Constitucion de la republica de venezuela el congreso de la republica de venezuela



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Capítulo IV

Del Ministerio Público

Artículo 218. El Ministerio Público velará por la exacta observancia de la Constitución y de las leyes, y estará a cargo y bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal General de la República, con el auxilio de los funcionarios que determine la ley orgánica.

Artículo 219. El Fiscal General de la República deberá reunir las mismas condiciones que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y será elegido por las Cámaras reunidas en sesión conjunta dentro de los primeros treinta días de cada período constitucional. En caso de falta absoluta del Fiscal General de la República, se procederá a nueva elección para el resto del período constitucional. Las faltas temporales o accidentales del Fiscal General de la República y la interinaria en caso de falta absoluta mientras se provea la vacante, serán llenadas en la forma que determine la ley.

Artículo 220. Son atribuciones del Ministerio Público:

  1. Velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales;

  2. Velar por la celeridad y buena marcha de la administración de justicia y porque en los Tribunales de la República se apliquen rectamente las leyes en los procesos penales y en los que estén interesados el orden público y las buenas costumbres;

  3. Ejercer la acción penal en los casos en que para intentarla o proseguirla no fuere necesario instancia de parte, sin perjuicio de que el Tribunal proceda de oficio cuando determine la ley;

  4. Velar por el correcto cumplimiento de las leyes y la garantía de los derechos humanos en las cárceles y demás establecimientos de reclusión;

  5. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios públicos con motivo del ejercicio de sus funciones; y

  6. Las demás que le atribuyan las leyes.

Las atribuciones del Ministerio Público no menoscaban el ejercicio de los derechos y acciones que correspondan a los particulares o a otros funcionarios de acuerdo con esta Constitución y las leyes.

Artículo 221. Las autoridades de la República prestarán al Ministerio Público la colaboración que éste requiera para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Artículo 222. El Fiscal General de la República presentará anualmente al Congreso, dentro de los primeros treinta días de sus sesiones ordinarias, un informe de su actuación.

TITULO VIII

DE LA HACIENDA PUBLICA

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 223. El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo al principio de la progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida del pueblo.

Artículo 224. No podrá cobrarse ningún impuesto u otra contribución que no estén establecidos por ley, ni concederse exenciones ni exoneraciones de los mismos sino en los casos por ella previstos.

Artículo 225. No podrá establecerse ningún impuesto pagadero en servicio personal.

Artículo 226. La ley que establezca o modifique un impuesto u otra contribución deberá fijar un término previo a su aplicación. Si no lo hiciere, no podrá aplicarse sino sesenta días después de haber quedado promulgada.

Esta disposición no limita las facultades extraordinarias que se acuerdan al Ejecutivo Nacional en los casos previstos por esta Constitución.



Artículo 227. No se hará del Tesoro Nacional gasto alguno que no haya sido previsto en la Ley del Presupuesto. Sólo podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto, para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resulten insuficientes y siempre que el Tesoro cuente con recursos para atender a la respectiva erogación. A este efecto se requerirá previamente el voto favorable del Consejo de Ministros y la autorización de las Cámaras en sesión conjunta, o, en su defecto, de la Comisión Delegada.

(Ver Enmienda número 2, de 26 de marzo de 1983).

Artículo 228. El Ejecutivo Nacional presentará al Congreso, en la oportunidad que señale la ley orgánica, el proyecto de Ley del Presupuesto.

Las Cámaras podrán alterar las partidas presupuestarias, pero no autorizarán gastos que excedan el monto de las estimaciones de ingresos del respectivo proyecto de Ley de Presupuesto.



(Ver Enmienda número 2, de 26 de marzo de 1983).

Artículo 229. En la Ley de Presupuesto se incluirá anualmente, con el nombre de situado, una partida que se distribuirá entre los Estados, el Distrito Federal y los Territorios Federales en la forma siguiente: un treinta por ciento (30 por 100) de dicho porcentaje, por partes iguales, y el setenta por ciento (70 por 100) restante, en proporción a la población de cada una de las citadas Entidades. Esta partida no será menor al doce y medio por ciento (12,5 por 100) del total de ingresos ordinarios estimados en el respectivo presupuesto y este porcentaje mínimo aumentará anual y consecutivamente, a partir del presupuesto del año 1962 inclusive, en un medio por ciento (0,5 por 100) por lo menos, hasta llegar a un mínimo definitivo que alcance a un quince por ciento (15 por 100). La ley orgánica respectiva determinará la participación que corresponda a las entidades municipales en el situado.

