabiliza como un gasto que incrementará el fondo mutual asimilable a seguros.


4. SERVICIO DE RECAUDO
Cuando una organización solidaria (cooperativa, fondo de empleados, etc.) recaude la prima de seguro a empresas autorizadas para ejercer la actividad aseguradora debe registrar una cuenta por pagar la cual se cancela al entregar los recursos a la compañía aseguradora. De esta operación, solamente podrá registrar en el estado de resultados, la comisión propia del servicio de recaudo.
5. RESPONSABILIDAD
El consejo de administración o la junta directiva, la gerencia, la junta de vigilancia o su equivalente y el revisor fiscal, en cumplimiento de la Ley 79 de 1988 deberán velar por el buen uso de los recursos de los fondos de educación y solidaridad y en general de la totalidad de los fondos sociales pasivos y fondos mutuales. Para el efecto, deberán dejar constancia documentaria sobre su gestión, la cual deberá reposar en la organización solidaria y permanecer a disposición de esta Superintendencia que supervisará los desembolsos realizados con cargo a estos fondos así como el manejo y utilización de dichos recursos.
En caso de encontrarse una indebida utilización de los recursos, los órganos de administración, control y vigilancia quedarán sujetos a las sanciones previstas en los numerales 6 y 7 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998.

CAPÍTULO VIII - APORTES SOCIALES


  1. CONSIDERACIONES GENERALES

Aporte social es la participación que ha sido pagada por los asociados a las cooperativas y fondos de empleados mediante cuotas periódicas ya sean en dinero, en especie o en trabajo convencionalmente avaluados. Los aportes sociales constituyen el capital social de las organizaciones solidarias y su monto y periodicidad de pago deben quedar establecidos en sus estatutos.


Por su parte, el capital social de las asociaciones mutuales está compuesto por las cuotas o contribuciones sociales que los asociados han pagado. Igualmente, estas contribuciones sociales ordinarias y extraordinarias que efectúan los asociados mutualistas serán satisfechas en dinero, especie o trabajo convencionalmente avaluados, y no son devolutivas.
El aporte social debe registrarse en la fecha en la cual se otorgue el documento o se perfeccione el pago según sea el caso. Cuando se trate de aportes en especie se deberá dar cumplimiento a lo establecido por el numeral 10 del artículo 19 de la Ley 79 de 1988 y, a falta de previsión estatutaria, se aplicarán las normas previstas en el Código de Comercio. Para el caso de aportes en trabajo se deben contabilizar por el valor convenido o por el valor debidamente fijado por los órganos competentes, según se establezca en el estatuto; a falta de regulación estatutaria se aplicará lo establecido por el régimen legal aplicable.
Los aportes sociales individuales deben estar efectivamente pagados (artículo 47 Ley 79 de 1988). Aquellos que se recauden mediante descuento de nómina sólo podrán ser contabilizados como tales y aplicados a la cuenta individual de cada asociado cuando la empresa o el empleador pague el valor correspondiente. Mientras se realiza el respectivo pago a la organización solidaria, tales valores se deberán contabilizar en la cuenta 273025 – retenciones o anticipos pendiente de aplicar.
Teniendo en cuenta que los aportes sociales individuales deben estar debidamente pagados, la organización solidaria no podrá otorgar préstamos para financiar los aportes de sus asociados, ni exigirle capitalización adicional al asociado para que sea sujeto de crédito.
Si, excepcionalmente, al desembolsar un crédito se llegare a efectuar un descuento para incrementar los aportes sociales, el 100% de esta partida se debe contabilizar como un pasivo, el cual se amortizará en el mismo plazo de la obligación crediticia. Así, sólo se podrá llevar a aportes sociales la parte proporcional que se amortice del crédito.
En caso de que se pacten pagos periódicos de aportes sociales suscritos no pagados, el estatuto establecerá la forma, el plazo y las consecuencias que se deriven por su eventual incumplimiento de tal forma que los órganos de administración no podrán habilitar de manera alguna al asociado que se encuentre incurso en esta circunstancia. Cuando se trate de aportes recaudados por descuentos de nómina, el incumplimiento del pago por parte del deudor patronal no generará inhabilidad para el asociado para ejercer sus derechos.
Ningún asociado de una organización solidaria podrá tener más del diez por ciento (10%) de los aportes sociales si se trata de una persona natural o más del cuarenta y nueve por ciento (49%) si se trata de una persona jurídica asociada al ente solidario (artículo 50 de la Ley 79 de 1988). Sin embargo, como se indica en el artículo 5 del Decreto 867 de 2003, los límites anteriores no aplican en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito resultantes de los procesos de escisión impropia adelantados en desarrollo de lo previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley 454 de 1998 adicionado por el artículo 104 de la Ley 795 de 2003.
Los aportes de los asociados de las cooperativas o fondos de empleados y las contribuciones de las asociaciones mutuales quedarán directamente afectados a éstas desde su origen como garantía de las obligaciones que contraigan con las mismas. Estos aportes y contribuciones no podrán ser gravados por los titulares a favor de terceros, no serán embargables y sólo podrán cederse a otros asociados - a excepción de los fondos de empleados (artículo 16 del Decreto 1481 de 1989) - en los casos y en la forma que prevean los estatutos y reglamentos (artículos 26 y 49 de la Ley 79 de 1988).
La sumatoria de los aportes ordinarios y extraordinarios constituye los aportes individuales del asociado y no tienen devolución parcial, ni se pueden cruzar con operaciones activas de crédito mientras el asociado permanezca vinculado a la organización solidaria.
Se deberá llevar a cabo el cruce de aportes sociales y/o ahorros permanentes con las obligaciones que posea el asociado cuando esté en firme su retiro (voluntario, exclusión o fallecimiento), previa retención proporcional de aportes en el evento de existir pérdidas y, siempre y cuando no se disminuya el capital mínimo irreducible, no se afecte el capital requerido para ejercer la actividad financiera o no se afecte el cumplimiento de la relación de solvencia.
Se considera que un asociado nuevo o recién vinculado a la organización solidaria se encuentra inscrito en el registro social cuando haya pagado por lo menos el primer aporte social y la cuota de admisión, si es del caso.
En el evento de la constitución de una organización solidaria, los asociados podrán suscribir un capital representado en aportes sociales y comprometerse para el pago de éstos en un tiempo determinado. No obstante, al momento de constituir la organización, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de los aportes iniciales deben estar totalmente pagados. El 75% restante del capital suscrito deberá registrarse en cuentas de orden en el código 8325, y como capital (aportes sociales) sólo podrá contabilizarse el valor de los aportes efectivamente pagados por los asociados, ya sea en dinero o en especie (artículo 47 Ley 79 de 1988). En todo caso, el estatuto deberá contemplar un plazo máximo inmodificable para la cancelación del saldo correspondiente.


