Corte suprema de justicia sala de casación civil luis armando tolosa villabona magistrado ponente stc793-2015



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República de Colombia


Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado ponente
STC793-2015

Radicación n.° 11001-02-03-000-2015-00123-00


(Aprobado en sesión de cuatro de febrero de dos mil quince)
Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil quince (2015).

Decídese la tutela promovida por Olga Pérez Gutiérrez frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, integrada por los magistrados Luz Myriam Reyes Casas, Vivian Victoria Saltarín Jiménez y Abdón Sierra Gutiérrez; extensiva al Juzgado Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, con ocasión del juicio de pertenencia instaurado por la aquí actora contra Jorge Ventura Jiménez.



  1. ANTECEDENTES

1. La gestora suplica la protección de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente lesionados por la autoridad judicial accionada.


2. En sustento de su inconformidad acota, en concreto, que en el juicio materia de esta salvaguarda, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, emitió fallo desestimatorio de sus pretensiones, negándole la pertenencia del inmueble por ella poseído.
Apelada esa providencia por la querellante, el ad quem la confirmó, conminándola a sufragar “(…) las costas procesales causadas (…) en dicha instancia.
No obstante, aduce que antes de proferirse la sentencia de segundo grado, la recurrente, aquí actora, en el “(…) término de ejecutoria del auto que admitió la alzada (…)”, le solicitó al Tribunal querellado “(…) decretar pruebas de oficio (…)”, entre ellas, “(…) practicar inspección ocular al predio [a usucapir] (…)”, petición no resuelta por dicha Corporación.
Para contrarrestar la omisión anterior, propuso sin éxito incidente de nulidad, por preterirse “(…) el numeral 6 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil (…)”.
3. Cuestiona la conducta del colegiado entutelado porque, al preterir el decreto y práctica del citado medio probatorio, resolvió equivocadamente la cuestión litigiosa puesta a su conocimiento.
4. Por tanto, implora invalidar la actuación de la Corporación de segundo grado y en su lugar, “(…) tramitar el [referido] memorial de pruebas (…)”.
1.1. Respuesta del accionado y convocado
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla se opuso al ruego tuitivo, manifestando que las actuaciones censuradas “(…) no desconocieron los derechos fundamentales de la demandante (…)”.
El a quo guardó silencio.
Por su parte, el señor Jorge Ventura Jiménez, en su condición de propietario del bien objeto del mencionado pleito, pidió negar la salvaguarda, aduciendo que la quejosa busca “(…) sustituir (…) las decisiones adoptadas en el escenario natural del proceso (…)”.


  1. CONSIDERACIONES

1. La promotora de este auxilio, demandante en el mencionado proceso de pertenencia, reprocha el auto dictado por el colegiado querellado, el cual rechazó el incidente de nulidad por ella propuesto.



