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CORTE DE APELACIONES DE ARICA

CONSULTA ESTADOS DE RECURSOS DETALLE RESOLUCION



RECURSO : 126/2003 - RESOLUCION : 5594 - SECRETARIA :

Arica, diecinueve de diciembre de dos mil tres. VISTOS: A fojas 56 comparece el Abogado Sr. Heriberto Reyes Carrasco, en su calidad de Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Arica del Ministerio Público, interponiendo recurso de nulidad con el objeto de invalidar el Juicio Oral de fecha 20 de Octubre de 2003 y la sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal Oral en lo Penal de Arica, integrado por los Sr. Jueces ya individualizados fundado en las causales del artículo 373, letra b) y 374 letra e) del Código Procesal Penal, las cuales se invocan conjuntamente al tenor de lo dispuesto en el artículo 376 inciso segundo del mismo cuerpo legal desde que la sentencia recurrida junto con condenar a Luis Alejandro Monardes Tapia; Maria Teresa Michea Robledo determina absolver a los imputados Jacqueline Julia Díaz Heredia; Luis Antonio Marín Rojo, Luis Romelio Marín Flores de la acusación que le formulara el Ministerio Público, en la que los sindicaba como autores del delito de trafico ilícito de estupefacientes del artículo quinto en relación con el artículo primero de la ley 19.366. La sentencia recurrida condena: a LUIS ALEJANDRO MONARDES TAPIA y a MARIA TERESA MICHEA ROBLEDO, a la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo y a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo respectivamente, cada uno de ellos; mas el pago de una multa de 20 UTM cada uno por el delito de trafico ilícito de estupefacientes establecido en el artículo quinto en relación con el artículo primero inciso primero de la ley 19.366, hecho perpetrado en Arica el 22 de Enero de 2003. Se impone además a cada uno de los condenados la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos; oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares por el tiempo que dure la condena, siendo esta ultima aplicable solo a María Teresa Michea Robledo. Continua la sentencia recurrida dictaminando que se absuelve de la acusación que formulara el Ministerio Público contra otros tres imputados que los sindicaba como autores del mismo delito ya señalado, sorprendido en Arica el 22 de Enero del 2003. A fojas 20, comparece el Abogado don Carlos Verdejo Galleguillos, en representación del acusado LUIS ALEJANDRO MONARDES TAPIA y deduce recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de la ciudad de Arica en esta causa, con fecha Veintiocho de Octubre de Dos Mil Tres, mediante la cual se condenó a su representado a sufrir la pena de Cuatro años de presidio menor en su grado máximo y a las accesorias legales en su calidad de autor de un delito de tráfico ilícito de estupefacientes. Funda su recurso en las causales de nulidad tipificadas en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal en cuanto a la sentencia habría omitido el requisito previsto en el artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal. Subsidiariamente invoca como causal de su recurso la tipificada en la letra f) del artículo 374 del Código Procesal Penal por cuanto la sentencia se habría dictado con infracción a lo prescrito en el artículo 341del Código Procesal Penal. En cuanto a la primera causal invocada indica que esta se habría materializado durante el pronunciamiento de la sentencia desde el momento en que esta no se hace cargo en su fundamentación de toda la prueba producida durante el Juicio Oral, vulnerando de esta manera lo dispuesto en el artículo 342 letra c) del mismo cuerpo legal en cuanto la sentencia no contiene la valoración de los medios de prueba que fundamentan sus conclusiones de conformidad con el artículo 297 del Código citado. La segunda causal, amparada en el artículo 374 letra f), se apoya en el supuesto que el Ministerio Público solo pidió se condene al imputado LUIS ALEJANDRO MONARDES TAPIA a una pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio y el Tribunal terminó condenándolo a una pena mucho mayor a la solicitada por el acusador faltando así, según su opinión al principio de la cong ruencia lo que tipifica la causal invocada. Concluye solicitando que se acojan sus peticiones, la una, subsidiariamente con la otra y en definitiva se anule el juicio oral realizado disponiendo la celebración de un nuevo juicio oral por Tribunal no inhabilitado al efecto determinando que el estado en el que debe quedar el procedimiento sea el de haberse dictado auto de