Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Cantos Vs. Argentina Sentencia de 28 de noviembre de 2002



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Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Cantos Vs. Argentina

Sentencia de 28 de noviembre de 2002

(Fondo, Reparaciones y Costas)

En el caso Cantos,


la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”), integrada de la siguiente manera:
Antônio A. Cançado Trindade, Presidente;

Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente;

Máximo Pacheco Gómez , Juez;

Hernán Salgado Pesantes, Juez;

Oliver Jackman, Juez;

Sergio García Ramírez, Juez;

Carlos Vicente de Roux Rengifo, Juez; y

Julio A. Barberis, Juez ad hoc;


presentes, además,
Manuel E. Ventura Robles, Secretario; y

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario Adjunto,


de acuerdo con los artículos 29 y 55 de su Reglamento (en adelante “el Reglamento”)1, dicta la siguiente sentencia.

I

introducción de la causa
1. El presente caso contra la República Argentina (en adelante “el Estado” o “la Argentina” o “el Estado argentino”) fue sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) el 10 de marzo de 1999. La demanda de la Comisión tiene su origen en la denuncia N° 11.636 recibida en su Secretaría el 29 de mayo de 1996.

II

procedimiento ante la comision

2. Ese día la Comisión recibió una denuncia por supuestas violaciones a los derechos humanos del señor José María Cantos. El 13 de junio de 1996 la Comisión remitió al Estado las partes pertinentes de la denuncia y le solicitó la correspondiente respuesta. Entre julio y octubre de 1996 los denunciantes ampliaron la denuncia, cuyos términos fueron transmitidos igualmente al Estado. Este último solicitó varias prórrogas, que fueron autorizadas por la Comisión. Finalmente, el Estado respondió el 23 de diciembre de 1996 pidiendo se declarara inadmisible la reclamación. Al día siguiente, la solicitud argentina fue comunicada a los peticionarios, quienes presentaron su réplica el 16 de enero de 1997. A su vez, esta réplica fue transmitida a la Argentina el 22 de enero siguiente.


3. El 4 de marzo de 1997 se celebró una audiencia en la que las partes expusieron los hechos y el derecho aplicable. El 6 de marzo siguiente, el señor Cantos presentó una información adicional de la que surgiría que había sido objeto de nuevas y desproporcionadas regulaciones de honorarios en el ámbito interno, razón por la cual pidió la adopción de medidas cautelares. En consecuencia de ello, el 11 de marzo de 1997 la Comisión adoptó medidas cautelares tendientes a suspender la ejecución judicial de los bienes del señor Cantos.
4. El 13 de marzo de 1997 la Comisión se puso a disposición de las partes con el propósito de alcanzar una solución amistosa y, en ese sentido, convocó a una audiencia el 6 de octubre de 1997. Tres días después el Estado argentino informó que no le resultaba posible acceder a la propuesta de solución amistosa formulada durante la mencionada audiencia. El 3 de noviembre de 1997 los peticionarios informaron a la Comisión que, a su criterio, no existían, por el momento, las condiciones para alcanzar una solución amistosa y solicitaron que continuara el trámite del caso. Dicha información fue transmitida al Estado.
5. El 28 de septiembre de 1998 la Comisión aprobó el Informe N° 75/98, en el cual concluyó que la Argentina había violado los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial amparados por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana y el derecho a la propiedad privada establecido en su artículo 21, “todos ellos con relación a la obligación de dicho Estado de respetar, investigar, sancionar y restablecer los derechos violados de que trata el artículo 1 (1) del citado instrumento”. La Comisión consideró también que el Estado había violado en perjuicio del señor Cantos el derecho a la justicia y el derecho de petición enunciados en los artículos XVIII y XXIV de la Declaración Americana. La parte dispositiva del Informe N° 75/98 dice así:
A. Recomendar que el Estado argentino restablezca al señor José María Cantos en la plenitud de sus derechos y, entre otras medidas, lo repare e indemnice adecuadamente por las violaciones mencionadas […].
B. Transmitir el […] informe al Estado y otorgar un plazo de 2 meses para que adopte las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la recomendación precedente. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Convención Americana, el Estado no está autorizado para publicar el presente informe.
C. Notificar a los peticionarios de la aprobación de un informe bajo el artículo 50 de la Convención Americana en el presente caso.