La ley podrá dictar normas para coordinar la inversión del situado con planes administrativos desarrollados por el Poder Nacional y fijar límites a los emolumentos que devenguen los funcionarios y empleados de las entidades federales y municipales.

En caso de disminución de los ingresos, que imponga un reajuste del Presupuesto, el situado será reajustado proporcionalmente.

Artículo 230. Sólo por ley, y en conformidad con la ley orgánica respectiva, podrán crearse institutos autónomos.

Los institutos autónomos, así como los intereses del Estado en corporaciones o entidades de cualquier naturaleza, estarán sujetos al control del Congreso, en la forma que la ley establezca.



Artículo 231. No se contratarán empréstitos sino para obras reproductivas, excepto en caso de evidente necesidad o conveniencia nacional.

Las operaciones de crédito público requerirán, para su validez, una ley especial que las autorice, salvo las excepciones que establezca la ley orgánica.



(Ver Enmienda número 2, de 26 de marzo de 1983).

Artículo 232. El Estado no reconocerá otras obligaciones que las contraidas por órganos legítimos del Poder Público, de acuerdo con las leyes.

Artículo 233. Las disposiciones que rigen la Hacienda Pública Nacional regirán la administración de la Hacienda Pública de los Estados y los Municipios en cuanto sean aplicables.

Capítulo II

De la Contraloría General de la República

Artículo 234. Corresponde a la Contraloría General de la República el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes nacionales, así como las operaciones relativas a los mismos.

La ley determinará la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, así como la oportunidad, índole y alcance de su intervención.



Artículo 235. Las funciones de la Contraloría General de la República podrán extenderse por ley a los institutos autónomos, así como también a las administraciones estadales o municipales, sin menoscabo de la autonomía que a éstas garantiza la presente Constitución.

Artículo 236. La Contraloría General de la República es órgano auxiliar del Congreso en su función de control sobre la Hacienda Pública, y gozará de autonomía funcional en el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 237. La Contraloría General de la República actuará bajo la dirección y responsabilidad del Contralor General de la República.

Para ser Contralor General de la República se requiere ser venezolano por nacimiento, mayor de treinta años y de estado seglar.



Artículo 238. Las Cámaras en sesión conjunta elegirán al Contralor General de la República dentro de los primeros treinta días de cada período constitucional.

En caso de falta absoluta del Contralor General de la República, las Cámaras en sesión conjunta procederán a una nueva elección para el resto del período constitucional.

Las faltas temporales y accidentales del Contralor General de la República y la interinaria, en caso de falta absoluta mientras se provea la vacante, serán llenadas en la forma que determine la ley.

Artículo 239. El Contralor General de la República presentará anualmente al Congreso un informe sobre la actuación de la Contraloría o sobre la Cuenta o Cuentas que hayan presentado al Congreso los organismos y funcionarios obligados a ello. Igualmente presentará los informes que en cualquier momento le soliciten el Congreso o el Ejecutivo Nacional.

TITULO IX

DE LA EMERGENCIA

Artículo 240. El Presidente de la República podrá decidir el estado de emergencia en caso de conflicto interior o exterior, o cuando existan fundados motivos de que uno u otro ocurran.

Artículo 241. En caso de emergencia, de conmoción que pueda perturbar la paz de la República o de graves circunstancias que afecten la vida económica o social, el Presidente de la República podrá restringir o suspender las garantías constitucionales, o algunas de ellas, con excepción de las consagradas en el artículo 58 y en los ordinales 3º y 7º del artículo 60.

El Decreto expresará los motivos en que se funda, las garantías que se restringen o suspenden, y si rige para todo o parte del territorio nacional.

La restricción o suspensión de garantías no interrumpe el funcionamiento ni afecta las prerrogativas de los órganos del Poder Nacional.

Artículo 242. El Decreto que declare el estado de emergencia u ordene la restricción o suspensión de garantías será dictado en Consejo de Ministros y sometido a la consideración de las Cámaras en sesión conjunta o de la Comisión Delegada, dentro de los diez días siguientes a su publicación.

Artículo 243. El Decreto de restricción o suspensión de garantías será revocado por el Ejecutivo Nacional, o por las Cámaras en sesión conjunta, al cesar las causas que lo motivaron. La cesación del estado de emergencia será declarada por el Presidente de la República en Consejo de Ministros y con la autorización de las Cámaras en sesión conjunta o de la Comisión Delegada.

