Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Trabajadores Cesados del Congreso



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Corte Interamericana de Derechos Humanos


Caso Trabajadores Cesados del Congreso

(Aguado Alfaro y otros) vs. Perú


Sentencia de 30 de noviembre de 2007

(Solicitud de Interpretación de la Sentencia de Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
En el caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros),
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:
Sergio García Ramírez, Presidente;

Antônio Augusto Cançado Trindade, Juez;

Cecilia Medina Quiroga, Jueza;

Manuel E. Ventura Robles, Juez, y

Diego García-Sayán, Juez;
presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y

Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta;

de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y el artículo 59 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), resuelve la demanda de interpretación de la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas dictada por la Corte el 24 de noviembre de 2006 en el caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú (en adelante “la demanda de interpretación”), interpuesta por el señor Adolfo Fernández Saré, una de las víctimas y representante de uno de los grupos de víctimas, el 8 de marzo de 2007.

I

Introducción de la demanda de interpretación y procedimiento ante la Corte

1. El 8 de marzo de 2007 el señor Adolfo Fernández Saré, víctima en el presente caso y representante de uno de los grupos de víctimas, presentó una demanda de interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas dictada por la Corte el 24 de noviembre de 2006 en este caso1 (en adelante “la Sentencia”), con fundamento en el artículo 67 de la Convención, en los siguientes términos:





  1. ¿Por[ qué] el fallo de la Corte carece de la motivación (objetiva) establecida en el Artículo 66.1 de la Convención Americana?

  2. [¿]Por[ qué] la Corte no aplicó taxativamente el Artículo 63.1 de la Convención Americana[…?]

  3. [¿]Por[ qué] el fallo de la Corte se apartó de su jurisprudencia en […] casos análogos al nuestro en que ordenó la reposición de los trabajadores, el pago de salarios caídos, el pago por concepto de daño moral, por costas y otros[…?]

  4. [¿]Por[ qué] el fallo no ordena puntualmente que se deroguen el Decreto Ley 25640 y la Resolución 1239-A-92-CACL; que impedían e impiden nuestro acceso a […] la Acción de Amparo y al Recurso Administrativo, respectivamente, para hacerlos compatible[s] con la Convención Americana, conforme lo solicitó en su denuncia la Comisión ante la Corte[?]

  5. [¿]Cómo considera la Corte que se nos dará acceso a un recurso rápido, sencillo y eficaz para recurrir administrativa o judicialmente en defensa de nuestros derechos conculcados, si a la fecha los plazos para ello según nuestra legislación interna han caducado[?]

  6. La Corte cre[e] que por 257 trabajadores el Estado Peruano modificará su Código Procesal Constitucional, su Código Procesal Civil, su Ley general de Procedimientos Administrativos y otras normas conexas que tienen que ver con nuestro caso, para darnos acceso a un recurso rápido, sencillo y eficaz[.] ¿Acaso los magistrados desconocen que según la jurisprudencia de la Corte el único recurso rápido, sencillo y eficaz es la Acción de Amparo?

  7. Finalmente, en cuanto al punto 4 de la parte resolutiva de la [S]entencia recurrida vía interpretación, de manera puntual tenemos las siguientes interrogantes:




    1. Por ejemplo, dicho punto resolutivo empieza estableciendo que el Estado nos debe garantizar el acceso a un recurso rápido, sencillo y eficaz para lo cual se debe constituir un órgano independiente e imparcial. Al respecto, nuestra preocupación es saber quién nos garantizará el acceso a dicho recurso: [e]l [E]stado Peruano o el Órgano (Comisión) que este constituirá por mandato de dicho fallo.




    1. Asimismo, nos interesa saber cuáles son las compensaciones a que tenemos derecho si (la Comisión) determina que nuestro cese fue ilegal y arbitrario[.]

2. El 11 de mayo de 2007, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 del Reglamento y siguiendo instrucciones de la Corte, la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) transmitió copia de la demanda de interpretación a los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) y al Estado de Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”) y les comunicó que contaban con un plazo improrrogable hasta el 1 de agosto de 2007 para que presentaran las alegaciones escritas que estimaren pertinentes. Asimismo, se recordó al Estado que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 del Reglamento, “[l]a demanda de interpretación no suspende la ejecución de la Sentencia”. Los intervinientes comunes no presentaron escrito alguno al respecto.


