Corte interamericana de derechos humanos



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Sobre los recursos interpuestos por la señora Maldonado





  1. A continuación, y para mejor comprensión de los hechos, la Corte desarrollará de forma cronológica los recursos interpuestos por la presunta víctima tanto ante las autoridades administrativas como ante los órganos judiciales correspondientes.



B.1 Procedimiento administrativo ante la Oficina Nacional de Servicio Civil





  1. El 22 de mayo de 2000 la señora Maldonado presentó un recurso de apelación contra el Acuerdo No. 81-2000 ante la Oficina Nacional de Servicio Civil, solicitando que se declarara improcedente su destitución y se le reinstalara en los cargos que venía desempeñando en la Procuraduría de Derechos Humanos30.




  1. El 29 de mayo de 2000 la Oficina Nacional de Servicio Civil resolvió el recurso declarando la incompetencia de esta oficina y de la Junta Nacional de Servicio Civil para conocer cuestiones relativas a la reinstalación o pago de prestaciones laborales derivadas de la no aplicación de la Ley de Servicio Civil debido a que la Procuraduría de Derechos Humanos era una entidad que se regía por su propio reglamento31. Dicha resolución tuvo como fundamento legal el artículo 108 de la Constitución Política de Guatemala y las disposiciones de la Ley de Servicio Civil relativas al marco de aplicación de dicha norma32.



B.2 Procedimiento ante el Procurador de los Derechos Humanos





  1. El 2 de junio de 2000 la presunta víctima interpuso un recurso de revisión ante el Procurador de los Derechos Humanos, solicitando que se revocara el Acuerdo No. 81-2000 que había resuelto su destitución y, en consecuencia, su inmediata reposición a los cargos que venía desempeñando. En los fundamentos del recurso la señora Maldonado señaló que el acuerdo que había determinado su destitución carecía de asidero legal toda vez que no se encontraba firmado por el Procurador de los Derechos Humanos, sino por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Procuraduría de Derechos Humanos. Además, la señora Maldonado alegó que su destitución obedecía a causales de índole familiar que no guardaban relación con la comisión de alguna falta al servicio en sus labores como funcionaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos. La señora Maldonado sustentó el recurso en el procedimiento establecido en los artículos 79 y 80 del Reglamento de Personal del Procurador33.



  1. El 16 de junio de 2000 el recurso de revisión interpuesto fue declarado sin lugar debido a que: “las causas que motivaron su destitución son de índole familiar, por lo que resultan aplicables los numerales 4 y 15 del artículo 74 del Reglamento de Personal del Procurador sin que en ningún momento se convierta el Procurador de los Derechos Humanos en Juzgador y sancionador, pues será un Juzgado competente quien defina [la] situación [de la señora Maldonado]”, agregando que “el sólo hecho de la presentación de denuncias en su contra y documentos que se acompañaron refleja conflictos jurídicos que deben ser resueltos en los juzgados, pero también refleja conducta no deseada para quienes defendemos los derechos humanos”. La resolución del recurso de revisión fue suscrita por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Procuraduría de Derechos Humanos34.



B.3 Recurso de apelación ante la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social





  1. En virtud del procedimiento establecido en el artículo 80 del Reglamento de Personal del Procurador (supra párr. 42), el 20 de junio de 2000 la presunta víctima presentó un recurso de apelación ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social (en adelante “Sala Segunda de la Corte de Apelaciones”) contra la denegatoria del recurso de revisión. En el recurso de apelación la señora Maldonado señaló que no existía en el expediente de su destitución ningún hecho o acto que constituyera alguna de las causales contempladas en los numerales 4 y 15 del artículo 74 del Reglamento de Personal del Procurador. Asimismo, recalcó que no existía pronunciamiento alguno de las autoridades competentes por los hechos materia de la denuncia interpuesta por sus hermanos. En ese sentido, la señora Maldonado señaló que su destitución constituía una violación al principio de presunción de inocencia35.




