Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Cantos Vs. Argentina Sentencia de 28 de noviembre de 2002



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Con respecto a la audiencia de conciliación y la sentencia

o. El 13 de diciembre de 1994 el señor Cantos solicitó sentencia o, en su defecto, la celebración de una audiencia de conciliación77. Al día siguiente, la Corte Suprema de Justicia negó la petición de dictar sentencia por cuanto el estado del proceso no lo permitía y decidió contemplar la posibilidad de la celebración de la audiencia publica78. El 21 de diciembre de 1994, el señor Cantos desistió de las pruebas que estuviesen pendientes y solicitó se dictara sentencia79.


p. Los días 12 y 19 de mayo de 1995, el Fiscal del Estado de la Provincia y el Estado Federal, respectivamente, presentaron alegatos sobre el mérito de la prueba reunida80, con petición de que la Corte Suprema de Justicia dictara sentencia rechazando la demanda en todas sus partes. El 2 de junio de 1995, el señor Cantos solicitó audiencia de conciliación81 y, luego de dos aplazamientos82, el 17 de agosto de 1995 la Corte Suprema de Justicia ordenó llamar a autos para sentencia83. El 3 de septiembre de 1996, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia definitiva declarando inoponible a la provincia demandada el convenio suscrito en 1982 y aplicó la prescripción por la naturaleza extracontractual de la obligación alegada84.

Con respecto a los honorarios de abogados y peritos

q. Según lo establecido por la ley Argentina la determinación de los honorarios se efectúa con la aplicación de un porcentaje preestablecido al monto litigioso85, para los efectos de esta causa los honorarios ascendía a US$6.454.185,00 (seis millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y cinco pesos equivalente al mismo monto en dólares de los Estados Unidos de América).


r. El 4 de octubre de 1994 la Corte Suprema dictó sentencia en la cual reguló honorarios de los apoderados de las partes (los doctores Francisco Alberto Cavallotti, Walter Omar Peralta Rondano, Santiago Bargalló Beade, Jorge Alberto Jáuregui, Raul Diego Huidobro, Horacio Ángel Lamas y Claudia Graciela Reston) y de los dos peritos únicos de oficio (Osvaldo C. Marum y Juan Bautista Viegas) por las actuaciones en la causa principal así como en diversos incidentes, incluidos los relativos a prueba y al beneficio de litigar sin gastos 86. El 13 de octubre de 1994 el señor Cantos solicitó aclaración de la providencia de regulación de honorarios87 y el 7 de diciembre de 1994, requirió se formasen incidentes respecto de la cuestión de la tasa judicial y de la regulación de honorarios para no atrasar más la continuación del proceso88.
s. El 12 de diciembre de 1994 la Corte negó abrir incidente en lo relativo a la regulación de honorarios y notificó que desde 13 de octubre anterior se habían abierto las actuaciones relativas a la tasa judicial89. Finalmente, el 17 de diciembre de 1996 la Corte Suprema de Justicia reguló la cuestión de honorarios, de conformidad con la ley 21.839, que establece los porcentajes que deben ser asignados por dicho rubro con base en el monto del proceso. La Corte fijó los honorarios de los abogados intervinientes (Horacio Ángel Lamas, Claudia Graciela Reston, Estanislao González Bergez, Edgardo Daniel Migro, Norma Mabel Vicente Soutullo, César David Graziani, Carlos Raúl Ambrosio, Guillermo Adolfo Heisinger, María Eugenia Galindez, José Osvaldo D’Alessio, Mario Jaime Kestelboim, Manuel Luis de Palacios, Julio C. Gónzalez, María Josefina Zavala, Washington Inca Cardoso y Alejandro Cáceres Llamosas) y del consultor técnico del Estado Nacional (Néstor Ramón Zubielqui)90. En dicha resolución la Corte también fijó con carácter definitivo los honorarios en un monto de 6.948.835,00 (seis millones novecientos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y cinco pesos argentinos equivalente al mismo monto en dólares de los Estados Unidos de América) que habían sido fijados provisionalmente el 4 de octubre de 1994 en beneficio de los abogados intervinientes y de los dos peritos únicos de oficio (supra 43.r). El 8 de septiembre de 1997 el Juzgado Federal correspondiente absolvió al señor Cantos por los hechos denunciados91. El 14 de abril de 1997 nueve de los profesionales a favor de quienes se reguló honorarios92 solicitaron traba de embargo preventivo sobre el importe que el señor José María Cantos tenga derecho a percibir “con respecto al reclamo por él efectuado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y/o cualquier otro concepto que, por cualquier otra causa, le pudiera corresponder”, la cual fue decretada por la Corte Suprema de Justicia el mismo día. El 27 de noviembre de 1997 la Corte ordenó embargo a favor del doctor Raúl Diego Huidobro.
Consecuencias del proceso ante la Corte Suprema
t. como producto de la falta de pago de la tasa judicial y los honorarios, el señor Cantos recibió una “inhibición general” para llevar acabo su actividad económica93.
u. El señor Cantos y sus abogados incurrieron en gastos y costas para la tramitación de los diferentes procesos internos e internacionales94

