Corte Suprema de Justicia Proceso No 23681 corte suprema de justicia sala de casación penal



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República de Colombia Casación No. 23.681

P/.Óscar Fernando Cuevas Cepeda y otros.

D/.Enriquecimiento ilícito y otros.



Corte Suprema de Justicia


Proceso No 23681
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL


Magistrado Ponente:


Dr. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

Aprobado Acta No. 44

Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil seis (2.006)

VISTOS:
-
Resuelve la Sala el recurso de casación que interpusieran cada uno de los defensores de los procesados ÓSCAR FERNANDO CUEVAS CEPEDA, EDUARDO JOSÉ CUEVAS CEPEDA y MARTHA PATRICIA VALDERRAMA GARCÍA contra la sentencia de marzo 4 de 2.004 por medio de la cual el Tribunal Superior de Bogotá, modificando el monto de la pena impuesta a Valderrama García, confirmó la que en primera instancia profiriera el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad en diciembre 16 de 2.002 condenando a los dos primeros procesados en mención como coautores de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad en documento privado y fraude procesal y a la última como coautora del punible de receptación.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Aquéllos, con estricta sujeción a la realidad procesal, fueron resumidos por el a quo, como sigue:


1. En razón al convenio celebrado entre la Fiscalía General de la Nación, la Asociación Bancaria y las entidades financieras de Colombia, obligaciones establecidas en el decreto 1872 del 20 de noviembre de 1992, así como en el capítulo XVI de la parte tercera del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, decreto 663 de 1993 y atendiendo el ‘Acuerdo sobre el papel del sistema financiero en la detección, prevención y represión del movimiento de capitales ilícitos’ aprobado por la junta directiva de la Asociación Bancaria el 21 de octubre de 1992, una entidad bancaria reportó que la firma ALASKA PETROLEUM CORPORATlON con sede en Colombia recibió reintegros del exterior por un valor de 1.432 millones 613 mil 454 pesos con 42 centavos, dinero que rápidamente fue consignado en diferentes cuentas nacionales.
2. Con base en dicha información y en aplicación al convenio suscrito el 6 de septiembre de 1995 entre la Fiscalía, la Asobancaria y las entidades financieras, miembros adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, se ponen a la tarea de verificar el mencionado reporte concluyendo que ALASKA PETROLEUM CORPORATlON fue creada por acta número 4 del 26 de agosto de 1994 en el domicilio y sede social de ALASKA PETROLEUM CORPORATION LIMITED compañía establecida en la Isla de Man Reino Unido.
Al estudiar los movimientos financieros de esta empresa, se tiene que los mismos han sido en cuantías elevadas, razón por la que hubo necesidad de realizar el seguimiento a cada uno de los cheques girados por la misma, determinándose que el dinero recibido por conceptos de reintegros eran rápidamente girados a personas naturales y jurídicas, y a su vez consignados en cuentas de terceros cuyos cupos numéricos de las cédulas de ciudadanía no les corresponden a quienes están suscribiendo los títulos valores.
De igual manera se estableció que la mencionada entidad no desarrolla su objeto social, es decir no se encuentra vinculada como parte asociada en el desarrollo de actividades de explotación en el territorio nacional, a pesar de la existencia de la resolución 70 del 2 de junio de 1995 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional.
3. Con base en los datos referidos en el numeral anterior, la Fiscalía General de la Nación inicia las indagaciones e investigaciones respectivas con miras al esclarecimiento de los hechos estableciéndose la existencia de un gran número de sociedades que se pueden denominar ‘empresas de papel’, las que realizaron operaciones cambiarias y financieras entre los años 92 a 96 tales como MOBIL AMI S.A., MOBIL AMI RESEARCH INC., MOBIL AMI RESEARCH COLOMBIA S.A., YUKON OIL & GAS S. A., KROLL OLUFSEN y CIA LTDA S.A., HUDSON OIL & DRILLING CORPORATION S.A., INTERNATIONAL BUSSINNES & TRADING CORPORATION y ALASKA PETROLEUM CORPORATION LIMITED, las que recibieron grandes cantidades de dólares por las inversiones efectuadas por su casa matriz en Estados Unidos y Reino Unido; dinero que era convertido a pesos e inmediatamente distribuido en diferentes cuentas de empresas y personas naturales, en la mayoría de los casos inexistentes o con números de cédulas que no correspondían al nombre indicado como titular de la misma.