3. El 31 de julio de 2007 el Estado presentó sus referidas alegaciones escritas, en las cuales manifestó, en lo relevante, que:
a) los fallos correspondientes a los casos Baena Ricardo y otros, Tribunal Constitucional y Acevedo Jaramillo y otros (SITRAMUN), difieren del presente caso tanto en los antecedentes como en los fundamentos jurídicos para acceder a la Comisión Interamericana, por lo que no constituyen precedentes de obligatoria observancia por parte de la Corte;

b) resulta irrelevante que la Sentencia no haya ordenado puntualmente la derogatoria ni del Decreto Ley No. 25640, toda vez que el mismo fue dejado sin efecto por la Ley No. 27487 de 21 de junio de 2001, ni de la Resolución No. 1239-A-CAC de 13 de octubre de 1992, dado que dicha disposición sólo resultaba aplicable para la reorganización del Congreso de la República en el año 1992; y


c) “en [e]jecución de Sentencia[, el Estado] viene garantizando a los Trabajadores Cesados del Congreso, la constitución de un órgano independiente e imparcial que determine si los 257 ex trabajadores fueron cesados regular y justificadamente del Congreso de la República, o en caso contrario, determine y fije las consecuencias jurídicas correspondientes, y de ser el caso, las compensaciones debidas en función de las circunstancias específicas de cada una de esas personas”.
4. El 1 de agosto de 2007 la Comisión presentó las referidas alegaciones escritas. Estimó que “el escrito sometido por el señor Fernández Saré ante el Tribunal no pretende que éste interprete el sentido o alcance del fallo, […] sino que busca una revisión, reconsideración y análisis de la [S]entencia definitiva e inapelable [… dictada …], por estar en desacuerdo con las decisiones en ella contenidas”. Luego de citar jurisprudencia de la Corte que consideraba relevante, la Comisión concluyó que los alegatos del señor Fernández Faré “no constituye[n] propiamente un recurso de interpretación”.


II

Competencia y composición de la Corte
5. El artículo 67 de la Convención establece que:
[e]l fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.
6. De conformidad con el artículo citado, la Corte es competente para interpretar sus fallos. Al realizar el examen de la demanda de interpretación, el Tribunal debe tener, de ser posible, la misma composición que tenía al dictar la Sentencia respectiva (artículo 59.3 del Reglamento). En esta ocasión, la Corte se integra con la mayoría de los jueces que dictaron la Sentencia2, cuya interpretación ha sido solicitada.


III

Admisibilidad
7. Corresponde a la Corte verificar si los términos de las demandas de interpretación satisfacen los requisitos establecidos en las normas aplicables, a saber el artículo 67 de la Convención y 29.3 y 59 del Reglamento.
8. El artículo 59 del Reglamento dispone que:
1. La demanda de interpretación a que se refiere el artículo 67 de la Convención podrá promoverse en relación con las sentencias de fondo o de reparaciones y se presentará en la Secretaría de la Corte indicándose en ella, con precisión, las cuestiones relativas al sentido o alcance de la sentencia cuya interpretación se pida.

2. El Secretario comunicará la demanda de interpretación a las partes en el caso y les invitará a presentar las alegaciones escritas que estimen pertinentes dentro del plazo fijado por el Presidente.