6. La Comisión transmitió al Estado el mencionado informe el 10 de diciembre de 1998. Sin embargo, éste no dio respuesta alguna sobre las recomendaciones adoptadas.


iii


procedimiento ante la corte
7. El 10 de marzo de 1999 la Comisión presentó su demanda ante la Corte Interamericana (supra 1) fundada en los hechos siguientes:


  1. A comienzos de la década de 1970, el señor José María Cantos era dueño de un importante grupo empresarial en la Provincia de Santiago del Estero de la Argentina (en adelante “la Provincia” o “Santiago del Estero”), el cual estaba integrado por las firmas Citrícola del Norte, Canroz S.A., José María Cantos S.R.L., Rumbo S.A., José María Cantos S.A., Miguel Ángel Cantos S.A. y Marta Inés S.A. Además, el señor Cantos era el accionista principal de la Radiodifusora Santiago del Estero S.A.C. y del Nuevo Banco de Santiago del Estero y titular de bienes inmuebles urbanos y rurales en la mencionada provincia.

b) En marzo de 1972, la Dirección General de Rentas de la Provincia, con base en una presunta infracción a la Ley de Sellos2, realizó una serie de allanamientos en las dependencias administrativas de las empresas del señor Cantos, y secuestró, sin inventariar, la totalidad de la documentación contable, libros y registros de comercio, comprobantes y recibos de pago de dichas empresas con terceros y firmas proveedoras, así como también numerosos títulos valores y acciones mercantiles.




  1. Como consecuencia de los allanamientos, se produjo un perjuicio económico debido a la imposibilidad de operación de las mencionadas empresas por falta de los títulos correspondientes, y también por la imposibilidad de oponer defensas ante ejecuciones judiciales intentadas por terceros exigiendo el pago de obligaciones ya canceladas.




  1. Desde marzo de 1972 el señor Cantos planteó distintas acciones judiciales en defensa de sus intereses. Así, en esa fecha presentó una denuncia penal contra el Director General de Rentas de la Provincia. Dos meses después interpuso un recurso de amparo, con resultados infructuosos. El 10 de septiembre de 1973 presentó una reclamación administrativa previa a la demanda judicial ante el Interventor Federal de la Provincia tendiente al reconocimiento de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencias de los allanamientos y la retención de la documentación comercial realizados por los funcionarios de la Dirección General de Rentas de la Provincia. El monto de ese perjuicio se calculó en 40.029.070,00 pesos (cuarenta millones veintinueve mil setenta pesos) de la ley 18.1883. Esta reclamación fue ampliada el 23 de mayo de 1974, ocasión en que el perjuicio fue estimado en 90.214.669,10 pesos (noventa millones doscientos catorce mil seiscientos sesenta y nueve pesos con diez centavos) de la ley 18.188. Debido a la falta de respuesta, el señor Cantos solicitó el 6 de junio de 1974 y el 26 de abril 1976 el “pronto despacho” de la reclamación administrativa.




  1. Con motivo de las acciones judiciales intentadas por el señor Cantos, éste fue objeto de “sistemáticas persecuciones y hostigamientos por parte de agentes del Estado”. Así, el señor Cantos fue detenido e incomunicado en más de treinta ocasiones por agentes policiales. Los hijos del señor Cantos, menores de edad en aquella época, fueron detenidos en varias oportunidades. Incluso, la residencia de la familia Cantos tuvo apostados agentes de policía de manera permanente para impedir la entrada o salida de cualquier persona. Según el registro de antecedentes diligenciado por la Policía de la Provincia de Santiago del Estero, entre 1972 y 1985 se abrieron contra José María Cantos diecisiete causas diferentes por los delitos de estafa, defraudación y falsificación. El imputado fue sobreseído en todos los casos.




  1. El 15 de julio de 1982 José María Cantos llegó a un acuerdo con el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero en el que este último reconoció una deuda para con un grupo de empresas de aquél, fijando un monto indemnizatorio y una fecha de cumplimiento de la obligación.




