Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Cantos Vs. Argentina Sentencia de 28 de noviembre de 2002



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Con respecto al dictamen sobre un presunto acuerdo transaccional

h. Los días 1 y 2 de junio de 1989, 15 senadores de la Nación dirigieron notas al Procurador del Tesoro de la Nación para que se avocase y diese solución a la petición de arreglo extrajudicial interpuesta por el señor Cantos46. El 10 de septiembre de 1990 la Procuración del Tesoro Nacional autorizó el inicio del acuerdo transaccional entre el señor Cantos y el Ministerio del Interior47. En casos como el anterior, la ley de la materia48 establece que “en los autos mencionados deberán suspenderse todos los plazos judiciales”49.


i. El 6 de junio de 1991 el señor Cantos presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia aludiendo al proceso de acuerdo transaccional para lo cual adjuntó documentos correspondientes y solicitó que se guardaran en la caja fuerte y pidió copias certificadas de los mismos50. El mismo día la Corte Suprema corrió traslado por 5 días a los codemandados51. El 4 de julio de 1991 la Fiscalía del Estado de la Provincia contestó alegando la improcedencia procesal de la diligencia invocada por el señor Cantos por cuanto era extemporánea y carecía del trámite pertinente52. Al día siguiente, el Ministerio del Interior negó que hubiese existido dicho trámite y que hubiese sido suscrito por autoridad estatal53.
j. El 15 de junio de 1992 la Procuración del Tesoro de la Nación ordenó al señor Director Nacional de Dictámenes y al Secretario de la Comisión Nacional de Transacciones de la Procuración que “inform[aran] sobre la existencia del dictamen emanado del organismo en el que se hubiera hecho mención o análisis de la acción judicial promovida por el señor José María Cantos contra el Estado Nacional o la Provincia de Santiago del Estero”54. Al día siguiente, el Subdirector General de Coordinación del Cuerpo de Abogados del Estado señaló al Director Nacional de Dictámenes la inexistencia de la aprobación para llevar a cabo un acuerdo transaccional con el señor Cantos55. El 2 de julio de 1992 la Procuración del Tesoro Nacional entrevistó al exprocurador, quien negó la autenticidad de los dictámenes de dicha entidad firmados por éste y allegados al proceso56. El 7 de julio de 1992 el Procurador solicitó la intervención de la Procuración General a fin de elevar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación los anteriores antecedentes57. El 24 de septiembre de 1992 el señor Cantos interpuso un recurso de reposición contra la providencia de la Corte Suprema de Justicia de 17 de septiembre de 1992 que admitió adjuntar al proceso los escritos suscritos por el exprocurador, en donde se manifiesta la falsedad de los documentos allegados por señor Cantos58. El Fiscal Adjunto de la Procuración General de la Nación denunció al señor Cantos ante el Juez en lo Criminal y Correccional No. 3, Carlos Liporaci y éste luego de testimonios y pericias decidió sobreseer al señor Cantos el 17 de octubre de 1994 en razón de que “lo cierto es que mal puede reprocharse al denunciado vinculación alguna con las faltas internas de la Comisión Asesora [de la Procuración del Tesoro de la Nación] y tampoco tal como surge del peritaje practicado con una supuesta falsificación y/o estafa procesal”59.

Con respecto a la tasa judicial y al monto litigioso

k. El 31 de agosto de 1987 el señor Cantos dejó constancia de haber pagado la tasa judicial mínima, pues el monto de su cuantía era indeterminado, y de conformidad con la legislación, solicitó el beneficio de litigar sin gastos 60. El 1 de septiembre de 1987 la Corte Suprema de Justicia señaló que “pase en vista” la estimación practicada por el señor Cantos la que establecía


Que, conforme surge de los apartados 2do. y 3ro. titulados: COMPROMISO DE PAGO e INDEXACION MAS INTERESES, del convenio aludido precedentemente y base de la presente acción ordinaria, el monto litigioso y suma reclamada por el suscripto en éste exordio de demanda, resulta de actualizar el monto de Pesos Ley 18.188: 130.245.739,30 (Emergente del reclamo administrativo del 23/Mayo/74) desde el 23/Mayo/74 hasta 31/Diciembre/84, de acuerdo al valor del Dólar Estadounidense, con más un interés del UNO por ciento diario. Desde el 31/Diciembre/84, corresponde la aplicación de un interés punitorio del DOS por ciento diario, hasta el efectivo pago.
l. El 3 de septiembre de 1987, la Corte Suprema de Justicia intimó al señor Cantos a pagar la tasa judicial dentro de los cinco días siguientes, pues se dio la estimación del monto litigioso en la demanda y éste quedó dictaminado por el representante del fisco61. El 12 de febrero de 1991 el Estado Nacional solicitó suspensión de la causa ante la Corte Suprema de Justicia hasta que el señor Cantos no hiciese el pago de la tasa judicial62 y dicha suspensión fue adoptada por la Corte el 18 del mismo mes63. El 21 de mayo de 1991, luego de la apelación y los traslados correspondientes, el señor Cantos acreditó el pago de la tasa de justicia mínima por cuanto el monto litigioso sería indeterminado64.
m. El 6 de junio de 1991 el Fisco Nacional solicitó la actualización, por parte del señor Cantos del monto litigioso65. El 30 de julio de 1991 la Corte Suprema de Justicia ordenó al Fisco determinar la tasa a tributar del proceso66. En dos oportunidades se opuso el señor Cantos a dicha providencia67 y finalmente, el 17 de diciembre de 1991, la Corte Suprema de Justicia negó el recurso interpuesto68. El 28 de febrero de 1992 el Fiscal del Estado requirió a la Corte Suprema de Justicia que ordenara al señor Cantos determinar el monto litigioso para poder continuar con el proceso69 y el 6 de abril de 1992 dicho tribunal reiteró la orden al señor Cantos de determinar el monto litigioso70. El 13 de abril de 1992, el señor Cantos repuso y apeló la providencia que le ordenaba determinar la cuantía71, recursos que fueron rechazados el 7 de julio de 199272. El 3 de agosto de 1992 el señor Cantos “deja librado al prudente criterio de la Excma. Corte, la determinación definitiva del monto del litigio”73 (supra 43 h, i, j)
n. El 23 de marzo de 1993 la Corte solicitó al señor Cantos que pagase la tasa de justicia por un monto de 83.400.059 pesos so pena de incurrir en una multa equivalente al 50% del monto si no pagaba dentro de los cinco días subsiguientes y de decretar la suspensión del proceso74 (supra 43, k, l, m). El 25 de abril de 1994, la Corte reanudó los términos judiciales75, después de un suspensión de un año, pues el expediente de la Corte Suprema de Justicia estaba ante el juez penal. El 13 de octubre de 1994, la Corte Suprema de Justicia ordenó al señor Cantos pagar la tasa judicial y le impuso pena de multa76.

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