Es de anotar que las empresas mencionadas se pueden catalogar como matrices, de donde se derivan 81 más, que también están involucradas en el objeto materia de este proceso y que son MOBIL AMI SOUTH CONSTRUCTIONS LTDA., MOBIL AMI ALFA COLOMBIA S.A., MOBIL AMI BETA COLOMBIA S.A., MOBIL AMI DELTA COLOMBIA S.A., MOBIL AMI EPSILON COLOMBIA S.A., MOBIL AMI ETA COLOMBIA S.A. MOBIL AMI GAMMA COLOMBIA S.A., MOBIL AMI IOTA COLOMBIA S.A., MOBIL AMI KAPPA COLOMBIA S.A., MOBIL AMI LAMDA COLOMBIA S.A., MOBIL AMI MY COLOMBIA S.A., MOBIL. AMI NY COLOMBIA S.A., MOBIL AMI THETA COLOMBIA S.A., MOBIL AMI XI COLOMBIA S.A., MOBIL AMI ZETA COLOMBIA S.A., MOBIL AMI PI COLOMBIA S.A., MOBIL AMI RO COLOMBIA S.A., MOBIL AMI SIGMA COLOMBIA S.A., MOBIL AMI OMICRON COLOMBIA S.A., MOBIL AMI YPSILON COLOMBIA S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA ALFA S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA BETA S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA EPSlLON S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA GAMMA S.A., OSAKA DRlLLING COLOMBIA DELTA S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA ETA S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA ZETA S.A., OSAKA DRlLLING COLOMBIA PSI S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA TEHATA S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA MY S.A., OSAKA DRILLlNG COLOMBIA NY S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA IOTA S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA XI S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA KAPPA S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA LAMBDA S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA SIGMA S.A., OSAKA DRlLLING COLOMBIA ZEUS S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA CRONOS S.A., OSAKA DRlLLING COLOMBIA OMEGA S.A., OSAKA DRlLLING COLOMBIA FI S.A., OSAKA DRlLLING COLOMBIA ACROPOLIS S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA THANATOS S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA PI S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA YPSILON S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA JI S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA RO S.A., OSAKA DRILLlNG COLOMBIA OMICRON S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA TAO S.A., OSAKA DRILLlNG COLOMBIA ANATOS S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA ABATOS S.A., OSAKA DRILLlNG COLOMBIA ACANTHA S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA GEORGIAS S.A., OSAKA DRlLLING COLOMBIA BUCOLICAS S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA EGLOGAS S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA ESCORPYO S.A., OSAKA DRILLING COLOMBIA EPITHETON S. A,. OSAKA DRILLING COLOMBIA TAYMATOS S.A., y que al igual que las anteriores también están en el papel, porque ninguna de ellas desarrolla su objeto social y por ende se pueden catalogar como empresas fachada, cuya finalidad únicamente era el ingreso de altas sumas de dinero para tratar de legalizarlo a través de las diferentes transacciones financieras, es decir, lo que se perseguía era que el origen ilícito del mismo quedara con carisma de legal.
A más de las anteriores, existen otras en donde siendo socios los miembros de la familia CUEVAS, las representaciones siempre recaen en terceras personas, pero también fueron receptoras de las sumas de dineros que ingresaron a Colombia bajo el nombre de la figura financiera de ‘reintegros del exterior’, tales como CARESTELA LIMITADA, COMPAÑÍA IMPORTADORA, EXPORTADORA DEL CARIBE Y SAINTE CROIX LIMITADA, CONSTRUCTORA CALLE 70 Y ASOCIADOS, EDITORIAL TlSQUESUSA LTDA, THE BRITlSH HOUSE LTDA, KROLL DISTRIBUIDORA DE PERIODICOS PUBLICACIONES LATINOAMERICANAS LIMITADA, CONFECCIONES TONIC DELTA OMEGA LTDA, HILANDERIA SAN FERNANDO DELTA, CONFECCIONES SAN MIGUEL EPSILON DELTA LTDA, MULTI PARABOLICA GALAXI S.C.A.
Es indiscutible que la situación que sirviere como estimulante del averiguatorio criminal, informó además que en este asunto, acorde con el exagerado incremento que se avizoraba, se idearon por parte de los infractores sofisticadas fórmulas de camuflaje respecto de la ilicitud del origen de los valores, al extremo que, evidenciando una exagerada sutileza, se vincularon los valores a empresas oficiales que como el Instituto de Fomento Industrial ‘IFI’, la Financiera Energética Nacional ‘FEN’, a través de las cuales se realizaron traslados de fondos, los que tendrían la innegable virtualidad de hacerlos aparecer finalmente como lícitos.

