Corte suprema de justicia sala de casación laboral carlos ernesto molina monsalve magistrado Ponente sl-2209-2014 Radicación n° 42919 Acta n



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República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE

Magistrado Ponente
SL-2209-2014

Radicación n° 42919

Acta n°. 2
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil catorce (2014).
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

Validez de los convenios temporales de condiciones laborales especiales en virtud de lo dispuesto en la Ley 550/1999 art. 42.
La L. 550 de 1999, o ley de reestructuración o reactivación empresarial, implementó medidas de intervención estatal en el campo empresarial, con el fin de mermar la prolífera liquidación de empresas y la consecuente disminución en el empleo, y de ser posible reactivar éstas, procurando aliviar su carga financiera, mejorar sus perspectivas de producción, mantener el empleo que generan y ser otra vez sujetos de crédito con capacidad de pago, tal y como quedó plasmado en la correspondiente exposición de motivos. Allí, en uno de sus apartes se señaló:
(….) Los instrumentos ordinarios del derecho concursal, diseñados para afrontar la iliquidez o insolvencia en circunstancias ordinarias, son insuficientes para afrontar un problema de esta magnitud ….. La generalización de la crisis puede tener graves consecuencias macroeconómicas y es necesario que el Estado intervenga para establecer un marco especial para la restructuración y reactivación empresarial, que contenga (i) los incentivos para que acreedores y deudores determinen la viabilidad de las empresas; (ii) las herramientas necesarias para establecer un plan de restructuración que permita salvar aquellas que sean viables.
El objetivo de este proyecto de ley consiste entonces en dotar a deudores y acreedores de incentivos y mecanismos que sean adecuados para la negociación, diseño y ejecución conjunta de programas que le permitan a las empresas privadas colombianas normalizar su actividad productiva y, al mismo tiempo, atender sus compromisos financieros1
De allí surgió la idea de buscar mecanismos que propendieran por la superación de la crisis empresarial, mediante los denominados acuerdos de reestructuración, orientados a la consecución de convenios con acreedores de la empresa en lo concerniente a prelación, plazos y condiciones, de obligatorio cumplimiento para éstos, tal y como lo recordó el Tribunal al traer en el sub judice a colación lo que sobre el punto otrora dijera esta Sala al enseñar, «que los acuerdos de reestructuración son de obligatorio cumplimiento para el empresario y para todos los acreedores, incluidos los que no hayan participado en la negociación del mismo o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él.»2
Fue así que la L. 550/1999 previó normativas de intervención que tienen que ver con los derechos laborales. Aquéllas, al ser examinadas por la Corte Constitucional, fueron calificadas como el marco legal definitorio y «apropiado para lograr la reestructuración del pasivo laboral de las empresas en crisis, y contribuir con ello a su reactivación y a la preservación de las fuentes de empleo….»3, teniendo como finalidad propender porque las empresas y sus trabajadores acuerden condiciones especiales y temporales en material laboral que faciliten su reactivación y viabilidad y, por consiguiente, sean fuente de empleo y desarrollo.
Esto también se deriva de la exposición de motivos del entonces proyecto de ley, en la que se lee:
(….) Un elemento esencial de la reactivación empresarial está constituido por la conservación del empleo. Por esa razón, se estimula la concertación de empresarios y trabajadores acerca de condiciones laborales especiales y temporales que contribuyan a la recuperación de la empresa, cuyo fortalecimiento interesa simultáneamente a todos los acreedores, comenzando por sus trabajadores y pensionados. En esta materia, otra vez, se pone de relieve que se interviene para la reactivación de la empresa, punto convergente de los intereses de empresarios y trabajadores.”4
En lo que al sub lite interesa, el texto definitivo del artículo 42 de la Ley 550 de 1999, que regula la concertación de condiciones laborales de forma temporal y especial, es del siguiente tenor literal:
ARTICULO 42. CONCERTACIÓN DE CONDICIONES LABORALES TEMPORALES ESPECIALES. Los acuerdos de reestructuración podrán incluir convenios temporales, concertados directamente entre el empresario y el sindicato que legalmente pueda representar a sus trabajadores, que tengan por objeto la suspensión total o parcial de cualquier prerrogativa económica que exceda del mínimo legal correspondiente a las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Tales convenios tendrán la duración que se pacte en el acuerdo, sin exceder el plazo del mismo y se aplicarán de preferencia, a las convenciones colectivas de trabajo, [pactos colectivos], contratos individuales de trabajo vigentes, o laudos arbitrales.
La ejecución de los convenios deberá ser previamente autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyo pronunciamiento deberá producirse dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la respectiva solicitud. [En ausencia de sindicato, si se llega a un mismo convenio con un número plural de trabajadores igual o superior a las dos terceras partes del total de los trabajadores de la empresa, sus términos se extenderán también a los demás trabajadores de la misma].