VII

Violación de los artículos 8 Y 25

(Garantías Judiciales y Protección Judicial)

en relación con las obligacion del artículo 1.1
Del Proceso ante la Corte Suprema de justicia
Alegatos de la Comisión
44. La Comisión señaló, con respecto a las violaciones de los artículos 8, 25 y 1.1 de la Convención, que el 4 de julio de 1986 el señor Cantos inició una demanda “por cobro de pesos” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la Provincia de Santiago del Estero y el Estado Nacional, a fin de que se reconocieran los montos adeudados de conformidad con el convenio suscrito en 1982. Esta acción judicial concluyó con una sentencia que “rechazó la acción con costas el 3 de septiembre de 1996”. Al respecto, la Comisión sostiene lo siguiente acerca de las actuaciones desarrolladas en el procedimiento por cobro de pesos:


  1. Con base en la noción de “análisis global del procedimiento” de las actuaciones administrativas y judiciales, se produjo una violación del plazo razonable en el proceso (artículo 8 de la Convención Americana). Las actuaciones judiciales se iniciaron con la demanda presentada por José María Cantos en 1986 y concluyeron en septiembre de 1996, con la sentencia desestimatoria dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual constituye un injustificado retraso de justicia, conforme a los estándares establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, considerando las siguientes razones:

- Complejidad del caso. Aunque la complejidad del caso y el número de expertos convocados determinaron que la recopilación del acervo probatorio se extendiera por cerca de diez años, la Corte Suprema de Justicia se limitó a “declarar la prescripción de la acción y el consecuente rechazo de la demanda”, –sin examinar los abundantes elementos probatorios-. La parte demandada opuso excepciones dos meses después de la presentación de la demanda (septiembre de 1986) relativas a condiciones de admisibilidad de la misma, a saber: falta de legitimación activa y pasiva y prescripción, y “a fin de evitar un dispendio de actividad jurisdiccional”, la Corte Suprema incumplió el deber de “advertir inmediatamente que dicha condición no ha sido satisfecha”;


