Corte interamericana de derechos humanos



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Costas y gastos




  1. Los representantes solicitaron el pago por los gastos incurridos en la tramitación del presente proceso; desde la presentación de la petición ante la Comisión hasta las diligencias llevadas a cabo ante la Corte.




  1. En relación al trámite del proceso ante la Comisión y la Corte, los representantes solicitaron el pago de: a) 5,000 quetzales por la preparación de la petición; b) US$ 600 dólares, más 2,400 quetzales por concepto de honorarios profesionales por cada uno de los tres abogados que asistieron a una reunión de trabajo en la Comisión en 2004; c) US$ 600 dólares, más 2,400 quetzales por concepto de honorarios profesionales por el abogado que asistió a una reunión de trabajo en la Comisión en 2005; d) 25,000 quetzales por escritos de observaciones a las comunicaciones del Estado; e) 5,000 quetzales por la preparación del escrito de solicitudes y argumentos; f) 5,000 quetzales por la preparación del escrito de observaciones a la contestación del Estado; g) 5,000 quetzales por la preparación del escrito de argumentos finales, y h) 5,000 quetzales por la preparación de escritos adicionales. Los montos fueron calculados conforme al Arancel de Abogados de Guatemala, al que señalaron que deberán sumarse los gastos por traslado y hospedaje. El monto total solicitado por concepto de gastos y costas es de US$ 10,140.25 (diez mil ciento cuarenta dólares con veinticinco centavos de los Estados Unidos de América)106. Al respecto, la Corte recuerda que para el presente caso, y en el marco de sus facultades y atribuciones, no consideró pertinente la celebración de una audiencia pública (supra párr. 9).




  1. Finalmente, los representantes solicitaron US$ 20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) por el concepto del pago de gastos futuros, que incluyan aquellos que surgirán con posterioridad a que la sentencia sea dictada.




  1. El Estado manifestó su oposición a la pretensión de costas y gastos formulada por la presunta víctima; toda vez que los gastos incurridos en el litigio y el tiempo invertido en el diligenciamiento del presente caso es consecuencia de la errónea interposición de los recursos ante los órganos a los cuales acudió, situación que recae en la inexacta asesoría brindada por sus representantes, hecho que no puede ni deben ser imputado al Estado.




  1. La Corte reitera que, conforme a su jurisprudencia107, las costas y gastos hacen parte del concepto de reparación, toda vez que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. En cuanto al reembolso de las costas y gastos, corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su quantum sea razonable108.




  1. Este Tribunal ha señalado que “las pretensiones de las víctimas o sus representantes en materia de costas y gastos, y las pruebas que las sustentan, deben presentarse a la Corte en el primer momento procesal que se les concede, esto es, en el escrito de solicitudes y argumentos, sin perjuicio de que tales pretensiones se actualicen en un momento posterior, conforme a las nuevas costas y gastos en que se haya incurrido con ocasión del procedimiento ante esta Corte”109. Asimismo, la Corte reitera que no es suficiente la remisión de documentos probatorios, sino que se requiere que las partes hagan una argumentación que relacione la prueba con el hecho que se considera representado, y que, al tratarse de alegados desembolsos económicos, se establezcan con claridad los rubros y la justificación de los mismos110.



  1. En el presente caso, no consta en el expediente ningún respaldo probatorio en relación con las costas y gastos en los cuales incurrió la víctima o sus representantes. Sin embargo, se han señalado algunos montos calculados en base al Arancel de Abogados de Guatemala. Teniendo en cuenta lo anterior y ante la falta de comprobantes de estos gastos, el Tribunal fija, en equidad, que el Estado debe entregar la cantidad total de US$ 10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de costas y gastos en el litigio del presente caso. Ese montante deberá ser pago directamenta a los representantes de la presunta víctima en el presente caso.



  1. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados





  1. El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial, así como el reintegro de las costas y gastos establecidos en la presente Sentencia directamente a las personas indicadas en la misma, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación del presente Fallo, en los términos de los siguientes párrafos.