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Quienes se encargaron de desarrollar estas actividades y que finalmente resultaron vinculadas dentro de la presente investigación, son las personas directamente beneficiadas con estas transacciones y que obviamente incrementaron su patrimonio, bien porque a pesar de las diferentes transacciones comerciales el dinero finalmente llegaba a su patrimonio, ora porque el mismo incrementaba el capital social de una de las empresas donde se es dueño, pero se figura como simple socio y en la que se aparenta la repartición de capital, hipótesis éstas aplicables a OSCAR OCTAVIO CUEVAS GAMBOA, OSCAR FERNANDO y EDUARDO JOSE CUEVAS CEPEDA, o porque percibió sueldo como gerente y representante legal de una sociedad, es decir, por prestarse a dichas negociaciones, como es el caso de HOLBERG HAMANN MURILLAS, CARLOS ENRIQUE PEREZ TAPIAS, COLLIN JOSE CAMPBELL LASCANO y ALFONSO CUELLAR SOLANO; o simplemente por encargarse de la negociación de las divisas o como consejera económica lo que finalmente sucedió con MARTHA PATRICIA VALDERRAMA GARCIA y RUBY EUGENIA ORTEGA HINESTROSA”.


Establecido entonces que los hechos antes citados ocurrieron entre los años 1.992 a 1.996 se inició el respectivo sumario el 13 de agosto de la anualidad últimamente referida y a él se dispuso la vinculación de Óscar Fernando y Eduardo José Cuevas Cepeda mediante indagatoria, mas como no fuera posible su captura se les declaró personas ausentes en providencia de febrero 11 de 1.997 para luego afectárseles en resolución de julio 1º de dicho año con medida de aseguramiento de detención preventiva por los punibles de enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado, sumándosele a Óscar Fernando Cuevas el de uso de documento público falso, y a todo ello el de fraude procesal en providencia de noviembre 3 de 1.998 confirmada en la de segunda instancia de junio 21 de 1.999.
Adelantada la investigación y recaudada dentro de la misma prueba que hacía relación a la manera como se legalizaban los dineros provenientes ilícitamente del exterior, así como a la constitución y legalidad de las empresas a través de las cuales eso sucedía, se vinculó mediante indagatoria a Martha Patricia Valderrama García -negociadora de divisas que había empezado a laborar en Mobil Ami South Construction desde diciembre de 1.992- absteniéndose en principio la Fiscalía de imponerle medida de aseguramiento.
Dispuesto entonces en julio 12 de 1.999 el cierre parcial de la investigación respecto de los procesados -entre otros- Óscar Fernando y Eduardo José Cuevas Cepeda y Martha Patricia Valderrama se calificó su mérito en resolución de noviembre 22 de la misma anualidad acusándose a todos por los punibles de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y fraude procesal, mismos por los cuales a Valderrama García se le afectó con medida de aseguramiento de detención preventiva y se extendió la impuesta a los hermanos Cuevas Cepeda y precluyéndose a favor de Óscar Fernando Cuevas por el ilícito de uso de documento público falso.
Recurrida tal decisión la Fiscalía de segunda instancia dispuso en resolución de mayo 26 de 2.000 acusar a Martha Patricia Valderrama por el punible de receptación agravada, imponerle por el mismo la medida de aseguramiento de detención preventiva, precluirle la investigación por los delitos que se le imputaron por la fiscalía a quo, declarar la nulidad de lo actuado respecto a la imputación hecha contra los hermanos Cuevas Cepeda por el punible de concierto para delinquir y confirmar la acusación en todo lo demás.
Asignada la consiguiente etapa de la causa al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá dictó éste, tras celebrar la correspondiente audiencia pública, sentencia en diciembre 16 de 2.002 condenando a Óscar Fernando Cuevas Cepeda a la pena principal de 134 meses de prisión y multa de $25.255’100.678,30 y a Eduardo José Cuevas Cepeda a prisión de 120 meses y multa de $25.158’941.543,30, ambos a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por lapso de 10 años como coautores de los delitos materia de acusación y a Martha Patricia Valderrama García a la pena principal de 117 meses y un día de prisión y a la accesoria de inhabilidad en el ejercicio de derechos y funciones públicas por término igual al de la pena privativa de libertad en su condición de coautora del punible de receptación.
Recurrido el fallo por los defensores de dichos sentenciados el Tribunal Superior de Bogotá dictó el suyo en marzo 4 de 2.004 confirmándolo en la condena irrogada contra los hermanos Cuevas Cepeda y modificándolo en la impuesta a Valderrama García para señalarle una sanción de cuatro años de prisión.
Interpuesto entonces por los mismos sujetos procesales contra el proveído del ad quem el recurso extraordinario de casación y ajustadas en esta sede las correspondientes demandas, dispuso en su trámite la Sala mediante auto de marzo 23 del año en curso declarar la prescripción de la acción penal derivada de los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado imputados no sólo a los hermanos Cuevas Cepeda, sino también a los condenados Collin José Campbell Lascano, Holberg Hamann Murillas, Carlos Enrique Pérez Tapia y Alfonso Cuellar Solano y en consecuencia cesó por los mismos todo procedimiento y redujo las penas de prisión impuestas a cada uno de ellos, fijándolas entonces así: Óscar Fernando Cuevas Cepeda, 110 meses: Eduardo José Cuevas Cepeda, 96 meses; Collin José Campbell Lascano, Holberg Hamann Murillas y Carlos Enrique Pérez Tapia 105 meses y un día para cada uno y Alfonso Cuellar Solano 84 meses.
LAS DEMANDAS:

1. LA FORMULADA EN NOMBRE DEL PROCESADO ÓSCAR FERNANDO CUEVAS CEPEDA.
1.1. CAUSAL TERCERA: NULIDAD.
1.1.1. Primer cargo:
La sentencia recurrida -sostiene el demandante- se halla afectada de invalidez por violación al debido proceso en tanto valoró indebidamente la prueba del elemento certeza pues aun cuando en aquélla se afirmó que el procesado percibió cuantiosas divisas provenientes del narcotráfico internacional lo cierto es que en parte alguna del expediente aparece la prueba objetiva, seria y convergente a la demostración de esa conducta punible.
Solicita por eso se realice el análisis imparcial que el caso amerita pues así se habrá de concluir que el elemento certeza no aparece demostrado y que en consecuencia el fallo no se ajustó a los requerimientos del artículo 232 de la Ley 600 de 2.000 máxime cuando en este asunto se advierte que la predicada prueba de certeza no obedece a los dictados de la lógica, ni a las máximas de la ciencia, ni a las reglas de la experiencia con grave afectación del debido proceso.
1.1.2. Segundo cargo:
La sentencia impugnada infringió igualmente la presunción de inocencia por cuanto al procesado se le pidió aportar pruebas de descargos de unas conductas que jamás cometió y porque se le tachó como convicto de narcotráfico internacional sin que por parte alguna aparezca prueba que de fuerza a ese aserto judicial o que los dineros recibidos por las cuestionadas empresas se hayan originado en el tráfico de narcóticos, de modo que dichas afirmaciones no son más que producto de la subjetividad de los juzgadores que por consiguiente socavan los fundamentos del debido proceso.

