Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Cantos Vs. Argentina Sentencia de 28 de noviembre de 2002



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v


Prueba
26. Antes del examen de las pruebas recibidas, la Corte realizará, a la luz de lo establecido en los artículos 43 y 44 del Reglamento, algunas consideraciones aplicables al caso específico, la mayoría de las cuales han sido desarrolladas en la propia jurisprudencia del Tribunal.
27. La Corte ha señalado anteriormente, en cuanto a la recepción y la valoración de la prueba, que los procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas y que la incorporación de determinados elementos al acervo probatorio debe ser efectuada prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto, y teniendo presentes los límites trazados por el respeto a la seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las partes5. La Corte ha tenido en cuenta que la jurisprudencia internacional, al considerar que los tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, ha evitado siempre adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo6. Este criterio es especialmente válido en relación con los tribunales internacionales de derechos humanos los cuales disponen, para efectos de la determinación de la responsabilidad internacional de un Estado por violación de derechos de la persona, de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia7.
28. Una de las funciones de esta Corte es proteger a las víctimas, determinar las violaciones de sus derechos y ordenar la reparación de los daños ocasionados por los Estados responsables de tales acciones8. Para tales efectos,
[e]s suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención. Además, también se compromete la responsabilidad internacional del Estado cuando éste no realice las actividades necesarias, de acuerdo con su derecho interno, para identificar y, en su caso, sancionar a los autores de las propias violaciones9.
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a) Prueba documental

29. Con el escrito de demanda (supra 1), la Comisión presentó copia de 95 documentos contenidos en 77 anexos10.
30. Al presentar su contestación a la demanda (supra 13), el Estado adjuntó copia de cuatro expedientes judiciales seguidos en el orden interno11.
31. Junto a la comunicación de réplica (supra 14), la Comisión remitió copia de 242 documentos, contenidos en 53 anexos12.
32. En su escrito de 29 de noviembre de 2001 la Comisión envió un recorte periodístico13.
33. En escrito sobre reparaciones los representantes de la presunta víctima presentaron copia de un documento contenido en un anexo14.
34. En su escrito sobre alegatos finales, el Estado aportó la Ley No. 23.898 así como algunas tablas sobre los costos de los procesos internos en la Argentina correspondientes a 3 documentos.

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b) Prueba testimonial

35. La Corte recibió, en la audiencias públicas del 21 de junio de 2002 las declaraciones de los testigos ofrecidos por la Comisión Interamericana. Dichas declaraciones son sintetizadas a continuación, en el orden en que fueron presentadas:



a) Declaración del José María Cantos

Inició su reclamación ante la Corte Suprema de Justicia, luego de sus reclamos en la vía administrativa, con la expectativa de recibir una reparación sobre todo moral por lo daños sufridos durante la década de los setentas a causa de una presunta persecución de los agentes del Estado contra su familia y sus propiedades.


Litigó durante 10 años personalmente ya que casi todo lo presentado ante la Corte Suprema era elaborado por él y firmado por abogados que le prestaban su firma pues él carecía de recursos para sufragar los gastos de una asesoría para conducir el juicio. La mayoría de sus escritos fueron rechazados por improcedentes o tachados de falsos.

A su vez, señaló que se fijó la cuantía de su reclamación a través de un trámite ante la Procuración del Tesoro y que la suma que se fija es tan ilusoria que, decide donar la eventual indemnización ante la Corte a su provincia. Solicitó la conciliación al final del proceso ante la Corte Suprema de Justicia.


A raíz de la infructuosidad de la actuación ante la Corte Suprema de Justicia, el señor Cantos decide buscar asesoría jurídica para recurrir a la vía internacional y así acudir ante el sistema interamericano.

b) Declaración de María Dolores Retondo de Spaini, abogada del señor Cantos

Conoció al señor Cantos en 1977 , momento en que se daba un “clima […] de opresión política y de opresión personal [...] en Santiago del Estero”. Asesoró a Radiodifusora de Santiago del Estero, de la cual su principal accionista era el señor Cantos.