  1. El 4 de julio de 1986, ante el incumplimiento de lo pactado por la Provincia de Santiago del Estero el 15 de julio de 1982 y habiendo concluido el plazo estipulado, el señor Cantos presentó una demanda contra dicha provincia y contra el Estado argentino ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El monto de la reclamación era de 130.245.739,30 pesos (ciento treinta millones doscientos cuarenta y cinco mil setecientos treinta y nueve pesos con treinta centavos) de la ley 18.188. Este resultó de actualizar, de acuerdo al valor del dólar estadounidense, lo reclamado el 23 de mayo de 1974 hasta el 31 de diciembre de 1984, más un interés del uno por ciento diario.




  1. El 3 de septiembre de 1996 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia rechazando la demanda e imponiendo el pago de las costas del juicio al señor Cantos. Esas costas ascendían aproximadamente a US$140.000.000,00 (ciento cuarenta millones de dólares de los Estados Unidos de América).

8. La Comisión Interamericana expuso el petitorio de su demanda en los términos siguientes:


Con fundamento en la denegación de justicia de que ha sido víctima el señor José María Cantos por parte de las autoridades argentinas, las que de manera arbitraria se abstuvieron de reparar de manera efectiva los graves perjuicios que le fueran ocasionados por agentes del Estado, la Comisión solicit[ó] a la Honorable Corte que dicte sentencia en el presente caso, declarando que el Estado argentino violó y continúa violando los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, protegidos por los artículos 8 y 25 de la Convención y el derecho a la propiedad reconocido por el artículo 21 de la misma, todos ellos con relación a la obligación de dicho Estado de respetar, investigar, sancionar y restablecer los derechos violados de que trata el artículo 1 (1) del citado instrumento.
Igualmente, la Comisión solicit[ó] a la Honorable Corte que:
1. Declare que el Estado ha violado en perjuicio del señor Cantos los siguientes derechos consagrados en la Declaración Americana: el derecho a la justicia (artículo XVIII) y el derecho de petición (artículo XXIV).
2. Declare, con fundamento en el artículo 2 de la Convención y con base en el principio pacta sunt servanda reconocido en la jurisprudencia de la Corte, que el Estado argentino ha violado el artículo 50 (3) de la Convención, al incumplir las recomendaciones formuladas por la Comisión en su Informe No. 75/98.
3. Ordene al Estado argentino el restablecimiento en plenitud de los derechos del señor José María Cantos y, entre otras medidas, se lo repare e indemnice adecuadamente por las violaciones mencionadas, conforme a lo establecido en el artículo 63 (1) de la Convención. La adecuada indemnización compensatoria debe comprender el daño material, psicológico y moral actualizado.
4. Ordene al Estado argentino el pago de las costas de la instancia internacional, incluyendo tanto los gastos ocasionados en el procedimiento llevado a cabo ante la Comisión, cuanto los que ocasionará este proceso ante la Corte, así como los honorarios de los profesionales que asisten a la Comisión en la tramitación del presente caso, solicitando que en el momento procesal que corresponda se sirva abrir un incidente especial para que la Comisión pueda detallar los gastos que la tramitación del presente caso ha generado al señor Cantos y fije honorarios razonables a los profesionales intervinientes y a los expertos contables con el propósito de que sean debidamente reembolsados por el Estado argentino.
5. Declare que el Estado argentino debe reparar e indemnizar todos los efectos perjudiciales de la sentencia dictada por el tribunal interno, en tanto violatoria de una norma internacional.