  1. RUBROS

Los aportes sociales de las cooperativas y de los fondos de empleados corresponden a las siguientes modalidades:



2.1 Aportes ordinarios.
Son las aportaciones individuales obligatorias mínimas que han sido recibidas de los asociados de conformidad con lo establecido en el estatuto de cada organización solidaria. Estas aportaciones pueden ser en forma única, periódica a por voluntad del asociado.
2.2 Aportes extraordinarios.
Son las aportaciones individuales efectivamente pagadas por los asociados de manera extraordinaria en la forma que prevea el estatuto o por mandato de la asamblea, con el ánimo de incrementar el aporte social. Son de carácter obligatorio para todos los asociados.
Los aportes adicionales a los ordinarios o extraordinarios que realicen los asociados sólo pueden clasificarse en una de estas dos modalidades, sin exceder los límites individuales señalados en el numeral 1 del presente capítulo.
2.3 Aportes amortizados.
Son aquellos aportes que las cooperativas readquieren de sus asociados con recursos del fondo para amortización de aportes. Debe efectuarse en igualdad de condiciones para todos los asociados (artículo 52 de la Ley 79 de 1988).

Para la Superintendencia se entiende que existe igualdad en la readquisición de aportes cuando la asamblea general determina la adquisición parcial para todos los asociados en la misma proporción. En caso de retiro o exclusión del asociado, la amortización podrá ser total.