  1. En caso de que la beneficiaria fallezca antes de que les sean entregadas las indemnizaciones respectivas, éstas se efectuarán directamente a sus derecho habientes, conforme al derecho interno aplicable.




  1. El Estado debe cumplir sus obligaciones monetarias mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio que se encuentre vigente en la bolsa de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago.




  1. Si por causas atribuibles a la beneficiaria de las indemnizaciones o a sus derecho habientes no fuese posible el pago de las cantidades determinadas dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera ecuatoriana solvente, en dólares de los Estados Unidos de América, y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria del Estado. Si no se reclama la indemnización correspondiente una vez transcurridos diez años, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados.




  1. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia como indemnización por daño material e inmaterial, y como reintegro de costas y gastos deberán ser entregadas a las personas indicadas en forma íntegra, conforme a lo establecido en este Fallo, sin reducciones derivadas de eventuales cargas fiscales.



IX
PUNTOS RESOLUTIVOS

Por tanto,


LA CORTE
DECIDE,
Por unanimidad,


  1. Desestimar la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos opuesta por el Estado, en los términos de los párrafos 20 a 25 de esta Sentencia.


DECLARA,
Por unanimidad, que


  1. El Estado es responsable por la violación del derecho a conocer el fundamento de la acusación, contenido en el artículo 8.2.b de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de la señora Olga Yolanda Maldonado Ordóñez, en los términos de los párrafos 80 a 84 de la presente Sentencia.




  1. El Estado es responsable por la violación del derecho a la defensa, contenido en el artículo 8.2.c de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de la señora Olga Yolanda Maldonado Ordóñez, en los términos de los párrafos 80 a 84 de la presente Sentencia.




  1. El Estado es responsable por la violación al deber de motivación y al principio de legalidad, contenidos en los artículos 8.1 y 9 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de la señora Olga Yolanda Maldonado Ordóñez, en los términos de los párrafos 85 a 95 de la presente Sentencia.




  1. El Estado es responsable por la violación del derecho a la protección judicial y al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, contenidos en los artículos 25 y 2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de la señora Olga Yolanda Maldonado Ordóñez, en los términos de los párrafos 108 a 120 de la presente Sentencia.


Y DISPONE,
por unanimidad que:


  1. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.




  1. El Estado debe realizar en el plazo de seis meses, a partir de la notificación de la presente Sentencia, las publicaciones indicadas en el párrafo 129 de la Sentencia, en los términos dispuestos en la misma.




  1. El Estado debe pagar, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, las cantidades fijadas en los párrafos 144 y 150 por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como el reintegro de costas y gastos, en los términos del párrafo 157 de esta Sentencia.




  1. El Estado, dentro del plazo de seis meses a partir de la notificación de esta Sentencia, debe eliminar del “record laboral” o de cualquier otro registro de antecedentes de la señora Olga Yolanda Maldonado Ordoñez el procedimiento de destitución, en los términos del párrafo 127 de esta Sentencia.




  1. El Estado, en el plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, debe precisar o regular, con claridad, a través de medidas legislativas o de otro carácter, la vía recursiva, el procedimiento y la competencia judicial para la indispensable revisión jurisdiccional de toda sanción o medida de carácter administrativo disciplinario del Procurador de los Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 131 a 133 de esta Sentencia.




  1. El Estado debe rendir al Tribunal un informe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma.




  1. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

Los Jueces Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y Humberto Antonio Sierra Porto dieron a conocer a la Corte sus votos individuales concurrentes.


Redactada en español en San José, Costa Rica, el 3 de mayo de 2016.

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Maldonado Ordoñez Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.