9. La Comisión designó como delegados a los señores Robert K. Goldman, Carlos M. Ayala Corao y Germán J. Bidart Campos, y como asesores jurídicos a la señora Raquel Poitevien y al señor Hernando Valencia Villa. Además, la Comisión acreditó en calidad de asistentes a las señoras Susana Albanese, Viviana Krsticevic y María Claudia Pulido, y a los señores Emilio Weinschelbaum, Martín Abregú y Ariel Dulitzky.
10. El 16 de abril de 1999 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) la transmitió al Estado y a la presunta víctima.
11. El 19 de mayo de 1999 la Argentina designó como agente en este caso a la Embajadora María Matilde Lorenzo Alcalá de Martinsen y como agente alterno al señor Luis Ugarte. El 31 de marzo de 2000 la Argentina revocó estas designaciones y nombró como agente al señor Ernesto Alberto Marcer y como agente alterno al Embajador Leandro Despouy. Nuevamente el 24 de mayo de 2001 la Argentina sustituyó sus representantes y designó como agente a la señora Andrea G. Gualde y como agente alterno a la señora María Rosa Cilurzo. El 6 de junio de 2002 el Estado comunicó que efectuaba un cambio en su representación y que designaba como su nueva agente alterna a la señora M. Luz Monglia.
12. El 19 de mayo de 1999 la Argentina nombró juez ad hoc al señor Julio A. Barberis.
13. El 17 de agosto de 1999, la Secretaría de la Corte recibió del Estado la contestación de la demanda.
14. El 29 de noviembre de 1999 y el 6 de abril de 2000, autorizados por el Presidente para esos efectos, la Comisión Interamericana y la Argentina, respectivamente, presentaron otros actos del procedimiento escrito sobre el fondo de este caso.
15. El 7 de septiembre de 2001 la Corte dictó una sentencia sobre excepciones preliminares y decidió continuar con el conocimiento del presente caso, luego de no admitir la primera excepción preliminar de incompetencia basada en el artículo 1.2 de la Convención Americana y admitir parcialmente la segunda excepción preliminar de incompetencia con fundamento en términos de la ratificación de la Convención y el reconocimiento de la competencia contenciosa de este Tribunal por parte de la Argentina.
16. El 14 de diciembre de 2001 la Corte otorgó a la Comisión Interamericana plazo improrrogable de un mes para la presentación de sus argumentaciones y prueba en relación con las eventuales reparaciones en el caso. Asimismo, el Tribunal solicitó a la Comisión que informara a los representantes de la presunta víctima que, si deseaban presentar sus argumentaciones y prueba sobre estas posibles reparaciones, podían hacerlo a través de la Comisión. El 9 de enero de 2002 los representantes de la presunta víctima presentaron sus argumentaciones y pruebas en relación con las reparaciones en el presente caso. Asimismo, informaron que ese mismo documento había sido enviado a la Comisión a efectos de cumplir con la solicitud de la Corte de 14 de diciembre de 2001.
17. El 14 de enero de 2002 la Comisión Interamericana remitió el escrito sobre reparaciones en el presente caso. Asimismo, adjuntó el escrito sobre reparaciones de los representantes de la presunta víctima, que ya había sido remitido a la Corte con anterioridad (supra 16).
18. El 16 de enero de 2002 la Secretaría transmitió el escrito de la Comisión Interamericana y el de los representantes al Estado y le informó, que contaba con un plazo perentorio de un mes para la presentación de sus observaciones y pruebas en relación con las eventuales reparaciones.
19. El 15 de febrero de 2002 el Estado presentó sus observaciones al escrito sobre eventuales reparaciones.
20. El 12 de abril de 2002 el Presidente resolvió convocar a las partes a una audiencia pública que se celebraría en la sede de la Corte el 17 de junio de 2002 para escuchar sus alegatos sobre las violaciones alegadas y las eventuales reparaciones, así como las declaraciones de los testigos propuestos por la Comisión Interamericana.
21. La audiencia pública tuvo lugar en la sede de la Corte en la fecha prevista y
comparecieron ante ella:
por la Comisión Interamericana:
Robert K. Goldman, delegado;

