Corte Suprema de Justicia sala de decisión penal de tutelas



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República de Colombia

T
utela de primera instancia No. 63664
CÉSAR ALONSO BOLÍVAR NOVA.



Corte Suprema de Justicia


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE DECISIÓN PENAL DE TUTELAS
Magistrado Ponente:

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

Aprobado Acta No. 396

Bogotá, D. C., octubre veinticuatro (24) de dos mil doce (2012).
1. VISTOS:
Decide la Sala la acción de tutela instaurada por el apoderado de CÉSAR ALONSO BOLÍVAR NOVA contra el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tunja y la Fiscalía Diecisiete Delegada ante ese despacho judicial, actuación que se hizo extensiva a una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, por la presunta conculcación de su derecho fundamental al debido proceso.


2. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:

1. De la información que reposa en el presente trámite constitucional se pudo establecer que el 4 de octubre de 2000, en el momento en que ABDÓN HIGUERA GARCÍA se dirigía a su casa ubicada en la vereda Catoba del municipio de Sotaquirá, Boyacá, fue atacado por cuatros individuos que con arma de fuego le ocasionaron lesiones en su humanidad.


2. La denuncia fue instaurada por JOSÉ ANTONIO HIGUERA GARCÍA y posteriormente se escuchó en declaración al lesionado quien fue explícito en señalar que:
“…el tiró me lo pegó ALONSO BOLÍVAR NOVA, el vive arriba del pueblo con los papás de nombres RAFAEL BOLÍVAR y ELDA NOVA…los otro individuos que acompañaban a ALONSO BOLÍVAR me boliaron machete, los que lo acompañaban era DANIEL RUIZ y un sobrino no se como se llama y la mujer de ALONSO, no se como se llama”. Frente a los rasgos físicos del presunto infractor, señaló quees una estatura 1.60 metros, contextura gruesa, tez morena, cabello como medio churco, color negro, no usa bigote, de 28 años aproximadamente…”

3. Con base en lo anterior, el 7 de diciembre de 2002 un Delegado de la Fiscalía General de la Nación decretó la apertura de investigación y comisionó al Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I. para que adelantara las diligencias previas con el fin de hallar prueba de la identidad de los denunciados.


4. La Unidad del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial recibió varias declaraciones, dentro de las cuales está la de ABDÓN HIGUERA GARCÍA quien se ratificó en lo dicho. Para establecer la plena identidad de los señalados por la víctima se recurrió a la Registraduría Nacional del Estado Civil con sede en Sotaquirá y Tunja, donde se obtuvo la siguiente información:
Nombres: CÉSAR ALONSO

Apellidos: BOLÍVAR NOVA

Documento de identidad: C.C. No. 4.265.613 de Sotaquirá

Nacido en: Sotaquirá, el 9 de noviembre de 1971

Edad: 29 años

Hijo de: RAFAEL ANTONIO y MARIA ELDA IRMA

Grado de Instrucción: Alfabeta

Ocupación: Jornalero

Estado civil: Unión libre con CRISTINA FAJARDO

Residente: Vereda Sotaquirá (Sotaquirá).

(…)