Esta amortización será procedente cuando la organización haya alcanzado un grado de desarrollo económico que le permita efectuar los reintegros, mantener y proyectar sus servicios a juicio de la asamblea general. No obstante lo anterior, cuando los aportes amortizados representen el 50% del capital social de la entidad, cualquier proyecto de readquisición de aportes que se pretenda presentar a la asamblea requerirá autorización previa de la Superintendencia.
2.4. Aportes Voluntarios
A partir de la fecha, no se podrán seguir registrando incrementos en la cuenta de aportes voluntarios. En consecuencia, las organizaciones de economía solidaria deberán proceder a desmontarlos en forma gradual. Para el efecto, optarán bien sea por reclasificarse a aportes ordinarios o extraordinarios o por devolverlo a los asociados.
Para las cooperativas de ahorro y crédito o multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, el plazo de desmonte de estos aportes es a 31 de diciembre de 2008. Las demás organizaciones solidarias tendrán un plazo máximo de tres (3) años a partir de septiembre de 2008, para lo cual deberán establecer un plan de desmonte gradual del 33% para cada año.
Para la devolución de los aportes voluntarios es necesario tener en cuenta si éstos han sido considerados como parte de las garantías de las obligaciones contraídas por los asociados con la organización solidaria, en cuyo caso su devolución estará sujeta al pago de la obligación o al mejoramiento de las garantías otorgadas.
Igualmente, debe tenerse en cuenta que los aportes voluntarios, al igual que los ordinarios y extraordinarios, constituyen capital de riesgo y, por ende, deben ser afectados proporcionalmente con las pérdidas que presente la organización solidaria.



  1. APORTES SOCIALES NO REDUCIBLES

Aporte social no reducible o irreducible es aquel valor del aporte social que toda organización solidaria debe tener como protección al patrimonio y que en ningún momento podrá disminuirse durante la existencia de la organización solidaria. El aporte mínimo no reducible debe señalarse en el estatuto y podrá ser incrementado por decisión de la asamblea general; pero, en ningún caso, podrá disminuirse.


Cuando existan retiros masivos de asociados, la organización solidaria podrá devolver aportes solamente sin afectar el monto mínimo irreducible. Esto con el fin de no descapitalizar o liquidar la organización solidaria y de no comprometer su viabilidad.
Tratándose de cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, el aporte mínimo irreducible señalado en el estatuto deberá, por lo menos, ser igual al aporte mínimo establecido en el artículo 42 de la Ley 454 de 1998 ajustado anualmente al IPC o al monto autorizado por la Superintendencia en aplicación de las excepciones reglamentadas, igualmente ajustado por el IPC, para así cumplir con el ajuste anual previsto en el parágrafo 4 del artículo 42 de la Ley 454 de 1998.
Los fondos de empleados, las asociaciones mutuales y las cooperativas que no ejercen la actividad financiera podrán fijar el aporte mínimo irreducible en valores absolutos, es decir, no en salarios mínimos legales vigentes ni por otro factor que conlleve su ajuste automático, toda vez que la ley no los obliga a estar incrementándolo.



  1. DEVOLUCIÓN DE APORTES SOCIALES

La liberación parcial de aportes por parte de la organización solidaria o la devolución de los mismos a solicitud del asociado se podrá efectuar sólo en los casos que se citan a continuación, siempre y cuando el total de aportes de la organización solidaria no se reduzca por debajo del aporte mínimo no reducible (numeral 10 del artículo 19 de la Ley 79 de 1988). En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito deberá verificarse además que no se afecte el monto mínimo de aportes exigido para el ejercicio de la actividad financiera o el cumplimiento de la relación de solvencia (parágrafo 2° del artículo 42 de la Ley 454 de 1998).




  • Cuando se retire un asociado.

  • Cuando se sobrepase del 10% como persona natural o del 49% como persona jurídica del total de los aportes de la organización solidaria.

  • Cuando la organización solidaria amortice o readquiera aportes, respetando el principio de igualdad de condiciones para todos los asociados

  • Cuando se liquide la organización solidaria.


