Constituyente paz y 20 AÑos de guerra



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CONSTITUYENTE PAZ Y 20 AÑOS DE GUERRA

Camilo González Posso1

El gran sueño de la Asamblea Constituyente de 1991 fue entregar una carta de navegación para la paz de Colombia, después de décadas de violencias y conflictos armados. Al proclamarla ese 4 de julio no faltaron palabras sobre el “pacto de paz”, la Constitución de los derechos humanos, la deslegitimación de la violencia con la democracia participativa y el Estado Social de Derecho. Veinte años después los millones de jóvenes que entonces tenían menos de 18 años y los que hoy tienen menos de 45 preguntan con muchos argumentos ¿Qué pasó, porqué en lugar de paz lo que siguió en dos décadas fue más guerra o más violencia armada? ¿Fracasó el Pacto de Paz? ¿Fueron más poderosos los guerreros, los partidarios de las soluciones militares, la vía autoritaria y de contrareformas antidemocráticas?

Es evidente que el pacto constituyente no fue suficiente ni tuvo el respaldo necesario para imponer una ruta de paz por el camino de transformaciones democráticas y de equidad social. Al día siguiente de la firma de la nueva carta política se inició la contraofensiva de las fuerzas que se sintieron amenazadas y se cumplió la sentencia de Álvaro Gómez Hurtado cuando dijo que “hemos cambiado la Constitución pero no el régimen”.

En este articulo se propone como hipótesis para explicar la paradoja de una Constitución para la paz seguida de 20 años de guerra, que además de los límites propios del pacto y de la paz parcial de 1990, no se conformaron en los noventa las fuerzas civiles encargadas de darle contenido reformista, de sello democrático real, a los cambios legales y de política pública. El poder político fue asumido por los reformadores neoliberales y neoconservadores y por los nuevos poderes mafiosos con sus redes narcopoliticas y paramilitares. La paz parcial simbolizada en la ausencia de las FARC, el ELN y del desmonte de los paramilitares, se tradujo en la guerra y la opción militar frente al conflicto armado y en la generalización de la violencia como instrumento de acumulación y de poder.


  1. LAS FUERZAS CONSTITUYENTES FUERON COYUNTURALES

En la década que siguió a la aprobación de la nueva constitución se constató, entre otras cosas, que las fuerzas sociales y políticas que sustentaron el nuevo pacto habían sido expresiones coyunturales que no lograron consolidarse con bases sólidas. La Alianza Democrática – M19, que se conformó como coalición de movimientos y partidos civiles con las guerrillas que se desmovilizaron y se integraron a la Constituyente, después de haber sido la fuerza mayoritaria en la Asamblea fue disolviéndose no solo en cuanto a representación parlamentaria sino por falta de realidades regionales o de convocatoria de sectores sociales. El Movimiento de Salvación Nacional se desintegró después del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado; y las expresiones liberales de avanzada, o conservadoras progresistas, no pudieron resistir el embate de las maquinarias clientelistas aceitadas por el poder del narcotráfico, ni a la ofensiva de la ideología neoliberal o neoconservadora que asumió la dirección no solo del gobierno sino del conjunto del Estado.

Ese movimiento de no violencia, institucionalización y paz, que arrinconó a las maquinarias clientelistas y al poder emergente, fue ante todo una expresión de opinión urbana de sectores medios y de la juventud universitaria que empataron con los intelectuales de los partidos tradicionales y con el radicalismo liberal que caracterizaba a Barco. En esas condiciones las fuerzas constituyentes partidarias de avanzar en la democratización del Estado tuvieron la capacidad de llegar hasta la disolución del Congreso y a la definición de un andamiaje institucional modernizante, pero no lograron sobrepasar los límites que establecieron los cacaos de la política tradicional, de los grupos económicos y de la narcopolítica.



  1. PAZ PARCIAL Y RECONFIGURACIÓN DE LA PARAPOLITICA

Cuando se hace el repaso de episodios que llevaron a poner límites a la labor transformadora de la Constituyente y a los desarrollos posteriores para darle vida efectiva al Estado Social de Derecho, con frecuencia se mencionan cuatro episodios: primero, el bombardeo a Casa Verde en Uribe Meta el mismo día de la instalación de la Asamblea; segundo, el pacto promovido por Alfonso López Michelsen – quién fue un firme opositor al movimiento constituyente - y que a cambio de la suspensión de sesiones del Congreso de la República durante el funcionamiento de la Asamblea comprometió a los constituyentes a inhabilitarse para las siguientes elecciones al Congreso; tercero, el retorno de las maquinarias tradicionales al control del Congreso y cuarto, reconformación del poder narco paramilitar.

El bombardeo a Casa Verde le puso punto final a la búsqueda de un acuerdo con las FARC para su vinculación a la Constituyente, pues significó la determinación de sectores muy poderosos de cerrar el ciclo de diálogos y negociaciones abierto en 1984 con los acuerdos de La Uribe. Para esos sectores los pactos con el M19, EPL, Quintín Lame y PRT, tramitados en el contexto de la Constituyente, eran la cuota máxima que estaban dispuestos a dar y al tiempo les servían para justificar la guerra a los que no se acogieran al libreto ya definido. Y desde el otro lado, las FARC se encontraban en una confrontación militar en ascenso y con un saldo de más de 2000 asesinados de la Unión Patriótica. Los diálogos en Caracas o en Tlaxcala, que se adelantaron en tiempos de la constituyente, solo fueron simulacros en un juego de cartas marcadas. Los voceros del gobierno querían la desmovilización sin negociación de cambios de modelo económico y Marulanda el 50% de la Constituyente. Lo demás son anécdotas de un callejón sin salida.

Una vez terminada la Asamblea Constituyente el gobierno de Cesar Gaviria adoptó la estrategia integral contra la violencia que incluyó la guerra frontal a las FARC y al ELN y la alianza con Estados Unidos para escalar la guerra antidrogas. Al mismo tiempo esa administración le puso el acelerador a la apertura y a las privatizaciones siguiendo las recetas neoliberales orientadas por el Consenso de Washington. La guerra antidrogas llevó hasta la derrota de Pablo Escobar pero al mismo tiempo la narcopolítica siguió su ascenso controlando poderes locales y maquinarias electorales hasta el punto de marcar las elecciones presidenciales que llevaron al poder a Ernesto Samper.

Entre 1994 y 2004 se vivió en Colombia el periodo de mayor violencia y confrontaciones armadas en la última centuria. El cuestionamiento nacional e internacional al triunfo electoral de Samper por la presencia de narco dólares en la campaña electoral, estuvo acompañado no solo del llamado “proceso 8000”, sino de una crisis de legitimidad y de gobernabilidad que afectó toda la vida social. Las ofensiva de las guerrillas significó una amenaza global al Estado y al mismo tiempo se configuró la alianza con los paramilitares o narcoparamilitares, tanto para enfrentar a la subversión como para imponer por la violencia y el terror el reparto del poder político y de grandes negocios legales e ilegales.

El movimiento democratizante y por la paz continuo expresándose en este periodo y logró mediante grandes movilizaciones pronunciarse contra la guerra y reclamar un pacto de paz. El Mandato por la Paz con 10 millones de votos en las elecciones de 1997 y las marchas del NO MAS mostraron que esa corriente social que había sido gestora de la Constituyente en 1991 seguía activa pero que no había logrado cambiar el régimen político.

Las negociaciones de paz entre 1998 y 2002 fracasaron y en este mismo periodo se agudizó la confrontación armada. Los narcoparamilitares y la parapolítica fueron la punta de lanza de la reconfiguración del poder a todos los niveles y los perfectos aliados de la contrareforma que se había propuesto desmantelar los logros democráticos de la Constitución de 1991. En lugar de reforma agraria se llevó a cabo el despojo a gran escala y en lugar de redistribución de riquezas se impuso la inequidad y el asistencialismo. A cambio de la nueva democracia participativa se entronizó un régimen autoritario. Las 27 contrareformas constitucionales que se aprobaron desde 1991 son el testimonio del proceso de desmonte de lo que se imaginó como un programa para la paz en el siglo XXI.



  1. VIGENCIA DEL PACTO CONSTITUYENTE Y DE LA VIA CIUDADANA POR LA PAZ

La esencia del pacto constituyente de 1991 fue apostarle a la superación de medio siglo de violencias y conflictos armados mediante la construcción de un Estado Social de Derecho que se llenara de instrumentos para la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos. La democracia de solidaridad o democracia económica y social, aunque quedó en déficit, fue identificada como componente indispensable del largo camino hacia la paz.

La gran lección del proceso constituyente ha sido que su alcance depende del protagonismo de fuerzas sociales y políticas comprometidas con la paz desde la democracia y la equidad, con promover reformas que cambien las estructuras que han sido generadoras de la violencia sistemática en más de medio siglo. Así que esta guerra de 20 años no invalida los propósitos centrales de la Asamblea Constituyente de 1991: los retos de superación de la violencia y del recurso a las armas para hacer negocios o buscar poder político, llevan por el contrario a la necesidad de nuevas insubordinaciones ciudadanas para un pacto de país que retome el programa legado por los constituyentes y sus tareas inconclusas.



1 Ex ministro de Estado 1990 - 1992, en 1989, firmante por la AD – M19 del Pacto Político para la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - INDEPAZ


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