Nombres: DANIEL



Apellidos: RUIZ LEÓN

Documento de identidad: C.C. No. 6.754.765 de Tunja

Nacido en: Cómbita, el 23 de agosto de 1952

Edad: 48 años

Hijo de: MARÍA DEL CARMEN y LEOVIGILDO

Grado de Instrucción: Analfabeta

Estado civil: Soltero

Ocupación: Jornalero



Residente: Finca Caña de Castilla, vereda Cortadera Grande (Sotaquirá).
5. Como quiera que las diligencias dirigidas a localizar a los ciudadanos últimos referenciados no arrojaron resultados positivos, a pesar de haberse librado la respectiva orden de captura con el fin de escucharlos en indagatoria, la Fiscalía Diecisiete Seccional de Tunja mediante resolución dictada el 12 de marzo de 2004 los vinculó al proceso en calidad de personas ausentes y les designó defensor de oficio.
6. Posteriormente, el ente acusador les resolvió la situación jurídica, les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, y el 23 de agosto de 2004 les dictó resolución de acusación como presuntos autores de los delitos de homicidio tentado y porte ilegal de armas de fuego.
7. En vista que el calificatorio no fue impugnado, las diligencias fueron asignadas al Juzgado Tercero del Circuito de Tunja que avocó conocimiento, llevó a cabo las audiencias preparatoria y de juzgamiento, con asistencia a esta última de DANIEL RUIZ LEÓN1 y su defensor de confianza, así como el designado por el Estado, quien solicitó a favor de JOSÉ ANTONIO HIGUERA GARCÍA y en aplicación del principio del in dubio pro reo, una decisión absolutoria.
8. El funcionario judicial competente mediante sentencia proferida el 8 de marzo de 2006 condenó a este último a la pena principal de noventa y seis (96) meses de prisión como autor responsable del delito de tentativa de homicidio, y a su compañero de causa, le impuso una pena de cuarenta a y ocho (48) meses de prisión como cómplice de la conducta punible referenciada, así como al pago de perjuicios de manera solidaria en cuantía de 500 s.m.l.m.v. a favor de la víctima. Respecto al delito de porte ilegal de armas los absolvió.
9. Inconforme con el fallo de primera instancia, el defensor de DANIEL RUIZ LEÓN lo recurrió por considerar que no estaba demostrada su participación en las lesiones producidas al ciudadano ABDÓN HIGUERA GARCÍA, motivo por el cual solicitó su revocatoria.
10. Una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Tunja previo el estudio del acervo probatorio el 30 de agosto de 2006 resolvió modificar la sentencia de primera instancia en lo relacionado con el monto de los perjuicios, reduciéndolos a 125 s.m.m.l.v. a favor del recurrente. En lo demás la confirmó.
11. CÉSAR ALONSO BOLÍVAR NOVA, quien fuera capturado en esta ciudad el 7 de agosto del año en curso, por intermedio de un profesional del derecho recurrió a la citada Corporación Judicial para que previo el procedimiento establecido en el Decreto 2591 de 1991, le protegiera el derecho fundamental al debido proceso porque al revisar la actuación penal que cursó en su contra llegó a la conclusión que el procesado careció de defensa técnica toda vez que “ni en la instrucción, ni en la de juicio la defensa pidió o solicitó prueba alguna, solo se limitó en el juicio a presentar alegatos de conclusión”.
Motivo por el cual solicita se “anule la actuación, hasta la etapa de juicio para que se puedan controvertir las pruebas practicadas por la Fiscalía”.

La Corporación Judicial referenciada con fundamento en las previsiones establecidas en el Decreto 1382 de 2000 resolvió remitir las diligencias a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por competencia.


3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN:
1. Esta Sala de Decisión Penal de Tutelas mediante providencia dictada el 18 de octubre del año en curso asumió el conocimiento del asunto, comunicó a los despachos judiciales demandados y vinculó a los terceros que pudieran verse afectados con la solicitud de amparo elevada por el apoderado de CÉSAR ALONSO BOLÍVAR NOVA.
2. El Secretario del Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja, despacho judicial al que le fue asignado el proceso que cursó contra el aquí accionante por el delito de homicidio tentado, para mejor proveer remitió los cuadernos relativos a esa actuación penal.


4. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

1. El artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protección de los derechos constitucionales fundamentales ante el menoscabo o la amenaza derivados de acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o a los particulares, en las situaciones específicamente precisadas en la ley.


2. En el libelo de la demanda, el apoderado de CÉSAR ALONSO BOLÍVAR NOVA, en últimas, pretende que el Juez de tutela deje sin efecto jurídico la sentencia dictada el 8 de marzo de 2006 por medio de la cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tunja -asunto que fue asignado a su homólogo Primero-, después de agotar el procedimiento establecido en la Ley 600 de 2000 lo condenó como coautor responsables del delito de homicidio tentado.
3. El artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, preceptiva que determina:

"Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio."