1.1.3. Tercer cargo:

Se inobservó también -dice el defensor- el principio de legalidad por cuanto, además de la apabullante sanción punitiva, la multa impuesta al sentenciado supera los límites señalados por los artículos 39 y 327 de la Ley 599 de 2.000 en el equivalente a cincuenta mil salarios mínimos


mensuales legales, luego tal desfase conculca por igual el debido proceso.
1.1.4. Cuarto cargo:
Finalmente acusa el defensor por esta vía la sentencia recurrida de haber infringido el principio de investigación integral por cuanto nada se hizo por escuchar en indagatoria a su prohijado no obstante que se hallaba privado de libertad, ni por practicar las pruebas de orden documental que los acusados solicitaron en las instancias. De esa manera -agrega- a su defendido se le terminó condenando bajo la odiosa fórmula de la responsabilidad objetiva sólo por el hecho de ser hijo de otro de los procesados y de haber tenido alguna injerencia en los asuntos de su progenitor es decir por punibles que no cometió.
Solicita por tanto se case la sentencia recurrida y en su lugar se declare en qué estado queda el proceso disponiendo la remisión del expediente al funcionario respectivo para que proceda de conformidad.
1.2. CAUSAL PRIMERA: VIOLACIÓN INDIRECTA.
1.2.1. Primer cargo:
Denuncia el libelista que la sentencia impugnada violó indirectamente por indebida aplicación los artículos 289, 327 y 453 del Código Penal al incurrir en errores de hecho por falso raciocinio, falso juicio de identidad y falso juicio de existencia en la apreciación de las pruebas, así:
1.2.1.1. Dio por demostrado el fallo con fundamento en las indagatorias de Holberg Hamann Murillas, Collin José Campbell y Martha Patricia Valderrama y las declaraciones de Fernando Von Halle López y Mauricio Alberto Elis Rivera que el procesado manejaba las sociedades o empresas que se han mencionado en el expediente y como la persona que controlaba las chequeras y poseía los contactos con el exterior para efectuar multimillonarias transferencias de divisas a Colombia, pero en tal juicio incurrió el juzgador -afirma el recurrente- en un error de raciocinio porque aquéllas versiones no tenían finalidad distinta que la de intentar su defensa frente a documentos que denotaban las gestiones de Hamann Murillas en su condición de gerente del Grupo Mobil Ami como que así se desvirtúa la ciega obediencia a las presuntas órdenes de Óscar Cuevas y se ratifica por el contrario que éste no fungía como jefe de dicho grupo ni de sus filiales.
Y así como Hamann Murillas pretendió evadir su responsabilidad a costa de la temeraria imputación arrojada contra Óscar Fernando Cuevas igual sucedió con los otros dos acusados, de modo que dentro de la lógica y

apelando a las reglas de la experiencia la razón de estas acusaciones indica que la inferencia lógica del sentenciador es errónea porque no se ajustó a los dictados de la ciencia procesal penal.