apertura por parte de la Juez de Garantía doña MARIA DEL PILAR LABARCA ROCCO. A fojas 35 concurre el Abogado Sr. EDUARDO H RODRÍGUEZ MUÑOZ, Defensor Penal Público en representación de la imputada doña MARIA TERESA MICHEA RODRÍGUEZ deduciendo recurso de nulidad en contra de la sentencia ya referida dictada por el mismo Tribunal Oral en la que se condena a su representada a la pena de cinco años y un día de presidio menor en su grado mínimo; multa de 20 UTM y accesorias legales como autora del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, si ninguno de los beneficios de los contemplados en la Ley 18.216. Fundamenta su recurso en la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal desde que, según su criterio la sentencia recurrida incurre en la causal prevista en el artículo 347 letra e) del Código Procesal Penal desde que se resuelve que la acusada MARIA MICHEA ROBLEDO se le acredite su participación, cabalmente demostrada mas allá de toda duda razonable con la prueba rendida por la Fiscalía, haciendo además otras consideraciones respecto de ese mismo hecho. Concluyen solicitando se conceda el recurso, se acoja y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 385 del Código Procesal Penal se anule la sentencia recurrida dictándose separadamente la nueva sentencia absolutoria de reemplazo. En cuanto al primero de los recursos, esto es el deducido por el Ministerio Público a fojas 56 cabe indicar que el recurrente alude a que la causal del artículo 374 letra b) del Código Procesal Penal se materializo en el momento en que pronuncia la sentencia haciendo en ese acto una errónea aplicación del derecho lo que influyo sustancialmente en lo dispositivo del fallo cuando esta sentencia absolvió a dos imputados por los argumentos y razonamientos contenidos en los considerandos décimo tercero; décimo cuarto y décimo séptimo del mismo, ya que los sentenciadores concluyen que desde el momento en que la droga fue incautada por la Policía; pesada, sellada y rotulada se detuvo el curso causal del ilícito. En consecuencia las acciones desplegadas con posterioridad nunca tuvieron la posibilidad de poner en peligro el bien jurídico protegido esto es, la salud pública, fallando así un elemento esencial del delito que consiste en la afectación del señalado bien jurídico. Concluye que los conductos desarrollados no fueron idóneos para la tipificación del delito de tráfico ilícito de estupefacientes ya que la entrega vigilada como tal, no cumplía con los requisitos que la ley exige al ser efectuada directamente por la Policía y no por el acusado Monardes Tapia. Este acto no implica vigilancia sino participación directa de la Policía en ello, lo que esta prohibido por la ley. Continua el recurrente señalando que a juicio del sentenciador el delito se encontraba agotado desde que el objeto material del delito estaba en poder de la Policía de Investigaciones. Así, nunca estuvo en peligro la salud pública por lo que no existe amenaza al señalado bien jurídico faltando un elemento indispensable del ilícito investigado; no pudo haber delito y en consecuencia se absuelve a los imputados. El recurrente estima que los sentenciadores cometieron tres errores en la aplicación del derecho, a saber: a) Sancionar en forma independiente a cada uno de los acusados según la etapa o punto de intervención de estos en el desarrollo del trafico ilícito; b) Pretender sancionar en forma independiente a cada uno de los acusados, según la etapa o punto de intervención en el desarrollo del tráfico ilícito y c) Entender que el bien jurídico forma parte del tipo penal y que el delito de tráfico ilícito es un delito de peligro concreto. En el primer punto, indicó que el error surge al no considerar que el ilícito investigado es un delito de emprendimiento, en el cual lo que lo que se castiga es el trafico y no solo el de aquella droga con la que efectivamente se ha descubierto o aprehendido un sujeto, sino que va más allá, cubriendo las etapas de adquisición, transporte y entrega a su destinatario final por lo que estas no podrán separarse independientemente para ser castigadas como una unidad desmembrada del todo. Eso sería, a juicio del recurrente el error de derecho en el que el incurren los sentenciadores. Apoya su tes is en doctrina de otros fallos en el que se ha resuelto que el delito del artículo quinto de la ley 19.366 es un delito de emprendimiento que se perfecciona desde que se ejecuta un acto enderezado directamente a la difusión del estupefaciente como ocurre, con el