  1. El 26 de junio de 2000 la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones resolvió abstenerse de entrar a conocer el asunto por carecer de competencia para pronunciarse. En su resolución, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones señaló que “la competencia asignada a las Salas de Trabajo y Previsión Social es sólo para conocer en única instancia y esta se limita a los casos de resoluciones administrativas definitivas dictadas por la Junta Nacional de Servicio Civil de acuerdo a lo estipulado en el artículo 80 de la Ley de Servicio Civil; [así como para conocer, de acuerdo a lo establecido en el artículo 303 del Código de Trabajo] las resoluciones dictadas por los jueces de Trabajo y Previsión Social o por los Tribunales de Arbitraje cuando proceda la apelación o la consulta”36.




  1. Según señaló la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, la Ley de Servicio Civil y el Código de Trabajo eran normas que prevalecían sobre el Reglamento de Personal del Procurador dentro de la jerarquía normativa guatemalteca, motivo por el cual concluyó que no era posible entrar a conocer el recurso interpuesto por carecer de competencia para ello37.



B.4 Recurso de inconstitucionalidad en caso concreto





  1. El 23 de agosto de 2000 la señora Maldonado presentó un recurso de inconstitucionalidad en el caso concreto ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, que actuaba en funciones de Tribunal Constitucional. Según alegó en dicho recurso, la decisión de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de declararse incompetente para conocer el recurso de apelación interpuesto, había mantenido la violación a su derecho al trabajo y había violado su derecho de acceso a la justicia. La señora Maldonado agregó que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, al aplicar el Código de Trabajo y la Ley de Servicio Civil, había realizado una interpretación restrictiva de la competencia que dichas normas le conferían, dejándola en estado de indefensión. Finalmente la señora Maldonado alegó que en caso de que existiere duda, ambigüedad o insuficiencia respecto de la aplicación del artículo 80 del Reglamento de Personal del Procurador, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones debió aplicar la interpretación más favorable para el trabajador38.




  1. El 6 de septiembre de 2000 la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, actuando en funciones de Tribunal Constitucional, declaró improcedente el recurso de inconstitucionalidad. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones determinó que resolver la apelación en virtud del procedimiento establecido en el artículo 80 del Reglamento de Personal del Procurador “provocaría el quebrantamiento tanto de lo establecido en la ley procesal administrativa (artículo 80 de la Ley de Servicio Civil) como en la norma procesal laboral (artículo 365 del Código de Trabajo)”. En ese sentido, consideró que no se advertía violación de un precepto constitucional y que la pretensión de que se aplicara una norma del Reglamento de Personal del Procurador por sobre la Ley de Servicio Civil y el Código de Trabajo “no es legalmente posible por la propia jerarquía del orden jurídico guatemalteco”39.




  1. El 8 de septiembre de 2000 la señora Maldonado presentó un recurso de apelación ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, constituida como Tribunal Constitucional, en contra de la resolución que declaró la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad40. Ese recurso fue recibido por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones y remitido a la Corte de Constitucionalidad.




  1. El 9 de octubre de 2001 la Corte de Constitucionalidad determinó la improcedencia de la apelación y señaló que el objetivo de “la inconstitucionalidad en caso concreto debe ser dirigida a evitar que el tribunal de conocimiento, en su decisión -a futuro-, aplique la normativa atacada [cuando] para el juzgador sea aplicable la tesis […] de que tal aplicación al caso sería contraria a preceptos constitucionales”. Además, la Corte de Constitucionalidad concluyó que “el caso […] no se adecu[aba] a la situación que permit[ía] la ley de la materia pues, de la sola exposición de la postulante se aprecia[ba] que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social ya aplicó al caso las normas concretas que se impugna[ron], siendo por ello inocuo su examen y confrontación con lo dispuesto en los artículos 29 y 101 de la Constitución, porque el interesado no impugnó por la vía adecuada la aplicación de las normas, lo que le habría permitido discutir su inconstitucionalidad en la jurisdicción correspondiente”41.
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