4.1 Devolución por retiro del asociado
En caso de que al momento de la solicitud de retiro del asociado existan obligaciones a favor de la organización solidaria, deberá efectuarse el cruce correspondiente entre los aportes sociales y/o ahorros permanentes con la cartera y/o cuentas por cobrar.
De existir saldo insoluto a favor de la organización solidaria, se deberá efectuar la gestión de seguimiento, control y cobranza y en general todas aquellas acciones que garanticen el cobro y recuperación del mismo.
En todo caso, la existencia de saldos insolutos a favor de la organización solidaria no debe constituirse en óbice para negar el retiro del asociado, pues una decisión en ese sentido sería contraria al precepto constitucional de la libre asociación.
Los aportes sociales de un asociado que se retire de la organización solidaria deberán devolverse teniendo en cuenta la participación proporcional en las pérdidas que presente la organización y con sujeción al cumplimiento del capital mínimo no reducible. En las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas con sección de ahorro y crédito deberá además verificarse que no se afecte el cumplimiento del monto mínimo de aportes y la relación de solvencia.
4.2 Devolución por exceder el límite individual del 10% o del 49%
Ninguna persona natural podrá tener más del diez por ciento (10%) de los aportes sociales de una organización solidaria y ninguna persona jurídica más del cuarenta y nueve por ciento (49%) de los mismos, exceptuando a los asociados de las cooperativas resultantes de procesos de escisión impropia. Cuando un asociado haya aportado más del tope descrito anteriormente, la organización tendrá la obligación de devolver al respectivo asociado la parte que excede dicho límite.
4.3 Amortización de aportes
Existe la figura de devolución parcial de aportes sociales a cada asociado cuando la asamblea de la organización solidaria apruebe la amortización o readquisición de aportes sociales, siempre y cuando se respete el principio de igualdad de condiciones para todos los asociados y no se afecte el aporte social mínimo irreducible previsto en la ley o en los estatutos.
4.4 Devolución por liquidación
Cuando se liquida una organización solidaria, el aporte social hace parte de la masa de liquidación.
Si una vez realizados los activos y cancelados todos los pasivos conforme a la prioridad de pago, quedare remanente, de éste se cancelarán los aportes sociales a que tienen derecho los asociados.
Si después de haber reintegrado todos los aportes llegare a quedar remanente patrimonial, éste será transferido a la organización solidaria que señale el estatuto, en el caso de las cooperativas y las mutuales; a la organización solidaria sin ánimo de lucro que definan los estatutos en el caso de los fondos de empleados o a la escogida por los asociados o delegados en asamblea general. En todos los casos, a falta de disposición estatutaria, tal designación será efectuada por el órgano de supervisión, teniendo en cuenta que para el caso de las cooperativas dicho remanente debe ser transferido a un fondo para la investigación cooperativa administrado por un organismo de tercer grado.


  1. REVALORIZACIÓN DE APORTES

Revalorización de aportes sociales es una forma de reconocer la pérdida del poder adquisitivo constante de los aportes, toda vez que éstos se consideran un capital de riesgo y no generan rendimiento alguno.


Así las cosas, las cooperativas y los fondos de empleados podrán mantener el poder adquisitivo constante de los aportes sociales individuales de sus asociados incrementándolos anualmente hasta un tope máximo igual al índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. Este incremento se aplicará a ejercicios económicos posteriores (artículo 1 Decreto 3081 de 1990).
Esta revalorización se efectuará con cargo al fondo que para tal efecto haya constituido la organización solidaria y previa autorización de la asamblea.
En caso de retiro de asociados antes de diciembre de cada año, aplicará la revalorización de aportes teniendo en cuenta lo que apruebe la asamblea al cierre del ejercicio. La revaloración se hará, con base en la fecha de solicitud de retiro y el cálculo del monto promedio día/año aportado por el asociado.
5.1 Procedimiento
En primera instancia la asamblea deberá aprobar la constitución del fondo para revalorización de aportes sociales con recursos provenientes del remanente de los excedentes del ejercicio de cada año, después de haberse aplicado los porcentajes obligatorios consignados en la Ley 79 de 1988 y sus decretos reglamentarios.
Una vez constituido el fondo, al que puede destinarse todo el remanente de los excedentes, la asamblea general podrá aprobar la revalorización o capitalización en cabeza de cada uno de los asociados, máximo hasta el IPC del año inmediatamente anterior, con cargo al fondo de revalorización de aportes de que trata el numeral 1 del artículo 54 de la Ley 79 de 1988. Si, eventualmente, quedare un saldo en el fondo para revalorización de aportes, éste servirá para futuras revalorizaciones.

Es importante aclarar que, en caso de no haberse aprobado la revalorización o capitalización en periodos anteriores, ésta no se podrá realizarse con retroactividad; lo que significa que solo se puede revalorizar de la vigencia correspondiente y, en ningún caso, podrá ser acumulable.


Este fondo solo podrá constituirse e incrementarse con recursos de los excedentes de cada ejercicio, de conformidad con la reglamentación existente sobre la distribución de excedentes.
Para efectuar la revalorización de aportes, la entidad deberá calcular el monto promedio día/año de aportes de cada asociado, en el período correspondiente con el cual se hará la aplicación respectiva.
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