¿Cuál es su estatus de ciudadanía? Perfil racial y de ciudadanía por parte de las agencias policiacas a lo largo de la frontera Estados Unidos-México



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¿Cuál es su estatus de ciudadanía? Perfil racial y de ciudadanía por parte de las agencias policiacas a lo largo de la frontera Estados Unidos-México
*María Cristina Morales, PhD

y

Denise Delgado



Departamento de Sociología y Antropología

La Universidad de Texas en El Paso


Documento de estudios de la frontera, Centro de estudios interamericanos y de la frontera, La Universidad de Texas en El Paso.

* Correspondencia directa para Cristina Morales en mcmorales@utep.edu. Favor de obtener permiso de Cristina Morales antes de hacer cualquier uso de este documento. Derechos de Autor 2017 es conservado por los autores.


La información utilizada en este estudio está basada en una encuesta patrocinada por la Fundación Nacional de Ciencias (Premio 1251897, PJ-Ted Curry, Co Investigadora Principal Maria Cristina Morales y el Co Investigador Principal Harmon Hosch) que estudia la paradoja del delito de inmigración. El trabajo en este ensayo fue apoyado por la Escuela de Posgrado de la Universidad de Texas en El Paso.

El movimiento Black Lives Matters ha sacado a la luz las prácticas sistemáticas racistas de las agencias policiacas en los centros urbanos de todo Estados Unidos. El perfil racial, la utilización de la raza por sí sola, como criterio para decidir si se detiene o arresta a alguien, es un tema que ha tomado nueva importancia después de una serie de asesinatos de personas negras desarmadas por parte de oficiales de la policía. Los negros seguidos por los latinos, están plenamente conscientes de los prejuicios en su contra, particularmente después de que tienen contacto con la policía (Weitzer and Tuch, 2005). De hecho, Ríos (2011) describe el proceso a través del cual se imponen etiquetas estigmatizadoras en los jóvenes latinos y negros como “hiper etiquetas” donde los agentes policiacos, incluyendo a los oficiales que implementan la ley, se enfocan en ellos de manera sistemática como riesgos criminales, creando de esta manera un ciclo de criminalización.

El objetivo general de este estudio es examinar el perfil de nacionalidad o de quien es sospechoso de ser indocumentado y de ser cuestionado así, su estatus de ciudadanía por los agentes policiacos. Para muchos, la respuesta a esta pregunta es “mexicano”. Estadísticamente, un inmigrante no autorizado, en la mente de la mayoría, es un mexicano (Proviene et al., 2016) aunque eso plantea preguntas de lo que constituye el fenotipo del “mexicano”. A pesar de dichas percepciones, Heyman (2014:111) nos recordó que “la ilegalidad no es simplemente un estado de ser, sino una cuestión de construcción y lucha socio-política”.

Los mexicanos, históricamente, han sido categorizados de manera sistemática como “delincuentes”, “bandidos”, “extranjeros” e “ilegales” (Mirande, 1987, Saenz and Morales, 2015, Rios, 2011). Hoy en día, las agencias policiacas continúan categorizando por su raza, de forma desproporcionada, a los mexicanos y a los latinos en general. (Ver: American Civil Liberties Union, 2008). La categorización racial del latino se ha dado a pesar de la evidencia del bajo índice de conducta delictiva de los grupos latinos inmigrantes o a lo que los académicos se refieren como La paradoja del delito del inmigrante latino (Burchfiekl and Silver, 2013; Hagan and Palloni, 1999; Kubrin and Ishizawa, 2012; Martinez, 2002; 2008; 2013; Martinez and Lee, 2000; Martinez and Stowell, 2012; Martinez and Valenzuela, 2006; Ousey and Kubrin, 2009; Sampson, 2008; Sampson and Bean, 2006; Stowell et al., 2009; Thomas, 2011).