traslado y transporte de la sustancia de un punto a otro con el propósito de comercializarlo en un punto en que el ultimo o trasferirlo a terceros a cualquier titulo. El carácter de emprendimiento del delito de trafico de droga se deduce no solo del inciso segundo del artículo quinto de la ley 19.366, sino también del artículo 24 del mismo cuerpo legal que equipara la tentativa con la consumación del delito. Concluye que la tesis de la interrupción del curso causal por la interceptación de la droga y por estar controlado por la Policía al momento de la entrega vigilada no es procedente ya que lo que se castiga es el trafico, y aquel existe y se consuma desde que se descubre el porte y transporte de la sustancia. El recurrente continua diciendo que en el segundo error de derecho en el que incurre la sentencia consiste en entender que el bien jurídico protegido forma parte del tipo penal y que el delito de trafico ilícito es un delito de peligro concreto: Al respecto argumenta que el delito investigado, si bien no requiere comercialización de la droga, implica difusión de la misma a cualquier titulo, es decir, solo se requiere transferencia a terceros o un propósito claramente evidenciado de efectuarla. Así, en el delito investigado, no es elemento del tipo la afectación real y concreta del bien jurídico salud pública. No podría hablarse falta de tipicidad en lo obrado por parte de los absueltos Marin Flores y Marin Rojo, ya que el delito se consuma desde que se concertan con Monardes para trasladar la droga a Coquimbo, presumiéndose el trafico por haberse acreditado dicho transporte siendo en consecuencia el peligro de difusión el que configura la afección abstracta a la salud pública que es el bien jurídico protegido; de allí entonces, el medio de transporte y la forma de transportarla no afecta al raciocinio anterior por cuanto el peligro abstracto del delito de tráfico de droga siempre existió respecto de los procesados absueltos que estaban concertados para recibirlo. Continua señal ando que el tercer error de la sentencia fue el hecho de estimar que la entrega vigilada no se ajusto a lo dispuesto en el artículo 29 de la ley 19.366. En efecto señala que es errónea la tesis sustentada por los sentenciadores cuando estos concluyen que la droga destinada a Marin Rojo y Marin Flores nunca estuvo en posibilidad de convertirse en peligro de salud pública ya que siempre estuvo en poder de la Policía. Así entonces es erróneo estimar que la entrega vigilada es una prueba para acreditar el delito y no una técnica de investigación de la ley 19.366, omitiendo el hecho que el delito estaba acreditado desde el momento en que se acredito la droga sin perjuicio de las demás pruebas introducidas durante el desarrollo del proceso. El hecho de haberse pesado, sellado y rotulado por parte de los funcionarios policiales al momento de la incautación y transportada a Coquimbo por los mismos Policías para ser entregado a Marin Rojo y Marin Flores, no habría infringido, a juicio del recurrente la disposición del artículo 29 ya aludido por cuanto dicha norma legal permite al Ministerio Público adoptar todas las medidas para vigilar las especies y bienes a que se refiere el inciso primero de la norma, como así mismo protege a todos los que participen en la operación, siendo estas facultades las que permiten que la droga sea pesada y sellada y rotulada a objeto de facilitar su vigilancia, autorizando además a que la Policía participe en su transporte y custodia previa a la entrega vigilada como así mismo acompaña al encargado eficaz tanto para su vigilancia como para su protección. En la especie y dado que el texto legal no indica en que consiste la circulación vigilada de droga ilícita, se concluye que la norma no impide que la Policía viaje con el cooperador eficaz, suponiendo esta vigilancia incluso la custodia de la droga hasta el momento de la entrega propiamente tal. En este punto hace presente el recurrente que la Policía no participo en la entrega en Coquimbo ya que solo mantuvo la vigilancia necesaria para impedir la fuerza del cooperador eficaz y los acusadores encargados de recepcionar la droga hecho que se encuentra acreditado en proceso. La errónea aplicación del derecho que influyo en lo dispositivo del fallo consistió según el recurrente, en que todos los actos desplegados por la polic 'eda después de la incautación de la droga no fueron eficaces para configurar el ilícito investigado y por ello se absolvió a Luis Antonio Marín Rojo y Luis Romelio Marín Flores. Como