El debido proceso queda entonces definido como aquél que se desenvuelve de acuerdo con las leyes preexistentes al acto, ante juez o tribunal competente y con observancia plena de las formas propias de cada juicio, involucrando los derechos a la defensa técnica y material durante la investigación y el juicio, al trámite sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen, a la presunción de inocencia, a impugnar la sentencia y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
4. Así, el debido proceso obedece a una sucesión ordenada y preclusiva de actos, que no son solamente pasos de simple trámite sino verdaderos actos procesales, metodológicamente concatenados en orden a la obtención de su precisa finalidad, y por lo tanto, obedece a unas reglas preestablecidas, las cuales de ninguna manera al arbitrio habrán de reemplazarse puesto que se han promulgado precisamente para limitar la actividad del juez y para preservar las garantías constitucionales que permitan un orden social justo.
5. La excepcionalidad del amparo constitucional cuando se cuestionan decisiones judiciales.
5.1. El propósito de la tutela es la protección inmediata de derechos fundamentales frente a su amenaza o vulneración por la acción u omisión de una autoridad pública o de particulares, en los estrictos casos señalados en la ley. El Constituyente dispuso que su procedencia está atada a que dentro del ordenamiento jurídico no exista otro medio de defensa, salvo que se esté ante un perjuicio irremediable, evento en el cual procede como mecanismo transitorio.
5.2. Cuando lo cuestionado es una providencia judicial, es preciso analizar tanto la presencia del otro mecanismo de defensa y su idoneidad, como las causales de procedibilidad de la acción. Ello porque, con el fin de respetar la autonomía judicial, no desconocer la intangibilidad de la cosa juzgada ni el principio de seguridad jurídica, el amparo constitucional tiene carácter excepcional.
En efecto, la tutela no fue instituida como instancia adicional ni para sustituir a los jueces ordinarios o para deslegitimar sus decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada. Sólo ante actuaciones abiertamente arbitrarias, groseras o caprichosas, que, por contera, afecten en forma grave un derecho fundamental, resulta admisible la intervención del juez constitucional.
La jurisprudencia de esta Sala de Casación, acogiendo directrices trazadas por la Corte Constitucional, ha admitido la viabilidad de la tutela cuando se compruebe que la decisión reprochada adolece de algún defecto orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, un error inducido, o carece por completo de motivación, desconoce el precedente o viola directamente la Constitución; y siempre que se confirmen los requisitos genéricos de procedibilidad que habilitan su interposición, esto es:
i) Que el asunto discutido resulte de relevancia constitucional y afecte derechos fundamentales; ii) que el interesado haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que se esté ante un perjuicio iusfundamental irremediable; iv) que la demanda se presente dentro de un término razonable, oportuno y justo (principio de inmediatez); v) que se trate de una irregularidad procesal, y la misma tenga un efecto decisivo o determinante en la decisión que se impugna y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora; vi) que se identifiquen de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados, y esa violación haya sido alegada dentro del proceso, siempre que hubiese sido posible; y vii) que no se trate de sentencias de tutela2.
6. Revisada la información que hace parte de este tramite constitucional, desde ya ha de señalar la Sala que la solicitud de amparo resulta improcedente porque el apoderado de CÉSAR ALONSO BOLÍVAR NOVA, no logra demostrar de qué manera se le haya vulnerado algún derecho fundamental que deba proteger el juez de tutela, si se tiene en cuenta que demostrado está que la actuación penal en la que resultó condenado como autor responsable del delito de homicidio tentado, se adelantó conforme a los parámetros establecidos en la Ley 600 de 2000, garantizándosele de esta manera un debido proceso, y de ahí que no pueda predicarse la existencia de vías de hecho, única posibilidad para que prospere la tutela contra decisiones y actuaciones de carácter judicial.
7. Precisión esta última que cobra relevancia si se tiene en cuenta que de las copias que hacen parte de este trámite constitucional se infiere que desde los albores de la investigación la Fiscalía General de la Nación trató de ubicar a CÉSAR ALONSO BÓLIVAR NOVA, tanto así que para tal efecto comisión a la Cuerpo Técnico de Policía Judicial, estableció su plena identidad en la Registraduría Municipal de Sotaquirá y expidió la respectiva orden captura para vincularlo mediante indagatoria, pero como no fue posible su comparecencia, conforme las previsiones establecidas en la Ley 600 de 2000 fue declarado persona ausente y se le designó un defensor de oficio, con quien se surtió toda la actuación penal que cursó en su contra.