3. Para el examen de la demanda de interpretación la Corte se reunirá, si es posible, con la composición que tenía al dictar la sentencia respectiva. Sin embargo, en caso de fallecimiento, renuncia, impedimento, excusa o inhabilitación, se sustituirá al juez de que se trate según el artículo 16 de este Reglamento.
4. La demanda de interpretación no suspenderá la ejecución de la sentencia.
5. La Corte determinará el procedimiento que se seguirá y resolverá mediante una sentencia.
9. El artículo 29.3 del Reglamento establece que “[c]ontra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación”.
10. La Corte ha constatado que el señor Fernández Saré interpuso la referida demanda de interpretación dentro del plazo establecido en el artículo 67 de la Convención, ya que la Sentencia fue notificada a las partes el 21 de diciembre de 2006.
11. Por otro lado, tal como lo ha dispuesto anteriormente este Tribunal3, una demanda de interpretación de una sentencia no debe utilizarse como un medio de impugnación, sino únicamente debe tener como objeto desentrañar el sentido de un fallo cuando una de las partes sostiene que el texto de sus puntos resolutivos o de sus consideraciones carece de claridad o precisión, siempre y cuando esas consideraciones incidan en dicha parte resolutiva. Por ende, no se puede pedir la modificación o anulación de la sentencia respectiva a través de una demanda de interpretación.
12. Asimismo, la Corte ha establecido que una demanda de interpretación de sentencia no puede consistir en el sometimiento de cuestiones de hecho y de derecho que ya fueron planteadas en su oportunidad procesal y sobre las cuales el Tribunal ya adoptó una decisión4.
13. Para analizar la procedencia de la demanda de interpretación presentada por el señor Fernández Saré y, en su caso, aclarar el sentido o alcance de la Sentencia emitida el 24 de noviembre de 2006, seguidamente la Corte analizará lo planteado en las siete preguntas del señor Fernández Saré (supra párr. 1).
*
14. La Corte observa que las preguntas primera, segunda, tercera y sexta del escrito del señor Fernández Saré buscan controvertir la motivación de fondo de la Sentencia y no versan sobre cuestiones precisas y concretas acerca del sentido y alcance de lo dispuesto en la Sentencia. Por ende, no constituyen una demanda de interpretación de Sentencia en los términos de los artículos 67 de la Convención y 29.3 y 59 del Reglamento.
*
15. En su cuarta pregunta, el señor Fernández Saré cuestiona las razones por las cuales no fue ordenada la derogación del Decreto Ley 25640 y de la Resolución 1239-A-92-CACL. Esta pregunta pretende un examen de cuestiones de derecho ya analizadas y resueltas en la Sentencia, por lo cual no corresponde admitirla para la interpretación de la Sentencia. Sin perjuicio de ello, el Tribunal estima oportuno recordar que, luego de lo establecido en el capítulo de Hechos Probados (párrafos 89.4, 89.9, 89.10 y 89.11), en la Sentencia consideró lo siguiente:
117. En cuanto a la normativa aplicada a las personas cesadas, ha quedado establecido que el artículo 9 del Decreto Ley No. 25640 prohibía expresamente la posibilidad de interponer la acción de amparo contra los efectos del mismo. (supra párr. 89.4, 89.9 y 113). Tal como lo manifestó el perito Abad Yupanqui, en la época de los hechos “se comenzó a incluir en cada uno de los decretos leyes que el Gobierno [consider]aba necesario, una disposición que impedía el empleo del amparo” (supra párr. 81.g)[…].
118. Respecto de las disposiciones cuestionadas por la Comisión y por los intervinientes comunes en este proceso, el Estado manifestó que:
[D]urante el período de los procesos de racionalización del personal del Congreso Nacional de la República Peruana estuvieron vigentes disposiciones de carácter legal y administrativo, materia de cuestionamiento en el presente proceso, que contravenían los derechos consagrados en los artículos 1º (1) y 2º de la Convención Americana.
[E]l artículo 9 del Decreto Ley No. 25640, materia de cuestionamiento en el presente proceso, contravenía las disposiciones contenidas en los artículos 8º(1) y 25º(1) de la Convención Americana.
[…] [P]odría entenderse que la sola expedición del artículo 9 [de dicho] Decreto […] y del artículo 27 de la Resolución 1239-A-92CACL resultaba incompatible con la Convención.
119. Es claro para la Corte que las presuntas víctimas se vieron afectadas por las disposiciones cuestionadas en este proceso internacional. La prohibición de impugnar los efectos del Decreto Ley No. 25640, contenida en el artículo 9 señalado, constituye una norma de aplicación inmediata, en tanto sus destinatarios se ven impedidos ab initio de impugnar cualquier efecto que estimaren perjudicial a sus intereses. La Corte estima que una normativa que contenga una prohibición de impugnar los eventuales efectos de su aplicación o interpretación no puede ser considerada en una sociedad democrática como una limitación válida al derecho a un real y efectivo acceso a la justicia de los destinatarios de esa normativa, el cual, a la luz de los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, no puede ser arbitrariamente restringido ni reducido o derogado[…].
120. En el contexto descrito, el artículo 9 del Decreto Ley No. 25640 y el artículo 27 de la Resolución 1239-A-92-CACL de la Comisión Administradora contribuyeron a propiciar un clima de desprotección e inseguridad jurídica que impedía o dificultaba, en gran medida, a las personas afectadas que pudieran determinar con razonable claridad la vía idónea a la cual se podía o se debía acudir para reclamar los derechos que consideraran vulnerados. […]
129. En conclusión, la Corte observa que este caso ocurrió en un contexto de impedimentos normativos y prácticos para asegurar un acceso real a la justicia y de una situación generalizada de ausencia de garantías e ineficacia de las instituciones judiciales para afrontar hechos como los del presente caso. En ese contexto, y en particular el clima de inseguridad jurídica propiciado por la normativa que limitaba la impugnación respecto del procedimiento de evaluación y eventual cesación de las presuntas víctimas, es claro que éstas no tenían certeza acerca de la vía a la que debían o podían acudir para reclamar los derechos que se consideraran vulnerados, fuera administrativa, contencioso administrativa o de amparo.
16. Es decir, la Corte consideró que tanto el artículo 9 del Decreto Ley No. 25640 como el artículo 27 de la Resolución 1239-A-92-CACL contribuyeron a generar un clima de inseguridad y desprotección jurídica, razón por la cual, inter alia, estableció que el Estado había violado los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecidos en los artículos 1.1 y 2 de la misma.
*
17. La Corte observa que en sus preguntas quinta y séptima el señor Fernández Saré cuestiona la forma en que el Estado proporcionará a las víctimas un recurso rápido, sencillo y eficaz para recurrir administrativa o judicialmente para hacer valer los derechos que consideren conculcados.
18. Este Tribunal observa que en el párrafo 148 de la Sentencia estableció que
[…] en el presente caso el Tribunal considera que la reparación consecuente con las violaciones declaradas es disponer que el Estado garantice a los lesionados en el goce de sus derechos o libertades conculcados, a través del efectivo acceso a un recurso sencillo, rápido y eficaz, para lo cual deberá constituir a la mayor brevedad un órgano independiente e imparcial que cuente con facultades para decidir en forma vinculante y definitiva si esas personas fueron cesadas regular y justificadamente del Congreso de la República o, en caso contrario, que así lo determine y fije las consecuencias jurídicas correspondientes, inclusive, en su caso, las compensaciones debidas en función de las circunstancias específicas de cada una de esas personas.
19. De nuevo, la Corte considera que dicho planteamiento no constituye una cuestión acerca del sentido y alcance de la Sentencia, sino se refiere a los medios que el Estado deberá emplear para dar acatamiento a ésta. Por no corresponder a un supuesto de interpretación de la Sentencia bajo las normas aplicables, el referido planteamiento debe ser declarado inadmisible y, en cuanto sea oportuno y pertinente, podrá ser analizado en la etapa de supervisión de cumplimiento de la Sentencia.
20. Asimismo, resulta oportuno recordar que es el Estado el que ha sido declarado internacionalmente responsable y, como tal, el único obligado a adoptar las medidas de reparación ordenadas, independientemente del órgano interno o del poder que dé cumplimiento a nivel interno a lo ordenado por la Corte5.