segundo motivo de la causal de nulidad, se esgrime la del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal desde que la sentencia omitió alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letra c) del mismo cuerpo legal cuando no expone clara, lógica y completamente, cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados y la valoración de los medios de prueba que fundamentan dicha conclusiones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 norma esta ultima que entrega el tribunal la libertad para apreciar la prueba mientras no contravenga los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente probados, imponiendo al tribunal la obligación de hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso la que desestime y que no le produce convicción alguna, debiendo indicar las razones que tuvo en cuenta para ello. Agrega que el tribunal solo se limitó en el considerando quinto letra e) de la sentencia a indicar que incluía diversos elementos de prueba sin razón sobre la misma incurriendo con ello en la causal de nulidad invocada por el recurrente en este capitulo. Por ultimo estima que el sentenciador incurrió en una falta de fundamentación lógica de las conclusiones a los que llega en torno a la inexistencia del dinero incautado en esta investigación, lo que estaría en absoluta contradicción con la prueba rendida ya que esta da cuenta de la existencia del dinero y su transferencia, por lo que las conclusiones del tribunal no se ajustan a los requisitos del artículo 297 del Código Procesal penal. Finaliza solicitando concretamente que se acojan las causales de nulidad esgrimidas, ordenándose además la realización de un nuevo juicio oral por los motivos expuestos precedentemente. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO 1.- En cuanto al recurso de nulidad deducido por el fiscal adjunto del Ministerio Público. PRIMERO: Que, como se señaló en la parte expositiva, el mismo se funda en la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, desde que en el pronunciamiento de la sentencia incur rió en una errónea aplicación del derecho que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo y, a consecuencia de la cual, se absolvió de la acusación de tráfico ilícito de estupefacientes a los imputados. SEGUNDO: Que tal y como lo señala el recurrente, el considerando décimo tercero de la sentencia le restó eficacia jurídica a la diligencia de entrega vigilada, ya que en concepto de los Jueces recurridos desde que se manipula la droga incautada, esto es, al rotularse, se le fija y sella por parte de la Policía de Investigaciones, el objeto material de delito quedó solo en poder de ésta, de manera tal que el porte y tenencia de la misma hasta la ciudad de Coquimbo nunca pudo poner en peligro el bien jurídico protegido por la ley, esto es, la salud pública, ya que aparte de la interrupción del decurso, la droga dejó de estar en el comercio humano y, por lo tanto, nunca pudo afectarse el referido bien jurídico. Faltando ese elemento indispensable en el ilícito, no se pudo configurar, a partir de ese momento, el delito por lo que las conductas desarrolladas con posterioridad a ello, resultaron inconducentes para la tipificación del delito. El considerando décimo cuarto hace presente además, que en la especie, no se ha dado la figura de la entrega vigilada contemplada en el artículo 29 de la ley 19.366, ya que el traslado de la droga hasta la ciudad de Coquimbo no se efectuó por el acusado confeso sino por la Policía de Investigaciones, la que siempre mantuvo en su poder y custodiada la droga, careciendo de importancia si en ese viaje fue acompañado por el acusado MONARDEZ, siendo este último quien debió haber ejecutado las acciones con el propósito de individualizar a las personas que participan en la ejecución del ilícito correspondiendo a la Policía solo la vigilancia de todo el proceso. Los sentenciadores apoyan su tesis en la convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas suscrita en Viena el 20 de Diciembre de 1988, aprobada por Decreto Supremo Nº 543 del 31 de Mayo de 1990,publicado en Diario Oficial de 20 de Agosto de 1990, norma legal que dispone que la entrega vigilada deba hacerse con el conocimiento y bajo la supervisión de las autoridades competentes, circunstancia que esta última que a juicio de los sentenciadores impediría que ésta pueda realizarse directamente por la Policía como ha sucedido en la especie, lo que debió hacerse por el propio delincuente quien debe actuar bajo la supervisión y