Corte suprema de justicia



Descargar 74.67 Kb.
Fecha de conversión09.02.2017
Tamaño74.67 Kb.

República de Colombia


Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada ponente
STC12785-2015

Radicación n.° 05001-22-03-000-2015-00550-01

(Aprobado en sesión de dieciséis de septiembre de dos mil quince)


Bogotá, D. C., veintidós (22) de septiembre de dos mil quince (2015).

Se decide la impugnación interpuesta frente a la sentencia proferida el 31 de julio de 2015, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín negó la acción de tutela promovida por el Conjunto Residencial Palmar de la Concha P.H. contra el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de la misma ciudad, vinculando a la Célula Judicial Segunda de Ejecución Civil del Circuito de esa urbe y a la señora Olivia Carvajal Rodríguez.


ANTECEDENTES
1. La gestora, a través de su representante legal, demandó la protección constitucional del derecho fundamental de «propiedad de los copropietarios», presuntamente vulnerado por la autoridad acusada.
2. Arguyó, como sustento de su reclamo, en síntesis, lo siguiente:
2.1.-Presentó demanda contra la señora Natalia Duque Otálvaro, en febrero de 2004, que curso en el Juzgado 16 Civil Municipal de Medellín, por el no pago de las cuotas de administración; que libró orden de pago el 22 de abril de 2004, embargándose el inmueble con matricula inmobiliaria número 001-482389 y el 9 de agosto de 2004 se ordenó citar a los acreedores hipotecarios (fls. 1 y 2).
2.2.- El día 24 del mismo mes y año se ordenó seguir adelante la ejecución y el 13 de octubre de 2005 se «accedió al emplazamiento de los acreedores hipotecarios, sociedad JOMA LATINOAMERICANA y otra» y cumplido el trámite, se les designó como curador ad litem «a la señora Olivia Carvajal Rodríguez, quien se notificó personalmente el día 16 de diciembre de 2005» (fl. 2 ibíd.).
2.3.- En junio de 2008 la convocada canceló la obligación y como consecuencia de ello se dio por terminado el proceso y se levantó la medida cautelar que afectó el bien de propiedad de la ejecutada (fl. 2 ib.).
2.4.- El 15 de agosto de 2006 la señora Olivia Carvajal Rodríguez -auxiliar de la justicia- «presentó demanda ejecutiva Hipotecaria contra la señora NATALIA DUQUE OTALVARO, en calidad de Curador Ad litem de los señores OBED OSPINA OSPINA y JOMA LATINOAMERICANA» que correspondió al Juzgado 16 Civil del Circuito de Medellín, Radicado 2006-00410, el cual libró mandamiento el 18 de octubre de 2006 (fl. 3 cdno. 1)
2.5.- La demandada se notificó el 9 de mayo de 2012 y «contest[ó] la demanda solicitando la terminación del proceso en virtud del pago de la hipoteca antes de haberse dado inicio por la curadora de la demanda ejecutiva hipotecaria» y el despacho el 6 de junio siguiente «declar[ó] terminado el proceso ejecutivo hipotecario instaurado por la curadora […] contra la señora NATALIA DUQUE OT[Á]LVARO. Fijándose como honorarios para la curadora la suma de UN MILL[Ó]N QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.00), a cargo de la demandante en la demanda que dio origen a la situación de los acreedores y al que representara a los aquí demandados, es decir el CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE LA CONCHA PH»(fl. 3 ibíd.).
2.6.- La curadora ad litem «present[ó] demanda ejecutiva contra el CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE LA CONCHA PH, proceso del cual conoce el JUZGADO 16 CIVIL DEL CIRCUITO, Radicado 2004 - 00118, en el cual mediante auto del 14 de noviembre de 2013 se libró mandamiento ejecutivo de pago contra la copropiedad» (fl. 3 ib.).
2.7.- La gestora formuló reposición contra la orden de apremio y contestó el libelo «realizando una oposición total a esta obligación en virtud de la violación al debido proceso, toda vez que la copropiedad no fue parte dentro del proceso ejecutivo, no tuvo conocimiento de esta demanda y por ello no puede haber sido condenad[a] al pago de dichos honorarios y más teniendo en cuenta que los honorarios generados ya habían sido cancelados dentro del proceso ejecutivo singular instaurado por el CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE LA CONCHA PH contra NATALIA DUQUE OTALVARO, que curs[ó] en el juzgado 16 civil municipal, Radicado 2004- 00118» (fl. 4 cdno. 1).