IV

PUNTOS RESOLUTIVOS

21. Por las razones expuestas,



LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 29.3 y 59 del Reglamento


Decide:

Por cuatro votos contra uno,

1. Declarar inadmisible la demanda de interpretación de la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas dictada el 24 de noviembre de 2006 en el caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, planteada por el señor Adolfo Fernández Saré, por no adecuarse a lo previsto en los artículos 67 de la Convención y 29.3 y 59 del Reglamento, según lo señalado en los párrafos considerativos de la presente Sentencia.

Disiente el Juez Cançado Trindade.

2. Notificar la presente Sentencia al señor Adolfo Fernández Saré, a los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas, al Estado y a la Comisión.

El Juez Antônio Augusto Cançado Trindade hizo conocer a la Corte su Voto Disidente, el cual acompaña a la presente Sentencia.


Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el 30 de noviembre de 2007.


Sergio García Ramírez

Presidente


Antônio A. Cançado Trindade


Cecilia Medina


Manuel E. Ventura Robles


Diego García-Sayán




Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

Comuníquese y ejecútese,

Sergio García Ramírez

Presidente

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ A.A. CANÇADO TRINDADE

1. Lamento no poder compartir la decisión tomada por la mayoría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la presente Sentencia de Interpretación en el caso de los Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú. La Corte ha declarado inadmisible en su totalidad la demanda de interpretación sometida por los peticionarios en el cas d'espèce por haber entendido, a mi juicio equivocadamente, que dicha demanda no presenta cuestión alguna acerca del "sentido y alcance" de su anterior Sentencia (del 24.11.2006) sobre el fondo y las reparaciones en el presente caso de los Trabajadores Cesados del Congreso.