A pesar del bajo índice de delincuencia entre los latinos nacidos en el extranjero, en todo el país ha aumentado el patrullaje donde la policía toma el papel de agente de Inmigración y Aduanas para aplicar la ley en las violaciones migratorias civiles y penales. Después del 9/11, se marcó el crecimiento de la vigilancia migratoria interna además del patrullaje de la “línea” o los límites políticos en la frontera Estados Unidos-México (Coleman 2007; De Genova and Peutz 2010; Ngai 2004; Nguyen and Gill, 2016; Provine 2016). El reforzamiento del patrullaje migratorio resultó”… operativamente difuso y con un poder interno de observación enfocado en las poblaciones de los residentes inmigrantes” (Stuesse and Coleman, 2014:106). Dichas medidas han controlado la expansión de la seguridad y vigilancia desde el gobierno federal hasta las agencias policiacas estatales, del condado y locales. Provine et al., 2016; Salter, 2004).

Históricamente, la vigilancia migratoria era responsabilidad del gobierno federal, pero esto ha cambiado debido al aumento de las políticas migratorias restrictivas a nivel estado, condado y local (Ver Armenta, 2016; Chavez and Provine, 2009; Varsanyi, 2009). Existe una gama de actores sub-nacionales involucrados en la detección y expulsión de residentes inmigrantes a quienes se les niega el derecho legal de permanecer en los Estados Unidos. Refrendar tales procesos son algunas iniciativas políticas que incluyen leyes, ordenanzas municipales y políticas administrativas a nivel estatal y local. Muy particularmente, el apoyo de Arizona a la aplicación de la Ley de Vecindarios Seguros o SB1070, enmendada posteriormente a la HB 2162 que legalizó la vigilancia intensificada de los latinos, provocando más arrestos y detenciones por la policía estatal y local (Heyman, 2010; Sáenz and Morales, 2015; Sáenz et al., 2011). Los gobiernos locales y del condado cada vez están más involucrados en la vigilancia migratoria, aunque la mayoría de estos esfuerzos se enfocan en los destinos de los nuevos migrantes y/o aquellos con una creciente población latina (Armenta, 2016; Sáenz, 2010; Shahani and Greene 2009. Eagly (2013) por ejemplo, describió el condado de Maricopa (Phoenix, Arizona) como el modelo ilustrativo de “un castigo ilegal a los ilegales” que lleva la aplicación de la vigilancia migratoria como primordial para la vigilancia local. En el 2006, Hazelton Pennsylvania aprobó la Ley de Alivio para la Inmigración Ilegal (IIRA) que se basó en gran medida en la retórica racial de la guerra contra el delito que establecía socialmente a los latinos como “ilegales” e “ilícitos” marginando aún más a las comunidades inmigrantes (Longazel, 2013). La vigilancia migratoria también se ha extendido bajo la Ley de Responsabilidad de los Inmigrantes y la Reforma de Inmigración Ilegal de 1996 a través de la expansión de las funciones de la policía estatal y local bajo las políticas de la 287(g) donde las agencias policiacas estatales y locales celebran convenios con el Fiscal General para desempeñar las funciones de aplicación de las leyes migratorias (Ver Armenta, 2012; Proviene et al. 2016). De igual manera, Secure Communities es una iniciativa administrativa que facilita la aplicación de la ley a nivel local y estatal para colaborar con las agencias de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para la vigilancia migratoria que se aplica comúnmente en el momento de ser ingresado en la cárcel o prisión después de un arresto, pero antes del juicio o condena. El Programa de Comunidades Seguras permitió que los oficiales policiacos estatales y locales enviaran automáticamente las huellas al FBI y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para verificarlas en su base de datos de inmigración. Si estas verificaciones revelan que un individuo está ilegalmente en los Estados Unidos, ICE aplica la ley y expulsa a los individuos que representan una amenaza para la seguridad pública. El programa Comunidades Seguras terminó en noviembre del 2014 y fue sustituido con el Programa de Aplicación Prioritaria (PEP, por sus siglas en inglés). Ambos programas comparten objetivos similares para utilizar la fuerza policíaca penal a nivel estatal y local y las cortes para la aplicación civil de la inmigración pero diferente en el aspecto de que ICE ya no requiere que las agencias policiacas locales detengan a un inmigrante a menos que haya sido condenado o se considere una amenaza para la seguridad nacional (García and Hernández, 2015). A la cobertura sin precedentes de la ley penal y migratoria a nivel estatuto, política e implementación se le conoce como “crimmigración” (Stumpf, 2006).

