Corte interamericana de derechos humanos



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Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 117, y Caso Barbani Duarte Vs. Uruguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011 Serie C No. 234, párr. 117.

155 Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 08 de octubre de 2015. Serie C No. 305, párr. 227; Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214, párr. 109, y Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 138.

156 Cfr. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párrs. 190 y 207. Véase en el mismo sentido: Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182; Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, y Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227.

157 Cfr. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282, párrs. 349 a 358; Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272, párr. 132, y Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251, párr. 157.

158 Cfr. Caso Mémoli Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265, párr. 171.

159 Cfr. Caso Barbani Duarte y Otros Vs. Uruguay. Fondo Reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234, párr. 142.

160 Cfr. Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011 Serie C No. 233, párr. 149.

161 Cfr. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 115 a 123.

162 Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 164.

163 Cfr. Caso Baena Ricardo Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 137.

164 Cfr. Caso Baena Ricardo Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 127, y Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, párr. 167.

165 Cfr. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, y Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268.

166 Cfr. Caso Baena Ricardo Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, y Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74.

167 Cfr. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 178.

168 Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, párr. 166.

169 Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71.

170 Caso Ricardo Baena y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72.

171 Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párrs. 141 y 142.

172 Cfr. Caso Baena Ricardo Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C N° 72, párr. 124, y Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282, párr. 349.

173 Caso Maldonado Ordoñez Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de mayo de 2016. Serie C No. 311, párr. 75.

174 Caso Maldonado Ordoñez Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de mayo de 2016. Serie C No. 311, párr. 81.

175 Caso Maldonado Ordoñez Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de mayo de 2016. Serie C No. 311, párrs. 82, 83 y 84.

176 Véase el párr. 82 del Voto Parcialmente Disidente emitido en el Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268.


177 Véase el párr. 83 del Voto Parcialmente Disidente emitido en el Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268.

178 Véase el párr. 74, in fine, de la presente sentencia.

179 Caso Maldonado Ordoñez Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de mayo de 2016, Serie C No. 311, párr. 80.

180 Debe recordarse que en la línea jurisprudencia de esta Corte IDH se encuentran los casos relativos a los tribunales constitucionales de Perú (2001) y de Ecuador (2013), referentes a la aplicación de las garantías judiciales en el juicio político que evidentemente tiene una función punitiva. Véase supra, párr. 26 del presente voto razonado.

181 Véase Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de 20 de marzo de 2013, párrs. 65 a 69 y 72. Sobre la eficacia directa (cosa juzgada) e indirecta (cosa interpretada) de la sentencia interamericana, véase el voto razonado en dicha resolución, párrs. 22 a 79.

182 Nieto García, Alejandro, Derecho administrativo sancionador, 5a. edición, Madrid, Tecnos, 2015, pp. 46, 52, 132 y 135. Véanse también García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón, Curso de derecho administrativo II, 13a. edición, Cizur Menor (Navarra), Civitas-Thomson Reuters, 2013, pp. 172 y 173; y Parejo Alfonso, Luciano, Derecho administrativo, Barcelona, Ariel, 2003, p. 787.

183 Nieto García, Derecho administrativo sancionador, cit., p. 127 y 170; y García de Enterría y Fernández, Curso de derecho administrativo II, cit., pp. 173 a 175.

184 Nieto García, Derecho administrativo sancionador, cit., pp. 47, 124 y 128.

185 Cfr. García de Enterría y Fernández, Curso de derecho administrativo II, cit., p. 164.

186 Nieto García, Derecho administrativo sancionador, cit., pp. 46, 122 y 125.

187 “1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos”.

Texto tomado en la sección correspondiente a la Constitución del sitio oficial del Congreso de los Diputados español, ubicado en http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm.



188 STC 18/1981, de 8 de junio de 1981, fundamento jurídico 2o. Seguiré el uso español de referir las Sentencias del Tribunal Constitucional con la abreviatura “STC” (en plural “SSTC”). Estas resoluciones y otras están disponibles en el Buscador de Jurisprudencia Constitucional de dicho Tribunal, ubicado en http://hj.tribunalconstitucional.es/.