2.8.- El Juzgado 16 Civil del Circuito de Medellín no acogió la oposición y «dictó sentencia contra el CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE LA CONCHA PH, donde ordenó seguir la ejecución a favor de la curadora señora OLIVIA CARVAJAL RODRÍGUEZ» y el 2 de julio de 2015 aprobó la liquidación del crédito (fl. 4 ibíd.).


3.- Pidió, conforme lo relatado, «[s]e ordene al Juez 16 Civil del Circuito de Medellín, Revocar la Sentencia proferida en virtud de abierta violación al Derecho de Propiedad de los copropietarios del CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE LA CONCHAPH [sic]». (fl. 7 ib.)
4.- Mediante proveído de 21 de julio de 2015 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín admitió la solicitud de protección y, el día 31 del mismo mes y año negó el amparo rogado, el que fue impugnado por la actora.
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1.- El Juez Segundo de Ejecución Civil del Circuito manifestó que por virtud del Acuerdo No. PSAA13-9984 de 2013, «le correspondió el conocimiento de este proceso Ejecutivo conexo instaurado por la Dra. OLIVIA CARVAJAL RODR[Í]GUEZ, en contra del CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE LA CONCHA P.H., con radicado N° 05001 31 03 016 2013-1024, adelantado en su momento ante el JUZGADO DIECIS[É]IS CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELL[Í]N», y aduce que no advierte en qué forma le ha vulnerado los derechos a la accionante «pues no se quejan de alguna actuación supuestamente irregular que haya dictado el suscrito, pues los únicas providencias efectuadas han sido liquidar las costas, dar traslado de ellas, aprobarlas y modificar la liquidación del crédito presentada por la parte actora»; pero que además, el amparo invocado se torna improcedente, «porque la entidad demandante al interior del proceso no atacó la decisión que supuestamente le vulneró sus derechos mediante el recurso de apelación, no cumpliendo así con el requisito de procedibilidad para acceder al amparo constitucional deprecado» (fl. 66 cdno. 1).