Germán Bidart Campos, delegado;

Raquel Poitevien, asesora jurídica;

Susana Albanese, asistente;

Emilio Weinschelbaum, asistente; y

Ariel Dulitzky, asistente.


por el Estado argentino:
Andrea G. Gualde, agente; y

Luz Monglia, agente alterna; y

Embajador Juan José Arcuri.
Testigos propuestos por la Comisión:
José María Cantos; y

María Retondo de Spaini.


22. El 24 de septiembre de 2002 la Secretaría transmitió a los intervenientes en la audiencia pública las partes pertinentes de la transcripción de la misma, con el fin de que corrigieran los errores materiales en los que se pudiera haber incurrido. Asimismo, les informó que el Presidente les había otorgado plazo hasta el 24 de octubre de 2002 para la presentación de sus alegatos finales escritos.
23. El 17 de octubre de 2002 el Estado se opuso a la presentación de alegatos finales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y solicitó que la Corte emitiera una resolución al respecto. Al día siguiente, la Corte respondió rechazando la solicitud del Estado.
24. Los escritos de alegatos finales escritos fueron presentados dentro del plazo otorgado por el Presidente.
La Comisión y la representación de la víctima presentaron el siguiente petitorio final:
a) Que dicte sentencia declarando que el Estado de Argentina violó y continúa violando los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, protegidos por los artículos 8 y 25 de la Convención, respectivamente y el derecho a la propiedad reconocido por el artículo 21 de la Convención, todos ellos con relación a la obligación de dicho Estado de respetar y garantizar los derechos violados de acuerdo al artículo 1.1 de la Convención. Asimismo, que se han vulnerados los derechos consagrados en los artículos XVIII y XXIV de la Declaración Americana.
b) Que ordene al Estado el restablecimiento en plenitud de los derechos del señor José María Cantos y, entre otras medidas, se lo repare e indemnice adecuadamente por las violaciones mencionadas conforme lo establecido en el artículo 63.1 de la Convención.
c) Con respecto al daño material y moral se ordene a la Argentina a pagar las sumas correspondientes dentro de un plazo máximo de 6 meses a partir de la notificación de la sentencia de la H. Corte, más los intereses, en caso de mora, que corresponderá al interés bancario por mora en Argentina.
d) Con respecto a las costas y gastos del juicio, que incluyen los gastos correspondientes a los traslados y estadías enunciados y los honorarios de los abogados de José María Cantos se solicita que la H. Corte fije una suma equitativa. Se solicita que el Estado abone esas sumas de dinero dentro de un plazo máximo de 6 meses, más los intereses en caso de mora que corresponderá al interés bancario por mora en Argentina. Se ordene que los pagos en concepto de daños material y moral, así como las costas y gastos incluyendo los honorarios de los representantes del denunciante original se encuentren exentos de todo impuesto o gravamen actualmente existente o que pueda decretarse en el futuro.
e) Se ordene el levantamiento de embargos y las medidas de inhibición general de bienes como resultantes de la acción judicial emprendida por José María Cantos ante la Corte Suprema y, en consecuencia, el levantamiento de las informaciones registradas en los organismos públicos correspondientes acerca de los datos personales para que el buen nombre y honor de José María Cantos no queden afectados con informaciones indebidas o agraviantes.
f) Se reitera la solicitud del no reenvío a los tribunales internos para la fijación del monto de las indemnizaciones, teniendo en cuenta las manifestaciones formuladas por los representantes del denunciante en oportunidad de presentar los argumentos sobre reparaciones y, además, porque el sistema judicial argentino se encuentra colapsado, entre otros motivos, por las medidas socio-económicas adoptadas por el Gobierno y que son de público conocimiento.
La Argentina, por su parte, solicitó el rechazo de la demanda y, entre las conclusiones finales, destaca:
De las alegaciones vertidas por es[a] representación , y de los testimonios rendidos en la audiencia pública del 17 de junio de 2002 cabe concluir que:

a) La República Argentina no ha incurrido en violación alguna del artículo 8.1 de la Convención en perjuicio del señor Cantos. Ello por cuanto:

  • Fue el señor Cantos quien inició ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina un reclamo improcedente y por montos siderales, casi sin antecedentes en la historia judicial de la República Argentina.

  • Fue el señor Cantos, quien manejó y administró los tiempos del proceso ante el Alto Tribunal argentino.

  • Fue el señor Cantos quien consintió, y hasta propició, decisiones de la Corte Suprema, tales como el diferimiento de las excepciones previas para la oportunidad de dictar sentencia.

  • Fue el señor Cantos quien, ya sea con su incomprensible inacción o sea con claras presentaciones inoficiosas y dilatorias, extendió la duración de la causa cuya complejidad fue reconocida por la propia Comisión.

  • Ante tan aventurada incursión judicial, la Corte Suprema de Justicia Argentina respondió con diligencia, atendiendo cada una de las presentaciones del señor Cantos, por inoficiosas que estas fueron.

  • La Comisión no logró acreditar ni un solo hecho que, en cabeza del Estado argentino, haya contribuido a dilatar innecesariamente el proceso tramitado ante la Corte.


b) La República Argentina no ha incurrido en violación alguna del artículo 25 de la Convención porque:

  • La sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia fue una decisión justa. Parece en este sentido que la Comisión confunde, aún en contradicción con su propia doctrina y la de esta Honorable Corte, una sentencia desfavorable, con una denegatoria de justicia.