Tuvo conocimiento de la causa penal iniciada contra el señor Cantos por presunta falsificación del convenio de 1982 propuesta por la fiscalía de Santiago del Estero por considerar falsa la firma del mismo. Manifestó que supo por la juez actuante en el caso que en dicha causa sólo el señor Cantos aportó pruebas y que éste fue sobreseído por no haberse comprobado la falsedad, sino que las firmas del convenio eran verdaderas, de conformidad con las pericias aportadas por el señor Cantos. Dicha sentencia fue conocida en segunda instancia por la Cámara Federal y revocada por carencia de competencia de la fiscal que conoció del caso. En esta causa “el gobierno nunca más inició la acción”. Aseveró que el convenio en cuestión emanaba de una relación de derecho público.
Tuvo conocimiento del juicio ante la Corte Suprema de Justicia por comentarios del abogado Cavalloti, quien redactó el escrito de demanda. De su experiencia profesional puede aseverar que las excepciones previas que no conllevan a un litigio sobre los hechos son tramitadas previo al conocimiento del fondo del caso. Su actuar directo dentro en dicho proceso sólo se dio al momento de redactar los escritos de contestación de las excepciones preliminares y posteriormente en el patrocinio de algunos escritos sobre la imposición de la tasa judicial y el beneficio de litigar sin gastos.
En sus 40 años de experiencia como abogada jamás ha visto un proceso en donde el monto de la tasa judicial sea tan elevado, además aseveró que el hecho de que el monto litigioso de un proceso sea determinable mas no determinado, como fue el caso del señor Cantos en razón de la cláusula de ajuste del Convenio de 1982, hace que el actor no deba ser intimado al pago de la tasa de justicia del 3 %, y que, por lo demás no hace falta un estado de indigencia para ser beneficiario del derecho a litigar sin gastos, pues, se requiere solamente no contar con los recursos suficientes para patrocinar la causa. Y en caso de que se hubiese dado ese beneficio de litigar sin gastos, la tasa judicial que se hubiese cobrado era la mínima al final del proceso.
En cuanto a la tasa judicial explica que se determina sobre el monto de la demanda y que es un impuesto que en Santiago del Estero va a la renta general. Según donde se desarrolle el proceso puede pagarse de dos formas diferentes, a saber: en la provincia debe cancelarse el total al iniciar el juicio pero, a nivel federal puede pagarse 50% al inicio y 50 % al comenzar la etapa de prueba. A lo anterior hay que agregar los costos de la práctica de pruebas, los cuales deben ser sufragados por aparte.
Actualmente, el señor Cantos se dedica a obras de beneficencia simbólicas para ancianos y niños, por las cuales ha recibido reconocimientos de diferentes autoridades.
c) Valoración de la prueba

36. Esta Corte destaca que los anexos 1 al 15 de la demanda, 1 a 5, 9, 12, 15 a 18, 20, 22 a 52 de la réplica, son relativos a hechos anteriores a la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte, sin embargo los demás anexos, los cuales responden a hechos posteriores a la aceptación de la competencia de la Corte por parte de la Argentina, serán valorados por el Tribunal en razón del interés global que éstos pudieran representar para la causa. En este sentido, la Corte constata los anexos 17 18, 32, 33, 37, 39 a 79, objetados por el Estado, son posteriores a la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte por parte del Estado y por tanto, este Tribunal los valorará en relación con el análisis de las actuaciones de las autoridades argentinas, no sólo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sino también de las demás autoridades en general.


