Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Cantos Vs. Argentina Sentencia de 28 de noviembre de 2002



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Alegatos del Estado

En sus diferentes intervenciones durante el proceso el Estado señaló lo siguiente:




  1. En cuanto al daño material, aseveró que el señor José María Cantos fue “debidamente oído en un proceso que inició con ese objeto y obtuvo una sentencia acorde a derecho” y que en la República Argentina el monto de la tasa de justicia resulta proporcional al monto reclamado por el accionante, el Estado no violentó el derecho de propiedad del señor Cantos cuando éste resultó condenado en costas en el proceso ante la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, señaló que al haber sido declarado nulo el convenio de 1982 mediante la sentencia de la Corte Suprema de 3 de septiembre de 1996, lo expresado en él no constituye un reconocimiento de deuda por las autoridades oficiales y, por el contrario, esta alegación constituye un intento de “incluir dentro de la competencia de la Corte Interamericana hechos en los que [el] Tribunal se declaró incompetente”. En consecuencia, el Estado considera que no es procedente resarcimiento alguno por este rubro. A su vez, aseveró que todo percance en el desarrollo del proceso ante la Corte Suprema de Justicia le es imputable al señor Cantos pues fue el quien inició un proceso sin fundamento jurídico por un monto extravagante y además, fue el quien se hizo cargo del impulso del mismo, de lo que se desprende que los presuntos daños ocasionados en razón de la causa judicial iniciada por él no son causados por el Estado y no deben ser indemnizados por el mismo. El Estado alegó que dada la “ausencia de responsabilidad de la República Argentina”, según sus alegaciones sobre el fondo, no procede decretar reparaciones en el presente caso.




  1. con respecto al daño inmaterial estableció que los supuestos hostigamientos policiales que padecieran el señor José María Cantos y su familia han sido debidamente refutados por el Gobierno, considerando que “la familia del señor Cantos no es parte en este caso” y que además estos hechos no constituyen “materia controvertible por ser anteriores al 5 de septiembre de 1984”. Además, sobre los alegados hostigamientos judiciales, el Estado sostiene que, según se desprende de las constancias de la causa, éstos nunca se verificaron. Asimismo, en lo relativo al proyecto de vida, manifestó que “nada hace pensar que Cantos no lo tuvo ni que el Estado sea responsable de su ausencia del hogar conyugal”. Por ello, y debido a que no se comprobó padecimiento alguno, consideró que no resulta procedente que la Corte realice una estimación de un monto por concepto de daño moral, “ni siquiera en el carácter simbólica que los representantes de la actora pretenden”.




  1. en cuanto a otras formas de reparación, reiteró tanto las inconveniencias del Convenio suscrito en 1982 y de la justificación de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y recordó que el señor Cantos tuvo acceso a los procedimientos de conformidad con el debido proceso, lo cual no significa que los mismos tuviesen que dar un resultado favorable.




  1. en cuanto a gastos y costas, el Estado afirmó que “no resulta prudente entrar a discutir los montos que los representantes de la supuesta víctima enuncian” sobre gastos y costas, en consideración del “estado de la causa, en la que no existe ni sentencia que declare la responsabilidad de la República Argentina ni, de suyo condena en costas”. En todo caso, solicitó a la Corte apreciar prudentemente el alcance específico de las costas, tomando en cuenta su oportuna comprobación y las circunstancias del caso concreto, sobre una base equitativa y razonable.


Consideraciones de la Corte
70. La Corte declaró que el Estado violó en perjuicio de José María Cantos los artículos 8 y 25 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma. Estas violaciones se originaron al habérsele impuesto al señor Cantos el pago de un monto global de aproximadamente 140.000.000,00 pesos (ciento cuarenta millones de pesos, equivalentes al mismo monto en dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de tasa de justicia, multa por falta de pago de la misma, honorarios de los abogados y de los peritos intervinientes e intereses correspondientes, como consecuencia del proceso seguido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En aplicación del artículo 63.1 de la Convención, el Estado debe:


    1. abstenerse de cobrar al señor José María Cantos la tasa de justicia y la multa por falta de pago oportuno de la misma.




