CP/acta 1622/07 11 diciembre 2007



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OEA/Ser.G

CP/ACTA 1622/07

11 diciembre 2007

ACTA
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2007

Aprobada en la sesión del 25 de febrero de 2009

ÍNDICE

Página
Nómina de los Representantes que asistieron a la sesión 1
Palabras del Secretario General 2
Palabras del Vicepresidente de Colombia 3

CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS


ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2007

En la ciudad de Washington, a las diez y media de la mañana del martes 11 de diciembre de 2007, celebró sesión extraordinaria el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para recibir al excelentísimo doctor Francisco Santos, Vicepresidente de Colombia. Presidió la sesión el Embajador Manuel María Cáceres Cardozo, Representante Permanente del Paraguay y Vicepresidente del Consejo Permanente. Asistieron los siguientes miembros:
Embajador Denis G. Antoine, Representante Permanente de Grenada

Embajador Jorge Valero Briceño, Representante Permanente de Venezuela

Embajador Izben C. Williams, Representante Permanente de Saint Kitts y Nevis

Embajador Bayney R. Karran, Representante Permanente de Guyana

Embajadora Abigaíl Castro de Pérez, Representante Permanente de El Salvador

Embajador Aristides Royo, Representante Permanente de Panamá

Embajador Duly Brutus, Representante Permanente de Haití

Embajador Osmar Chohfi, Representante Permanente del Brasil

Embajador Roberto Álvarez, Representante Permanente de la República Dominicana

Embajador Pedro Oyarce, Representante Permanente de Chile

Embajadora María del Luján Flores, Representante Permanente del Uruguay

Embajador Camilo Alfonso Ospina, Representante Permanente de Colombia

Embajador Graeme C. Clark, Representante Permanente del Canadá

Embajador Reynaldo Cuadros Anaya, Representante Permanente de Bolivia

Embajador Ántero Flores-Aráoz, Representante Permanente del Perú

Embajador Jacques R. C. Kross, Representante Permanente de Suriname

Embajador Denis Ronaldo Moncada Colindres, Representante Permanente de Nicaragua

Embajador Efrén A. Cocíos, Representante Permanente del Ecuador

Embajador Gustavo Albin, Representante Permanente de México

Embajador Cornelius A. Smith, Representante Permanente del Commonwealth de las Bahamas

J. Robert Manzanares, Representante Interino de los Estados Unidos

Ministro Consejero Nestor Mendez, Representante Interino de Belize

Ministra L. Ann Scott, Representante Interina de Jamaica

Ministra Consejera La Celia A. Prince, Representante Interina de San Vicente y las Granadinas

Embajador Luis Guardia Mora, Representante Interino de Costa Rica

Ministra Elisa Ruiz Díaz, Representante Alterna del Paraguay

Consejera Frances Seignoret, Representante Alterna de Trinidad y Tobago

Primer Secretario Ricardo Kellman, Representante Alterno de Barbados

Consejera Leslie C. Martínez, Representante Alterna de Honduras

Ministro Martín Gómez Bustillo, Representante Alterno de la Argentina

También estuvieron presentes el Secretario General de la Organización, doctor José Miguel Insulza, y el Secretario General Adjunto, Embajador Albert R. Ramdin, Secretario del Consejo Permanente.
El PRESIDENTE: Declaro abierta la presente sesión extraordinaria del Consejo Permanente que ha sido convocada para recibir al excelentísimo doctor Francisco Santos, Vicepresidente de la República de Colombia, quien expondrá sobre la estrategia de Colombia frente al Acuerdo Humanitario.
Me permito, señor Vicepresidente, darle la más cordial bienvenida a la Organización, en nombre de los miembros de este Consejo Permanente y del mío propio. Seguidamente le ofrezco el uso de la palabra al Secretario General, doctor José Miguel Insulza, para dirigirse previamente al Consejo.