El incumplimiento a lo dispuesto en los convenios a que se refiere el presente artículo, podrá dar lugar a la terminación del acuerdo, en la forma y con las consecuencias previstas en esta ley”.
La Corte Constitucional5 en la sentencia reseñada declaró exequible el citado artículo 42 de la L. 550/1999, salvo las expresiones encerradas entre paréntesis, que se estimaron como inconstitucionales.
En dicho pronunciamiento de constitucionalidad, al abordarse el estudio de si las convenciones colectivas de trabajo, una vez perfeccionadas, podían ser modificadas (ello por la aplicación prevalente de los convenios temporales y especiales celebrados por una empresa en reestructuración y el sindicato que legalmente representara a los trabajadores), se explicó, con apoyo en jurisprudencia relacionada con los artículos 467 y 480 del CST, que tales acuerdos colectivos pueden ser modificados, una vez expire su vigencia y mediante el mecanismo de la negociación colectiva «para adaptarlas a las necesidades e intereses, tanto de los patronos como de los trabajadores» y que son revisables mientras estén en vigor «cuando por circunstancias imprevisibles varíen sustancialmente las circunstancias económicas que se tuvieron en cuenta al momento de su celebración».
Así la Corte Constitucional expresó que tal modificación de las convenciones colectivas de trabajo, se puede dar de manera ordinaria o extraordinaria; la primera, en tiempos de normalidad económica, que se presenta en el marco de la negociación colectiva; y la segunda, extraordinariamente, cuando por razones no previstas han variado las circunstancias económicas presentes al momento de su celebración, lo que impone su revisión para no alterar el equilibrio económico de las relaciones laborales.
Con esos y otros argumentos, adoctrinó el Tribunal Constitucional que los acuerdos modificatorios de una convención colectiva vigente, encaminados a restablecer el equilibrio económico afectado por circunstancias nuevas e imprevistas, mediante los cuales empleadores y trabajadores acuerdan «suspender o reducir temporalmente derechos laborales antes reconocidos, no resulta contrario a la Carta. En efecto, los derechos laborales que se reconocen en las convenciones colectivas son de naturaleza extralegal y una vez adquiridos no pueden ser desconocidos unilateralmente por el empleador, ni eliminados por leyes posteriores, pero ello en sí mismo no impide una concertación para acordar su suspensión total o parcial, como lo propone la normatividad demandada» .Agregó que «Por ello, las normas acusadas que, como medidas de intervención económica en asuntos laborales, permiten que dentro de los acuerdos de reestructuración destinados a lograr la recuperación de empresas en crisis se incluyan convenios temporales concertados directamente entre el empresario y el sindicato que legalmente pueda representar a los trabajadores, suscritos con el fin de suspender total o parcialmente prerrogativas económicas que excedan del mínimo legal, no desconocen derechos adquiridos. Para la Corte esta posibilidad no está proscrita por las normas superiores»6 (Resalta la Sala).
En la mencionada sentencia C-1319/2000, adicionalmente se decidió que lo que sí contradice la Constitución es la expresión contenida en el inciso segundo del Art. 42 de la L. 550/1990, según la cual «En ausencia de sindicato, si se llega a un mismo convenio con un número plural de trabajadores igual o superior a las dos terceras partes del total de los trabajadores de la empresa, sus términos se extenderán también a los demás trabajadores de la misma»; e igualmente la expresión “pactos colectivos” contemplada en el primer inciso de la mencionada norma. Ello por cuanto el convenio de concertación de condiciones laborales especiales en comento, no puede ser impuesto a los trabajadores no sindicalizados que no deseen participar en él, o respecto de aquellos que se benefician de un pacto colectivo, pues no es dable obligar a éstos «a ser representados por el sindicato al que no convinieron en asociarse».
En este orden de ideas, son válidos los acuerdos de reestructuración, entre ellos el convenio temporal de condiciones laborales especiales autorizado por la L.550/1999 Art. 42, celebrados entre la empresa y el sindicato que legalmente represente a los trabajadores, que prevalecerá sobre lo pactado en las convenciones colectivas de trabajo vigentes, y cuyo campo de aplicación comprende en general a los trabajadores sindicalizados, y solo excepcionalmente a los no sindicalizados cuando éstos últimos manifiesten su deseo de participar en tal convenio, sin que de ninguna manera pueda aplicarse preferencialmente respecto a un pacto colectivo.
De ahí que es completamente legal y constitucional, que en virtud de dichos convenios que persiguen evitar la liquidación de la empresa y lograr la recuperación económica o financiera de la misma, los empleadores y trabajadores sindicalizados puedan suspender o reducir temporalmente beneficios o prerrogativas laborales reconocidas con antelación en una convención colectiva de trabajo.
Procede la Sala a decidir el recurso de casación que interpuso la demandante, contra la sentencia proferida el 12 de junio de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario promovido por SOLEDAD ALFONSO CONTRERAS contra la fundación abood shaio.
El Despacho se abstiene de reconocer personería a MARÍA EUGENIA ROJAS NOVA como apoderada sustituta de la demandante, conforme a los memoriales obrantes a folios 22 y 25 del cuaderno de la Corte, por cuanto no acreditó su condición de abogada titulada.