1.2.1.2. Simultáneamente -agrega la defensa- el raciocinio del fallador acerca de que las divisas provenían del narcotráfico denota otro error in iudicando en tanto carece del rigor requerido por la sana crítica testimonial en la medida en que su contingencia daría lugar a predicar otros orígenes del dinero incluyendo su legítima y honrada procedencia como lo sostuvo Óscar Cuevas Gamboa sin que se le hubiere desvirtuado. En esas circunstancias el juzgador incurrió también en un falso juicio de identidad porque las pruebas recopiladas no dicen que las divisas objeto de investigación procedían de actividades del narcotráfico y por el contrario ellas -las cuales dice abstenerse de precisar una a una para una objetiva demostración del reparo por “economía procesal”- enseñan simplemente las transferencias en moneda extranjera previos los filtros del sistema monetario americano y nacional.
1.2.1.3. Del mismo modo -expresa el casacionista- incurrió el juzgador en un falso juicio de existencia por suposición probatoria al deducir que los dineros llegados del exterior procedían del narcotráfico porque así lo infirió de la constitución y reconocimiento de las personas jurídicas algunas de las cuales calificó como de papel, del giro de cheques a personas inidentificadas, del destino final de divisas a cuentas bancarias de empresas fachadas mencionadas en el denominado proceso 8.000 y de la homonimia con algunos de los representantes de éstas, cuando ninguna prueba objetiva hace la menor referencia a tan desfasada conclusión.
No está probado entonces que las empresas señaladas por el juzgador no hayan desarrollado su objeto social cuando necesariamente debían esperar las acciones de sus matrices; tampoco está demostrado que esas filiales hayan concurrido a percibir y repartir las divisas llegadas del exterior o que Cuevas Cepeda haya falsificado los cheques que Hamann Murillas girara o creado nombres ficticios para verificar las fraudulentas operaciones.
1.2.2. Segundo cargo:
También por violación indirecta de la ley sustancial y subsidiariamente al anterior reproche acusa el censor la sentencia recurrida de haber inaplicado el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal y aplicado indebidamente el 7º , 232, 234, 238, 249, 257 y 284 del mismo ordenamiento y 289, 327 y 453 del Código Penal por haber incurrido en errores de hecho en tanto surge duda en el haz probatorio recaudado en el proceso.
Es que -sostiene el demandante- a pesar de la incertidumbre sobre la acreditación de las conductas punibles relacionadas con el comercio de estupefacientes y el origen de los dineros negociados, los juzgadores terminaron condenando a Óscar Cuevas sin que en el expediente apareciera una sola prueba que acreditare que esas divisas en realidad se originaron en el tráfico de narcóticos y que de ese oscuro negocio participó dicho procesado, cuando por el contrario se verificó la seriedad y magnitud de las transacciones lícitas desarrolladas por las cuestionadas empresas y su paso por los sistemas oficiales tanto de los Estados Unidos como de Colombia.
En esas condiciones los juzgadores dejaron de aplicar el principio del in dubio pro reo cuando la inferencia lógica que asumieron como dechado de certeza no corresponde a la crítica testimonial por no compaginar con los dictados de la lógica, de la ciencia y de la experiencia ya que un análisis imparcial del acopio probatorio indica que las cuestionadas empresas recibieron dineros provenientes del Reino Unido y de los Estados Unidos a través de los respectivos bancos centrales.
Bien se conoce -dice el libelista- que se atropella la inferencia lógica cuando entre lo fenomenológico y lo esencial o entre lo fenomenológico probado y la conducta humana investigada, no existe relación de vínculo indisoluble; esto es, cuando no existe relación de todo aparte o de parte a todo, y no obstante tal evidencia, el juzgador, con atropello de las vías de la sana reflexión y raciocinio, transitando ora por absurdos conclusivos, ora por las irracionalidades o por la violentación de principios lógicos, de las reglas de la experiencia o de postulados de ley, ejercicios de sana crítica le hubiese fabricado abruptamente nexos objetivamente inexistentes, tales como el de considerar que el señor Óscar Fernando Cuevas Cepeda, mediante el tráfico de narcóticos que no ha realizado lograse introducir a través de tan respetables bancos la cantidad de divisas relacionadas en la presente causa”.
Otro tanto -afirma- ocurre con los demás delitos imputados a su prohijado pues no hay una sola prueba indicativa de su participación, por eso solicita se case la sentencia recurrida y en su lugar se profiera una de carácter absolutorio.
2. LA FORMULADA EN NOMBRE DEL PROCESADO EDUARDO JOSÉ CUEVAS CEPEDA.
2.1. CAUSAL TERCERA: NULIDAD.
2.1.1. Primer cargo.
Alega a través de éste el defensor infringido el debido proceso en tanto el ad quem pretermitió el estudio de las manifestaciones defensivas hechas tanto en la audiencia pública como en la sustentación del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia relativas a que la imputación por los punibles de fraude procesal y falsedad en documento público vulneraban a su turno la misma garantía fundamental.
Pretende por eso a través de este reproche que la Sala se pronuncie al respecto y determine que la causa debe volver al despacho a quo para que éste a su vez inste a la Fiscalía, si lo considera pertinente, sostener la acusación por los delitos mencionados y permita a la defensa rebatirlos así como las pruebas en que se sustenten pues en la audiencia pública tal ente no presentó cargos por esos punibles que fueron objeto de condena cuando le era imperativo formularlos si su finalidad era la de obtener condena por los mismos, ya que de lo contrario deberían entenderse desestimados.
Y como en este asunto -añade el demandante- la Fiscalía no planteó cargos por esos ilícitos mal podía el juzgado abrogarse dicha facultad para tener por existente el objeto procesal frente a los punibles de fraude y falsedad documental y luego encontrarlos demostrados para así proferir una sentencia que resulta arbitraria.

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