- Actividad procesal del actor. “El hecho de que durante el proceso se hubiese [suspendido] por un acuerdo transaccional tramitado ante el Procurador del Tesoro de la Nación Argentina, no eximía al tribunal argentino de garantizar el cumplimiento de los requerimientos de la Convención en materia de plazo razonable”. En la dúplica se agregó que el señor Cantos desarrolló una actividad intensa y constante y que en el período 1990-1994 tuvo que enfrentar una causa penal por el “desconocimiento del Estado del dictamen del Procurador del Tesoro de la Nación”.
- Conducta de las autoridades competentes. No constituyen un plazo razonable los 10 años transcurridos desde la presentación de la demanda hasta la resolución emitida por la Corte Suprema. Además, la Comisión advirtió que el expediente judicial estuvo un año fuera de la Corte Suprema de Justicia, y ésta, a su vez, demoró otro año en resolver la última solicitud sobre el beneficio de litigar sin gastos; mientras tanto, expidió el auto para dictar sentencia y emitió ésta un año después.
b. A pesar de que el señor Cantos solicitó ante la Corte Suprema de Justicia el beneficio de litigar sin gastos, derecho que deriva del artículo 8 de la Convención, las autoridades judiciales denegaron este beneficio en cinco ocasiones, impusieron el pago de la tasa judicial y de honorarios de profesionales que participaron en el proceso por la suma de US$145.528.568,50 (ciento cuarenta y cinco millones quinientos veintiocho mil quinientos sesenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta centavos). De esta manera “le fue trasladada en forma injustificada y desproporcional al señor Cantos la responsabilidad imputable al Estado por los gastos derivados de la innecesaria sustanciación de la causa”, así como “los costos de producción de un enorme acervo probatorio que la Corte Suprema […] hizo a un lado al emitir su fallo”, en perjuicio del derecho de acceso a la justicia contemplado en el artículo 25 de la Convención Americana.
c. La sentencia dictada por la Corte Suprema quebrantó principios sustanciales del debido proceso consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, debido a que aquélla negó eficacia al convenio firmado por el Gobernador de facto con el señor Cantos; aplicó arbitrariamente la prescripción, al no haber constatado la existencia o no de “los elementos que integran dicho instrumento jurídico procesal y […] sin la determinación del punto de partida del término que se computa” para la aplicación de dicha prescripción, y, en general, constituyó la arbitraria culminación de “una concatenación de hechos que se inician en 1972 y conforman un complejo marco de denegación de justicia”. La resolución judicial omitió considerar pruebas y argumentos conducentes y decisivos, sin los cuales no es posible alcanzar la verdad objetiva, y no examinó las arbitrariedades cometidas por autoridades públicas, a través de diversas denuncias penales que culminaron en sobreseimientos. En este sentido, la arbitrariedad de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 3 de septiembre de 1996, se configura en tanto omitió considerar con profundidad todos los elementos relativos al convenio de 1982, que fue el resultado de una negociación entre el Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero y el señor Cantos, cuyas firmas manifiestan el consentimiento en obligarse. Dicho convenio nunca fue anulado penal o civilmente por falsedad de firmas, y el señor Cantos no fue condenado por esta causa. El señor Jensen Viano firmó el convenio en su calidad de Gobernador de la Provincia y no como simple particular que suscribe un acto privado. Es improcedente el debate sobre si este funcionario público actuó en calidad de autoridad provincial o de interventor federal, y, si la Provincia de Santiago del Estero quedó obligada por él, ya que ante esta Corte se alegan violaciones de la Convención que en el ámbito internacional sólo son imputables al Estado federal, aunque las haya consumado un gobierno provincial. Más allá de la validez o eficacia jurídica del convenio en el ámbito jurisdiccional interno, el convenio tiene por objeto el reconocimiento de responsabilidad del Estado por los daños causados al señor Cantos.
45. En sus escritos, la Comisión Interamericana solicitó declarar que hubo violación a los artículos XVIII (derecho a la justicia) y XXIV (derecho de petición) de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y a los artículos 8, 25, 21 y 1.1 de la Convención Americana.
Alegatos del Estado
46. El Estado niega que se hayan violado los artículos 8, 25 y 1.1 en el proceso que se sigue ante la Corte Suprema de Justicia, con apoyo en las siguientes consideraciones:
a. Las acciones del señor Cantos para el reclamo de sumas de dinero se plantearon en un proceso ordinario de conocimiento (de parte); en éste, el impulso procesal corresponde a la parte actora. El señor Cantos “no dio impulso procesal al expediente desde el 11 de diciembre de 1989 hasta el 28 de febrero de 1995”, por lo cual no se ha incurrido en violación al plazo razonable contemplado en el artículo 8.1 de la Convención Americana. En efecto, “lejos de existir un plazo irrazonable de tramitación del proceso judicial interno, las dimensiones y la complejidad de la causa C-1099 fueron asumidas en un tiempo neto de trámite de aproximadamente cinco años, toda vez que otros cinco años aproximadamente fueron consumidos por la ausencia de impulso procesal del actor”;