  • El temperamento adoptado en la sentencia con relación al supuesto convenio de 1982 obedeció a la exclusiva circunstancia de que este instrumento fue alegado por el señor Cantos con el único objetivo de beneficiarse de un plazo de prescripción cinco veces más extenso que el que le correspondía con arreglo a su pretensión original.

  • Nunca el Estado argentino realizó en beneficio del señor Cantos ningún reconocimiento de deuda. Lo que se pretendió presentar en carácter de tal no han sido más que instrumentos de, en el mejor de los casos, dudosa autenticidad, reiteradamente desconocidos y que jamás pudieron seria y jurídicamente ser considerados para imputar una eventual responsabilidad de la República Argentina.

  • Fue el señor Cantos quien no precisó los términos de su reclamo en cuanto al carácter de la responsabilidad que pretendía imputar a la República Argentina y a la Provincia de Santiago del Estero.

  • Fue el señor Cantos quien no logró acreditar la personería que invocaba en relación a las empresas que alegó de su propiedad, y por esa razón la Corte Suprema le denegó la legitimación activa.

  • La prescripción operada en la causa no fue sino la aplicación inexcusable del derecho vigente, sobre la base de la pretensión articulada por el señor Cantos, y al que los Tribunales están obligados por imperio de la ley.

  • Fue el señor Cantos quien inició una demanda largamente vencidos los tiempos procesales.

  • Fue el señor Cantos quien inició un reclamo por montos exorbitantes y pretendió, en flagrante contradicción con su propia formulación de los términos de su demanda, que se trataba de montos indeterminados.

  • El señor Cantos perdió el beneficio de litigar sin gastos porque sus testigos no lograron demostrar los extremos de la delicada excepción, de lo que se deduce que no puede válidamente intentar trasladar al Estado argentino las consecuencias de su propio actuar.

  • El señor Cantos fue condenado en costas.

  • Por la pérdida del beneficio de litigar sin gastos y la condena en costas, consecuencias ambas de litigar sin razón, el señor Cantos debió afrontar los costos de su improcedente pretensión.

  • Pudiendo haber intentado cuestionar sobre bases constitucionales y ante los tribunales locales el monto de la tasa de justicia, el señor Cantos nunca lo hizo. En su lugar, prefirió un improcedente cuestionamiento de arbitrariedad en esta instancia internacional.

  • Sin embargo, y esto es lo más inaceptable del caso, el Estado argentino, luego de afrontar costos que debía, en rigor, sufragar el señor Cantos, tiene que defenderse internacionalmente de supuestas imputaciones por denegatoria de justicia.

  • Cabe preguntarse, ¿cuál fue la denegatoria de justicia en este caso, y cuál la violación del plazo razonable si el señor Cantos litigó durante años en el más Alto Tribunal de la República Argentina, manejando los tiempos procesales a conveniencia de su curiosa estrategia, y sin erogar un solo peso?



IV

Competencia

25. La competencia de la Corte en este asunto fue objeto de la sentencia del 7 de septiembre de 2001. Según esta decisión, la Corte es competente para conocer todas las actuaciones ocurridas con posterioridad al 5 de septiembre de 1984 si se alegare que dichas actuaciones constituyen per se una infracción a la Convención Americana. El señor Cantos inició su demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Argentina a comienzos de julio de 1986 y el tribunal dictó sentencia el 3 de septiembre de 1996. Por lo tanto, en la presente sentencia se examinarán los aspectos procesales de las actuaciones ante la Corte Suprema de Justicia y la sentencia de dicho tribunal del 3 de septiembre de 1996 en la medida en que se hubiere cometido una violación a la Convención Americana.

La Argentina aceptó la competencia contenciosa de esta Corte respecto de hechos o actos jurídicos acaecidos con posterioridad al 5 de septiembre de 1984. En este sentido, el caso Cantos no es un caso nuevo pues se planteó ya en la década de 1970. Por consiguiente, el caso en sí y la decisión caída sobre él se hallan fuera de la jurisdicción de esta Corte, aún cuando hubieren ocurrido después del 5 de septiembre de 1984. Sólo quedan bajo jurisdicción de esta Corte los hechos ocurridos después de esta última fecha y que constituyan por sí mismos infracciones a la Convención Americana4.

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