  1. ANTECEDENTES

La citada accionante demandó a la fundación abood shaio, mediante proceso ordinario, a fin de que se la condenara al pago de la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo por causa imputable al empleador, al reajuste de la primera mesada pensional reconocida y la cancelación de las diferencias pensionales, a la reliquidación de las prestaciones sociales por la no inclusión de todos los factores legales y extralegales que constituyen salario, ni del aumento salarial decretado por el laudo arbitral o la convención colectiva de trabajo de la cual se beneficiaba, a la indemnización moratoria de que trata el CST Art. 65 «por no haber pagado la Fundación la totalidad de salarios y prestaciones y además por haber descontado ilegalmente de su liquidación final siete días de salario», y a las costas.


Como sustento de las anteriores pretensiones, argumentó que laboró para la entidad demandada entre el 28 de abril de 1969 y el 17 de abril de 2006, siendo el último cargo desempeñado el de auxiliar de enfermeria con una salario base mensual de $907.817,oo; que con la comunicación del 18 de abril de 2006, recibida por la empresa ese día a las 12:08 m., decidió poner fin al contrato de trabajo por causas imputables al empleador, relacionadas con el incumplimiento de obligaciones legales y convencionales; que a la finalización del vínculo laboral se encontraba afiliada a la organización sindical ANTHOC; que la Fundación accionada el 9 de abril de 2000 promovió un proceso de reestructuración y el 30 de noviembre de 2000 firmó el correspondiente acuerdo basado en la L. 550/1999; así mismo con el sindicato ATAS suscribió un convenio el 18 de diciembre de 2002, denominado «Acuerdo de Condiciones Laborales Temporales Especiales»; que en ningún momento autorizó para que esa última organización sindical firmara a su nombre tal acuerdo de restructuración por no ser su afiliada, ni el entonces Ministerio de la Protección Social dio autorización para los plazos y condonación de deudas por beneficios extralegales; que no obstante lo anterior, se le aplicó en forma unilateral lo convenido con ATAS, desconociendo que el sindicato ANTHOC, al cual pertenecía, no hizo parte ni firmó dicho acuerdo; y de otro lado no se le cancelaron ciertos beneficios convencionales, tales como el salario en especie, prima extralegal de diciembre, prima de vacaciones disfrutadas, bonificación de Semana Santa, prima de antigüedad, auxilios educativos, subsidio de transporte legal y extralegal, suministro de alimentación, y dotación, todo ello correspondiente a los años 2001 a 2006 y conforme a las cláusulas 11, 12, 13, 14, 15, 24, 28 y 46 convencionales.
Continuó diciendo que en el laudo arbitral proferido el 20 de diciembre de 2000, en su artículo 9, se ordenó para los afiliados de ANTHOC, entre ellos la demandante, un ajuste del salario básico «A partir del 1 de Enero del año 2000 y por todo ese año, un diez por ciento (10%) sobre el salario devengado en el año 1999. Para el año 2001, desde el 1 de enero, un porcentaje equivalente al IPC del año 2000»; que a la actora no se le reajustó el salario de conformidad con lo dispuesto en el citado laudo, y reclamó en varias oportunidades que le hicieran dicho incremento para los años 2000 y 2001, sin resultados positivos; que se le dejó de cancelar el salario correspondiente al 18 de abril de 2006 y en la liquidación definitiva se le realizó un descuento por 7 días de salario, al no haberse transcrito la incapacidad médica que se le concedió, respecto de la cual el ISS cubrió a la empresa el valor de la misma, según cuenta de cobro No. 01483624-87; además que dicha liquidación final debió extenderse hasta la fecha de presentación de la carta de terminación del contrato, e incluir todos los factores salariales tales como «el auxilio de transporte, el salario en especie, la remuneración de los permisos sindicales, la bonificación de semana santa, la prima extralegal de diciembre, los recargos por trabajo dominical y festivo», así como tener en cuenta el aumento salarial consagrado en el laudo arbitral del 20 de diciembre de 2000, todo lo cual genera la reliquidación de las prestaciones sociales y de los dominicales o festivos; y que se le efectuó un reajuste por dominicales y festivos por valor de $183.718,oo, pero sin autorización expresa se le impuso un plazo para su pago.
Agregó que en virtud de haber adquirido el status de pensionada mediante la resolución No. 020224 de 2005, a partir del 1º de julio de ese año, y que el ingreso base de cotización con que se efectuaron los aportes para pensión presenta un desfase, al no considerarse los reajustes salariales ordenados por laudo, lo que trae como consecuencia que la primera mesada que se fijó en la suma mensual de $996.076,oo sufrió un detrimento, ésta deberá ajustare y por consiguiente sufragare las diferencias pensionales que resulten.