PALABRAS DEL SECRETARIO GENERAL


El PRESIDENTE: Secretario General, tiene usted el uso de la palabra.
El SECRETARIO GENERAL: Muchas gracias Presidente, seré muy breve.
Señor Vicepresidente de la República de Colombia, muy bienvenido a esta Organización de los Estados Americanos y muchas gracias por concurrir acá a traernos el mensaje de su Gobierno.
Como todos ustedes saben, la OEA ha estado involucrada desde hace varios años ya, a través de la Misión de Apoyo al Programa de Paz en Colombia (MAPP/OEA), en las acciones destinadas a poner fin, de manera adecuada, al conflicto que ha afectado a esa hermana república. Hemos intentado cooperar con el Gobierno de Colombia en esto, en todas las formas posibles.
El Consejo está bien informado de esto por cuanto trimestralmente, de acuerdo con el mandato, nosotros debemos informar sobre todos los aspectos relativos a la desmovilización, al desarme, a la reinserción y, también, sobre los asuntos conexos en materia de derechos humanos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) supervisa.
Hemos tenido, también, actividad importante en otras áreas en las cuales hemos buscado apoyar a Colombia, en la ocasión muy triste de la devolución de los cadáveres de los diputados del Valle del Cauca; fue la última vez que tuvimos una oportunidad de tener una actividad más directa en esta materia. Pero nuestra Misión de Paz trabaja, cotidianamente, junto a las autoridades colombianas en fortalecer, precisamente, los aspectos que hoy día están, en ese lado, a la orden del día, que son los aspectos relacionados con la reinserción y la verificación de los compromisos que se adoptaron en esa materia. Nos ha preocupado también, señor Vicepresidente, la situación de las personas privadas de libertad, de los secuestrados por la guerrilla.
Hemos señalado que este Continente tiene, hace un tiempo largo, una desgraciada tradición de secuestros y desaparición de personas. Hemos dicho que, a nuestro juicio, en esta materia, la conducta debe ser siempre la misma: un rechazo permanente y una exigencia sin condiciones de la puesta en libertad, inmediata, de esas personas.
Quiero, en estos momentos, reiterar esa exigencia. Nada puede justificar el que una persona o un grupo de personas, usando de la fuerza, prive de libertad por años –por muchos años– a personas a las cuales secuestra.
Al mismo tiempo, quiero manifestarle también, señor Vicepresidente, nuestra disposición a cooperar en todo lo que sea posible para la liberación de esas personas y, en concreto, nuestra voluntad de escuchar la propuesta del Presidente de Colombia y de cooperar también, en lo que se solicite a esta Organización, para llevar a buen fin este aspecto.
Nosotros pensamos que el Acuerdo Humanitario sería un paso adelante importante para el logro de la paz definitiva en Colombia y, en tal sentido, lo apoyamos, y apoyamos también al Gobierno colombiano en su esfuerzo por obtener la libertad de sus compatriotas secuestrados.
Sin más, señor Vicepresidente, le agradezco mucho que usted esté aquí.
El PRESIDENTE: Gracias, Secretario General.

PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE DE COLOMBIA


El PRESIDENTE: Seguidamente tengo el honor de ofrecer el uso de la palabra al doctor Francisco Santos, Vicepresidente de la República de Colombia. Tiene la palabra señor Vicepresidente.
El VICEPRESIDENTE DE COLOMBIA: Excelentísimo señor Presidente del Consejo Permanente; señor Secretario General de la Organización de los Estados Americanos; señores Embajadores; señoras y señores Miembros de las Misiones acreditadas.
Agradezco, en primera instancia, en nombre del Gobierno y del pueblo de Colombia su anuencia para la realización de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente. Su positiva respuesta a la solicitud de nuestro Embajador, doctor Camilo Ospina, le demuestra de nuevo a Colombia que en la OEA tiene a un organismo solidario, dispuesto a evaluar y contribuir a la solución de los problemas de la sociedad colombiana y a una organización sensible a los dolores y dificultades de nuestro pueblo.
Basta recordar la decidida condena dada por este Consejo al alevoso ataque al Club El Nogal o al asesinato de los once diputados; la conformación de la Misión de Acompañamiento a los Procesos de Paz; y el reciente acompañamiento a la exitosa jornal electoral desarrollada el pasado 27 de octubre, entre otras muchas acciones que ha tenido esta Organización en favor de Colombia.
Los colombianos y colombianas tenemos una deuda de gratitud con nuestros vecinos del Continente y estén seguros que no la olvidaremos; vemos en los países y su organización a unos sinceros amigos que están presentes en nuestras horas difíciles y con quienes construimos los anhelos de nuestros pueblos, conjuntamente.
No podría ser de otra manera. Colombia se esfuerza en el desarrollo de sus compromisos con esta organización continental; trabaja firmemente en el desarrollo de la Carta Democrática Interamericana y los diferentes instrumentos que propenden por la seguridad regional, en los campos de la salud, la lucha contra la corrupción y el desarrollo; trabaja de acuerdo a los compromisos adquiridos; honra sus obligaciones con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; y también siempre recibió el apoyo decidido de la Organización y los países que la componen.
Hoy, vengo a compartir con ustedes los horrores de un flagelo que tuvo gran auge en nuestro país y que, desafortunadamente, amenaza con extenderse en todo el Continente: me refiero al flagelo del secuestro.
Pocos actos tienen la crueldad de este crimen. A las personas secuestradas no sólo se les viola el derecho a su libertad, sino que son mantenidas bajo la amenaza constante de quitarles la vida; pierden toda su intimidad, toda relación con sus familias y amigos; son mantenidas en condiciones infrahumanas de cautiverio; se les niega el acceso a servicios médicos y medicinas. Esos tratos crueles son extendidos a toda su familia, a todos sus amigos, a todo su círculo social. Durante los últimos diez años, 23.000 colombianos han sido sometidos a esta tortura.
Las FARC han hecho del secuestro una lucrativa forma de financiar sus actividades criminales al lado del narcotráfico. Entre 1996 y el 2007, las FARC han secuestrado a 6.836 colombianos; 304 de ellos niños o niñas; por lo menos 346 han muerto en cautiverio; y de 750 de ellos no sabemos cuál ha sido su fin. Nadie sabe si aún permanecen cautivos o han muerto en poder de sus captores.
En algunos casos, ha llegado a tal extremo la crueldad que los secuestradores han cobrado por entregar pruebas de supervivencia o por devolver los cadáveres.
La reciente revelación de las condiciones en las cuales se encuentran 16 de las personas secuestradas en poder de las FARC ha estremecido al mundo. La imagen digna, a pesar de los años de tratos crueles e inhumanos a que han sido sometidos, de Ingrid Betancourt, el senador Luis Eladio Pérez, los oficiales de la Fuerza Pública colombiana y los tres norteamericanos sometidos a tratos sólo comparables con los campos de concentración nazis, apelan a las conciencias del mundo para que expresen su indignación y reclamen por su liberación.
¿Cómo pretende una organización alegar fines nobles o altruistas desarrollando esta práctica contraria a la dignidad humana, violatoria de todos los derechos de la persona? Quienes hoy están secuestrados en Colombia, lo están en violación a todas las normas del Derecho Internacional Humanitario. La práctica del secuestro es la más vil, cruel y cobarde violación de los derechos de las personas, de la dignidad de ellas y de las normas mínimas humanitarias. Eso no se puede olvidar.
El Estado Colombiano y su Gobierno, presidido por el doctor Álvaro Uribe Vélez, han hecho todos los esfuerzos por lograr la liberación de estos compatriotas sometidos a esta cruel tortura. En aras de esos esfuerzos y esa voluntad, hemos renunciado a una aspiración inicial: que la negociación por la liberación de nuestros secuestrados fuera acompañada de una negociación seria de paz. Y hemos flexibilizado el resto de posiciones y hemos sido creativos en la búsqueda de salidas que logren un encuentro inicial que permita una negociación que libere a los secuestrados y alivie el dolor de esas y tantas otras familias que hoy viven en el dolor de lo que se debe considerar una desaparición forzada, crimen de guerra estipulado por la Corte Penal Internacional.
En la búsqueda de la liberación de nuestros compatriotas secuestrados, hemos acudido a los buenos oficios o mediación de James Le Moyne, delegado del Secretario General de Naciones Unidas; de los ex Presidentes Alfonso López Michelsen y Ernesto Samper Pizano; de Álvaro Leyva Durán; de emisarios de los Gobiernos de España, Francia y Suiza, juntos y por separado; de la Iglesia Católica; de miembros de la Comisión de Conciliación Nacional; y, en última, de la senadora Piedad Córdoba y del Presidente Hugo Chávez de la República Bolivariana de Venezuela.

El Gobierno ha propuesto la realización de diálogos en cualquier Iglesia de Colombia; en cualquier sede diplomática; en el extranjero; en la vereda Bolo Azul, en el municipio de Pradera; ha aceptado la designación de cualquier garante internacional; aceptó la propuesta de los familiares de los secuestrados, de establecer la vereda Aures, del Municipio de Caicedonia, como sitio de encuentro; el 13 de diciembre de 2005 aceptó la propuesta “Sistema de seguridad para un encuentro humanitario en la Cordillera Central”, elaborada por los emisarios de Francia, Suiza y España. En esta propuesta se establecía un área de 180 kilómetros cuadrados con corredores de acceso garantizados, presencia internacional y mecanismos para el desarrollo de los eventuales diálogos; esta propuesta fue presentada simultáneamente a las FARC y al Gobierno, quien la aceptó de manera inmediata. Las FARC negaron haberla recibido y, ante la evidencia de su mentira, luego la rechazo. El 23 de julio del 2004 se había enviado otra propuesta a través del Gobierno de Suiza que contemplaba la liberación de guerrilleros y el inicio de un diálogo de paz con acompañamiento de Naciones Unidas. En cumplimiento de sus obligaciones internacionales, el Gobierno de Colombia autorizó la extradición de alias Simón Trinidad y de Sonia, reclamados por Cortes de Estados Unidos. En cada caso se hizo pública la propuesta de suspender las extradiciones si se avanzaba en la liberación de las personas secuestradas.


