Corte interamericana de derechos humanos



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V
PRUEBA




  1. Prueba documental, testimonial y pericial





  1. Este Tribunal recibió diversos documentos presentados como prueba por la Comisión y las partes, adjuntos a sus escritos principales (supra párrs. 1, 6 y 7). Además, la Corte recibió la declaraciones rendidas ante fedatario público (afidávit) de la presunta víctima Olga Yolanda Maldonado Ordoñez, propuesta por los representantes; así como las de Felipe Fermín Tohom Sic y Adriana Gámez Solano, propuestas por el Estado. Asimismo, recibió los dictámenes periciales de Ingrid Surama Urízar López, perita propuesta por los representantes y Jaime Bernal Cuellar, perito propuesto por la Comisión Interamericana.



  1. Admisión de la prueba




B.1 Admisión de la prueba documental





  1. Este Tribunal admite los documentos presentados en la debida oportunidad procesal por las partes y la Comisión, y cuya admisiblidad no fue controvertida ni objetada12.



  1. Respecto a algunos documentos señalados por medio de enlaces electrónicos, la Corte ha establecido que, si una parte o la Comisión proporciona al menos el enlace electrónico directo del documento que cita como prueba y es posible acceder a éste, no se ve afectada la seguridad jurídica ni el equilibrio procesal porque es inmediatamente localizable por la Corte y por las otras partes13. En consecuencia la Corte estima pertinente admitir los documentos que fueron señalados por medio de enlaces electrónicos en el presente caso.



B.2 Admisión de la prueba testimonial y pericial





  1. La Corte nota que el Estado presentó diversas observaciones respecto de los peritajes de Ingrid Surama Urízar López, propuesta por los representantes y Jaime Bernal Cuellar, propuesto por la Comisión. Al respecto, la Corte considera que dichas observaciones se refieren al contenido y al valor probatorio de los peritajes y no implican una objeción a la admisión de dicha prueba, por lo que los admite como prueba pericial y los considerará en el marco del conjunto del acervo probatorio, tomando en consideración las observaciones del Estado.




  1. La Corte estima pertinente admitir las declaraciones de la presunta víctima, los testigos y los dictámenes periciales rendidos ante fedatario público, en cuanto se ajusten al objeto que fue definido por el Presidente en la Resolución mediante la cual se ordenó recibirlos (supra párr. 9) y al objeto del presente caso.



  1. Valoración de la prueba





  1. Con base en lo establecido en los artículos 46, 47, 48, 50, 51, 57 y 58 del Reglamento, así como en su jurisprudencia constante respecto de la prueba y su apreciación, la Corte examinará y valorará los elementos probatorios documentales remitidos por las partes y la Comisión, las declaraciones, testimonios y dictámenes periciales, al establecer los hechos del caso y pronunciarse sobre el fondo. Para ello se sujeta a los principios de la sana crítica, dentro del marco normativo correspondiente, teniendo en cuenta el conjunto del acervo probatorio y lo alegado en la causa14. Asimismo, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, la declaración rendida por la presunta víctima no puede ser valorada aisladamente sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso, en la medida en que puede proporcionar mayor información sobre las presuntas violaciones y sus consecuencias15.



VI
HECHOS




  1. Sobre la destitución de la señora Olga Yolanda Maldonado Ordóñez





  1. Olga Yolanda Maldonado Ordóñez comenzó a laborar el 1 de abril de 1992 en la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala16 como Técnica en el departamento de educación. Posteriormente, desde el 4 de enero de 1993 hasta el 15 de febrero de 2000, tuvo el cargo titular de Educadora en el departamento de Quetzaltenango. Luego de ello, la señora Maldonado, ocupó el cargo interino de Auxiliar Departamental del Procurador de los Derechos Humanos en el departamento de Quiché, cargo que desempeñó a partir del 16 de febrero de 200017.




  1. El 21 de febrero de 2000 Marco Tulio, Joel Enrique, José Roberto y Oscar Armando, todos de apellido Maldonado Ordóñez y hermanos de la presunta víctima, presentaron un escrito ante el Procurador de los Derechos Humanos, mediante el cual formularon acusaciones contra la señora Maldonado, relacionadas con la presunta falsificación de la Escritura Pública No. 470 de 11 de octubre de 1994 sobre cesión de derechos y materia sucesoria, y solicitaron que le fuera impuesta una “sanción moral”18.