b. La complejidad de la causa fue reconocida por la Comisión. Sin embargo, ésta manifestó que la complejidad del caso obedeció a que la Corte Suprema de Justicia tuvo que ahondar en el estudio de la prueba recaudada para determinar la validez del convenio invocado por el señor Cantos y, por ende, determinar la prescripción (bienal o decenal) aplicable al caso. En cuanto a la actividad procesal del interesado, el Estado señaló que “… el señor Cantos … no impulsó el proceso como era su deber en una causa regida por el principio dispositivo, y, … que la única actividad procesal desplegada sólo puede ser calificada como dilatoria”. Asimismo, agregó que el actor “no le dio el impulso procesal debido al expediente desde el 11 de diciembre de 1989 hasta el 28 de febrero de 1995”. En cuanto a las actividades de la Corte Suprema de Justicia, el Estado sostuvo que ésta actuó en forma “diligente y eficiente frente a cada petición del señor Cantos, independientemente de lo improcedentes o dilatorias que pudieran haber sido”. Aquél jamás presentó queja por la respuesta a sus peticiones ni exigió el pronto despacho de las mismas.
c. Por lo que hace a la injusticia de la retención, el Estado señaló que la demanda ignora “la doctrina de la propia Comisión en el sentido de que ella carece manifiestamente de competencia para conocer de reclamos en los que se alegue que una decisión judicial es injusta”. La calificación de “injusta” se debe a que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia desconoció la validez de un convenio celebrado el 15 de julio de 1982, que luego fue refrendado por el Ministro de Gobierno, y no a la aplicación del derecho interno para incumplir con las obligaciones internacionales. El Estado consideró que “tanto el convenio como el refrendo son nulos de nulidad absoluta por contener objeto prohibido y […] por no contar con los requisitos esenciales del acto administrativo”, razón por la cual “niega [la] autenticidad extrínseca e intrínseca, validez jurídica, eficacia y oponibilidad a su respecto de este convenio”. La sentencia de 3 de septiembre de 1996 es una sentencia justa, ya que “decidió la litis de acuerdo con las pretensiones deducidas por las partes, como derivación del principio de congruencia, ponderando las probanzas conducentes a la decisión adoptada”. No puede argüirse que la Corte Suprema tomó diez años para decidir sobre la prescripción liberatoria, pues la base de la sentencia dictada es la que corresponde al análisis de validez del convenio presentado para su cumplimiento”. Era indispensable analizar la validez del convenio, porque en la demanda del señor Cantos “se señalaba la existencia y validez de un convenio que fue controvertido por los demandados” y que de ser válido supondría un plazo de prescripción mayor que el que correspondería a una eventual responsabilidad extracontractual. Al declararse inválido el convenio, se aplica la prescripción bienal; consecuentemente, el plazo estaba vencido cuando se presentó el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo expuesto, el Estado rechaza la atribución de responsabilidad internacional por violación del artículo 8 de la Convención Americana;
d. La legislación Argentina prevé “que la tasa de justicia integrará las costas de juicio y será soportada, en definitiva por las partes, en la misma proporción en que dichas costas debieron ser satisfechas”, de manera que la “la base imponible para la tasa judicial debe calcularse sobre el monto reclamado”, determinación que efectúa el demandante. Se trata de un elemento objetivo de cálculo que no constituye una restricción del acceso a la justicia, sino una carga para quien “ha perdido el juicio”. A pesar de haber sido denegada la solicitud del beneficio de litigar sin gastos, “sucesivas peticiones que formuló el señor Cantos permitieron llegar a la sentencia definitiva sin que efectuara desembolso alguno en concepto de gastos judiciales”, por lo cual “nunca se impidió acceder a la jurisdicción al señor Cantos, ni la denegatoria del beneficio incidió en el dictado de la sentencia definitiva del expediente C-1099”, razón por la cual el Estado solicitó que la violación de los artículo 8 y 25 de la Convención Americana fuese rechazada; y
e. Los honorarios profesionales se calculan sobre el monto reclamado, de acuerdo con los porcentajes que fija la ley. Por ello, el monto total resulta “de lo elevado del monto reclamado en el proceso y es producto de la cantidad de incidentes que el propio actor perdió con costas”. A pesar de que el señor Cantos fue condenado en costas, el Estado debió asumir el pago del 50% de las costas generadas por los peritos de oficio, en virtud de que “éstos tienen derecho a reclamar hasta tal porcentaje de la parte que no haya sido condenada en costas … la cual puede repetir contra la perdidosa”.
47. En sus escritos, el Estado argentino manifestó que la Corte es incompetente, ratione materiae, para interpretar o aplicar de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en un caso contencioso, y solicitó que aquélla rechace la pretensión de la Comisión Interamericana de atribuir responsabilidad al Estado por la violación del derecho a la justicia (artículo XVIII) y del derecho de petición (artículo XXIV), contemplados por la Declaración Americana.