vigilancia de la policía. En lo concerniente a los acusados absueltos -continúa el fallo en su considerando décimo séptimo- se tiene presente que la droga fue incautada y trasladada el 22 de enero de 2003, por lo que conforme al criterio de los sentenciadores, el delito se agotó, y dado que la detención de otros imputados se produjo tres días después que la droga se encontraba custodiada por la Policía de Investigaciones, no se puede poner en peligro el bien jurídico protegido, la salud pública y, por ende, no puede existir delito, por lo que concluye que debe absolverse a esos acusados. Arriban a tal conclusión ya que no obstante ser el ilícito investigado de aquellos denominados de peligro, cuando cesa este peligro, no existiría la tipicidad. En cuanto a la suma del dinero que se le habría entregado a Monardes Tapia, los sentenciadores dudan de su existencia ya que no existe antecedente alguno ni en el auto de apertura del juicio oral así como en el desarrollo del mismo, que tal dinero haya sido incautado de modo que no se pudo haber cancelado dinero alguno por la sustancia. TERCERO: Que cabe dilucidar entonces si efectivamente cuando los sentenciadores absuelven, efectúan una errónea aplicación del derecho, lo que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En tal sentido y analizando los antecedentes expuestos precedentemente este Tribunal de Alzada concluye que efectivamente este error se produjo desde que los sentenciadores, distinguen dos etapas en la secuencia del hecho, antes y después de la incautación de la droga. Al respecto se coincide con el Ministerio Público en el sentido que el delito de tráfico ilícito de estupefacientes es un delito de emprendimiento, que de conformidad lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 19.366, se castiga como consumado, desde que hay principio de ejecución y, por lo tanto no es dable ni lógico concluir que este puede dividirse en etapas, ya que la incautación y la entrega vigilada, formaban parte de la investigación, lo que no altera las consecuencias del delito. En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta que el fin último de el acusado Monardes Tapia era el de transportar la droga hasta la cuidad de Coquimbo en donde le esperaban los supuestos compradores. Si en el íntertanto fue interceptado por la policía, la cual, obedeciendo instrucciones del Ministerio Público impartidas de conformidad al artículo 29 de la ley en comento, planifica y despliega la técnica de investigación conocida como Entrega Vigilada, ese hecho o diligencia no es motivo para determinar que en este caso hubo etapas distintas en la ejecución del delito ya que razonar en contrario haría imposible la investigación y posterior intervención por parte de los organismos competentes encargados de prevenir la comisión de estos ilícitos. Por lo demás, el hecho que el objeto material haya quedado en poder de la policía no implica de modo alguno que esta droga no haya podido permanecer en el comercio humano ya que esta característica, la de permanecer o no en el comercio humano, no la da la circunstancia de su custodia. La comercialización de ella es ilícita por el solo mandato de la ley en los términos de los artículos 1 y 5 de la Ley Nr.19.366. CUARTO: Que, en cuanto a lo afirmado por los sentenciadores, en orden a que por el hecho de encontrarse rotulada, sellada y custodiada la droga, dejó de existir un peligro para la salud pública y, por ende, no podría existir delito, ya que la entrega vigilada no podría configurarlo porque ya se había extinguido al incautarse y custodiarse los elementos materiales del mismo, esta Corte no comparte dicha tesis puesto que el peligro para la salud pública nace con la comisión del delito; el tráfico que es uno solo y se castiga como consumado desde que hay principio de ejecución, por lo tanto resulta natural y obvio que la consumación del mismo, acabaría con la entrega al destinatario último del alcaloide en el punto final de destino, así la diligencia de entrega vigilada no tuvo el mismo efecto de interrumpir el peligro para la salud pública que la ley entiende como uno solo, máxime si el verbo rector del delito es el tráfico, esto es la comercialización y difusión de droga, sin autorización competente, a cualquier título. Comete el delito entonces no sólo quien la transporta sino quien además ofrece y se concierta para adquirirla finalmente. QUINTO: Que, en lo que dice relación con la eficacia legal de la diligencia de entrega vigilada que se llevó a efecto en la