189 Nieto García, Derecho administrativo sancionador, cit., pp. 135, 136 y 138.

190 Cfr. García de Enterría y Fernández, Curso de derecho administrativo II, cit., p. 175.

191 Cfr. Nieto García, Derecho administrativo sancionador, cit., p. 137.

192 García de Enterría y Fernández, Curso de derecho administrativo II, cit., p. 175.


193 STC 61/1990, de 29 de marzo de 1990, fundamentos jurídicos 6o. a 8o.

194 Nieto García, Derecho administrativo sancionador, cit., pp. 131 a 134.

195 Ibidem, p. 135.

196 Sobre el uso de esta técnica por el Tribunal Constitucional español —pudiendo ser uno de sus ejemplos el “principio de legalidad en materia sancionadora”— véase Ezquiaga Ganuzas, Francisco Javier, La argumentación en la justicia constitucional y otros problemas de aplicación e interpretación del Derecho, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2006, pp. 49 a 53. La versión electrónica de esta obra se halla disponible en:http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/publicaciones/file/argumentacion.pdf.

197 Cfr. Nieto García, Derecho administrativo sancionador, cit., pp. 122 y 133 (citando a Quintero Olivares, Gonzalo, “La autotutela, los límites al poder sancionador de la Administración Pública y los principios inspiradores del Derecho Penal”, Revista de Administración Pública, Madrid, número 126, Septiembre-Diciembre de 1991, p. 262. La versión electrónica de la obra referida en último lugar se halla disponible en:http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=124&IDA=23772.

198 Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C No. 221, párr. 24, y ECHR, Case Loizidou v. Turkey (Preliminary Objections), No. 15318/89. Judgment of 23 March 1995, para. 75 and 93.

199 Parejo Alfonso, Derecho administrativo, cit., p. 788.

200 Nieto García, Derecho administrativo sancionador, cit., p. 30 (Subrayado añadido). Parece que este autor pugna por suprimir la traslación de los principios del Derecho penal al administrativo sancionador. Pero líneas abajo, en el mismo párrafo, aclara su idea al indicar que: “no hay más remedio que volver a empezar desde el principio y en el principio están, como he repetido, la Constitución, el Derecho Público estatal y el Derecho Administrativo, por este orden. Ahora bien, en esta tarea la presencia del Derecho Penal es no ya sólo útil sino imprescindible y ha de seguir operando, no obstante y en todo caso, como punto de referencia, como pauta técnica y, sobre todo, como cota de máxima de las garantías individuales que el Derecho Administrativo Sancionador debe tener siempre presentes”; idem. (Subrayado añadido). Véase también ibidem, p. 137. Entonces, decantándome con base en los motivos antes expuestos por adoptar su afirmación de la unidad del ius puniendi ante su oscilante posición al respecto (cfr. ibidem, pp. 47 y 135), la posición de Nieto García puede tomarse del modo siguiente: el ejercicio el poder punitivo in genere del Estado se halla sujeto a determinados principios de los que me ocuparé luego; la satisfacción de estos principios inspiró las normas garantistas específicas del ámbito penal, muchas de las cuales tienen expresión precisa en las disposiciones fundamentales; puede presumirse que aquellos principios generales inspiren en diversos ámbitos sancionadores, como el administrativo en particular, normas propias de contenido idéntico o similar a las que origina en el penal; y de esta suerte, es factible tomar como referencia del sentido de aquellos principios las normas de este último y llevarlas sin más a un nuevo terreno jurídico o imponiéndoles de modo justificado ciertas adaptaciones.

201 Cfr. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 117.

202 Véase Taruffo, Michele, Proceso y decisión. Lecciones mexicanas de Derecho Procesal, Madrid, Marcial Pons, 2012, pp. 44 a 48.

203 De particular significado para el ámbito administrativo en general, y especialmente para su vertiente sancionadora, es la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública emitida por el organismo internacional Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Los párrafos 24, 27 y 28, inter alia, del referido instrumento prevén garantías del debido proceso en la esfera administrativa. La mencionada Carta puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: http://old.clad.org/documentos/declaraciones/Carta%20Iberoamericana%20de%20los%20deberes%20y%20derechos%20-%20documento%20aprobado.pdf.