Consideraciones de la Corte

48. Antes de entrar a determinar la aplicabilidad de los artículos 8 y 25 de la Convención, este Tribunal debe destacar que al momento de dictar la sentencia de excepciones preliminares no se refirió a las alegadas violaciones de los artículos de la Declaración Americana pues las mismas se referían a hechos anteriores a la aceptación de competencia contenciosa de la Corte por parte de la Argentina (supra 25). En razón de lo anterior en este capítulo el Tribunal considerará y aplicará únicamente la Convención Americana.





        1. Aspectos procesales

49. La Corte Interamericana ha establecido que los Estados tienen, como parte de sus obligaciones generales, un deber positivo de garantía con respecto a los individuos sometidos a su jurisdicción. Ello supone


tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una violación del artículo 1.1 de la Convención[…]95.
50. Según el artículo 8.1 de la Convención
toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
Esta disposición de la Convención consagra el derecho de acceso a la justicia. De ella se desprende que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención.
51. El artículo 25 de la Convención establece que
toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
52. El artículo 25 de la Convención también consagra el derecho de acceso a la justicia. Al analizar el citado artículo 25 la Corte ha señalado que éste establece la obligación positiva del Estado de conceder a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Y ha observado, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley96. La Corte ha señalado, asimismo, en reiteradas oportunidades, que la garantía de un recurso efectivo “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”97, y que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad98, es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un recurso que sea sencillo y rápido99. Cualquier norma o medida que impida o dificulte hacer uso del recurso de que se trata constituye una violación del derecho al acceso a la justicia, bajo la modalidad consagrada en el artículo 25 de la Convención Americana.
53. El reclamo planteado por el señor Cantos ante la Corte Suprema de Justicia de la Argentina asciende a 2.780.015.303,44 pesos (dos mil setecientos ochenta millones quince mil trescientos tres pesos con cuarenta y cuatro céntimos) equivalentes al mismo monto en dólares de los Estados Unidos de América. De acuerdo con la ley Argentina, la tasa de justicia por abonar era equivalente a un tres por ciento (3%) del total del valor de la litis. La tasa de justicia es la suma de dinero que todo demandante judicial debe pagar para tener acceso a la justicia y según las leyes argentinas la misma sólo responde a un porcentaje y no tiene un tope máximo. Para el caso en particular ese tres por ciento (3%) corresponde a 83.400.459,10 pesos (ochenta y tres millones cuatrocientos mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos con diez centavos) equivalentes al mismo monto en dólares de los Estados Unidos de América. Esta suma de dinero no ha sido efectivamente pagada hasta hoy, pero el señor Cantos no sólo la adeuda sino que adeuda también la multa que se le impuso, de conformidad con la ley, por no haberla pagado, multa correspondiente al cincuenta por ciento (50%) de dicha suma de dinero, o sea, a 41.700.229,50 (cuarenta y un millones setecientos mil doscientos veintinueve y cincuenta centavos), equivalentes al mismo monto en dólares de los Estados Unidos de América, luego de transcurridos cinco días sin que se haya pagado (supra 43.n).
54. Lo que este Tribunal debe decidir en este caso es si la aplicación de la ley y la consecuente determinación de una tasa de justicia de 83.400.459,10 (ochenta y tres millones cuatrocientos mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos con diez centavos, equivalente al mismo monto en dólares de los Estados Unidos de América) es compatible con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, referentes al derecho al acceso a la justicia y al derecho a un recurso sencillo y rápido. El Estado sostiene, sobre el particular, que la determinación de ese monto está de acuerdo con la ley, cuyo propósito es evitar demandas temerarias; que esa suma es proporcional a lo reclamado en la demanda, que no se trata de una tasa confiscatoria y que el señor Cantos no la impugnó en el orden interno. Sin embargo esta Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que el Estado no puede eximirse de responsabilidad respecto a sus obligaciones internacionales argumentando la existencia de normas o procedimientos de derecho interno100. Y debe dejar establecido que la suma fijada por concepto de tasa de justicia y la correspondiente multa constituyen, a criterio de este Tribunal, una obstrucción al acceso a la justicia, pues no aparecen como razonables, aún cuando la mencionada tasa de justicia sea, en términos aritméticos, proporcional al monto de la demanda. Esta Corte considera que si bien el derecho al acceso a la justicia no es absoluto y, consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, lo cierto es que éstas deben guardar correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho101. En consecuencia, el monto por cobrar en el caso en estudio no guarda relación entre el medio empleado y el fin perseguido por la legislación Argentina, con lo cual obstruye, evidentemente, el acceso a la justicia del señor Cantos, y en conclusión viola los artículos 8 y 25 de la Convención.
55. Este Tribunal estima que para satisfacer el derecho de acceso a la justicia no basta que en el respectivo proceso se produzca una decisión judicial definitiva. También se requiere que quienes participan en el proceso puedan hacerlo sin el temor de verse obligados a pagar sumas desproporcionadas o excesivas a causa de haber recurrido a los tribunales. Esta última situación se agrava en la medida en que para forzar el pago procedan las autoridades a embargar los bienes del deudor o a quitarle la posibilidad de ejercer el comercio.
56. La Corte Suprema de Justicia ha aplicado también una ley interna que toma como base el monto de la demanda para regular los honorarios de los abogados intervinientes (los del señor Cantos, los del Estado y los de la Provincia de Santiago del Estero), del consultor técnico del Estado y de los peritos (supra 43 q.r.s). A la luz de los mismos razonamientos de los párrafos anteriores, este Tribunal considera que el cobro de honorarios profesionales regulados con base en el monto de la litis, en los términos en que se ha hecho en este caso particular, impone al actor una carga desmedida y se transforma, en definitiva, en un elemento obstructor de la efectiva administración de justicia. El Tribunal se permite aclarar que los honorarios a los que se refiere este párrafo son los regulados y no los transados entre la parte y los abogados correspondientes.