Artículo 244. Si existieran fundados indicios para temer inminentes trastornos del orden público, que no justifiquen la restricción o suspensión de las garantías constitucionales, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá adoptar las medidas indispensables para evitar que tales hechos se produzcan.

Estas medidas se limitarán a la detención o confinamiento de los indiciados, y deberán ser sometidas a la consideración del Congreso o de la Comisión Delegada dentro de los diez días siguientes a su adopción. Si éstos las declararen no justificadas, cesarán de inmediato; en caso contrario, se las podrá mantener hasta por un límite no mayor de noventa días. La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad.



TITULO X

DE LAS ENMIENDAS Y REFORMAS A LA CONSTITUCION

Artículo 245. Las enmiendas a esta Constitución se tramitarán en la forma siguiente:

  1. La iniciativa podrá partir de una cuarta parte de los miembros de una de las Cámaras, o bien de una cuarta parte de las Asambleas Legislativas de los Estados, mediante acuerdos tomados en no menos de dos discusiones por la mayoría absoluta de los miembros de cada Asamblea;

  2. La enmienda se iniciará en sesiones ordinarias, pero su tramitación podrá continuar en las sesiones extraordinarias siguientes;

  3. El proyecto que contenga la enmienda se iniciará en la Cámara donde se haya propuesto, o en el Senado cuando haya sido propuesto por las Asambleas Legislativas, y se discutirá según el procedimiento establecido en esta Constitución para la formación de las leyes;

  4. Aprobada la enmienda por el Congreso, la Presidencia la remitirá a todas las Asambleas Legislativas para su ratificación o rechazo en sesiones ordinarias, mediante acuerdos considerados en no menos de dos discusiones y aprobados por la mayoría absoluta de sus miembros;

  5. Las Cámaras reunidas en sesión conjunta escrutarán en sus sesiones ordinarias del año siguiente los votos de las Asambleas Legislativas, y declararán sancionada la enmienda en los puntos que hayan sido ratificados por las dos terceras partes de las Asambleas;

  6. Las enmiendas serán numeradas consecutivamente, y se publicarán de seguida de la Constitución, sin alterar el texto de ésta, pero anotando al pie del artículo o artículos enmendados la referencia a número y fecha de la enmienda que lo modifique.

Artículo 246. Esta Constitución también podrá ser objeto de reforma general, en conformidad con el siguiente procedimiento:

  1. La iniciativa deberá partir de una tercera parte de los miembros del Congreso, o de la mayoría absoluta de las Asambleas Legislativas en acuerdos tomados en no menos de dos discusiones por la mayoría absoluta de los miembros de cada Asamblea;

  2. La iniciativa se dirigirá a la Presidencia del Congreso, la cual convocará a las Cámaras a una sesión conjunta con tres días de anticipación por lo menos, para que se pronuncie sobre la procedencia de aquélla. La iniciativa será admitida por el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes.

  3. Admitida la iniciativa, el proyecto respectivo se comenzará a discutir en la Cámara señalada por el Congreso, y se tramitará según el procedimiento establecido en esta Constitución para la formación de las leyes;

  4. El proyecto aprobado se someterá a referéndum en la oportunidad que fijen las Cámaras en sesión conjunta, para que el pueblo se pronuncie en favor o en contra de la reforma. El escrutinio se llevará a conocimiento de las Cámaras en sesión conjunta, las cuales declararán sancionada la nueva Constitución si fuere aprobada por la mayoría de los sufragantes de toda la República.

Artículo 247. Las iniciativas de enmienda o reforma rechazadas no podrán presentarse de nuevo en el mismo período constitucional.

Artículo 248. El Presidente de la República no podrá objetar las enmiendas o reformas y estará obligado a promulgarlas dentro de los diez días siguientes a su sanción. Si así no lo hiciere se aplicará lo previsto en el artículo 175.

Artículo 249. Las disposiciones relativas a los casos de urgencia en el procedimiento de la formación de las leyes no serán aplicables a las enmiendas o reforma de la Constitución.

TITULO XI

DE LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCION

Artículo 250. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Serán juzgados según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los que aparecieren responsables de los hechos señalados en la primera parte del inciso anterior y asimismo los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución. El Congreso podrá decretar, mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo de la usurpación, para resarcir a la República de los perjuicios que se le hayan causado.