37. En cuanto a los anexos 38, 39, 40, 41, 44, 45, 54, 56 al 68 esta Corte no los tomará en consideración en razón a que éstos se vinculan a un proceso de la Radiodifusora de Santiago del Estero que no tiene una ingerencia directa en el análisis de los hechos pertinentes para este caso.
38. El 29 de noviembre de 2001 la Comisión Interamericana remitió un ejemplar del periódico Nuevo Diario del día martes 13 de noviembre de 2001, en el cual se señala “la distinción de que ha sido objeto el señor José María Cantos por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santiago del Estero en reconocimiento a las iniciativas y obras con las que se beneficia la comunidad de esa Provincia mediante el aporte del señor Cantos”. El 21 de enero de 2002 el Estado se opuso a la incorporación de dicho documento al expediente del caso, pues consideró que no podría ser tomado como elemento probatorio, en razón de que no fue presentado en las oportunidades señaladas en el artículo 43.1 del Reglamento de la Corte, y tampoco se dan, ni se alegan, las circunstancias del artículo 43.3 del mismo Reglamento que permitirían la presentación de prueba en oportunidades distintas.
39. La Corte observa que el recorte periodístico presentado por la Comisión responde a un hecho superviniente, cuya noticia fue publicada con posterioridad a la presentación de los escritos de demanda y de contestación al escrito de excepciones preliminares, en razón de lo cual lo admite, de conformidad con el artículo 43 del Reglamento15. A su vez este Tribunal ha considerado en cuanto a los recortes de periódicos que, aún cuando los mismos no tienen carácter de prueba documental propiamente dicha, éstos podrán ser apreciados cuando recojan hechos públicos o notorios, declaraciones de funcionarios del Estado o cuando corroboren lo establecido en otros documentos o testimonios recibidos en el proceso16. Así, la Corte los agrega al acervo probatorio como un medio idóneo para verificar, junto con los demás medios probatorios aportados, en la medida de su pertinencia para la veracidad de los hechos del caso.
40. Esta Corte en uso de las facultades establecidas en su artículo 44 del Reglamento de ésta incorpora al acervo probatorio las leyes Nos. 21.839 y 24.432, relativas a honorarios para abogados.
41. En este caso, como en otros17, el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados por las partes en su oportunidad procesal o como prueba para mejor resolver que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda.
42. En relación con las declaraciones rendidas por la presunta víctima en el presente caso, la Corte las admite en cuanto concuerden con el objeto del interrogatorio propuesto por la Comisión. Al respecto, este Tribunal estima que por tratarse de la presunta víctima y tener un interés directo en este caso, sus manifestaciones no pueden ser valoradas aisladamente, sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso. En materia tanto de fondo como de reparaciones las declaraciones de las presuntas víctimas son útiles en la medida en que pueden proporcionar mayor información sobre las consecuencias de las violaciones que hubieren sido perpetradas18.
VI

hechos

43. La Corte procede ahora a considerar los hechos relevantes presentados ante ésta, lo que no significa que se tenga competencia para conocer de ellos:


a. El 15 de julio de 1982 el señor Cantos y el Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero presuntamente suscribieron un convenio, en el cual el segundo reconocía al primero una indemnización por los daños sufridos por el señor Cantos y sus empresas como producto de las confiscaciones llevadas a cabo en el año 1972.
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con respecto a actuaciones iniciales ante la Corte Suprema y otras causas


