Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Cantos Vs. Argentina Sentencia de 28 de noviembre de 2002



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Alegatos de la Comisión

En sus presentaciones la Comisión hizo las siguientes solicitudes relativas a las reparaciones, costas y gastos:




  1. En cuanto al rubro del daño material, reiteró que la República Argentina no sólo violó el derecho a un debido proceso en el juicio tramitado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que concluyó en la sentencia de 3 de septiembre de 1996, negándole al señor Cantos la expectativa a obtener el cumplimiento del convenio firmado con el entonces Gobernador de Santiago del Estero, sino que la mencionada sentencia de la Corte Suprema impuso al señor Cantos el pago de costas por una cantidad que asciende aproximadamente a los US$140.000.000,00 (ciento cuarenta millones de dólares de los Estados Unidos de América), y le impuso una inhibición general de bienes y otros embargos derivados de ejercer el derecho a la jurisdicción. Por ello, el Estado deberá “tomar a su cargo el pago de cualquier honorario que se hubiera regulado a peritos [y] abogados[,] como así también la obligación del pago de la tasa de justicia”. En razón de lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte fijar en equidad la suma correspondiente al daño material.




  1. En cuanto al daño inmaterial expresó que la indemnización por este rubro debe considerar las zozobras de las que fuera víctima el señor José María Cantos y su familia. Asimismo, debe considerar “los traslados continuos [del señor] Cantos a Buenos Aires desde Santiago del Estero batallando con los hostigamientos judiciales y policiales con las consecuencias de dejar continuamente su hogar conyugal”, privándolo de “un proyecto de vida en familia”. Además, la Comisión manifestó que “[e]l abuso de denuncias tanto administrativas cuanto judiciales con la finalidad de inhibir al peticionario original, de obtener medidas –seguras- tendientes a perjudicarlo no sólo en su patrimonio, sino en su vida familiar, social y cultural, se transforma necesariamente en violaciones a la Convención”, y significaron, en particular, la frustración del proyecto de vida del señor Cantos y su familia, por lo cual, considera equitativa la cantidad de US$100.000,00 (cien mil de dólares de los Estados Unidos de América).




  1. En cuanto a otras formas de reparación solicitó a la Corte que se reparen las consecuencias de las violaciones de los artículos 8, 21 y 25 de manera que se levanten los embargos y las medidas de inhibición general de bienes, y en consecuencia las informaciones registradas en los organismos públicos correspondientes acerca de los datos personales para que el buen nombre y honor de José María Cantos no figuren con informaciones indebidas o agraviantes.




  1. Con respecto a las costas y gastos, solicitó a la Corte fijar la suma correspondiente al reintegro de los gastos que se derivan de los viajes realizados por José María Cantos, Susana J. Albanese, Germán J. Bidart Campos, Emilio Weinschelbaum y las personas propuestas como testigos, con sus correspondientes hospedajes, a partir de mayo de 1996 y hasta el año 2002, para acudir a las audiencias ante la Comisión y la Corte Interamericanas, cantidad que deberá fijarse de conformidad con el criterio de equidad, debido a que no se han preservado los comprobantes de aviones y hoteles vinculados con los viajes. Solicitó que la Corte fije, según su criterio y la jurisprudencia que ha sido la base de sus decisiones, los honorarios de los abogados del señor Cantos en base a la equidad, teniendo en cuenta que los doctores Susana J. Albanese, Germán J. Bidart Campos y Emilio Weinschelbaum iniciaron sus actividades en mayo de 1996 fecha de presentación de la denuncia original ante la Comisión, la complejidad del caso, la continuidad de los procesos ante la Comisión y ante la Corte.




  1. Con respecto a la modalidad de cumplimiento, solicitó no ordenar el reenvío a los tribunales internos para la fijación de las sumas indemnizatorias, sin perjuicio de la aplicación del artículo 68 de la Convención. Esto por cuanto, ante el reenvío, se podrían producir una de dos situaciones:




  1. Iniciar la correspondiente acción en primera instancia por ante un Juzgado Federal, continuar en segunda instancia en la Cámara respectiva y, en definitiva terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación; o

  2. iniciar el trámite judicial normal y que la Corte Suprema se avoque a su estudio y decisión en virtud del per saltum.