TITULO XII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 251. Las disposiciones transitorias se dictan en texto separado. Ellas tienen valor de norma constitucional y se sancionan con las mismas formalidades con que se adopta la presente Constitución. Su texto no será susceptible de enmienda sino mediante los trámites previstos en el Título X.

Artículo 252. Queda derogado el ordenamiento constitucional que ha estado en vigencia hasta la promulgación de esta Constitución.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los veintitrés días del mes de enero de mil novecientos sesenta y uno. Año 151 de la Independencia y 102 de la Federación.

El Presidente del Congreso Nacional, Raúl Leoni, Senador por el Estado Bolívar

El Vicepresidente del Congreso Nacional, Rafael Caldera, Diputado por el Distrito Federal.

ESTADO ANZOATEGUI

Senadores: Juan M. Mogna, José Ramón Hernández Camejo, J. M. Domínguez Chacín.


Diputados: Octavio Lepage Barreto, Elpidio La Riva Mata, Jaime Lusinchi, Pedro Ortega Díaz, Alirio Gómez Cermeño, Pedro Manuel Vásquez, Raúl Monteverde.

ESTADO APURE

Senadores: Cristóbal Azuaje, Julio C. Sánchez Olivo.
Diputados: Isabel Carmona de Serra, Freddy Melo.

ESTADO ARAGUA

Senadores: Miguel Otero Silva, J. A. Medina Sánchez.
Diputados: Humberto Bártoli, Pablo Cova García, Jorge Pacheco, Leonardo Arias, Cástor José Torres, Godofredo González.

ESTADO BARINAS

Senadores: Rafael Octavio Jiménez, Víctor Mazzei González.
Diputados: Samuel Darío Maldonado, Argenis Gómez, Gonzalo García Bustillos.

ESTADO BOLIVAR

Senadores: J. M. Siso Martínez.
Diputados: Said Moanack V., Pedro Miguel Pareles, Olivio Campos.

ESTADO CARABOBO

Senadores: Francisco Melet, Alfredo Celis Pérez.
Diputados: Enrique Betancourt y Galíndez, Carlos Felipe Alvizu, Rafael Peña, Héctor Vargas Acosta, Renato Olavarría Celis, Armando Rafael González, Enrique Acevedo Berti.

ESTADO COJEDES

Senadores: Estanislao Mejías S., Isidoro Hernández.
Diputados: Eneas Palacios Palacios, Federico Reyes Pereira.

ESTADO FALCON

Senadores: Rolando Salcedo Delima, Rómulo Henríquez, Francisco Faraco.
Diputados: Antonio Leidenz, Rafael Vicente Beaujon, Andrés Hernández Vásquez, Raúl Lugo Rojas, Luis Miquelena, Arístides Beaujon.

ESTADO GUARICO

Senadores: Francisco Olivo, Alberto Turupial.
Diputados: Jorge Dáger, Francisco Salazar Meneses, Jesús Villavicencio, Saúl Ron.

ESTADO LARA

Senadores: Argimiro Bracamonte, Ambrosio Oropeza, Froilán Alvarez Yépez.
Diputados: Manuel Vicente Ledezma, José Manzo González, Juan Tamayo Rodríguez, Luis Eleazar Solórzano, Antonio José Lozada, José Herrera Oropeza, Luis Herrera Campíns, Jesús Pérez Lías.

ESTADO MERIDA

Senadores: Carlos Febres Poveda, Ramón Vicente Casanova.
Diputados: Luciano Noguera Mora, Hugo Briceño Salas, Edilberto Moreno, Rigoberto Henríquez Vera.

ESTADO MIRANDA

Senadores: Bonifacio Velásquez, César Gil Gómez, Luis Alejandro González.
Diputados: José Octavio Henríquez, Teófilo Moros, Amílcar Gómez, Victorino Santaella, Guillermo Muñoz, José Camacho, Eduardo Machado.

ESTADO MONAGAS

Senadores: J. S. Núñez Aristimuño, Luis Tovar.
Diputados: José Angel Ciliberto, Luis Alfaro Ucero, Edmundo Yibirín, Manuel Joaquín Aristimuño.

ESTADO NUEVA ESPARTA

Senadores: Luis B. Prieto Figueroa, Luis Hernández Solís.
Diputados: Guillermo Salazar Meneses, Julio Villaroel.

ESTADO PORTUGUESA

Senadores: Cipriano Heredia Angulo, Antonio Delgado Lozano.
Diputados: Gonzalo Barrios, Jesús María Casal, René Rivero Pérez.