204 Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (artículos 46.1, 46.2a y 46.2b, Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990. Serie A, No. 11, párr. 28.

205 Cfr. Nieto García, Derecho administrativo sancionador, cit., p. 48.

206 En este preciso punto es que me aparto de las apreciaciones de Nieto García. Para este autor es indudable que los principios penales serán aplicables al ámbito administrativo, pero “no van a serlo de forma mecánica, sino ‘con matices’, es decir, debidamente adaptados al campo que los importa” (ibidem, p. 138). Mi discrepancia es que Nieto García aquí afirma rotundamente que siempre habrá un matiz, una adaptación; en cambio, yo opino que como expresión de una norma más general, en principio aplican sin más, tal como son, a diverso ámbito sancionador, a menos que se demuestre que requieren algún matiz.

207 Cfr. Nieto García, Derecho administrativo sancionador, cit., p. 137.

208 Véase Plantin, Christian, La argumentación, 3a. edición, traducción de Amparo Tusón Valls, Barcelona, Ariel, 2002, pp. 35 y 36.

209 Véase Alexy, Robert, Teoría de la argumentación jurídica, 2a. edición, traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2012, pp. 191 a 193.

210 STC 61/1990, de 29 de marzo de 1990, fundamento jurídico 8o.

211 Véase García de Enterría y Fernández, Curso de derecho administrativo II, cit., pp. 181-183.

212 Por todas, véase STC 60/2000, de 2 de marzo de 2000, fundamento jurídico 3o.

213 Con relación a este tema particular y el general del que se desprende, véase Ruiz Robledo, Agustín, El derecho fundamental a la legalidad punitiva, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2003, pp. 134 y siguientes.

214 Véase Nieto García, Derecho administrativo sancionador, cit., pp. 138 y 139.

215 García de Enterría y Fernández, Curso de derecho administrativo II, cit., p. 459.

216 Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C, No. 52, párr. 207.

217 Cfr. Nieto García, Derecho administrativo sancionador, cit., p. 60.

218 Véase García de Enterría y Fernández, Curso de derecho administrativo II, cit., pp. 188 a 191.

219 Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008, Serie C, No. 177, párrs. 51 y siguientes. En la doctrina véase particularmente Bernal Pulido, Carlos, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, 3a. edición, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007.

220 STC 76/1990, de 26 de abril de 1990, fundamento jurídico 4o.B. (Subrayado añadido).

221 Bernal Pulido, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, cit.

222 Así sucede en el ejemplo que estudiamos. Sancionar “solidariamente” una conducta ilegal persigue el fin legítimo de prevenirla de modo represivo; resulta “idónea” para este propósito, pues naturalmente contribuirá a evitar que las personas incurran en ella; y habitualmente también será “necesaria”, porque con una medida diferente a la sanción, difícilmente se logrará con el mismo grado de persuasión evitar el actuar ilícito.

223 “La fórmula del peso”, traducción de Carlos Bernal Pulido, addenda a Alexy, Teoría de la argumentación jurídica, cit., pp. 349 y siguientes.

224 Con gran parecido a lo que esta Corte IDH estableció en el Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008, Serie C, No. 177, párr. 84.

225 Desde luego, este examen en la práctica requiere un análisis exhaustivo y pormenorizado de todas las circunstancias del caso. No es posible mostrarlo a cabalidad en abstracto. Aquí se realiza para efectos meramente ilustrativos.

226 Párr. 74 de la Sentencia.

227 ECHR. Engel and other v. The Netherlands, Sentencia de 8 de junio de 1976.

228 ECHR. Lutz v. Germany, Sentencia de 25 de agosto de 1987; Campbell and Fell v. the United Kingdom, Sentencia de 28 de junio de 1984.

229 ECHR. Case of Ezeh and Connors v. The United Kingdom, Sentencia de 9 de octubre de 2003, párr. 86; Öztürk v. Germany, Sentencia de 21 de febrero de 1984, párr. 54.

230 ECHR. Case of Albert and Le Compte v. Belgium, Sentencia de 10 de febrero 1983, párr. 39.

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