    1. fijar en un monto razonable los honorarios regulados en el caso C-1099 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en los términos del párrafo 74.




    1. asumir el pago de los honorarios y costas correspondientes a todos los peritos y abogados del Estado y de la Provincia de Santiago del Estero, bajo las condiciones establecidas en el punto anterior.




    1. levantar los embargos, la inhibición general y demás medidas que hayan sido decretadas sobre los bienes y las actividades comerciales del señor José María Cantos para garantizar el pago de la tasa de justicia y de los honorarios regulados.

71. Conforme a una constante jurisprudencia internacional, la Corte considera que la obtención de una Sentencia por parte de la víctima, como culminación de un proceso que ampare en alguna medida sus pretensiones, es por sí misma una forma de satisfacción112. En ese sentido, el Tribunal estima que la presente Sentencia entraña una reparación moral, especialmente en virtud de lo señalado en los párrafos anteriores constituyen per se una reparación moral; igual reparación moral entraña la presente Sentencia.


*

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72. En cuanto al reembolso de las costas y gastos causados en el trámite del caso ante la jurisdicción internacional, corresponde a este Tribunal apreciar prudentemente su alcance. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su quantum resulte razonable113.


73. A ese efecto, la Corte considera que debe otorgar a los señores representantes de la víctima como reintegro de los gastos generados en la jurisdicción internacional en un monto de US$15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda Argentina al momento de efectuar el pago. Este pago estará exento de todo impuesto o gravamen existente o que llegue a existir en el futuro.
74. Para dar cumplimiento a la presente Sentencia, el Estado deberá adoptar las medidas reparación indicadas en los párrafo 70 y pagar a los representantes de la víctima los gastos causados anteriormente indicados. Ambas obligaciones el Estado deberá cumplirlas en un plazo de seis meses a partir de su notificación.
75. Si el Estado no pagare los montos por concepto de gastos ocasionados (supra 73) dentro del término del párrafo anterior incurrirá en mora, debiendo pagar un interés sobre el monto adeudado, correspondiente al interés bancario moratorio en la Argentina. Si por algún motivo los representantes de la víctima no se presentaren a reclamar lo que le corresponde por gastos causados, el Estado deberá consignar dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera solvente en las condiciones más favorables. Y si al cabo de 10 años la suma no es reclamada, será devuelta al Estado, con los intereses devengados.
76. Conforme a la práctica constante de este Tribunal, la Corte se reserva la facultad de supervisar el cumplimiento integral de la presente Sentencia. El proceso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente fallo.
IX

Puntos Resolutivos
77. Por tanto,
La Corte,
por unanimidad,
declara que:
el Estado violó el derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor José María Cantos, en los términos de los párrafos 54, 55 y 56 de la presente Sentencia.
y en consecuencia, por unanimidad,
decide que:
1. el Estado debe de abstenerse de cobrar al señor José María Cantos la tasa de justicia y la multa por falta de pago oportuno de la misma.
2. el Estado debe fijar en un monto razonable los honorarios regulados en el caso C-1099 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en los términos de los párrafos 70.b. y 74.
3. el Estado debe asumir el pago de los honorarios y costas correspondientes a todos los peritos y abogados del Estado y de la Provincia de Santiago del Estero, bajo las condiciones establecidas en el punto anterior.
4. el Estado debe levantar los embargos, la inhibición general y demás medidas que hayan sido decretadas sobre los bienes y las actividades comerciales del señor José María Cantos para garantizar el pago de la tasa de justicia y de los honorarios regulados.
5. el Estado debe pagar a los representantes de la víctima la cantidad total de US$15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de gastos causados en el proceso internacional ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 73 y 74 de la presente Sentencia.
6. desestima por no ser procedentes las demás pretensiones de la demanda.
7. el Estado debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre las medidas tomadas para dar cumplimiento la presente Sentencia cada seis meses a partir de la notificación de la misma.
8. supervisará el cumplimiento de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en el presente fallo.
El Juez Barberis hizo conocer a la Corte su Voto Razonado, el cual acompaña a la presente Sentencia.
Redactada en castellano y en inglés, haciendo fe el texto en castellano, en San José, Costa Rica, el día 28 de noviembre de 2002.

