Corte interamericana de derechos humanos



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Parte Lesionada





  1. Este Tribunal reitera que se considera parte lesionada, en los términos del artículo 63.1 de la Convención, a quienes han sido declaradas víctimas de la violación de algún derecho reconocido en la misma93. Por lo tanto, esta Corte considera como “parte lesionada” a Olga Yolanda Maldonado Ordóñez, quien en su carácter de víctima de las violaciones declaradas en el capítulo VII de esta sentencia será considerada beneficiaria de las reparaciones que la Corte ordene a continuación.



  1. Medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición




B.1 Medida de restitución: eliminación del record laboral del procedimiento de destitución





  1. Los representantes solicitaron a la Corte ordenar al Estado la eliminación del “record laboral” derivado del procedimiento de destitución llevado contra la señora Maldonado ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. La Comisión consideró que una restitución integral implica eliminar todos los efectos de la sanción impuesta a la presunta víctima, incluyendo los antecedentes disciplinarios. El Estado no formuló observaciones sobre la solicitud de eliminación del “record laboral” de la señora Maldonado.




  1. Con relación a esta medida de reparación, la Corte considera que, debido a que ha sido determinado que el proceso de destitución de la señora Maldonado fue llevado a cabo sin el respeto a las garantías de debido proceso y al principio de legalidad (supra párr. 96), corresponde que el Estado elimine del ”record laboral” o de cualquier otro registro de antecedentes de la señora Maldonado el procedimiento de destitución en el plazo de seis meses.



B.2 Medida de satisfacción: publicación de la Sentencia





  1. Los representantes solicitaron a la Corte ordenar al Estado la publicación de la parte pertinente de la Sentencia en el Diario Oficial de la República de Guatemala. La Comisión y el Estado no se refirieron a dicha solicitud.




  1. La Corte dispone, como lo ha hecho en otros casos94, que el Estado publique, en un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia: a) el resumen oficial de la Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en el Diario Oficial y en un diario nacional de amplia circulación, y b) la presente Sentencia en su integridad, disponible al menos por un período de un año, en en el sitio web oficial del Procurador de los Derechos Humanos.



B.3 Garantía de no repetición: adopción de medidas necesarias para proveer un recurso de revisión efectivo ante las destituciones efectuadas por el Procurador de los Derechos Humanos





  1. Los representantes solicitaron a la Corte que ordene la promulgación de una ley que establezca el derecho de apelación a la decisión de despido por parte del Procurador de los Derechos Humanos ante una instancia administrativa y/o judicial, conforme lo determine el propio Estado. La Comisión señaló que es necesario que el Estado de Guatemala adopte medidas de no repetición a fin de asegurar que los funcionarios públicos de cargos similares a los de la presunta víctima, tengan claridad y cuenten con recursos efectivos frente a procedimientos y sanciones disciplinarias en su contra. El Estado indicó que en el ordenamiento normativo interno está regulado el procedimiento para la creación de una norma, según el cual, existen órganos legalmente establecidos para someter a conocimiento del Congreso de la República un proyecto de ley. Además, el Estado señaló que es uno de los países más ricos en legislación nacional.




  1. La Corte nota que el objeto de análisis del presente caso fue la violación de los derechos humanos derivada de la decisión de destituir a la señora Maldonado, así como la efectividad de los recursos establecidos en la norma interna para tales efectos. El Tribunal considera que ha quedado establecido que la violación al derecho a las garantías judiciales, protección juidicial y el respeto al principio de legalidad, fueron consecuencia de una normativa contradictoria en el ordenamiento jurídico interno. La Corte resalta que el Reglamento del Personal del Procurador indica una vía para impugnar las decisiones del Procurador de los Derechos Humanos, sin embargo la vía señalada entra en contradicción con lo establecido en el Código del Trabajo y en la Ley de Responsabilidad Civil, según fue determinado por la Sala Segunda de Trabajo y Previsión Social.




  1. Ha quedado establecido que, como consecuencia de la contradicción existente en la normativa guatemalteca, en lo respectivo a la vía adecuada para que el personal de la Procuraduría de Derechos Humanos pueda impugnar las decisiones del Procurador de los Derechos Humanos, la señora Maldonado quedó en un estado de desprotección en el cual los recursos judiciales presentados no eran idóneos para impugnar su destitución.




  1. Por lo expuesto, en el presente caso el Estado deberá precisar o regular, con claridad, a través de medidas legislativas o de otro carácter, la vía recursiva, el procedimiento y la competencia judicial para la indispensable revisión jurisdiccional de toda sanción o medida de carácter administrativo disciplinario del Procurador de los Derechos Humanos.



  1. Otras reparaciones



  1. Los representantes solicitaron a la Corte que ordene la realización de un acto público en el cual el Estado reconozca los hechos y se comprometa a la reparación de los daños casuados. Solicitaron que dicho acto se realice en la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, con la presencia de la Oficina Nacional de Servicio Civil y las Salas de Apelaciones Laborales. La Comisión no se refirió a esta medida de reparación. El Estado señaló que está organizado y estructurado por medio de la conformación de tres poderes independientes (ejecutivo, legislativo y judicial). En ese sentido, señaló que no procede obligar a ninguna entidad asumir o realizar una acción y/o acatar una orden que no derive de la aplicación de la legislación pertinente.




  1. Además, los representantes solicitaron la instauración de un observatorio del debido proceso y la tutela judicial efectiva en materia laboral a cargo de la Defensoría del debido proceso de la Procuraduría de los Derechos Humanos. La Comisión no se refirió a esta medida de reparación. El Estado alegó que la Procuraduría de los Derechos Humanos es una entidad independiente y autónoma, que se regula y organiza de acuerdo a su regulación interna. En ese sentido, el Estado consideró que la posibilidad de crear un observatorio deberá ser estudiada en el marco de la normativa interna de la institución, para su respectiva aprobación y ejecución. Sin perjuicio de ello señaló que las normas que regulan a la entidad contemplan el debido proceso y efectiva tutela en materia laboral.




  1. En relación con las medidas de reparación señaladas, la Corte considera que la emisión de la presente Sentencia y las reparaciones ordenadas en este capítulo resultan suficientes y adecuadas para remediar las violaciones sufridas por las víctimas y no estima necesario ordenar la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad ni la instauración de un observatorio de debido proceso y tutela judicial en materia de derecho laboral95.



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