2.- La convocada Olivia Carvajal Rodríguez adujo que la señora Natalia Duque se notificó a través de curador ad litem en el proceso hipotecario y si bien es cierto terminó por pago fue porque al solicitar un certificado de libertad la propietaria se enteró que el inmueble estaba embargado «me manifestó y present[ó] las escrituras de cancelación de las hipotecas, razón por la cual se present[ó] el memorial suscrito conjuntamente para la terminación»
Agregó que la parte tutelante, siempre ha tratado de desconocer los honorarios que el Juzgado 16 Civil del Circuito le fijó, «manifestando que no conocía de la existencia del proceso Hipotecario», lo que no es cierto porque el 25 de abril de 2007 «presentan embargo de remanentes»; por tanto no le asiste razón pues, «dej[ó] vencer los términos para impugnar la sentencia», y que los honorarios ante el Estrado 16 Civil Municipal no fueron fijados, y en el auto de designación se dijo que «“[l]os gastos de curaduría serán reconocidos una vez sean debidamente acreditados” por lo que se demuestra que en ningún momento se cancelaron honorarios ni gastos» (fls. 68 y 69 cdno. 1).
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal negó el amparo, tras señalar que «no es la tutela el mecanismo idónea [sic] para solicitar la apelación de la sentencia emitida por el Juzgado accionado como lo pretende la actora, lo que debió haber hecho dentro del término establecido para ello, sin embargo, avizora esta Sala que se trata de un proceso ejecutivo de mínima cuantía, lo que igualmente hacía inviable el recurso de alzada» y, que «revisados los hechos de la demanda, echa de menos el Tribunal que la accionante le esté enrostrando tan siquiera una irregularidad que tipifique una vía de hecho a la actuación llevada a cabo por el juzgado Civil del Circuito, empero, de los hechos se desprende que el descontento de la parte radica en que esa obligación de honorarios en favor de la curadora ad litem hayan sido impuestos a su favor, cuando los mismos -según ella- debieron haber sido impuestos a cargo de la parte demandada, sin embargo, ese hecho per se no constituye la viabilidad de la acción Constitucional, pues como ya se ha mencionado en líneas anteriores, no se avizora vía de hecho alguna en la actuación del Juez accionado, quien simplemente dispuso el trámite para la ejecución de un título, donde tal y como fue resuelto por ese funcionario, la obligación se generó del proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado Dieciséis Civil Municipal de Medellín por el no pago de las cuotas de administración; bajo ese entendido los honorarios ya referenciados debieron haber sido tenidos en cuenta en la liquidación de costas llevadas en esa actuación, o si por el contrario, hubo un acuerdo extra-proceso, igualmente debieron estar allí incluidos, no obstante, no puede plantearse ante el Juez constitucional esa controversia, pues el mismo carece de competencia para ello y, será ante el juez ordinario, ya sea en el proceso que se cobraron las cuotas de administración, o en una acción declarativa independiente, propia para tal fin -según sea el caso-, que el Conjunto Residencial Palmar de la Concha PH, deberá hacer valer sus derechos, es decir, imponer esa obligación en cabeza de la señora Natalia Duque Otálvaro, si es que así lo considera» (fls. 73 a 77 cdno. 1).
LA IMPUGNACIÓN
La formuló la representante legal dela actora haciendo énfasis en que «la irregularidad que tipifica la vía de hecho a la actuación llevada a cabo por el Juzgado 16 Civil del Circuito, consiste precisamente es en haber condenado al CONJUNTO RESIDENCIAL PH, al pago [de] honorarios a favor del curador ad liten [sic], sin este haber sido parte dentro del proceso ejecutivo instaurado por el Curador contra la señora NATALIA OTALVARO y no como lo observan en el fallo de haber sido condenada la copropiedad y no la demandada», por lo que considera que se desconoció «toda la tradición doctrinaria sobre la vía de hecho».
CONSIDERACIONES
1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es la vía idónea para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación «con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure ‘vía de hecho’», y bajo la hipótesis de que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que «no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo» (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).
El concepto de vía de hecho fue fruto de una «evolución jurisprudencial» por parte de la Corte Constitucional, en razón de la necesidad de que todo el ordenamiento jurídico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noción de «Estado Social de Derecho» y la disposición contemplada en el artículo 4 de la Carta Política. Así hoy, bajo la aceptación de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepción la posibilidad de amparar esa afectación siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: «a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela» y, 2. Especiales: «a) Defecto orgánico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto fáctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente y h) Violación directa de la constitución» (C-590/2005, reiterada, entre otras, SU-913/2009 y T-125/2012).
2. Observada la inconformidad planteada, es evidente que la reclamante, considera que el funcionario acusado al proferir las decisiones de 6 de junio de 2012, que fija honorarios a la curadora dentro del trámite hipotecario que esta formuló en nombre de los acreedores con garantía real, en desarrollo del artículo 539 del Estatuto procesal Civil; 14 de noviembre de 2013 que libra mandamiento; 21 de enero de 2015 que resuelve la reposición contra el auto anterior; y, 25 de marzo siguiente que dicta sentencia declarando no probadas las excepciones formuladas, incurrió en causal específica de procedibilidad por defectos procedimental, material y decisión sin motivación, en tanto le ordenó el pago de honorarios en favor de la auxiliar de la justicia sin haber sido parte en el proceso en el cual se ordenaron los mismos.

3. Del examen de las pruebas arrimadas, encuentra la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:


a) Auto de 2 de diciembre de 2005 mediante el cual el Juez 16 Civil Municipal de Medellín designó, entre otros, a Olivia Carvajal Rodríguez como «curador ad litem para que represente A Ospina Ospina Obed Y al representante legal de la sociedad Joma Latinoamericana S.a., citados como acreedores hipotecarios» dentro del radicado 2004-118 [Subrayado del texto] (fl. 71 cdno. 1).
b) Demanda hipotecaria presentada por la auxiliar de la justicia en representación de Obed Ospina Ospina y Joma Latinoamericana S.A., contra Natalia Duque Otálvaro y, mandamiento de pago de 18 de octubre de 2006, proferido por el Funcionario 16 Civil del Circuito de la misma ciudad (fls. 55 a 58 y 53 ibíd.).
c) Proveído de 6 de junio de 2012 que decreta la terminación del anterior juicio con garantía real por pago de la obligación y le fija a «los curadores ad litem […], a cada uno como honorarios definitivos la suma $1.500.000.oo, los cuales serán a cargo de la demandante en la demanda que dio origen a la situación de los acreedores y al que representa a los aquí demandados» (fl. 54 ib.).
d) Libelo de ejecución del valor de la anterior suma y orden de apremio «a favor de la señora Olivia Carvajal Rodríguez en contra del Conjunto Residencial Palmar de la Concha» (fls. 51 a 52 y 49 a 50 ib).