investigación, estos sentenciadores no concuerdan con el criterio de los Jueces recurridos, en primer lugar, porque la propia sentencia reconoce en su considerando Décimo, que cuando cinco Funcionarios Policiales viajan a la ciudad de La Serena acompañados del portador de la droga, durante el viaje, este último, utilizando un teléfono celular, se comunica con terceros, con el fin de concertar la entrega del alcaloide, lo que se efectúa en la ciudad de Coquimbo en un sitio previamente acordado, hecho que permite la detención de los otros dos sujetos, que resultaron ser los compradores. En segundo lugar, por cuanto se debe tener presente que la entrega vigilada rindió sus frutos como técnica de investigación. Constituye un medio para suspender con éxito los efectos de un delito haciendo un seguimiento de las mercancías de tráfico o comercialización ilícitas con el objeto de indagar una red de distribución o venta de una organización criminal. La misma Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes de 1988, a que ha hecho referencia el fallo recurrido, la define como aquella técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas de estupefacientes o sustancias psicotrópicas salgan del territorio de uno o más países, lo atraviesen o entren en el conocimiento y bajo la supervisión de autoridades competentes con el fin de identificar a la persona involucrada en la comisión de delito tipificado de conformidad al párrafo primero del artículo tercero de la presente Convención. La entrega vigilada entendida a la luz del artículo 29 de la ley 19.366, no constituye otra cosa que una diligencia de investigación que tiene por objeto lo ya indicado y dado que el legislador no regula la forma material ni la persona que debe ejecutarla físicamente, ya sea el delincuente o el agente encubierto, es dable concluir, al tenor de la norma referida, que es atribución exclusiva del Ministerio Público adoptar las medidas necesarias para vigilar las especies objeto del delito, coordinar y ordenar quien y como debe hacerse esta entrega para lograr éxito en la investigación y en el caso que nos ocupa, el hecho que la droga haya sido transportada por la policía y no el delincuente, no le resta eficacia a la diligencia, primero, en atención a que así se evita el rompimiento de la cadena de custodia y, segundo, si se está actuando en cumplimiento de órdenes emanadas de la autoridad competente, dentro de marco de una investigación legalmente iniciada, se concluye no sin razón que estas actuaciones fueron eficaces para lograr el objetivo para el cual se empleó, esto es, la individualización y detención de los otros partícipes en el delito, circunstancia que de no mediar esta técnica de investigación jamás podría haberse descubierto, quedando entonces frustrada la misma sin posibilidad de concluirla con éxito. Se acogerá en consecuencia el recurso por este motivo, ya que al no haber razonado de esta manera la sentencia incurre en la causal tipificada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal. SEXTO: Que estos sentenciadores no se harán cargo del resto de las argumentaciones del recurso deducido por el Ministerio Público ni de los recursos de nulidad promovidos por la Defensoría Penal Pública, porque el artículo 386 del Código Procesal Penal obliga a anular la sentencia y disponer la realización de un nuevo Juicio Oral. Por las anteriores consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 372, 373, 376 y 384 del Código Procesal Penal, se resuelve: Que se ACOGE el recurso de nulidad interpuesto a fojas 56 de estos antecedentes, por el Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Arica del Ministerio Público en contra de la sentencia de fecha veintiocho de octubre de dos mil tres, dictada por el Tribunal Oral en Lo Penal de Arica, integrado por los Jueces Sres. JULIO AGUILAR FUENTES, RODRIGO OLAVARRIA RODRÍGUEZ Y MARIA VERÓNICA QUIROZ FUENZALIDA, debiendo en consecuencia retrotraerse la causa hasta el estado de notificarse a los intervinientes la resolución que ordene una nueva audiencia de realización de un nuevo juicio oral por los jueces no inhabilitados que corresponda, por haber incurrido la sentencia recurrida en una errónea aplicación del derecho, lo que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo de conformidad a lo establecido en la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal. Regístrese y devuélvase. Redacción del Abogado Integrante Sr. Hans Duarte Fernández Rol Nº 126-2003.


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