2. La referida demanda, sin embargo, presenta, en su punto 7(a)6, un planteamiento que considero de la mayor relevancia, que incide sobre una cuestión que, en mi entendimiento, tiene relación directa con la Sentencia sobre el fondo y las reparaciones en el presente caso, y que, además, pertenece - tal como he sostenido en el seno de esta Corte - al dominio del jus cogens: la cuestión del derecho de acceso a la justicia, a abarcar sus aspectos tanto formal como material, culminando en la prestación jurisdiccional o la realización de la justicia. Al fundamentar mi firme discrepancia con la mayoría de la Corte en la presente Sentencia, procederé, de inicio, a mis consideraciones preliminares.
I. Consideraciones Preliminares.
3. Al puro inicio de mi Voto Razonado en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre fondo y reparaciones (del 24.11.2006) en el presente caso de los Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, señalé que había concurrido con mi voto a la adopción de dicha Sentencia, "aunque la solución de este caso no me satisfaga" (párr. 1); en seguida, agregué "algunas precisiones de orden conceptual" (párrs. 1-7), bajo la presión acelerada del tiempo que se ha recientemente impuesto al proceso decisorio de la Corte. En nada me sorprende que los peticionarios hayan interpuesto una demanda de Interpretación de Sentencia (escrito del 05.02.2007, pp. 1-2), aunque pudieron haberlo redactado de forma más cuidadosa y refinada.
4. Dos otros escritos fueron presentados a la Corte en el presente procedimiento de Interpretación de Sentencia: uno por la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (del 01.08.2007, pp. 1-3), en que concluye que la presente demanda "no constituye propiamente un recurso de interpretación" pero sin razonar satisfactoriamente y sin demostrar por que llegó a esta conclusión, - y otro escrito por el Estado demandado (del 31.07.2007, pp. 1-3), en que proporcionó debidamente a la Corte, en lenguaje adecuado, todos los datos que consideró pertinentes para la deliberación de la Corte sobre la presente demanda de interpretación, sin impugnar esta última.
5. Como la Corte Interamericana, en la presente Sentencia de Interpretación, ha sido, a mi juicio, sumamente sumaria y reticente, y ha dejado de aclarar el punto 7(a) de la demanda de los peticionarios, que incide en una materia - el acceso a la justicia - que, en mi entender, pertenece al dominio del jus cogens, - me permito agregar a dicha Sentencia mi presente Voto Disidente, en el cual dejo constancia de mis reflexiones como fundamentación de mi posición sobre la materia tratada. Centraré mis reflexiones en cuatro cuestiones a la cuales atribuyo la mayor relevancia, que se desprenden del presente caso de los Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, a saber: a) el ejercicio del control de convencionalidad; b) las obligaciones convencionales de protección como obligaciones de resultado; c) la configuración de la responsabilidad del Estado en los planos del derecho interno y del derecho internacional; y d) el acceso a la justicia y la ampliación del contenido material del jus cogens. El campo estará entonces abierto a la presentación de mis consideraciones y advertencias finales.
II. El Ejercicio del Control de Convencionalidad.
6. El derecho público interno esperó más de un par de siglos para alcanzar un grado de cohesión y jerarquización de modo a dotarse de un mecanismo de control de "constitucionalidad" de las leyes y los actos administrativos7. Dicho control pasó a ser un medio para la protección de los derechos de la ciudadanía en general, y a fortiori, de todas las personas bajo la jurisdicción estatal, en un Estado de Derecho8. Estos desarrollos en el derecho interno repercutieron, como no podría dejar de ocurrir, en la doctrina jusinternacionalista, que de ellos tomó nota9. A partir de mediados del siglo XX se pasó a hablar de "internacionalización" del derecho constitucional, y más recientemente, en las dos últimas décadas, de "constitucionalización" del Derecho Internacional.
7. Una y otra corrientes de pensamiento fomentaron una mayor cohesión en el ordenamiento jurídico, y ambas una mayor interacción entre los ordenamientos jurídicos internacional e interno en la protección de los derechos humanos10. En el marco de esta más amplia dimensión doctrinal, se vino a reconocer que, en el plano internacional propiamente dicho, los tratados de derechos humanos tienen una dimensión "constitucional", aquí mencionada no en sentido de su posición en la jerarquía de normas en el derecho interno, que de todos modos está rehén de lo que determinan las constituciones nacionales proyectándose de ahí con variaciones al orden internacional, sino más bien en el sentido mucho más avanzado de que construyen, en el propio plano internacional, un orden jurídico constitucional de respeto a los derechos humanos.
8. La Corte Europea de Derechos Humanos, al referirse a la Convención Europea de Derechos Humanos, utilizó efectivamente la expresión "instrumento constitucional del orden público europeo (`instrument constitutionnel de l'ordre public européen')" en el caso Loizidou versus Turquía (Excepciones Preliminares, 1995, párr. 75), y la Corte Interamericana comenzó a pronunciarse al respecto en el presente caso de los Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú (fondo y reparaciones, Sentencia del 24.11.2006); podía y debía ahora haber desarrollado su razonamiento en la presente Sentencia de Interpretación, para aclarar su posición en atención al punto 7(a) de la demanda de Interpretación de Sentencia presentada (el 05.02.2007) por los peticionarios en el cas d'espèce. Para eso, cuenta con una disposición-clave de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su artículo 2, - que no encuentra paralelo en la Convención Europea de Derechos Humanos, - la cual puede promover la referida "constitucionalización".
9. La "constitucionalización" del Derecho Internacional (un nuevo desafío a la ciencia jurídica contemporánea) es, a mi juicio, mucho más significativa que la atomizada y variable "internacionalización" del Derecho Constitucional (esta última, ya estudiada hace más de cinco décadas). El artículo 2 de la Convención Americana, en virtud del cual los Estados Partes están obligados a armonizar su ordenamiento jurídico interno con la normativa de protección de la Convención Americana, abre efectivamente la posibilidad de un "control de convencionalidad", con miras a determinar si los Estados Partes han efectivamente cumplido o no la obligación general del artículo 2 de la Convención Americana, así como la del artículo 1(1).
10. De ese modo, se puede alcanzar un ordre public internacional con mayor cohesión de respeto a los derechos humanos. La "constitucionalización" de los tratados de derechos humanos, a mi juicio, acompaña, así, pari passu, el control de su convencionalidad. Y este último puede ser ejercido por los jueces de tribunales tanto nacionales como internacionales, dada la interacción entre los órdenes jurídicos internacional y nacional en el presente dominio de protección.
11. Permítome, a continuación, recordar que, en mi Voto Razonado en el caso de los Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú (fondo y reparaciones, Sentencia del 24.11.2006), señalé que
"Como vengo sosteniendo hace tantos años, los recursos efectivos de derecho interno, a los cuales se refieren expresamente determinadas disposiciones de los tratados de derechos humanos, integran la propia protección internacional de los derechos humanos11. (...)