e) Reposición contra el mandamiento de pago y contestación de la demanda y excepciones presentadas por la entidad accionante (fls. 27 a 30 y 31 a 35 cdno. 1).


f) Auto de 21 de enero de 2015 por el cual el Juez 16 Civil del Circuito de Medellín resuelve el medio horizontal manteniendo la providencia impugnada (fl. 46 a 48 ibíd.).
g) Fallo de Marzo 25 de 2015 que declara «no probadas las excepciones de fondo propuestas por la parte demandada» y dispone seguir adelante la ejecución (fls. 36 a 41 ib.)
4. Analizadas las providencias cuestionadas, en especial la sentencia que desató los medios exceptivos advierte la Sala que la solicitud de amparo constitucional debe prosperar, dado que efectivamente la autoridad judicial cuestionada incurrió en un proceder que vulnera el derecho fundamental reclamado por la promotora, motivo por el que se revocará la decisión tutelar discrepada según pasa a precisarse.
4.1.- La decisión de que el pago de los honorarios fijados a la auxiliar de la justicia que promovió el juicio ejecutivo con garantía real ante el Juzgado 16 Civil del Circuito de Medellín le corresponde asumirlo a quien fungió como demandante en el trámite donde tuvo origen la citación de acreedores hipotecarios, que conoció la Célula Judicial 16 Civil Municipal de la misma ciudad, a pesar de no haber sido parte en el trámite que le impuso dicha obligación, carece de motivación y sustento jurídico que permita la aplicación de ese supuesto legal.

En efecto, señaló el funcionario censurado que «[c]omo recaudo ejecutivo en el caso de autos se hace valer el proveído que fijó honorarios a la parte ejecutante quien como auxiliar de la justicia actuó en el proceso en calidad de curadora señalándole en el auto que declaró terminado el proceso por pago total de la obligación, radicado bajo el No. 2000-00410, la suma $1.500.000.oo a cargo de la parte demandante, en la demanda que dio origen a la situación [sic] de los acreedores y al que representara a los aquí demandados dentro del proceso ejecutivo instaurado por el Conjunto Residencial Palmar de la Concha P.H. contra la señora Natalia Duque, que se tramita ante el Juzgado Dieciséis Civil Municipal de ésta ciudad».


Frente a la defensa denominada «Inexistencia de la obligación» consideró que «esta excepción cae de su peso, toda vez que dentro del proceso quedó plenamente establecida la existencia de la obligación soportada debidamente en documento idóneo esto, es auto de terminación del proceso hipotecario radicado bajo el No. 2006-0041 tramitado en éste despacho, el cual en su numeral tercero de la parte resolutiva, dispuso "teniendo en cuenta la labor desarrollada por los curadores ad litem se le fija a cada uno como honorarios definitivos, la suma de $1.5OO.OOO.oo, los cuales serán a cargo de la demandante en la demanda que dio origen a la situación [sic] de los acreedores"» y que, «como este proceso tuvo origen con ocasión de la citación de los acreedores hipotecarios señores Obed Ospina Ospina y Joma Latinoamericana S.A.. que hizo el Juzgado 16 Civil Municipal de Medellín, dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario promovido por el Conjunto Residencial Palmar de la Concha P.H. [sic], con el fin de que se hicieran exigibles sus créditos conforme a lo preceptuado por el artículo 539 del C. de Procedimiento Civil, es esa persona jurídica a quien le recae la obligación de cancelar los honorarios de la auxiliar de la justicia, pues ésta es quien ostenta la calidad de demandante ante el Juzgado 16 Civil Municipal y donde se surtió la citación de los acreedores».

