Corte suprema de justicia sala de casacion civil



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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL
Magistrada Ponente

RUTH MARINA DIAZ RUEDA

STC 4946 - 2014

Radicación nº 11001-02-04-000-2014-00475-01

(Aprobado en sesión de veintitrés de abril de dos mil catorce)


Bogotá D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil catorce (2014).
Decide la Corte la impugnación interpuesta frente al fallo de 13 de marzo de 2014, proferido por la Sala de Casación Penal, que negó la tutela instaurada por el señor Uriel Beltrán Lozano contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Penal y el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Acacías, trámite al cual fue vinculado el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de la citada capital.
ANTECEDENTES
1. El accionante pide la protección de los derecho fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, libertad y acceso a la administración de justicia.

En confuso escrito y de las copias allegadas al proceso, se extrae que como se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio en sentencia de 4 de junio de 2008 lo condenó a 718 meses de prisión por los delitos de secuestro extorsivo, «secuestro» simple, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas armadas y utilización de uniformes e insignias, decisión que apeló, debido a que no le rebajaron la pena en relación al punible de «secuestro extorsivo» (artículo 26 de la Ley 1126 de 2011), sin embargo, la Sala Penal del Tribunal de la citada ciudad, el 19 de agosto siguiente, confirmó parcialmente el fallo anterior y le redujo la sanción intramural en 616 «meses», luego, en virtud de esa «aceptación de cargos, escrito de acusación y estos dos comprobantes donde se confirma que estoy por el delito de secuestro simple (…) acudí ante el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Acacías –Meta-, donde le solicité la redosificación de la pena por el delito de secuestro simple (…) por el principio de congruencia, donde me dijeron que no me daban la redosificación (…) porque la condena se encontraba ejecutoriada y que hace tránsito a cosa juzgada» (folio 11), y tal determinación de 18 de septiembre de 2012 fue ratificada por el superior el 8 de febrero de 2013, proveídos que considera le vulneran las garantías fundamentales que reclama, pues a su juicio, tuvo que aplicarse dicho beneficio también al de «secuestro simple (sic) (…), [pues] aboga [una] una readecuación de la pena que corresponde para este delito (192 a 360 meses de prisión)» (folio 36), estima además, que debe tenerse en cuenta el precepto 351 de la Ley 906 de 2004 que prevé una rebaja del 50% de la sanción, por el hecho de haber aceptado las conductas delictivas que le endilgaron.

2. Por lo anterior pide «disponer y ordenar a las partes accionadas “juzgado primero (1º) de ejecución de penas y medidas de seguridad de descongestión de Acacías –Meta-, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Meta Sala Penal” (…) la redosificación de la pena por el delito de secuestro simple, por principio de congruencia» (folio 28).
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO
1. El Tribunal Superior de Villavicencio, expuso que el amparo no es procedente en atención a que la determinación cuestionada tiene un sustento fáctico y jurídico adecuado a las normas que gobiernan la materia y además dicho resguardo, no cumple con el requisito de subsidiaridad en tanto que mediante sentencia de fecha 27 de febrero de 2013, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia «trazó pautas para la inaplicación del aumento de penas introducido por el art. 14 de la Ley 890 de 2004 en relación con los delitos enlistados en el art. 26 de la ley 1121 de 2006, en eventos cuyo juzgamiento se gobierna por la ley 906 de 2004, por afectación al principio de proporcionalidad, y en este supuesto el accionante puede debatirlo mediante la acción de revisión (art. 192, 7º de la Ley 906/04)» (folios 91 y 92).
2. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, tras realizar un recuento de lo actuado, adujo que el proveído censurado en esa instancia tuvo como soporte «la ejecutoria de la sentencia, y en que al hacer tránsito a cosa juzgada, el fallo condenatorio se torna inmodificable, salvo que se trate de un evento en el que se deba aplicar el principio de favorabilidad por la entrada en vigencia de una nueva norma que favorezca los intereses de quien solicita su aplicación», motivo por el cual se encuentra ajustado a derecho (folios 82 y 83).
LA SENTENCIA RECURRIDA

La Sala de Casación Penal negó la tutela propuesta con sustento en que el reclamante no cumplió con el requisito de inmediatez, toda vez que la sentencia de segundo grado que lo condenó data de 19 de agosto de 2008, decisión en la que se «expuso los motivos por los cuales consideró que resultaba improcedente acceder a las súplicas elevadas por el aquí accionante y su defensor (…). A lo anterior se suma que la Corporación Judicial demandada cumplió con la labor interpretativa que le es propia y valoró el material probatorio bajo los postulados de la sana crítica, la cual no puede ser sustituida por el Juez de tutela», agregó, que además el actor tenía a su disposición el recurso extraordinario de «casación» para cuestionar esa determinación, y no lo hizo «motivo por el cual no puede ahora (…) por vía de la acción de tutela pretender enmendar la negligente y despreocupada postura procesal que adoptó en su momento, toda vez que admitió la actitud asumida por su procurador judicial y permitió que la sentencia de segundo grado adquiriera firmeza» (folios 153 a 155).