Asimismo, de manera unilateral, el Gobierno de Colombia ha liberado a 27 guerrilleros presos de las FARC el 2 de diciembre del 2004. De la misma manera, se liberaron 125 presos de las FARC desde junio de este año y a Rodrigo Granda el 4 de junio de ese mismo año, por petición del Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy.
Como lo pueden apreciar en ese apretado resumen, hemos tenido la voluntad, la iniciativa y la persistencia para lograr la liberación de las personas secuestradas. La respuesta ha sido la obstinación arrogante y el asesinato aleve. El Gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria; el ex Ministro de Defensa y de Desarrollo, Gilberto Echeverri Mejía y 8 oficiales de la Fuerza Pública fueron cobardemente asesinados; un sobreviviente de los hechos narró cómo los guerrilleros huyeron despavoridos ante el acercamiento de las tropas y luego aprovecharon la demora en la aproximación de las tropas para devolverse y asesinar a los rehenes indefensos. Este año fueron asesinados once diputados de la Asamblea Departamental del Valle en hechos que aún no han sido explicados al país y al mundo por esta organización secuestradora que los asesinó y que, tristemente, no han sido condenados de la manera enérgica, como se esperaba en Colombia, por gran parte de la comunidad internacional o las organizaciones de Derechos Humanos.
El dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluye que estas personas no murieron en medio de un cruce de fuego. En el cautiverio, asimismo, también murió el oficial de la Policía Nacional, Mayor Julián Ernesto Guevara, cuyo cadáver aún no ha sido devuelto por las FARC.
Durante el año 2001, se presentó un hecho que retrata, en toda su magnitud, la crueldad de esta banda terrorista: el niño Andrés Felipe Pérez, quien sufría un cáncer terminal, solicitó ver a su padre secuestrado por las FARC desde marzo del 2000. Nada conmovió a este grupo, ninguna voz fue escuchada y el niño murió, sin ver a su padre, el 18 de diciembre del 2001.
Por eso cuesta a veces llamar cualquier propuesta de este grupo, propuesta humanitaria. Lo más antihumano es el trato de este grupo a los secuestrados y su comportamiento en este proceso.

Estos esfuerzos del Gobierno de Colombia tienen unos límites para los cuales invocamos su comprensión. En primer lugar, sólo pueden darse en el marco de las leyes y la Constitución Nacional. Para facilitar un eventual acuerdo el Gobierno Nacional incorporó en la Ley de Justicia y Paz o Ley 975 del 2005, facultades para facilitar el desarrollo de acuerdos de este tipo en los artículos 60 y 61 de dicha Ley; mediante estas normas, las personas de las FARC que están detenidas con arreglo a las normas colombianas y a quienes se les dispensa un trato digno y se les respetan todas las garantías del debido proceso, pueden ser liberadas si hacen parte de un Acuerdo de liberación simultánea de personas.