Asimismo, con relación a la excepción de «inexistencia de la mora» adujo que no ha de prosperar, «toda vez que de conformidad con el artículo 388 del Código de Procedimiento Civil, en su inciso 3°, dispone que los honorarios de los auxiliares de la justicia deberán ser cancelados dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de la providencia que los fije y sin necesidad de auto que lo ordene, lo cual no hizo la parte demandada en éste caso, dado que a pesar del requerimiento efectuado por la auxiliar de la justicia dentro de éste proceso y lo ordenado en el auto de terminación del proceso radicado bajo el No. 2006-00410, no hay prueba de que los mismos los haya cancelado» y, con fundamento en los anteriores raciocinios ordenó «continuar la ejecución en los términos solicitados en la demanda y aceptados al momento de librar orden de pago». (resaltado de la Sala).


4.2.- De manera que si esa determinación se profirió en esos términos, ese laborío, aparte de no haber explicitado con suficiencia las razones sustentatorias, tópico tal en que adelante se ahondará, se erigió en contraventor de lo preceptuado en los artículos 388 y 392 del C. P. C., evidenciándose que así se soslayó el imperioso deber de examinar esa particular temática teniendo en cuenta las normas de estirpe constitucional y legal que disciplinan el tema de honorarios de auxiliares de la justicia en los trámites judiciales, cual es deber al que está obligado todo funcionario judicial.
Claro, el despacho recriminado simplemente se limitó a decir, sin mayor explicación, como fundamento de su decisión, que «la existencia de la obligación soportada debidamente en documento idóneo esto, es auto de terminación del proceso hipotecario radicado bajo el No. 2006-0041» que fijó a cada curador «como honorarios definitivos, la suma de $1.5OO.OOO.oo, los cuales serán a cargo de la demandante en la demanda que dio origen a la situación [sic] de los acreedores», condición que, en su sentir, era acertada porque, como dicho proceso tuvo origen en la citación de los acreedores hipotecarios conforme al artículo 539 del C.P.C., «es esa persona jurídica a quien le recae la obligación de cancelar los honorarios de la auxiliar de la justicia, pues ésta es quien ostenta la calidad de demandante ante el Juzgado 16 Civil Municipal y donde se surtió la citación de los acreedores».
4.3.- Desde luego, esa teoría conllevó a que el funcionario censurado al desatar la excepción de mérito denominada inexistencia de la obligación, no analizara los argumentos con los cuales la fundó la accionante, cuyo sustento se cimentó en que «no fue parte» en el trámite hipotecario razón por la que no estaba llamada a responder por el pago de tales emolumentos, sin que pueda desprenderse, como lo reseñó el juez constitucional de primer grado, que «será ante el juez ordinario, ya sea en el proceso que se cobraron las cuotas de administración, o en una acción declarativa independiente, propia para tal fin –según el caso-, que el Conjunto Residencial Palmar de la Concha PH, deberá hacer valer sus derechos».
4.4.- De esta forma omitió estudiar si, conforme a las normas procesales que rigen la materia, había lugar a imponer esa carga a quien no fue parte en el referido juicio hipotecario, dejación que, itérase, no es admisible en el ejercicio de administrar justicia.
4.5.- Dispone el artículo 539 del C.P.C. –citado como fundamento de la anterior decisión- que «[s]i del certificado de la oficina de registro correspondiente aparece que sobre los bienes embargados existen garantías prendarias o hipotecarias, el juez ordenará notificar a los respectivos acreedores, cuyos créditos se harán exigibles si no lo fueren, para que los hagan valer bien sea en proceso ejecutivo separado con garantía real o en el que se les cita en ejercicio de la acción mixta, dentro de los treinta días siguientes a su notificación personal» y que «[e]n caso de que se haya designado al acreedor curador ad lítem de acuerdo con los artículos 318 a 320, según fuere el caso, este deberá formular la demanda ante el juez que ordenó la notificación, en proceso ejecutivo separado con garantía real, dentro del término señalado en el artículo 540»; norma esta que no señala nada en relación con los honorarios del referido auxiliar de la justicia.
Empero, respecto a ese preciso tema el Estatuto Procesal Civil señala en el canon 392 que «[e]n los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1.[s]e condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto». Asimismo que «[a]demás, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o un amparo de pobreza, sin perjuicio artículo 73» (se subraya)
Por su parte, el precepto 388 ibíd, establece que «[e]l juez, de conformidad con los parámetros que fije el Consejo Superior de la Judicatura, señalará los honorarios de los auxiliares de la justicia, cuando hayan finalizado su cometido, o una vez aprobadas las cuentas mediante el trámite correspondiente si quien desempeña el cargo estuviere obligado a rendirlas. En el auto que señale los honorarios, se determinará a quién corresponde pagarlos».
«Las partes y el auxiliar podrán objetar los honorarios en el término de ejecutoria del auto que los señale. El juez resolverá previo traslado a la otra parte por tres días».
«Ejecutoriada la providencia que fije los honorarios, dentro de los tres días siguientes la parte que los adeuda deberá pagarlos al beneficiario, o consignarlos a la orden del juzgado o tribunal para que los entregue a aquél, sin que sea necesario auto que lo ordene»