2. De entrada se advierte la improsperidad del resguardo, al avizorar la Corte que la señora Olga Pérez Gutiérrez, sin ningún motivo aparente, omitió rebatir, a través de los medios de impugnación previstos el legislador para ello, la decisión que rechazó la invalidez deprecada, esto es, el proveído de 17 de octubre de 2014 (fls. 36 a 38, cdno. 1).
Del mismo modo, la quejosa no refutó la providencia que “(…) corrió traslado a las partes para alegar de conclusión (…)” (fl. 67, cdno. 1), pudiendo advertirle al ad quem que para avanzar a dicho sendero procesal, debía primero resolver su petición de “(…) pruebas de oficio (…)”.
Así las cosas, no es dable acudir a este trámite excepcional, por cuanto no es vía paralela o sustituta de los instrumentos ordinarios o extraordinarios de refutación judicial, ni es instrumento para superar la incuria procesal.
Al respecto, la Sala indicó:
“(…) [L]a accionante (…), no cuestionó la decisión adoptada por la funcionaria judicial acusada, (…) a través del recurso de reposición consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acción debido a su carácter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepción esto es, de afectación y peligro para los atributos básicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a través de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acreditó que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condición (…)”1.
3. Al margen de lo anterior, examinada la providencia atacada, se avizora que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, para negar la nulidad pretendida por la quejosa frente al fallo de segunda instancia, arguyó (fls. 49 a 51, cdno. 1):
“(…) [R]evisado el expediente, se advierte que la demandante pretende se declare la nulidad por hechos ocurridos antes de dictarse la sentencia de segunda instancia, [empero ella] actuó en el proceso después de haber ocurrido la causal, sin proponerla (fls. 65-67).
En referencia al caso presente, la Corte Suprema de Justicia, en fallo de 31 de octubre de 2003, expe. 7933, consideró “que sólo la parte afectada puede saber y conocer el perjuicio recibido, y de una u otra manera lo revelerá con su actitud; más hácese patente que si su interés está dado en aducir la nulidad, es de suponer que lo hará tan pronto como la conozca, como que hacerlo después significa que, a la sazón, el acto procesal, si bien viciado, no le representó agravio alguno; amén de que reservarse esa arma para esgrimirla sólo en caso de necesidad y según lo aconseje el vaivén de las circunstancias, es abiertamente desleal (…) no queda, pues al arbitrio del afectado especular sobre la oportunidad que le sea más beneficiosa para alegar la nulidad, sino que, por el contrario, la lealtad que de él se exige en el proceso lo constriñe a aducirla en la primera ocasión que se le brinde o tan pronto se entere de ella, a riesgo de sanearla por no hacerlo (…)”.
4. Sin perjuicio de lo anotado, la conducta que se reprocha como lesiva de los derechos fundamentales no constituye una “(…) vía de hecho (…)”, por cuanto la decisión del Tribunal de no acceder a la petición invocada por la tutelante, no fue fruto de su arbitrio o capricho, al fundarse en que la irregularidad allí planteada se encontraba saneada, pues antes de reclamarla, dicha parte actuó sin proponerla, es decir, guardó silencio frente al auto que corrió traslado para alegar de conclusión, limitándose a presentar un memorial allegando la “(…) certificación de otro pleito respecto del mismo bien a usucapir (…)” (fls 69 a 70, cdno. 1).
5. Se descarta la posibilidad de predicar una vía de hecho en la providencia reseñada porque, al margen del criterio que la Sala pudiera tener2, no se advierte un proceder arbitrario y caprichoso por parte del querellado, por tanto, no hay lugar a la intervención de esta particular justicia, reservada para casos de evidente desafuero judicial.
Ahora, si la gestora disiente de estas apreciaciones, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente una decisión discutible o poco convincente, sino que ésta se encuentre afectada por defectos superlativos y carentes de fundamento objetivo, situación que por supuesto no ocurre en el subexámine.
Sobre el particular, la Corte ha sostenido:
“(…) [A]l margen de que esta Corporación comparta o no, el análisis (…) efectuado por los juzgadores accionados, el mecanismo de amparo constitucional no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo (…)”3.
6. La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cuál planteamiento hermenéutico en las hipótesis de subsunción legal es el válido, ni cuál de las inferencias valorativas de los elementos fácticos es la más acertada o la más correcta para dar lugar a la intervención del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.
7. Por las razones anotadas, el amparo deprecado será negado.

  1. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Olga Pérez Gutiérrez frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, integrada por los magistrados Luz Myriam Reyes Casas, Vivian Victoria Saltarín Jiménez y Abdón Sierra Gutiérrez; extensiva al Juzgado Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, con ocasión del juicio de pertenencia instaurado por la aquí actora contra Jorge Ventura Jiménez.
SEGUNDO: Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados.
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Presidente de Sala




MARGARITA CABELLO BLANCO


ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO


FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ


ARIEL SALAZAR RAMÍREZ


JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ


1CSJ, STC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada en STC. 25 jun. 12 sep. Y 1 nov. 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente.

2CSJ. STC. 17 abr. 2013, Rad. 00743-00; véase igualmente, entre otras, las sentencias de 15 de febrero de 2012, Rad. 00219-00 y 10 de mayo de 2005, Rad. 00142-00.

3CSJ. STC. 15 de feb. 2011, rad. 2010-01404-01, reiterado STC. 24. sep. 2013, rad. 2013-02137-00.



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