Corte interamericana de derechos humanos



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Indemnización compensatoria




D.1 Daño material





  1. Los representantes consideraron que las reparaciones económicas deben incluir los salarios dejados de percibir, aguinaldos, bonificaciones, vacaciones, gastos de litigio, daños y perjuicios. Asimismo, señalaron que la base para el cálculo de la reparación solicitada es el último salario percibido por la señora Maldonado en el puesto de Auxiliar departamental del Procurador de Derechos Humanos el cual era de 7,788 quetzales al mes96, y actualmente es de 12,000 quetzales al mes97.




  1. Por otra parte, los representantes solicitaron que la Corte disponga el pago total de US$ 150,000.00 (ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) por el concepto de daño material a la señora Maldonado. A dicho monto debería sumarse el 6% de interés anual calculado desde la fecha de los hechos hasta el momento del pago en efectivo. Además, indicaron que debe sumarse la suma correspondiente a “dirección y procuración”, conforme lo establece el Decreto 111-96 del Congreso de la República de Guatemala “Arancel de abogados, árbitros, procuradores, mandatarios judiciales, expertos, interventores y depositarios”98.




  1. La Comisión solicitó a la Corte reparar integralmente a la señora Maldonado por las violaciones de derechos humanos sufridas, incluyendo el aspecto material y moral.




  1. El Estado señaló que es sumamente importante que se tome en cuenta que el Estado realizó un pago a favor de la señora Maldonado correspondiente a 11,727.48 quetzales por concepto de prestaciones laborales tal como consta en el acta de finiquito laboral correspondiente. Además, señaló que se oponía a las prestaciones formuladas por los representantes toda vez que sí existieron causales justas para la destitución de la presunta víctima, establecidas en el Reglamento de Personal del Procurador; y que al momento de la destitución de la señora Maldonado, ella se encontraba desempeñando el cargo interino de Auxiliar del Procurador, el cual fue designado para el período que correspondía del 16 de febrero de 2000 al 30 de junio de 2000.




  1. Asimismo, el Estado señaló que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 110 de la Constitución Política de Guatemala, los trabajadores del Estado que sean despedidos sin causa justificada recibirán una indemnización correspondiente a un mes de salario por cada año de servicios continuos prestados al Estado, monto que en ningún caso excederá de 10 meses de salario99. En ese sentido, señaló que, de haber interpuesto los recursos idóneos y haber obtenido una declaración judicial a su favor, a la señora Maldonado le hubiera correspondido el pago de una indemnización en los términos que establece la Constitución, y no el pago de salarios dejados de percibir u otros derechos derivados de una reinstalación.




  1. La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño material y los supuestos en que corresponde indemnizarlo. Este Tribunal ha establecido que el daño material abarca “la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso”100.




  1. En el presente caso, los representantes señalaron montos correspondientes a lo dejado de percibir por la presunta víctima como consecuencia de su destitución. Dichos montos han sido calculados considerando que, de establecerse la arbitrariedad de la destitución, el restablecimiento de las cosas al estado anterior de la violación de los derechos de la presunta víctima, implicaría que la destitución no surta efectos. En consecuencia, la presunta víctima recibiría como reparación del daño lo que dejó de percibir como consecuencia de su destitución del cargo de Auxiliar departamental del Procurador de los Derechos Humanos, incluyendo las prestaciones laborales tales como bonos, vacaciones y aguinaldos.




  1. La Corte recuerda que ha quedado establecido que la destitución de la señora Maldonado se dio sin una causa justificada por una norma jurídica; en consecuencia, la Corte considera que corresponde el pago de una indemnización. Asimismo, la Corte recuerda que los recursos judiciales no fueron sencillos y efectivos, lo que impidió a la señora Maldonado poder acceder a una efectiva protección judicial. La Corte observa que, la normativa interna guatemalteca regula la figura de “despido injustificado” de los trabajadores del Estado y establece el derecho a recibir una indemnización. Lo anterior representa un criterio relevante para determinar el daño material en el presente caso. En consecuencia, al haberse establecido que en el presente caso la señora Maldonado fue destituída por medio de una sanción administrativa disciplinaria sin que existiera una causa justa establecida en una norma jurídica, y en consecuencia se violaron sus derechos reconocidos en los artículo 8 y 25 de la Convención Americana, corresponde al Estado proceder al pago, en equidad, del monto de US$ 25,000.00 (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América).



D.2 Daño inmaterial





  1. En su escrito de solicitudes y argumentos los representantes solicitaron a la Corte disponer el pago de US$ 150,000.00 (ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de daño moral sufrido por la señora Maldonado como consecuencia de la destitución y los cargos que se le imputaron, ya que los mismos perjudicaron “la reputación [de la presunta víctima] como mujer y como profesional”. Posteriormente, en sus alegatos finales escritos los representantes reiteraron la solicitud anterior, al mismo tiempo en que también solicitaron el pago de US$ 80,000.00 (ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América) por el mismo concepto.




  1. Por su parte la Comisión consideró que la reparación integral a la presunta víctima debe incorporar tanto el aspecto material como moral.




  1. El Estado no presentó alegatos respecto al daño inmaterial.




  1. La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la sentencia puede constituir per se una forma de reparación101. No obstante, la Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial y ha establecido que éste “puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia”102. Dado que no es posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, sólo puede ser objeto de compensación, para los fines de la reparación integral a la víctima, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad103.




  1. El Tribunal ha sostenido que el daño inmaterial resulta evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona que padece una violación a sus derechos humanos experimente un sufrimiento104. Ahora bien, es importante reiterar el carácter compensatorio de las indemnizaciones, cuya naturaleza y monto dependen del daño ocasionado, por lo que no pueden significar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para las víctimas o sus sucesores105.




  1. Para el Tribunal es claro que la destitución de su cargo le ocasionó a la señora Maldonado una afectación moral. No obstante lo anterior, en el presente caso los representantes se han limitado a alegar el daño inmaterial en sentido general, sin brindar mayores detalles sobre el daño sufrido o las implicaciones que éste hubiera tenido en su vida. Al ponderar el conjunto de factores para determinar el monto por concepto de daño inmaterial, la Corte tiene en cuenta su jurisprudencia sobre la materia. Por ello, el Tribunal fija en equidad, el pago de la cantidad de US$ 55,000.00 (cincuenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Olga Yolanda Maldonado Ordoñez.



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