57. La otra cuestión debatida en estas actuaciones respecto del proceso seguido ante la Suprema Corte de Justicia Argentina es la de si el procedimiento se ha ajustado a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en cuanto garantizan el derecho a una respuesta de la autoridad judicial dentro de un plazo razonable. Este Tribunal observa al respecto que, en principio, los diez años transcurridos entre la presentación de la demanda del señor Cantos ante la Corte Suprema de Justicia y la expedición de la sentencia de ésta última que puso fin al proceso interno, implican una violación de la norma sobre plazo razonable por parte del Estado. No obstante, un examen detenido del desarrollo del aludido proceso, muestra que tanto el Estado como el demandante, es decir, el señor Cantos, incurrieron en comportamientos que por acción u omisión incidieron en la prolongación de la actuación judicial interna. Si la conducta procesal del propio interesado en obtener justicia ha contribuido en algún grado a prolongar indebidamente la duración del proceso, difícilmente se configura en cabeza del Estado una violación de la norma sobre plazo razonable102 En todo caso, teniendo en cuenta la complejidad del asunto y el desinterés del actor, entre otros factores, la duración global del proceso litigioso no revestiría la importancia necesaria para declarar la violación de los artículos que protegen el derecho al acceso a la justicia y a las garantías judiciales. A la luz de ello este Tribunal encuentra que carece de elementos para declarar que el Estado de Argentina ha violado, en la especie, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en cuanto consagran el derecho de obtener respuesta, dentro de un plazo razonable, a las demandas y solicitudes planteadas a las autoridades judiciales.