Sostuvo igualmente que «en cuanto a los pronunciamientos dictados por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio y la Sala de Decisión Penal del Tribunal de ese Distrito Judicial, tampoco se advierte acto arbitrario o injusto que amerite la intervención del juez de juez (sic), si se tiene en cuenta que tal como se puso de presente en el acápite de antecedentes que hace parte de esta providencia, en segunda instancia de manera clara y precisa le indicaron a Uriel Beltrán Lozano las razones por las cuales resultaba improcedente concederle la rebaja de pena prevista en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 frente al delito de secuestro extorsivo, habida cuenta que respecto al secuestro simple no fue objeto de reparo alguno» (folio 156).
LA IMPUGNACIÓN
El accionante impugnó el fallo sin argumentar los motivos de su inconformidad (folio 167).
CONSIDERACIONES
1. A través de la presente herramienta constitucional, el peticionario expresa su desacuerdo con el auto de 8 de febrero de 2013 dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, que confirmó el del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, en el que le fue negada la redosificación de la pena, pues a su juicio, como se allanó a los cargos por los punibles que le fueron imputados, si bien es cierto en sentencia de primer grado le rebajaron la pena en un 45%, no aplicaron dicho beneficio, según afirma, al delito de «secuestro simple» (sic), tal como lo prevé el artículo 168 de la Ley 599 de 2000. Así mismo, cuestiona la sentencia de 19 de agosto de 2008, emitida por la citada Corporación que ratificó parcialmente la de primera instancia, en el sentido de rebajar la pena impuesta de 718 a 616 meses de prisión.
2. En este orden de ideas, advierte la Corte sin necesidad de evaluar el contenido de las providencias atacadas de «19 de agosto de 2008» y «8 de febrero de 2013», que los cargos formulados por el interesado no pueden abrirse paso en el terreno tutelar, por cuanto que, el resguardo presentado el 22 de enero de 2014 (folio 1º), no lo fue dentro de un término razonable, hecho que pone en entredicho la urgencia de la salvaguarda pretendida y la aparta del requisito de «inmediatez» que surge del propio texto normativo superior, y denota el fracaso de la solicitud, pues la tardanza en acudir a esta acción es muestra de una conformidad que en principio, descarta el quebrantamiento inmediato e inminente de las prerrogativas ahora reclamadas, amén que ni siquiera se alegó justificación alguna para tal demora.
En torno al tema, dijo la Sala en sentencia CSJ ST, 14 Sep. 2007, Rad. T-01316-00:
(…) en suma, ante la reviviscencia pretoriana de la acción de tutela contra sentencias judiciales, se hace imprescindible fijar un término consuntivo del recurso constitucional, pues no puede quedar abierto intemporalmente el debate judicial, ya que ello conspiraría contra la seguridad jurídica y los derechos de todas las partes involucradas en el litigio, quienes fundados en la confianza legítima que les otorga la firmeza de un fallo judicial, no podrían ser sorprendidos en cualquier momento posterior, con un nuevo debate que frustre los derechos así adquiridos y las situaciones consolidadas. Las partes, y quienes con ellas puedan establecer relaciones de todo orden, ajustan su proceder a las señales que emite el ordenamiento jurídico por medio de las sentencias judiciales en firme. De este modo, en función de adquirir la certeza y predictibilidad necesarias a la estabilidad de las relaciones jurídicas, la clausura de la oportunidad de atacar las sentencias judiciales es un imperativo constitucional.
En el pasado las legislaciones procesales han fijado el término de perención en seis meses y ese podría ser un plazo razonable, pues sí la falta de impulso extinguía el proceso, y así continúa siendo en materia contencioso administrativa, el silencio prolongado del afectado frente a una presunta vía de hecho es relevante para juzgar la ausencia de actualidad del amparo (…)”.
3. Por tal razón se confirmará el fallo censurado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado.


Notifíquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y vinculados; y, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para la eventual revisión.
Notifíquese y Cúmplase

JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ

MARGARITA CABELLO BLANCO

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA


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