b. El 24 de marzo de 1986 el señor Cantos solicitó al Gobernador de Santiago del Estero el pronto despacho del convenio suscrito con el señor Jensen Viano19. Ante el silencio de dicha dependencia, el señor Cantos solicitó el 14 de abril de 1986 ante el Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero que se dejara “expresa constancia de la conclusión de todo trámite administrativo, quedando en adelante expedita la acción judicial pertinente”20.
c. El 4 de julio de 1986, el señor Cantos presentó ante la Corte Suprema de Justicia demanda contra la Provincia de Santiago del Estero y el Estado Argentino21 sobre la ejecución del convenio suscrito en 1982. El 18 de julio de 1986 el Juzgado Federal de la Provincia de Santiago del Estero emitió nota sobre la competencia y forma de procedimiento a seguir para tramitar la demanda presentada por señor Cantos ante la Corte Suprema de Justicia22 y esta última dio traslado a los codemandados el 14 de agosto de 198623.
d. Desde el inicio de la causa ante la Corte Suprema de Justicia, diversos jueces solicitaron información o copias de la causa que se tramitaba ante ella24. Algunas suspensiones fueron dictadas en el proceso, entre las que destacan dos. En primer término, al momento de recopilar la prueba en la Corte Suprema de Justicia, uno de los peritos solicitó a dicho tribunal el 29 de agosto y el 5 de octubre de 1998 que suspendiera los plazos, en razón de no tener a su disposición los documentos originales correspondientes al Convenio de 1982 y su refrendo25. Dichas suspensiones fueron otorgadas por la Corte Suprema de Justicia26. En segundo lugar, entre el 30 de marzo de 1993 y hasta el 25 de abril de 1994 el expediente fue prestado al Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional. En razón de lo anterior, el señor Cantos solicitó la suspensión de los términos, la que fue otorgada por la Corte el 22 de junio de 199327.
e. Los días 16 y 19 de septiembre de 1986 los representantes de la Provincia y del Estado, respectivamente, presentaron sus escritos de excepciones relativos a la falta de legitimidad, falta de validez del convenio y prescripción de la acción28. El 14 de octubre de 1986, el señor Cantos contestó a dichas comunicaciones29 y asimismo solicitó el 24 de noviembre de 1986 la intervención del Fiscal de Estado de la Provincia con el fin de evitar posteriores nulidades30, dicha solicitud fue rechazada por extemporánea un mes después por la Corte Suprema de Justicia31.

f. El 11 y 14 de noviembre de 1986 la Provincia y el Estado, respectivamente, contestaron la demanda32. El 4 de diciembre de 1986, la Corte Suprema de Justicia acumuló las excepciones preliminares al fondo33, con el objeto de determinar la validez del convenio y aplicar las normas correspondientes sobre la prescripción. El 20 de febrero de 1987 el señor Carlos Alberto Jensen Viano coadyuvó en la causa, señalando antecedentes relacionados con los allanamientos34 (supra 7, b y c). El 18 de marzo de ese mismo año la Corte Suprema dio los correspondientes traslados a las partes intervinientes, y ante las respuestas respectivas, el 28 de abril de 1987, la Corte Suprema de Justicia admitió el hecho nuevo35 relativo a los antecedentes y detalles de los allanamientos practicados en 1972.

g. El 12 de febrero de 1987 el señor Cantos solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se abriera la etapa probatoria36. El 2 de marzo de 1987 la Corte Suprema de Justicia otorgó al Estado y a la Provincia plazo de 40 días para recibir las pruebas37. El 28 de mayo de 1987 el señor Cantos solicitó que se rechazara cualquier prueba al Estado y a la Provincia por haber vencido el plazo concedido por la Corte al efecto38. Al día siguiente la Corte Suprema de Justicia informó al señor Cantos que el plazo para la presentación de la prueba había sido suspendido en razón del hecho nuevo que había sido aceptado39 (supra 43.f). En junio de 1987 las partes se opusieron a las pruebas aportadas por las contrarias40. A partir de octubre de 1987 y hasta octubre de 1990 se discutió en el procedimiento sobre diferentes pruebas ofrecidas por las partes41, entre las que destacaba la prueba pericial42. El 9 de noviembre de 1989, se allegó el resultado del peritazgo a la Corte Suprema de Justicia43, desde esa fecha y hasta octubre de 1990 se presentaron varios recursos por parte del señor Cantos para el desistimiento del peritazgo sobre la validez del convenio44 y solicitó la inclusión de los practicados en otros procesos (supra 43.b) por no tener los recursos para producir dicha prueba, y la misma solicitud fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia45.

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