  1. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

La convocada al proceso se opuso al éxito de todas las pretensiones incoadas. En cuanto a los hechos, negó la mayoría; aceptó la existencia de la relación laboral para con la demandante, los extremos temporales, el cargo desempeñado, el salario básico devengado, la decisión de la actora de poner fin al contrato de trabajo aduciendo causas imputables a la empleadora. También, que la demandante no era afiliada al sindicato mayoritario ATAS, ni autorizó firmar a su nombre el acuerdo de restructuración; que se le descontaron en la liquidación final 7 días de salario, por no haberse presentado a trabajar; que la Fundación promovió el 9 de abril de 2000 un proceso de reestructuración de la L.550/1999; que con ATAS se firmó el 18 de diciembre de 2002 el Acuerdo de Condiciones Laborales Temporales Especiales que fue aprobado por el Ministerio de la Protección Social; que ese sindicato y ANTHOC al cual pertenecía la accionante, jamás suscribieron un convenio para que ATAS tuviera la representación de tales afiliados; y que la trabajadora se pensionó el 1º de julio de 2005. Propuso las excepciones que denominó inexistencia de las obligaciones demandadas, prescripción y pago.


En su defensa adujo que el 30 de noviembre de 2000 como empleadora se vio avocada a suscribir con sus acreedores un acuerdo de restructuración económica regulado por la L. 550/1999; que posteriormente bajo este marco, el 18 de diciembre de 2002, pactó con el sindicato mayoritario ATAS, condiciones laborales temporales especiales que suspendieron la vigencia de las convenciones colectivas y los laudos arbitrales, con fundamento en el artículo 42 de la citada ley, así como la modificación de los contratos de trabajo, las obligaciones laborales y los plazos para cancelarlas; también, condonación de deudas por prestaciones o beneficios extralegales -estableciendo fórmulas para ello-, así como la suspensión de los aumentos salariales; que el referido «Convenio de Condiciones Laborales Temporales Especiales» «fue sometido a la aprobación previa del Ministerio de Trabajo y S.S., quien lo autorizó según Resolución No. 044 de 20 de Enero de 2002, confirmada según Resolución No. 0210 de 7 de marzo de 2003 en reposición y por la No. 0047 de 3 de abril de 2003 que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la primera», en las que se reconoció al Sindicato ATAS como mayoritario y por tanto representante de todos los trabajadores de la Fundación, independientemente de la existencia de otros sindicatos, ello con base en el D. 2351/1965 Art.26, actos administrativos que están ejecutoriados o en firme y que gozan de la presunción de legalidad.
Añadió que los plazos concedidos por los convenios de reestructuración, se vienen cumpliendo en su totalidad, aun cuando algunos no se han hecho exigibles; que allí se suspendieron las cláusulas convencionales que consagran beneficios extra legales y se condonaron deudas laborales por prima de antigüedad, prima de alimentación y dotaciones extralegales, lo cual no solo se aplica para los afiliados a ATAS sino también a los demás trabajadores pertenecientes a otros Sindicatos; y que «el día 12 de abril de 2005, el Acreedor interno y los Acreedores Externos de la FUNDACIÓN ABOOD SHAIO, acordaron en (sic) modificar el Acuerdo de Reestructuración de 30 de noviembre de 2002 y entre otras resoluciones adoptaron la de que el ‘Acuerdo de Restructuración firmado en tal fecha, durara hasta por diez y nueve años contados a partir de la fecha de celebración del mismo, prorrogable en los términos que el mismo contempla».