Antônio A. Cançado Trindade

Presidente

Alirio Abreu Burelli Máximo Pacheco Gómez

Hernán Salgado Pesantes Oliver Jackman

Sergio García Ramírez Carlos Vicente de Roux Rengifo

Julio A. Barberis, Juez ad hoc

Manuel E. Ventura Robles

Secretario
Comuníquese y ejecútese,

Antônio A. Cançado Trindade

Presidente

Manuel E. Ventura Robles



Secretario

VOTO RAZONADO DEL JUEZ JULIO A. BARBERIS
1. La sentencia que antecede resuelve que el Estado argentino ha infringido los artículos 8 y 25 de la Convención americana sobre Derechos humanos, conclusión que se apoya en el análisis de los hechos y del derecho expuestos en ella. Pero, en lugar de decidir simplemente que el Estado argentino ha violado los artículos indicados, utiliza un lenguaje peculiar: dice que ha violado las disposiciones mencionadas “en relación con el artículo 1.1” de la Convención. Esta expresión es empleada por la Corte en el título del capítulo VII de la sentencia, en la conclusión de dicho capítulo y en la decisión final. En el texto de la sentencia, se hace referencia simplemente a la violación de los artículos 8 y 25, y no se habla de la violación de ese artículo 1.1. ¿Qué significa eso de que un Estado ha violado ciertos artículos de la Convención “en relación” con otro artículo de ella? Para hallar una explicación, es preciso recurrir a la jurisprudencia de la Corte.
2. El artículo 1, inciso 1, de la Convención dispone lo siguiente:
“Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
Esta disposición obliga a los Estados a respetar los derechos humanos enumerados en la Convención sin establecer discriminaciones.
Se trata de una norma jurídica que puede aplicarse a cualquiera de los derechos garantizados como, por ejemplo, la prohibición de la esclavitud, las garantías judiciales o la libertad de asociación. Una ley interna que prohibiera a una minoría racial el recurso a la última instancia judicial o que admitiera situaciones de servidumbre para ciertas personas extranjeras violaría esta disposición de la Convención. Si bien, a nuestro modo de ver, el inciso 1 del artículo 1 establece claramente la obligación de no discriminar, él ha sido objeto de una interpretación particular por parte de la Corte.
3. Ésta tuvo oportunidad de interpretar y aplicar el artículo 1.1 a través de sus opiniones consultivas, de sus sentencias y de sus resoluciones sobre medidas provisionales. El inciso en cuestión fue objeto de consideración por la Corte por primera vez en la opinión consultiva OC-4 del 19 de enero de 1984. En esa ocasión la Corte manifestó:
“El artículo 1.1 de la Convención, que es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado, dispone la obligación de los Estados Partes de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos ‘sin discriminación alguna’. Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convención es per se incompatible con la misma” (114).
De conformidad con esta interpretación de la Corte, los Estados están obligados a respetar los derechos y garantías enumerados en la Convención, sin introducir discriminaciones. Por ejemplo, una ley que garantizara la libertad de expresión, pero que prohibiera publicar revistas en un determinado idioma, sería violatoria del artículo 1.1 de la Convención, pues esta disposición consagra la obligación de no discriminar.
4. En su sentencia del 29 de julio de 1988 en el caso Velásquez Rodríguez, la Corte expuso una nueva interpretación del artículo 1.1, que tendrá influencia en su jurisprudencia posterior hasta hoy. Es interesante examinar el razonamiento de la Corte en esta sentencia.