4.6.- Así las cosas, esta Sala considera que la argumentación al efecto expuesta en la providencia materia de la dolencia constitucional, fue insuficiente, configurándose, entonces, el quebranto del derecho fundamental previsto por el artículo 29 de la Constitución Política por una «inadecuada o escasa motivación en la decisión judicial» y, por consiguiente, como ya se había anunciado, se torna menester acceder a la protección solicitada, circunstancia por la cual habrá de adoptarse los correctivos correspondientes.


La Corte al estudiar casos similares ha considerado que:

(…) sufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivación resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales. Así, en la sentencia de 22 de mayo de 2003, expediente No. 2003-0526, se increpó al Tribunal por no ‘fundar sus decisiones en razones y argumentaciones jurídicas que con rotundidad y precisión…’; lo propio ocurrió en el fallo de 31 de enero de 2005, expediente 2004-00604, en que se recriminó al ad quem por no expresar las ‘razones puntuales’ equivalentes a una falta de motivación; defecto que en el fallo de 7 de marzo de 2005 expediente 2004-00137, se describe como desatención de ‘la exigencia de motivar con precisión la providencia’ (CSJ STC 2 mar. 2008, rad. 00384-00, reiterada, entre otras, en STC 29 de abr. 2015 rad. 2015-00153-01)
Del mismo modo, la Sala ha sostenido que:
(…) la carencia de sustentación del juez […] ciertamente impide a las partes conocer los reales alcances del respectivo pronunciamiento y su grado de convicción, razón por la cual, (…), se requiere de mayor carga argumentativa del operador judicial para respaldar las conclusiones sobre el punto en cuestión (CSJ STC, 10 Ago. 2011, Rad. 00168-02, reiterada en STC 29 de abr. 2015 rad. 2015-00153-01).
A más de ello, ha relevado que:
[L]a motivación de las decisiones constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, razón por la cual esta debe ser, para el asunto concreto, suficiente, es decir, “…la función del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisión que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideración (CSJ STC, 5 Sep. 2013, Rad. 01254-01).
6. Con base en lo anterior, emerge el aserto anteriormente elevado respecto a que al tomarse la decisión recriminada se obró con irregularidad, por lo que, se revocará la sentencia objeto de la impugnación para en su lugar conceder la tutela solicitada, dejando sin valor y efecto la resolución de 25 de marzo de 2015 y, se le ordenará al funcionario censurado que se pronuncie nuevamente a fin que proceda a emitir el veredicto que en Derecho corresponda, conforme a las consideraciones aquí expuestas y consultando las disposiciones legales que gobiernan la materia, advirtiéndose que la orden impartida en manera alguna direcciona el sentido del fallo que debe proferir.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de fecha, contenido y procedencia preanotados y en su lugar, dispone:
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del Conjunto Residencial Palmar de la Concha PH, conforme a las consideraciones exteriorizadas.
SEGUNDO: En consecuencia, se deja sin valor ni efecto la sentencia de 25 de marzo de 2015, dictada dentro del juicio ejecutivo por honorarios referido en los antecedentes, así como todas las actuaciones que de ella se desprendan.
TERCERO: En su lugar, se ordena al funcionario acusado que, dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de este fallo y a la recepción del legajo de la respectiva actuación, se pronuncie nuevamente conforme a los lineamientos indicados en la parte motiva de esta decisión.
CUARTO: Por Secretaría ofíciese al Juez Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Medellín para que de manera inmediata remita el dossier al Operador de Justicia 16 Civil del Circuito de la misma ciudad
QUINTO: Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisión.
Notifíquese

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Presidente de Sala



MARGARITA CABELLO BLANCO

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ



La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal