Contradicción de tesis 413/2012 suscitada entre el primer tribunal colegiado del vigésimo segundo circuito y el cuarto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. Ministro ponente: JoSé ramón cossío díaz secretaria



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CONTRADICCIÓN DE TESIS 413/2012

SUSCITADA entre el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JoSé RAMÓN COSSÍO DÍAZ

SECRETARIA: MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ
México, Distrito Federal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día dieciséis de enero de dos mil trece emite la siguiente:
RESOLUCIÓN


  1. Mediante la que se resuelve la contradicción de tesis 413/2012 sustentada entre el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo probable tema consiste en dar respuesta a la siguiente interrogante: Cuando, habiéndose dictado la sentencia definitiva en el juicio de origen, se advierte la existencia de un litisconsorcio pasivo en la reconvención que no se integró durante el proceso: ¿la autoridad de amparo debe ordenar la reposición del procedimiento? o ¿la omisión de no haber llamado a juicio a los litisconsortes en las circunstancias apuntadas tiene el efecto de dejar a salvo los derechos de quien reconvino para que los planteé en una nueva demanda?




    1. ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA




  1. Denuncia de la contradicción. Los magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito al resolver el juicio de amparo directo civil 269/2012 denunciaron la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional que integran, y el sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al emitir decisión en el juicio de amparo directo civil 457/2007 de su índice.




  1. Trámite de la denuncia. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia por auto de trece de septiembre de dos mil doce. En el propio acuerdo, requirió al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito para que, en copia certificada, remitiera las ejecutorias que sustentan el criterio contradictorio y a ambos tribunales, para que informaran si los criterios contendientes se encuentran vigentes o han sido abandonados. Asimismo, con copia de las ejecutorias obtenidas del Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE) mandó dar vista a la Procuradora General de la República para que en el plazo de treinta días, si así lo consideraba, emitiera el pedimento correspondiente. Finalmente, ordenó el turno del asunto al Señor Ministro José Ramón Cossío Díaz, así como el envío de los autos a esta Primera Sala, a fin de proveer respecto a la conclusión del trámite e integración del expediente.




  1. Mediante certificación de dieciocho de septiembre del año en curso, el Subsecretario General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que el plazo concedido a la Procuradora para exponer su parecer respecto a este conflicto, transcurriría del diecinueve de septiembre al treinta y uno de octubre de dos mil doce.




  1. El Presidente de esta Primera Sala, por auto de veinte de septiembre de dos mil doce, se avocó al conocimiento del asunto y turnó los autos a la Ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.




  1. Integración y turno del asunto. Una vez que el tribunal requerido remitió la copia de las resoluciones que contienen los criterios que generaron la denuncia de contradicción, el Presidente de esta Sala, por auto de dos de octubre de dos mil doce, tuvo por integrado el expediente en que se actúa y ordenó la entrega de los autos al Ministro José Ramón Cossío Díaz.




  1. El Agente del Ministerio Público de la Federación, designado por el Director General de Constitucionalidad de la Procuraduría General de la República, en su pedimento, estimó inexistente la contradicción denunciada.


II. COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN


  1. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero fracción VI y cuarto del Acuerdo General 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior con base además, en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis I/2012 de rubro: CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)”. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Libro VI, Marzo 2012, página 9, Décima Época).




  1. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.


III.EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN


  1. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si la contradicción de tesis denunciada existe o no, es necesario conocer las consideraciones y argumentaciones en que los tribunales colegiados contendientes basaron sus resoluciones.




  1. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito. Al resolver el amparo directo civil 269/2012, analizó un asunto con las siguientes características:




  1. El actor demandó en la vía ordinaria civil, entre otras prestaciones, el pago de cierta cantidad de dinero, así como la adjudicación judicial de un inmueble dado en garantía hipotecaria. Lo anterior, bajo el amparo de un convenio para la apertura de una línea de crédito celebrado entre el actor y los demandados.




  1. Uno de los demandados reconvino la cancelación de la inscripción en el libro de hipotecas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de San Luis Potosí, en la que consta el convenio para la apertura de línea de crédito, fundamento de la demanda en el principal.




  1. El juez de primera instancia al dictar la sentencia definitiva desestimó la pretensión principal (acción real hipotecaria) y dejó a salvo los derechos del actor para hacerlos valer en la vía y forma que estimara pertinente. En cuanto a la reconvención, también sostuvo que el reconveniente no acreditó su pretensión, así que dejó a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía que correspondiera.




  1. Ambas partes interpusieron apelación contra el fallo mencionado, del que conoció la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, quien declaró inoperantes los agravios y confirmó el fallo impugnado.




  1. Los demandados en el principal promovieron juicio de amparo directo, el cual fue admitido y registrado con el número 269/2012 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito. En lo tocante al tema de la presente contradicción, los integrantes del mencionado órgano colegiado emitieron las siguientes consideraciones:




    1. En la sustanciación de la acción reconvencional, tanto en primera como en segunda instancia, las autoridades responsables no advirtieron la presencia de un litisconsorcio pasivo necesario en la reconvención, lo que trajo como consecuencia una indebida integración de la relación jurídico-procesal; de ahí que el tribunal colegiado ordenó de manera oficiosa, la reposición del procedimiento en la reconvención. Lo anterior, sobre la base que uno de los objetivos principales del litisconsorcio pasivo necesario es que pueda existir una sentencia para todos los litisconsortes, de manera que no es posible emitir una decisión judicial legalmente válida si éstos no son escuchados.




    1. El litisconsorcio pasivo necesario implica pluralidad de demandados y unidad de acción, lo que origina la obligación de llamar a juicio a todos los litisconsortes. En ese sentido, si las autoridades responsables no detectaron que en el asunto de origen existe un litisconsorcio pasivo necesario, incurrieron en una omisión que implica una infracción a las reglas fundamentales que rigen el procedimiento, pues no puede ser legalmente válida una sentencia emitida sin oír a la totalidad de los litisconsortes.




    1. Bajo las anteriores consideraciones, el tribunal de amparo otorgó la protección de la justicia constitucional, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar emitiera otra en la que reiterara lo resuelto en la controversia principal, y en cuanto a la reconvención, modificara la sentencia de primer grado y ordenara reponer el procedimiento, con excepción de su admisión. Además, ordenó requerir al reconventor para que ampliara su demanda en contra del acreditado directo, del notario correspondiente y del Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de San Luis Potosí; en la inteligencia de que, con relación a la diversa codemandada en la reconvención (actora en lo principal), se debía dejar insubsistente el “emplazamiento”, así como la contestación de demanda y, hecho lo anterior, ordenar el llamamiento a juicio de todos los codemandados.




    1. En cuanto a los efectos descritos, el tribunal colegiado consideró oportuno aclarar que éstos no pugnan con el principio básico de unidad, pues de conformidad con los criterios emitidos por los órganos del Poder Judicial Federal, se está en presencia de dos acciones (principal y reconvencional) autónomas e independientes, donde cada una conserva sus particularidades y su individualidad, al mantener su propia litis. Además, el sentido en el cual fue resuelta la principal (dejar a salvo los derechos de la actora), no representa un obstáculo para resolver la reconvención; asimismo, la resolución que llegare a dictarse en la reconvención no afecta la sentencia dictada en la principal, en la que no existió pronunciamiento de fondo que resolviera los derechos allí controvertidos.




  1. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Al resolver el juicio de amparo directo 457/2007, analizó un asunto con las siguientes características:




  1. La sociedad actora demandó en la vía ordinaria mercantil el pago de cierta cantidad de dinero a razón del incumplimiento de un contrato de obra a precio alzado, por virtud de los acuerdos suscritos por el actor y por el Comité Técnico del Fideicomiso **********. Admitida la demanda, se emplazó a juicio al demandado, quien reconvino la nulidad de los acuerdos mencionados, así como la rescisión del contrato de obra a precio alzado y la restitución de la cantidad pagada con motivo de dicho contrato.




  1. El juez de paz que conoció del asunto, dictó sentencia en la que ordenó reponer el procedimiento con el argumento de que existía un litisconsorcio pasivo necesario en la reconvención, así que dejó insubsistente la demanda, la contestación, la reconvención, la contestación a la reconvención, así como los escritos de desahogo de vista, y ordenó emplazar al Comité Técnico del Fideicomiso **********. De igual forma, previno a las partes para que, de acuerdo a los hechos relacionados por el litisconsorte, ampliaran la demanda, contestación, reconvención y contestación a la reconvención, si así lo estimaban pertinente. Finalmente, se inhibió de conocer del juicio por razón de cuantía.