La Comisión interamericana de Derechos humanos planteó ante la Corte una demanda contra Honduras por el secuestro y la desaparición de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez y la acusó de haber violado los artículos 7 (libertad personal), 5 (integridad personal) y 4 (derecho a la vida) de la Convención.

La Corte transcribe primeramente el texto del artículo 1.1 de la Convención americana y, a continuación, expresa lo siguiente:
“Este artículo contiene la obligación contraída por los Estados Partes en relación con cada uno de los derechos protegidos, de tal manera que toda pretensión de que se ha lesionado alguno de esos derechos, implica necesariamente la de que se ha infringido también el artículo 1.1 de la Convención” (115).
El Tribunal puntualiza que la Comisión no acusó a Honduras por haber violado también el artículo 1.1 de la Convención americana, pero que ello no impide que sea aplicado en virtud del principio iura novit curia.

Más adelante la Corte precisa cuáles son las obligaciones que impone a los Estados el artículo 1.1 de la Convención americana y manifiesta:


“La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, es la de ‘respetar los derechos y libertades’ reconocidos en la Convención ... La segunda obligación de los Estados Partes es la de ‘garantizar’ el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos” (116).
En virtud del razonamiento expuesto y de las pruebas producidas, la Corte llegó a la conclusión de que Honduras había violado, en perjuicio de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez, los deberes de respeto y de garantía de los derechos reconocidos en los artículos 7, 5 y 4 de la Convención americana, “en conexión con el artículo 1.1 de la misma” (117).
5. La Convención americana enumera en su Capítulo II (arts. 3-25) los derechos civiles y políticos de las personas humanas que los Estados se obligan a respetar y garantizar. Por su parte, el artículo 2 impone a los Estados Partes la obligación de adoptar en sus ordenamientos jurídicos internos las normas necesarias para hacer efectivos esos derechos y garantías. Además, el artículo 1.1 dispone que el respeto de los derechos y garantías enunciados deberá ser efectuado sin discriminación alguna por razón de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional, posición económica, nacimiento u otra condición social.
6. La Corte interamericana interpretó el artículo 1.1 de la Convención como obligación de no discriminar en su opinión consultiva N° 4 pero, principalmente a partir del caso Velásquez Rodríguez, adoptó otra interpretación distinta y afirmó que esa disposición establece la obligación genérica de dar cumplimiento a cada una de las disposiciones de la Convención. Así, en sus sentencias en los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz, la Corte manifestó que el artículo 1.1 de la Convención americana

“contiene la obligación contraída por los Estados Partes en relación con cada uno de los derechos protegidos, de tal manera que toda pretensión de que se ha lesionado alguno de esos derechos, implica necesariamente la de que se ha infringido también el artículo 1.1 de la Convención” (118).


En su sentencia del 19 de enero de 1995 en el caso Neira Alegría, la Corte repitió el pasaje transcripto y agregó que el artículo 1.1 es una disposición de carácter general cuya violación está siempre relacionada con la que establece un derecho humano específico (119). Esto significa que, según la interpretación de la Corte, cada vez que se viola un derecho o una garantía establecidos en la Convención, se viola también el artículo 1.1 de la Convención.

La disposición del artículo 1.1 ofrecería, pues, la característica quizás paradójica de no poder ser violada individualmente y de no poder tampoco ser cumplida individualmente. En efecto, ésta sólo podría ser violada como consecuencia de haberse violado otro artículo de la Convención y sólo podría ser cumplida cuando se da cumplimiento a toda la Convención.


7. La interpretación dada por la Corte al artículo 1.1 hace que la Convención contenga una norma que prescriba su propia obligatoriedad o, dicho en otros términos, establece la “auto-obligatoriedad” de la Convención.
Consideremos algunos ejemplos para comprender más claramente la situación. Supongamos que en un país se dicta un Código penal que describe en cada artículo el “tipo penal”, o sea, la conducta humana prohibida y la correspondiente sanción. Este Código penal preverá, por ejemplo, en su artículo 20 que el hurto tiene una sanción de un mes a dos años de prisión y en su artículo 62 que al incendio intencional corresponde una pena de uno a cuatro años de privación de libertad. Supongamos también que ese Código penal contiene un artículo 1 que prescribe que “todo habitante del país está obligado a cumplir con este Código”. En estas circunstancias, puede ocurrir que una persona hurte una gallina y entonces el juez la condenará por violación de los artículos 1 y 20 del Código penal. Otra persona podrá ser acusada de prender fuego a la casa de su vecino y el juez, una vez probados los hechos, la condenará por violación de los artículos 1 y 62 del Código penal. Como puede observarse, el artículo 1 del Código penal de nuestro ejemplo sólo sería violado cuando se ha infringido cualquier otro artículo de dicho Código. Por sí solo, ese artículo no prescribe nada, no tiene el sentido de una norma. El establece sólo la obligatoriedad genérica del Código penal. Esta disposición tendría sentido si estuviera contenida en la Constitución del país pues es comprensible que ella disponga que las leyes son obligatorias. Pero, lo que se puede afirmar en el lenguaje “constitucional” no puede ser expresado en lenguaje “legislativo” porque carece de sentido normativo.

En los Códigos civiles existe generalmente una disposición según la cual los contratos concertados válidamente son obligatorios para las partes contratantes. Esta prescripción es perfectamente comprensible. Pero, si dos personas suscriben un contrato para expresar que los contratos son obligatorios para ellas, esta disposición aparecerá como superflua y hasta carente de sentido. La prescripción que tiene un sentido en el lenguaje “legislativo”, no tiene el mismo sentido en el lenguaje “contractual”. La obligación de cumplir los contratos no puede ser expresada en lenguaje “contractual” y, si se la expresa, no tiene el sentido de una prescripción. Se tratará, a lo sumo, de un reconocimiento que dos personas hacen de la obligatoriedad de los contratos.

En general, en los órdenes jurídicos internos, la norma de un estamento superior puede prescribir la obligatoriedad de la de rango inferior. Así, la Constitución puede prescribir que la ley es obligatoria y ésta, a su vez, puede disponer que los contratos son obligatorios. Pero, una norma no puede establecer su propia obligatoriedad porque ello carece de sentido normativo.
8. Una situación análoga se presenta en el derecho internacional. Tomemos el ejemplo del artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados que dispone, en su primera parte, que “todo tratado en vigor obliga a las partes”. Expresar en una cláusula de una convención que los tratados son obligatorios no tiene el sentido de una prescripción, sino que constituye el mero reconocimiento de una norma existente en otro plano. El enunciado "todo tratado en vigor obliga a las partes” podrá tener el sentido de una norma cuando es formulado en el plano del lenguaje “consuetudinario”, pero no en el lenguaje “convencional”.
9. Las consideraciones efectuadas llevan a la conclusión de que el artículo 1.1 de la Convención americana debería ser interpretado como la Corte lo ha hecho en su opinión consultiva N° 4, o sea, como obligación de no discriminar. La interpretación del artículo 1.1 como regla que impone la obligación genérica de cumplir la Convención conduce a transformar dicho artículo en una disposición carente de sentido normativo. Por esta razón, porque no tiene sentido normativo, no he experimentado dificultad en contribuir con mi voto a la unanimidad de la Corte en esta sentencia. Pero como, por otra parte, estimo que todo lo dicho debe tener sentido, he querido agregar esta explicación. Por lo tanto, decir que “el Estado violó el derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1” significa lo mismo que decir: “el Estado violó el derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Julio A. Barberis

Juez Ad Hoc

Manuel E. Ventura Robles


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