58. La Corte considera que aún cuando la falta de aplicación del artículo 2 de la Convención Americana no ha sido expresamente alegada por la Comisión Interamericana en relación con la aplicación de las leyes No. 23.898 sobre tasa judicial, y Nos. 24.432 y 21.839, sobre honorarios, al señor Cantos, esto no impide que sea analizada por el Tribunal en virtud del principio general de derecho iura novit curia “del cual se ha valido reiteradamente la jurisprudencia internacional entendiéndolo en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aún cuando las partes no las invoquen expresamente”103.
59. Asimismo, en el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas104. La Corte ha señalado en otras oportunidades que esta norma impone a los Estados partes la obligación general de adecuar su derecho interno a las normas de la propia Convención, para garantizar así los derechos consagrados en ésta. Las disposiciones de derecho interno que se adopten para tales fines han de ser efectivas. Lo que significa que el Estado tiene la obligación de consagrar y adoptar en su ordenamiento jurídico interno todas las medidas necesarias para que lo establecido en la Convención sea realmente cumplido y puesto en práctica105.
60. En el caso subjudice, la Corte observa que la aplicación de la tasa judicial y los honorarios de acuerdo a los parámetros permitidos por la ley condujeron a que se cobraran sumas exorbitantes, con el efecto de obstaculizar el acceso del señor Cantos a la justicia, tal y como se indicó en otros apartados de esta Sentencia (supra 54, 55 y 56). Ante esta situación, las autoridades judiciales han debido tomar todas las medidas pertinentes para impedir que se produjese esa situación, y para lograr que se hicieran efectivos el acceso a la justicia y el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial.
61. En este sentido, valga destacar que
el deber general del Estado, establecido en el artículo 2 de la Convención, incluye la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de dichas garantías.106
62. No obstante lo anterior, la Corte observa, asimismo, lo siguiente: por una parte, existen normas internas en la Argentina que ordenan liquidar y pagar por concepto de tasa de justicia y de honorarios de abogados y peritos sumas exorbitantes, que van mucho más allá de los límites que corresponderían al cubrimiento razonable de los costos y costas generados por la administración de justicia y a la equitativa remuneración de un trabajo profesional calificado. Por otra parte, también existen disposiciones que facultan a los jueces para reducir el cálculo de la tasa y de los honorarios aludidos a límites que los hagan razonables y equitativos. Es, asimismo, del conocimiento de este Tribunal, que la Suprema Corte de Justicia de Argentina ha invocado la posibilidad de hacer prevalecer en las causas judiciales de orden interno las disposiciones de los tratados internacionales, lo cual ha llevado a que en diversos procesos los jueces hayan aplicado directamente la Convención Americana, modificando, en lo pertinente, los alcances del orden normativo nacional107. Así las cosas, este Tribunal no encuentra fundamento para considerar que el Estado ha incumplido el artículo 2 de la Convención porque su orden jurídico, considerado en su integridad, no lleva necesariamente a impedir el acceso a la justicia. En todo caso sería aconsejable que el Estado suprimiera de su ordenamiento jurídico las disposiciones que pudiesen dar lugar, de una u otra manera, a la imposición de tasas de justicia y al cálculo de honorarios que, por ser desmedidas y excesivos, impidieran el cabal acceso a la justicia. Y a su vez adopte el conjunto de medidas tendientes para que la tasa de justicia y el cobro de honorarios no se transformen en obstáculos para hacer efectivo los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en la Convención Americana.
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b) Aspectos sustanciales


63. En cuanto a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictada el 7 de septiembre de 1996, resulta difícil establecer que constituya per se una infracción a la Convención. Esto ocurriría sólo si dicha sentencia fuera en sí misma arbitraria. En general, puede decirse que la sentencia debe ser la derivación razonada del derecho vigente, según las circunstancias de hecho obrantes en la causa. Pero no bastaría que una decisión judicial dejara de ajustarse a esta regla para que pudiera ser tachada de arbitraria. Una sentencia arbitraria tendría las formas de una sentencia judicial, pero presentaría vicios de tal gravedad que la descalificarían como acto jurisdiccional. En el presente caso, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Argentina se funda en las normas sobre validez y nulidad de los actos jurídicos, principalmente en el análisis del convenio suscrito en 1982, y en la prescripción liberatoria que debe aplicarse en la razón de la invalidez de aquél. A criterio de esta Corte, ese acto no puede ser considerado como una sentencia arbitraria.
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64. La Corte estima que no son procedentes las demás pretensiones formuladas por la Comisión Interamericana y los representantes de la víctima (supra 24), en virtud de lo establecido en la Sentencia de excepciones preliminares en el presente caso y en los párrafos 57 y 63 de esta Sentencia.


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65. Por lo expuesto, la Corte considera que el Estado ha violado los artículos 8 y 25 en relación con el artículo 1.1, en perjuicio del señor José María Cantos.



VIII

aplicación del artículo 63.1
66. De acuerdo con lo expuesto en los capítulos anteriores la Corte ha encontrado que con ocasión de los hechos de este caso se violaron los artículos 8 y 25 de la Convención Americana todo ello en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio de José María Cantos. Este Tribunal en su jurisprudencia constante ha establecido que es un principio de derecho internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente108. A tales efectos, la Corte se ha basado en el artículo 63.1 de la Convención Americana, según el cual,
cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
67. Tal como ha indicado la Corte, el artículo 63.1 de la Convención Americana contiene una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De acuerdo con ello, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la mencionada violación109.
68. Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. La naturaleza y el monto de las mismas, dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. En todo caso, las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus familiares110. La obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el derecho internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando disposiciones de su derecho interno111.

69. A continuación, la Corte expone sucintamente los argumentos presentados por la Comisión Interamericana y por los representantes de las víctimas en materia de reparaciones:



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