Roberto F. Caldas

Presidente

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Eduardo Vio Grossi
Humberto Antonio Sierra Porto Elizabeth Odio Benito
Eugenio Raúl Zaffaroni L. Patricio Pazmiño Freire
Pablo Saavedra Alessandri

Secretario


Comuníquese y ejecútese,

Roberto F. Caldas

Presidente

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario


VOTO RAZONADO DEL

JUEZ EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT
CASO MALDONADO ORDOÑEZ VS. GUATEMALA
SENTENCIA DE 3 DE MAYO DE 2016

(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

INTRODUCCIÓN:

SOBRE LAS GARANTÍAS MÍNIMAS DEL DEBIDO PROCESO APLICABLES A OTRAS MATERIAS DISTINTAS DE LA PENAL (INTERPRETACIÓN DE LOS ALCANCES DEL ARTÍCULO 8.2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA)


  1. Concurro esencialmente con lo decidido en el presente caso, en el que se reiteraron estándares interamericanos de relevancia, inter alia, sobre la aplicación de las garantías mínimas que contempla el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “Convención Americana” o “Pacto de San José”) a un procedimiento sancionatorio no penal, en el caso concreto, atendiendo a la naturaleza sancionatoria del procedimiento de destitución de la señora Maldonado Ordoñez. Al respecto, en la Sentencia se reitera lo que desde 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Corte IDH” o “Tribunal Interamericano”) ha desarrollado de manera amplia en la protección del debido proceso no penal, aspecto que estimo de gran relevancia para el Sistema Interamericano en su integralidad, impactando de manera específica como estándares aplicables en cada uno de los órganos nacionales (administrativos y jurisdiccionales) de los Estados parte del Pacto de San José.



  1. En la Sentencia, la Corte IDH declaró responsable internacionalmente al Estado demandado por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial previstos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. En lo particular, y respecto del tema que nos ocupa, encontró que el Estado guatemalteco había incumplido con las garantías dispuestas en el artículo 8.2, incisos b) y c); es decir, que se había materializado una violación del derecho al debido proceso, por no haber contado la víctima con información previa y detallada, además de no disponer con los medios adecuados para la preparación de su defensa durante el procedimiento de destitución que se siguió en su contra111.

3. De esta manera, en el presente voto se explica el importante desarrollo jurisprudencial que ha tenido el Tribunal Interamericano respecto a cada una de las garantías judiciales establecidas en los artículos 8.1 y 8.2 del Pacto de San José112; que, como se verá infra, no sólo han tenido un impacto importante en los procedimientos penales, sino que también las garantías mínimas en materia penal previstas en el mencionado artículo 8.2, se extienden a procedimientos de índole civil, laboral, fiscal o de otra índole, toda vez que “en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal” 113; línea jurisprudencial que el Tribunal Interamericano sigue en el presente caso114.


4. En esta tesitura, el presente voto se divide en tres partes. En la primera i) se aborda el contenido jurisprudencial que la Corte IDH ha ido desarrollando, paulatinamente, sobre la interpretación del artículo 8.1 y, en específico, del alcance de cada una de las garantías mínimas a las que hace alusión el artículo 8.2 de la Convención Americana (párrs. 5-22). En la segunda ii) se desarrolla lo que hasta la fecha el Tribunal Interamericano ha mantenido como su jurisprudencia constante respecto de la aplicación de las garantías mínimas del debido proceso a los procedimientos no penales (párrs. 23-28). En la tercera iii) se analiza lo decidido por este Tribunal Interamericano, en el que mantiene la jurisprudencia consolidada sobre la aplicación de las garantías mínimas del debido proceso (artículo 8.2), en el caso sub judice, atendiendo la naturaleza sancionatoria no penal del procedimiento de destitución de la víctima; y reflexionando sobre la expresión “en general” y “en lo pertinente” que utiliza la Sentencia, para establecer la necesidad de lineamientos que rijan específicamente la aplicación de las garantías penales en otros ámbitos sancionadores (párrs. 29-70).

I. LAS GARANTÍAS MÍNIMAS DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS

EN LA JURISPRUDENCIA INTERAMERICANA

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