8. Así las cosas, demostrado quedó que las autoridades judiciales agotaron todos los recursos a su alcance para dar con el paradero del procesado para que de esta manera pudiera ejercer la defensa material, o en su defecto, designar un defensor de confianza, pero todo resultó infructuoso, de todos modos su vinculación como persona ausente se llevó a cabo conforme a las previsiones legales vigentes.
9. La jurisprudencia constitucional ha precisado que la solicitud de amparo debe partir del supuesto que el accionante no es responsable de los hechos que la fundamentan, porque si el actor por imprudencia, negligencia o voluntad ha permitido o facilitado que se presenten determinados sucesos que de una u otra forma atenten contra sus derechos constitucionales fundamentales no puede posteriormente aspirar a que el Estado mediante la acción de tutela proceda a reparar una situación cuya responsabilidad recae sobre el mismo interesado3.
Situación que fue precisamente lo que ocurrió en este caso, porque del escrito de tutela se infiere que CÉSAR ALONSO BOLÍVAR NOVA no desconoce haber participado activamente e los hechos en los que resultó lesionado ABDÓN HIGUERA GARCÍA, y que por dichas circunstancias sin lugar a dudas debía responder ante la administración de justicia, pero en lugar de ponerse a disposición de las autoridades competentes decidió ausentarse del lugar de los hechos, y de paso abstenerse de comparecer al proceso y esperarse a las resultas del mismo, motivo por el cual no puede ahora alegar una situación que él mismo cohonestó.
10. De otra parte, demostrado está que al demandante se le garantizó el derecho fundamental a la defensa técnica, porque el abogado participó activamente en la audiencia de juzgamiento y en aras de proteger los derechos del acusado señaló que no estaban dados los presupuestos para impartir condena, y si bien es cierto sus pretensiones no fueron acogidas por el fallador de instancia, no por ello deba señalarse que se le vulneraron las garantías constitucionales al procesado, toda vez que es evidente que la gestión defensiva se cumplió dentro de las limitadas posibilidades que dicha situación permitía.
11. La Sala no desconoce que el defensor de oficio asumió una actitud pasiva en cuanto a que se abstuvo de solicitar pruebas e impugnar las decisiones proferidas en el proceso que cursó contra CÉSAR ALONSO BOLÍVAR NOVA, pero sola circunstancia no implica abandono o falta de ejercicio de la defensa técnica, sino más bien puede verse como una estrategia que bien pudo adoptar al considerar que esa forma de intervenir en el desarrollo de la actuación guardaba mejor los intereses de su representado, porque tal como lo tiene precisado esta Corporación
La discrepancia con la estrategia defensiva cumplida, bien sea respecto de los medios empleados, las tesis expuestas, la conducta procesal asumida o por los resultados obtenidos, no es razón por sí misma valedera y suficiente para fundamentar la violación del derecho de defensa del procesado”4.
12. A lo anterior se suma, que la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja al desatar el recurso de apelación interpuesto por el defensor de su compañero de causa, DANIEL RUIZ LEÓN, con base en el estudio del acervo probatorio expuso de manera clara y precisa los motivos por los cuales consideró ajustada a derecho la sentencia de la cual discrepa ahora el aquí accionante respecto a la ocurrencia del delito de homicidio tentado, pronunciamiento que lejos está de ser arbitrario o caprichoso que atente o vulnere derechos fundamentales a CÉSAR ALONSO BOLÍVAR NOVA, máxime cuando se pudo establecer que esa Corporación Judicial cumplió con la labor interpretativa que le es propia y valoró el material probatorio bajo los postulados de la sana crítica, la cual no puede ser sustituida por el juez de tutela con la excusa de tener nueva o mejor concepción sobre el asunto puesto a su consideración.
13. Este cuerpo decisorio le pone de presente al actor que la acción de tutela no se orienta a reabrir el debate de las pretensiones en litigio a partir de nuevas argumentaciones, su objeto está únicamente en determinar si la providencia judicial atacada ha desbordado el marco constitucional dentro del cual debe producirse y vulnera derechos fundamentales del afectado, situación que aquí no sucedió.
14. Como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios competentes y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad, y sin tal violación, la acción de tutela se torna improcedente.

RESUELVE:



1. NEGAR, por improcedente, la acción de tutela promovida por el apoderado de CÉSAR ALONSO BOLÍVAR NOVA.
2. En caso de no ser impugnada la presente decisión, remitir las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO


JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ


NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria




1 Quien fuera capturado el 27 de agosto de 2005 y puesto a disposición de la autoridad competente

2 Fallos C-590 de 08 de junio de 2005 y T-950 del 16 de noviembre de 2006 de la Corte Constitucional.

3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. T-547 de 2007.

4 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal, Sent. No.18007 del 21-04-04.



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