  1. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juez Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá, con sentencia del 8 de julio de 2008, absolvió a la demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra, y condenó en costas a la demandante.




  1. SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Llegado el proceso a la segunda instancia por apelación de la actora, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con sentencia del 12 de junio de 2009, confirmó íntegramente el fallo de primer grado e impuso las costas de la alzada a cargo de la recurrente.


El ad quem comenzó por decir que no es objeto de controversia la existencia del vínculo laboral y sus extremos, por coincidir las partes en la demanda inicial como en su contestación (folios 1 y 183), lo cual quedó ratificado con el contrato de trabajo escrito (folios 17 a 21) y la renuncia presentada por la actora por causas imputables al empleador (folios 22 a 24).
Luego se refirió al acuerdo de condiciones laborales especiales suscrito con el Sindicato mayoritario ATAS, concretando como problema jurídico a dilucidar si el mismo podía ser «aplicado a los afiliados del sindicato ANTHOC quien no participó en la negociación y «si resultaba viable por intermedio de dicho acuerdo de condiciones temporales, que se suspendieran los beneficios extralegales consagrados en la convención colectiva de trabajo».
Al respecto expuso que la organización ATAS, por ostentar la calidad de sindicato mayoritario al interior de la Fundación demandada, tenía la potestad de representar a todos los trabajadores de la Fundación en la celebración de dicho acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en la CST Art. 357, subrogado por el D. 2351/1965 Art. 26, que pasó a transcribir.
Del mismo modo, se apoyó en lo preceptuado por la L.550/1990 Art. 42, que regula los acuerdos de reestructuración y la concertación de esta clase de acuerdos, para concluir que el convenio celebrado fue plenamente válido y su aplicación podía efectuarse a todos los trabajadores de la compañía, incluso a aquellos afiliados al sindicato ANTHOC, entre los cuales se encontraba la accionante.
Sobre la suspensión de beneficios convencionales, se remitió al contenido del acuerdo que en este punto señaló:
... 5. Durante la vigencia del presente acuerdo las partes no denunciarán las convenciones colectivas o laudos arbitrales vigentes a la fecha de celebración del presente acuerdo. En consecuencia los sindicatos no promoverán ningún conflicto económico ni individual ni colectivo, ni se suscribirán nuevas convenciones colectivas de trabajo y se suspenderán las demás cláusulas de las Convenciones colectivas y laudos arbitrales vigentes a la firma de este acuerdo, que no se menciones (sic) en el mismo.", para luego manifestar «que, contrario a lo manifestado por el apelante, el Ministerio de la Protección Social autorizó el contenido del acuerdo mencionado, en su totalidad, sin condicionamientos de ninguna índole, mediante Resolución No. 000044 de 20 de enero de 2003 (fls. 248 a 250), confirmada posteriormente por las Resoluciones Nos. 00210 de 7 de marzo de 2003 (fls. 251 a 254) y 00478 de 3 de abril de 2003 (fls. 255 a 262), autorización cuyo contenido se compadece, además, con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 550 de 1990, ya mencionada, en cuya virtud los acuerdos de reestructuración pueden celebrarse siempre y cuando no vulneren los mínimos derechos y prerrogativas contenidos en el Código Sustantivo del Trabajo, circunstancia que claramente no ocurrió en el caso sub examine en el que se suspendieron temporalmente los beneficios extralegales convencionales que, ciertamente, exceden el mínimo de derechos referido.
Y añadió que «la Fundación demandada sujetó el acuerdo que celebró con sus trabajadores, a lo establecido en la ley y a lo autorizado por el Ministerio de la Protección Social».
A continuación abordó el tema de la indemnización por despido indirecto, considerando que era improcedente, por cuanto esta súplica se encuentra soportada en el hecho de que la accionada no le pagó a la trabajadora los beneficios convencionales con ocasión del acuerdo de condiciones temporales, pero al ser válido el convenio y ajustada a derecho la suspensión de beneficios extralegales autorizada por el Ministerio de la Protección Social, no hay lugar a su reconocimiento y pago; además de que a la demandante se le canceló la liquidación definitiva de prestaciones sociales, y además declaró a paz y salvo a la Fundación accionada (folio 279).
En lo que atañe a la petición de reliquidación de la mesada pensional con fundamento en el pago de acreencias laborales, igual suerte corre, ya que esa prestación le fue otorgada conforme al A. 049/1990 y para efectos de su liquidación le fue tenido en cuenta el ingreso base de liquidación que legalmente le correspondía.
Por todo lo expuesto el tribunal confirmó del fallo absolutorio del a quo.

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