El otro límite es que la suscripción de un eventual acuerdo logre la liberación de las personas secuestradas y no estimule la práctica del secuestro para obtener ventajas militares o que la liberación de personas de la guerrilla no contribuya a escalar las acciones de este grupo. Por esta razón, el gobierno ha puesto como condición que las personas liberadas de las FARC no deben reintegrarse a la actividad violenta de este grupo; hemos puesto a su disposición los programas de reincorporación a la vida civil y aceptado la tutela de un país amigo a donde estas personas sean recibidas y decidan voluntariamente radicarse como alternativa para esta eventualidad.
También hemos estado dispuestos brindar todas las garantías de seguridad y a que estas sean verificadas por cualquier acompañante internacional, pero nos hemos negado a despejar zonas del territorio nacional. Colombia vivió una triste experiencia con la zona del despeje de San Vicente del Caguán, equivalente a 42.000 kilómetros cuadrados y vigente durante más de tres años; allí no se avanzó para nada en el proceso de paz pero sirvió de refugio luego de atacar 15 municipios vecinos, llevar secuestrados, reentrenar a las fuerzas de esa guerrilla, consolidar negocios de narcotráfico y cientos de barbaridades más.
Adicionalmente, los pobladores de esa zona quedaron a merced de este grupo que irrespetó todos sus derechos. Por eso nos preguntamos: ¿Por qué es necesario sacar a la Policía Nacional de los cascos urbanos de Florida y Pradera y a las autoridades judiciales allí establecidas? ¿Quién garantiza los derechos de la población rural en esos municipios si la Fuerza Pública abandona esas áreas?
A pesar de lo infructuoso de los esfuerzos y mediaciones, la liberación de las personas secuestradas sigue siendo una prioridad para nosotros. Por eso, el Presidente Álvaro Uribe ha escuchado la propuesta de la Iglesia Católica y de la Comisión de Conciliación Nacional para establecer una zona de encuentro donde se desarrollen los diálogos tendientes a obtener la anhelada liberación de las personas secuestradas.
Para el efecto, el Gobierno está dispuesto a establecer una nueva zona de encuentro, de aproximadamente 150 kilómetros cuadrados, en una zona rural del país, preferiblemente sin población civil para disminuir el impacto sobre ella; donde no haya puestos militares o de policía que desocupar; con presencia de observadores internacionales; y donde los voceros del grupo de las FARC no haga ostentación de armas.
El diálogo directo siempre ha sido posible si hubiera voluntad de desarrollarlo; la disposición a brindar las garantías de seguridad que se requieran ha estado siempre por parte del gobierno. Ante las dificultades que han tenido los diferentes actores que han ofrecido sus buenos oficios, el Gobierno de Colombia ha asumido directamente todas las labores para propiciar este diálogo directo y ha dado la autorización plena al Alto Comisionado para la Paz, doctor Luis Carlos Restrepo, para desarrollar las conversaciones y acuerdos que sean necesarios con el acompañamiento de la Iglesia Católica colombiana.
Teniendo en cuenta la intransigencia de la dirección de las FARC y el éxito de los llamados a la desmovilización de las bases y mandos medios de este grupo, el Gobierno de Colombia ha establecido un fondo de 100 millones de dólares para quienes quieran desertar de ese grupo y traigan consigo a los rehenes. Un hecho reciente ilustra la conveniencia de esta propuesta complementaria: la semana pasada una guerrillera desertó y se presentó ante las autoridades con un niño de cuatro años que estaba secuestrado desde el 16 de junio de este año por ese grupo y por quien se pedían 750.000 dólares de rescate; su conciencia no podía soportar más ese despropósito. A otros, cuya conciencia no sea tan permeable por la humanidad o el dolor, un incentivo de esta naturaleza bien puede ayudar.
Mi gobierno ha enfrentado un dilema: conciliar la alta estima que tiene por la vida y la libertad de las personas con sus responsabilidades con toda la comunidad y con no estimular la práctica terrorista del secuestro; esperamos que ustedes sean conscientes de las inmensas dificultades de afrontar esta situación y de la responsabilidad que nos asiste al tomar decisiones.
Mi gobierno ha querido compartir con ustedes estas circunstancias para que puedan ser evaluadas por sus gobiernos con la debida y oportuna información. Esperamos que, como siempre, sean sensibles al sufrimiento de todas las personas secuestradas, al restablecimiento de sus derechos y a la causa de la libertad. Nos duele que se privilegie el interés político de los secuestradores, olvidando su crueldad y el sufrimiento de los secuestrados.
Colombia espera, en esta batalla por la libertad, contar con la voz solidaria y el reclamo por la libertad incondicional y la dignidad de todos los secuestrados, de todos los pueblos del Continente.
Muchas gracias.
El PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente, por compartir con nosotros los esfuerzos de su gobierno, la lucha diaria de todos los colombianos por vivir en democracia, por conciliar la democracia. Ese convivir diario, heroico, solamente hace que nosotros aumentemos nuestra admiración hacia su país y hacia su pueblo.
Siéntase acompañado en todo momento y, por supuesto, la OEA está siempre trabajando muy de cerca con ustedes. Muchísimas gracias por su intervención, que será recogida en el Acta de esta sesión.
Ruego a los señores Representantes permanecer en su sitio para los saludos protocolares de rigor. Muchísimas gracias, señor Vicepresidente.
Se levanta la sesión.

ISBN 978-0-8270-5265-9






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