Corte suprema de justicia sala de casación laboral



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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL


 

 

Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil once (2011).



LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

Magistrado Ponente

Radicación No. 24922

Acta No. 03

 

Procede la Corte a resolver la primera instancia en la acción de tutela instaurada por la NACIÓN – MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, a través de apoderada, contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ.

 

Se acepta el impedimento del Magistrado Gustavo José Gnecco Mendoza.



 

I.             ANTECEDENTES


 

Afirmó la accionante que la extinta Empresa Social del Estado Policarpa Salavarrieta promovió demanda de fuero sindical a Abraham Cuéllar Cabrera para obtener el levantamiento de fuero sindical y permiso para despedir ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, que profirió sentencia el 4 de septiembre de 2009 y resolvió levantar el fuero sindical del demandado; quien presentó recurso de apelación contra la decisión antes mencionada y el 16 de octubre de 2009 la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, revocó la providencia para en su lugar negar las pretensiones de la demanda.

 

Adujo que Abraham Cuéllar Cabrera inició proceso especial de fuero sindical en contra de la Nación –Ministerio de la Protección Social para obtener el reintegro al cargo que ocupaba en la ESE Policarpa Salavarrieta en liquidación, como quiera que la antes mencionada lo desvinculó el 15 de septiembre de 2009; que el juzgado de conocimiento fue el Noveno Laboral Adjunto de Bogotá que por sentencia del 30 de abril de 2010 absolvió a la demandada al considerar que había imposibilidad jurídica y material para reintegrar a una empresa real y jurídicamente liquidada.



 

Inconforme con el fallo de primera instancia el apoderado del demandante presentó recurso de apelación y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá al desatarlo resolvió condenar a la Nación - Ministerio de la Protección Social al reintegro del demandante al cargo de odontólogo así como al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de su despido -15 de septiembre de 2009- hasta cuando se produzca su reintegro.

Aseguró que la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal accionado incurrió en una “vía de hecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial, tanto ordinario como constitucional”.

 

Por ello, acude a esta acción para que se le amparen los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Pide en consecuencia, se declare la nulidad de la sentencia cuestionada.



 

II.            TRÁMITE

 

Por auto de 26 de enero de 2011 esta Sala de la Corte avocó el conocimiento de la acción de tutela, ordenó comunicar a la Sala Laboral del Tribunal accionado, y demás intervinientes, dentro del proceso cuestionado, para que se pronunciaran sobre los hechos materia de la queja constitucional.



 

Abraham Cuéllar Cabrera solicitó se declare la improcedencia del presente amparo por cuanto la decisión cuestionada no incurrió en “vía de hecho”, por cuanto está edificada sobre las normas que reglamentan el tema y las pruebas allegadas legal y oportunamente al proceso. Igualmente manifestó que, el empleador puede acudir a un proceso ordinario para que el juez le reconozca las razones y motivos para afirmar que el reintegro es física y jurídicamente imposible, para así fijar la indemnización a pagar.



 

III.           CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia de la Sala que al juez constitucional le está vedado injerirse en asuntos del exclusivo resorte de los jueces naturales, para examinar el juicio hermenéutico que sobre las normas hagan los mismos, y mucho menos para acoger la que estime más plausible entre las diferentes interpretaciones posibles, por cuanto mal puede intervenir en las funciones asignadas por la Constitución y por el legislador al funcionario de conocimiento.



 

Analizada la sentencia censurada, considera la Sala que en el presente caso el Tribunal accionado no vulnera los derechos fundamentales invocados por la Nación-Ministerio de Protección Social, toda vez que su decisión está soportada en las pruebas y en la interpretación de las normas que gobiernan el asunto sometido a su consideración frente a la situación fáctica que razonablemente dilucidó, motivo por el cual no es posible tildar su decisión como abiertamente arbitraria o caprichosa, pues, simplemente es el fruto del ejercicio de las atribuciones constitucionales que les corresponden.

 

En efecto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, luego de precisar el asunto que debía resolver, y tras valorar las pruebas recaudadas, revocó íntegramente la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta la documental allegada y, en consecuencia, condenó a la parte accionante a reintegrar a Abraham Cuéllar Cabrera al cargo de odontólogo y a pagarle los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se produzca el reintegro por cuanto “el trabajador que goza de fuero sindical es despedido sin autorización judicial e inicia la acción especial correspondiente, el juez no tiene una opción legal distinta a la de ordenar el reintegro y, a titulo de indemnización, los salarios dejados de percibir, tal como lo dispone el artículo 408 del Código Sustantivo del Trabajo”, y frente a quien asume las obligaciones remanentes a cargo de la Empresa Social del Estado Policarpa Salavarrieta posteriores al cierre del procesoliquidatorio es el Ministerio de la Protección Social conforme el Acta Final del Proceso Liquidatorio de la aludida E.S.E.



 

En consecuencia esta Sala negará el amparo constitucional deprecado.



 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

RESUELVE:

 

PRIMERO.- NEGAR la protección solicitada en la presente acción de tutela por la Nación – Ministerio de la Protección Social, contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.

 

SEGUNDO.- NOTIFICAR a los interesados telegráficamente o por cualquier otro medio expedito.

 

TERCERO.- REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.

 

Notifíquese y cúmplase.

 

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

 

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ      

 

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN

 

CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE         

 

FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ



 

CAMILO TARQUINO GALLEGO

 


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