  1. El 5 de abril de 2000, conforme al procedimiento establecido en el artículo 76 del Reglamento de Personal del Procurador de los Derechos Humanos19, se informó a la presunta víctima de la denuncia presentada por sus hermanos. Asimismo, se le notificó la “causal de despido”, contenida en el artículo 74, numerales 4 y 15 del mencionado Reglamento20, y se le indicó que tenía derecho a presentar documentos o pruebas de descargo de los hechos contenidos en la denuncia presentada por sus hermanos dentro de un plazo de dos días. Esta notificación fue suscrita por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Procuraduría de Derechos Humanos21. La señora Maldonado presentó un escrito de descargo y prueba documental el mismo día 5 de abril de 2000, en el cual señaló que los hechos denunciados en su contra eran falsos22.




  1. El 16 de mayo de 2000 el Procurador de los Derechos Humanos emitió el Acuerdo No. 81-2000 mediante el cual resolvió destituir a la señora Olga Yolanda Maldonado Ordóñez del cargo interino de Auxiliar Departamental, destitución que “se hacía extensiva al cargo de Educadora”. Dicho Acuerdo, en su parte pertinente, disponía lo siguiente:

Que la situación denunciada en contra de la señora OLGA YOLANDA MALDONADO ORDOÑEZ constituye una serie de actos juridicos y litígios de orden familiar cuya resoluclón podría perjudicar seriamente a la Institución del Procurador de los Derechos Humanos por la relación laboral que tiene la señora Maldonado Ordoñez con la institución en virtud imputársele [sic] la falsificación de la escritura pública número Cuatrocientos setenta (470) de fecha once de octubre de mil novecientos noventa y cuatro faccionada supuestamente por el Notario Mariano Orozco de León en la que aparecen dos firmas cuando deberían de ser tres de conformidad con la copia simple legalizada de la referida escritura todo esto generando serias dudas sobre su autenticidad. Siendo que como obligación tiene el evitár dentro y fuera de la institución, la comisión de actos reñidos con la ley, la moral o las buenas costumbre [sic] que afectan el prestigio de la institución.

POR TANTO:

En base a lo considerado en el Articulo 14 literal k) del Decreto 54-86, reformado por el Decreto 32-87, ambos del Congreso de la República y Articulos 76o. literal a), 74o. numerales 4 y 15, Articulo 75o. del Reglamento de Personal y el Articulo 77o. literal d) del Código de Trabajo.

A C U E R D A:

ARTÍCULO 1o. DESTITUIR por faltas cometidas en el servicio a la señora OLGA YOLANDA MALDONADO ORDOÑEZ, quien ocupa el cargo interino de AUXILIAR DEPARTAMENTAL DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS […]

ARTÍCULO 2o. La destitución se hace extensiva al cargo de EDUCADORA, cargo titular que hasta el quince de febrero del año dos mil ocupaba la señora OLGA YOLANDA MALDONADO ORDOÑEZ […]

ARTÍCULO 3o.: El presente acuerdo surte efectos a partir del día dieciocho de mayo del dos mil. Dado en la ciudad de Guatemala a los dieciseis días del més de mayo de dos mil. Notifíquese y archivese23.




  1. Según consta en la mencionada resolución, la decisión se fundamentó en lo dispuesto en el artículo 74, numerales 4 y 15 (supra párr. 34) y el artículo 75 del Reglamento de Personal del Procurador, así como en el artículo 77 literal d) del Código de Trabajo de Guatemala24.



  1. El 18 de mayo de 2000, fecha a partir de la cual surtió efecto su destitución, la señora Maldonado presentó una carta de renuncia irrevocable al cargo interino de Auxiliar Departamental y al cargo titular de Educadora por motivos de salud25. Posteriormente, el 22 de mayo la señora Maldonado presentó un escrito mediante el cual desistió de la renuncia formulada, señalando que había superado los mencionados problemas de salud26. Sin perjuicio de ello, el 24 de mayo la renuncia fue declarada “no viable” por el Procurador de los Derechos Humanos, en virtud de haberle sido notificada su destitución con anterioridad a la recepción de su renuncia27.




  1. El 31 de mayo de 2001 la señora Maldonado recibió la suma de 11,727.48 quetzales por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos28. Dicha cantidad fue entregadada por los conceptos de: i) vacaciones pagadas por retiro proporcionales al período de 4 de enero de 2000 al 17 de mayo de 2000; ii) bonificación anual proporcional al período de 1 de julio de 1999 al 17 de mayo de 2000; iii) complemento específico al personal permanente proporcional al período de 1 de marzo de 2000 al 17 de mayo de 2000; iv) bono vacacional proporcional al período de 1 de diciembre de 1999 al 17 de mayo de 2000, y v) aguinaldo proporcional al período de 1 de diciembre de 1999 al 17 de mayo de 200029.



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