En el primer caso indican que la resolución definitiva superará el ciclo vital del señor Cantos, recordando que cuando la Corte Suprema actuó en instancia originaria, demoró 10 años en descubrir una “prescripción”; y en el segundo caso, es altamente probable que la Corte Suprema de Justicia de la Nación esté integrada por los mismos miembros que dictaron la sentencia de 1996, no existiendo garantía de que prospere una eventual recusación de esa Corte. Indican asimismo que para la figura procesal de per saltum existen dos sistemas: uno pretoriano y otro legal para situaciones particulares, y que tanto en uno como en el otro se tiende a un control selectivo de los expedientes por parte de la Corte Suprema.



Alegatos de los representantes de la víctima

Los representantes de la víctima señalaron las siguientes consideraciones relativas a las reparaciones, costas y gastos:




  1. con respecto al daño material, afirmaron que éste se circunscribe a las consecuencias de “la pérdida del señor Cantos a obtener una indemnización pecuniaria” en virtud de las presuntas violaciones a los derechos al debido proceso, a la protección judicial y, en consecuencia y de conformidad con las circunstancias del caso, a la propiedad. Asimismo, señalaron que su representado “deja totalmente librado al criterio de la … Corte la fijación del monto por el daño material, sobre la base de la equidad”. Los representantes alegaron que el daño material sufrido por el señor Cantos surge como consecuencia de “la sentencia arbitraria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1986 que lo despoja de … el derecho litigioso del que era titular”. Sobre el derecho litigioso señalaron que es distinto al derecho a un juicio justo: es susceptible de medición en dinero e, incluso, puede ser cedido. Finalmente, los representantes señalaron que el convenio de 1982 “fijó pautas clarísimas sobre montos”, a la vez que constituía un reconocimiento por parte de un funcionario público de los despojos que había sufrido el señor Cantos.




  1. Con respecto al daño inmaterial advirtieron que el señor Cantos ha sido objeto de numerosas “persecuciones judiciales y policiales” que entran en el ámbito de la competencia contenciosa de la Corte. Asimismo, señalaron que en casos de persecuciones de esta naturaleza no es necesario demostrar el daño inmaterial, en virtud de que es una consecuencia propia de la naturaleza humana, para lo cual hicieron referencias a los antecedentes de esta Corte. Los representantes señalaron, además, que el señor Cantos no ha recibido reparación alguna en el ámbito interno por estos sufrimientos. Igualmente, consideraron que el señor Cantos ha sido “privado del derecho a un proyecto de vida en familia”. Tomando en cuenta estos criterios los representantes de la presunta víctima estimaron la indemnización por el daño inmaterial en la suma de US$100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América).




  1. con respecto a otras formas de reparación solicitaron que ordene al Estado que se invaliden todas las secuelas del proceso interno, es decir, que se levanten los embargos y las medidas de inhibición general de bienes y, en consecuencia, las informaciones registradas en los organismos públicos correspondientes acerca de los datos personales “para que el buen nombre y honor de José María Cantos” no quede afectado con informaciones “indebidas o agraviantes”.




  1. con respecto a costas y gastos se refirieron durante la audiencia pública a cuatro viajes realizados en relación con la tramitación del caso, para lo cual se remitieron a las constancias adjuntadas al escrito sobre reparaciones presentado. Estimaron los gastos provocados por estos viajes en la suma de US$17.000,00 (diecisiete mil dólares de los Estados Unidos de América) y solicitaron a la Corte que fijara el monto correspondiente a sus honorarios en equidad.




  1. en cuanto a la modalidad de cumplimiento solicitaron que ordenara al Estado realizar cualquier pago exento de impuestos existentes o que se lleguen a crear en el futuro. Asimismo, reiteraron la solicitud expresa a la Corte para que no reenvíe el caso a los tribunales internos para la fijación de las indemnizaciones, en virtud de que esto implicaría la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación llegue a conocer directamente el caso a través de la institución del per saltum. En relación con el plazo de cumplimiento, los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado el pago de las sumas correspondientes dentro un plazo máximo de seis meses y que ordene, asimismo, la aplicación de un interés en caso de mora.



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