(...) Los órganos del Poder Judicial de cada Estado Parte en la Convención Americana deben conocer a fondo y aplicar debidamente no sólo el Derecho Constitucional sino también el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; deben ejercer ex officio el control tanto de constitucionalidad como de convencionalidad, tomados en conjunto, por cuanto los ordenamientos jurídicos internacional y nacional se encuentran en constante interacción en el presente dominio de protección de la persona humana. El caso de los Trabajadores Cesados del Congreso plantea la cuestión, para estudios futuros sobre el tema del acceso a la justicia, si la falta de claridad en cuanto al conjunto de los recursos internos puede también conllevar a una denegación de justicia.

Me permito aquí recordar que, en mi Voto Razonado en el reciente caso Goiburú y Otros versus Paraguay (Sentencia del 22.09.2006), señalé que la Corte dio, en aquel caso, un paso adelante en cuanto a las prohibiciones del jus cogens, en el sentido en que yo venía propugnando hace ya algún tiempo en el seno del Tribunal12, al reconocer que dicho derecho imperativo abarca igualmente el derecho de acceso a la justicia lato sensu, o sea, el derecho a la prestación jurisdiccional plena. (...)" (párrs. 2-4).
12. Me permito agregar, en la misma línea de pensamiento, dos breves puntos adicionales atinentes a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Primero, el ejercicio del control de convencionalidad cabe, a mi juicio, como ya señalado, tanto a los jueces nacionales como a los internacionales (i.e., los de la Corte Interamericana). Es por eso que siempre he tenido una cierta dificultad con el puro renvoi de alguna cuestión pendiente ante la Corte a los órganos nacionales para la solución del diferendo, por entender que la Corte debería, siempre que posible, presentar ella misma dicha solución. Segundo, la obligación general del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos abre camino para su "constitucionalización", o sea, la "constitucionalización" de una convención internacional (enteramente distinta de la pretendida internacionalización del derecho constitucional, y mucho más avanzada que esta última).

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