ESTADO SUCRE

Senadores: Carlos D´Ascoli, Pedro Pérez Velásquez.
Diputados: Luis Manuel Peñalver, Régulo José Gómez, Aníbal Lairet, Dionisio López Orihuela, Hernán Brito.

ESTADO TACHIRA

Senadores: César Morales Carrero, Abel Santos Stella.
Diputados: Rodolfo José Cárdenas, Arístides Calvani, Valmore Acevedo Amaya, Ceferino Medina Castillo, Rosa García de Groscoors, José Jesús Alvarez.

ESTADO TRUJILLO

Senadores: Elbano Provenzali Heredia, Rafael Angel Espinoza.
Diputados: José Antonio Espinoza Lares, Juan de la Cruz Durán, Amábilis Quiñones, Arturo Ramón Añez, Felipe Montilla, Pedro Pablo Aguilar.

ESTADO YARACUY

Senadores: Raúl Ramos Giménez, Catalino Gómez M.
Diputados: Marcial Mendoza Estrella, Baudilio Rodríguez, Pedro Pérez Méndez.

ESTADO ZULIA

Senadores: Octavio Andrade Delgado, Héctor Cedeño Pérez, Alberto Levy Romero, Enrique Méndez Romero, Jesús Faría.
Diputados: Jesús A. Paz Galarraga, Juan José Delpino, César Rondón Lovera, Italo Boscán, Gualberto Fermín, Adelso González Urdaneta, Elio Chacín Reyes, Luis Adolfo Romero, Hugo Soto Socorro, Omar de Jesús Rumbos, Angel Emiro Govea, José Bousquet, Hens Silva Torres, Pedro Barrios, Hugo Parra León, Joaquín Araujo Ortega.

TERRITORIO FEDERAL AMAZONAS

Diputado: Dionisio Alvarez Ledezma.

TERRITORIO FEDERAL DELTA AMACURO

Diputado: Martín Antonio Rangel G.

DISTRITO FEDERAL

Senadores: Arturo Uslar Pietri, Ramón Escovar Salom, Pompeyo Márquez, Pedro del Corral.
Diputados: Fabricio Ojeda, Gustavo Lares Ruiz, Jesús A. Yerena, Ramón Tenorio Sifontes, José Vicente Rangel, Vicente Piñate, Vidalina de Bártoli, Orlando Tovar, Sixto Guaidó, Juan B. Moretti Garantón, Petra de Aranguren, Gustavo Machado, Guillermo García Ponce, Eloy Torres, Miguel Angel Landáez, Dagoberto González, Domingo Alberto Rangel, José González Navarro, Augusto Malavé Villalva, Carlos del Vecchio.

Los Secretarios: Orestes di Giacomo, Héctor Carpio Castillo.

Salón Elíptico del Palacio Federal, en Caracas, a veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y uno. Año 151 de la Independencia y 102 de la Federación.

Ejecútese y cuidese de su ejecución


(L.S.), Rómulo Betancourt.

Refrendado, el Ministro de Relaciones Interiores


(L.S.), Luis Augusto Dubuc.

Refrendado, el Ministro de Relaciones Exteriores


(L.S.), Marcos Falcón Briceño.

Refrendado, el Ministro de Hacienda


(L.S.), Tomás Enrique Carrillo Batalla.

Refrendado, el Ministro de la Defensa


(L.S.), Josué López Henríquez.

Refrendado, el Ministro de Fomento


(L.S.), Lorenzo Fernández.

Refrendado, el Ministro de Obras Públicas


(L.S.), Rafael de León Alvarez.

Refrendado, el Encargado del Ministerio de Educación


(L.S.), Reinaldo Leandro Mora.

Refrendado, el Ministro de Sanidad y Asistencia Social


(L.S.), Arnaldo Gabaldón.

Refrendado, el Ministro de Agricultura y Cría


(L.S.), V. M. Giménez Landínez.

Refrendado, el Ministro del Trabajo


(L.S.), Raúl Vera.

Refrendado, el Ministro de Comunicaciones


(L.S.), Pablo Miliani A.

Refrendado, el Ministro de Justicia


(L.S.), Andrés Aguilar M.

Refrendado, el Ministro de Minas e Hidrocarburos


(L.S.), Juan Pablo Pérez Alfonso.

 


ENMIENDA NUMERO 1 DE LA CONSTITUCION
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