  1. El actor en el principal interpuso recurso de apelación, del que conoció la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien revocó la sentencia recurrida y dejó a salvo los derechos de las partes, por no haberse integrado el litisconsorcio pasivo necesario en el principal. Cabe destacar que la Sala señaló que el juzgador de primera instancia no se encontraba facultado para ordenar la reposición del procedimiento en la reconvención, pues lo procedente era dejar a salvo los derechos de las partes para hacerlos valer en la vía y forma que legalmente correspondiera.




  1. El apelante promovió juicio de amparo directo contra la resolución mencionada, el cual fue admitido y registrado con el número 457/2007 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. En lo tocante al tema de la presente contradicción, el órgano colegiado emitió las siguientes consideraciones:




    1. No existen elementos en autos para considerar que la relación procesal de la contienda planteada por la sociedad actora tuviera que integrarse necesariamente con algún litisconsorcio activo o pasivo.




    1. Por otro lado, constató la existencia de litisconsorcio pasivo necesario en el litigio reconvencional, en atención a la pretensión consistente en la nulidad del convenio base de la acción principal, suscrito por varios sujetos que se encuentran vinculados imprescindiblemente a su contenido, y por tanto, a su validez y eficacia, de manera que no es factible jurídicamente declarar la nulidad respecto de uno y dejar la prevalencia de validez respecto al otro.




    1. En ese sentido, señaló que la existencia del litisconsorcio es un presupuesto procesal relativo a los sujetos imprescindibles para la integración debida de la relación jurídica procesal de todos los procesos jurisdiccionales, por lo que su integración no depende de la voluntad de las partes, sino directamente de la ley procesal que es de orden público. De forma que el estudio de este presupuesto procesal, puede realizarse aún de manera oficiosa por las autoridades jurisdiccionales, y si en el curso del procedimiento se detecta la falta de integración debida de la relación procesal por la existencia de un litisconsorcio necesario, el juzgador de la instancia correspondiente debe subsanar esa irregularidad reponiendo el procedimiento. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. AL SER UN PRESUPUESTO PROCESAL, EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE MANDAR REPONER EL PROCEDIMIENTO OFICIOSAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE NO TODOS LOS INTERESADOS FUERON LLAMADOS AL JUICIO NATURAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE A PARTIR DE JULIO DE 2002)”.




    1. Además, en el análisis del caso específico, el órgano colegiado consideró que la existencia del litisconsorcio en un proceso puede presentarse en tres supuestos:




  • Cuando la integración de la relación procesal litisconsorcial necesaria ocurre en el litigio principal y en el reconvencional.

  • Tal composición sólo se suscita en el litigio principal.

  • Únicamente se da en la reconvención.




    1. Adujo, que la primera hipótesis debe ser tratada conforme a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia, es decir, existe una obligación de ordenar la reposición del procedimiento común. En cuanto a la segunda, señaló que igualmente debe ordenarse la reposición del procedimiento común para ambas controversias, pues si se presenta la necesidad de reponer el procedimiento por razones atinentes a la contienda principal, la reconvencional se ve atraída por esa medida y debe resolverse hasta que se decida la principal.




    1. En caso de que la falta de litisconsorcio se dé en la reconvención, el órgano colegiado consideró que la controversia principal no puede verse perjudicada por cuestiones atinentes a la reconvencional, pues durante el desarrollo de los procedimientos del proceso debe conservarse la condición implícita de la autorización de la reconvención, consistente en no causar perjuicios a su iniciador e impulsor fundamental. En ese sentido, estimó que lo procedente es decidir el fondo del asunto (en caso de que no falte algún presupuesto procesal) y en lo tocante al litigio reconvencional, dictarse una resolución inhibitoria, dejando a salvo los derechos para plantearlo en nueva demanda, porque la razón principal para la subsistencia de ese procedimiento quedó extinguida con la resolución del conflicto de origen.




  1. De los anteriores argumentos, derivó la tesis aislada con el rubro y texto que enseguida se reproducen:


LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN PROCESOS CON RECONVENCIÓN. SUS CONSECUENCIAS SI SE DETECTA EN LA ETAPA DE SENTENCIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene establecida jurisprudencia, en el sentido de que, si en el curso del procedimiento se detecta la falta de integración debida de la relación procesal, por la existencia de litisconsorcio pasivo necesario, sin haber vinculado al juicio a todos los litisconsortes, el juzgador debe ordenar la reposición del procedimiento. Este criterio resuelve el problema de los procesos en que se ventila únicamente un litigio, el planteado por el actor, donde el demandado se concreta a producir su defensa al respecto, pero no se ocupa de la situación peculiar de los litigios múltiples dentro de un mismo proceso, por la presentación de contrademanda. En estos procesos se pueden presentar tres supuestos: 1. Que la falta de integración de la relación procesal litisconsorcial necesaria ocurra en el litigio principal y en el reconvencional; 2. Que sólo se suscite en el litigio principal, y 3. Que únicamente se dé en la reconvención. En la primera hipótesis, el tratamiento debe ser el contemplado en la jurisprudencia de la Suprema Corte, para los procesos con litigio único, al no presentarse circunstancias esenciales diferentes. En la segunda se debe decretar la reposición del procedimiento común, para ambas controversias en la medida necesaria, en atención a la naturaleza jurídica de esos procesos, porque en ellos el creador e impulsor natural del proceso es el actor principal, mientras que el demandado queda sujeto necesariamente al del procedimiento iniciado por aquél, pero se le confiere la oportunidad de aprovecharlo para plantear un litigio distinto contra el demandante, generalmente conexo con el principal, en atención a la facilidad para hacerlo, sin ocasionar perjuicios al sujeto activo directo, así como por las múltiples ventajas que puede reportar esa acumulación sui géneris de causas, en beneficio de las partes y de la sociedad, como la economía procesal y la superación de las dificultades y problemas que podrían ocasionarse, si las cuestiones se ventilaran y decidieran en expedientes distintos y por separado, como sería, verbigracia, en el caso de condena recíproca, la compensación de obligaciones, que podría entorpecer los procedimientos de ejecución de sentencia, con la sustanciación y decisión de excepciones, fundadas por los ejecutados en las respectivas ejecutorias favorables, pues todo esto hace patente que la finalidad fundamental y preponderante, en estas situaciones, consiste en resolver el litigio principal, y mientras éste subsista, al reconvencional le corresponde la calidad de subordinado, y en consecuencia queda sujeto a los avatares procesales del primero. Por tanto, si se presenta la necesidad de reponer el procedimiento por razones atinentes a la contienda principal, la reconvencional se ve atraída por esa medida y debe resolverse hasta que se decida aquélla. En cambio, precisamente por las razones expuestas, en la última hipótesis enunciada, la controversia principal no se debe ver perjudicada con una larga dilación, por cuestiones correspondientes a la reconvención, porque durante todo el desarrollo de los procedimientos del proceso debe conservarse la condición implícita de la autorización de la reconvención, consistente en no causar perjuicios a su iniciador e impulsor fundamental, de modo que en esta hipótesis sí procede la escisión de las causas para proveer, en cada una, lo que legalmente corresponda. En cuanto al litigio principal, lo correspondiente será decidir el fondo del asunto, si no falta algún otro presupuesto procesal. Empero, tocante al litigio reconvencional, lo procedente debe ser el dictado de una resolución inhibitoria, dejando a salvo los derechos para plantearlo en nueva demanda, porque la razón principal para la subsistencia de ese procedimiento quedó extinguida con la resolución del conflicto al que se adhirió, ante lo cual no se puede ordenar su reposición, con mayor razón si se tiene presente que la validez de ese procedimiento original constituye un elemento sine qua non para la de la sentencia de fondo del litigio principal”.1



  1. Ahora bien, conforme lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita ya pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: “CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA2, puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.




  1. Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los tribunales colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los tribunales colegiados.




  1. Por ello, para comprobar la existencia de una contradicción de tesis será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales.




  1. En esa línea de pensamiento, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación –que no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplen los siguientes requisitos:




  1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.




  1. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general;




  1. El discernimiento expuesto, es tomado y resulta complementario del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 72/20103.




  1. Por otro lado, cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis L/94, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS”, emitida por el Pleno de esta Suprema Corte4.



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