Esta reconstrucción, marcada a gran escala, por un cambio de política migratoria nacional a local, dio origen a un nuevo régimen en la aplicación migratoria que hace que la distinción entre los nuevos ciudadanos y los no ciudadanos, sea más importante que antes. (Coutin 2011).

Los programas, como los que se mencionaron anteriormente, fueron implementados sin ninguna protección en contra del perfil racial y como pretexto de las detenciones dirigidas hacia aquellos que se sospechaba que eran indocumentados (Provine et al. 2016). Los reportes de las políticas en el Programa Comunidades Seguras, se enfocaron en el perfil racial y en un número desproporcionado de latinos arrestados, detenidos o puestos bajo arresto. (Provine et al., 2016). El Programa Comunidades Seguras no logró sus metas propuestas donde la mitad de los detenidos no había tenido ningún arresto previo o únicamente infracciones menores (Provine et al., 2016). Las organizaciones de defensa a lo largo de la frontera Estados Unidos – México argumentaron que la vigilancia a nombre de la seguridad nacional no era congruente con “la seguridad de la comunidad” dado que el incremento en la vigilancia contribuye a la marginalización de la región fronteriza y a la criminalización de sus comunidades, mayormente latinas (Saenz y Morales, 2015). Aún más, se ha probado que algunas de estas iniciativas de políticas no han sido efectivas y/o que violan los derechos civiles.

En el 2012, en el caso Arizona vs. Estados Unidos, el gobierno federal bloqueó algunas de las disposiciones detrás de la SB1070 y otras leyes estatales similares en Alabama, Georgia e Indiana, entre otras (Provine et al., 2016). La 287(g) ha ocasionado mayor temor y desconfianza contra la aplicación de la ley entre los inmigrantes y puso en riesgo las relaciones entre la comunidad y la policía (Nygun y Gill, 2016). Actualmente, la 286 (g) ha sido eliminada debido a que es muy costosa e ineficiente (Provine et al., 2016), aunque es incierto si ésta regresará bajo la presidencia de Donald Trump.

Incluso en las localidades donde agencias policiacas estatales, del condado y locales no han celebrado acuerdos con el gobierno federal para participar en la aplicación de las leyes migratorias, las agencias policiacas locales tienen encuentros con los inmigrantes, a diario. Los académicos han argumentado que el aumento en la vigilancia migratoria a nivel local es la respuesta a un incremento rápido en el crecimiento de la población inmigrante y/o en la población “café”. (Armenta, 2016; Sáenz, 2010; Shahani y Greene 2009). Sin embargo, el crecimiento de la población “morena” y de los inmigrantes por todo E.U. (Sáenz and Morales, 2015) sugiere que incluso los estados, condados y departamentos policiacos locales sin acuerdo con el gobierno federal para vigilar la aplicación de las leyes migratorias, están interactuando como nunca con los inmigrantes.

Con la expansión de la vigilancia migratoria, el perfil de ciudadanía está siendo una cuestión de mayor preocupación, sin embargo no sabemos mucho acerca de quien ha sido clasificado como inmigrante indocumentado. La mayoría de los estudios sobre vigilancia migratoria han analizado políticas como la 287(g), Comunidades Seguras, PEP y la SB1070 y/o han utilizado una gama de herramientas cualitativas para analizar la discrecionalidad de las mismas (e.g., Armenta, 2016; Golash-Boza, 2015; Motomura, 2011; Provine et al., 2016). Hasta ahora, estos estudios sobre vigilancia migratoria han logrado que surja la preocupación de como las políticas a nivel estado, condado y locales pueden tener un efecto desproporcionado en los individuos latinos, independientemente de su estatus de ciudadanía, pero se han concentrado en la expulsión y detención de los inmigrantes indocumentados. Nos hemos basado en esta investigación al ofrecer un perfil estadístico de quien(es), las agencias policiacas, sospechan que sea indocumentado basándose en los factores a nivel individual (estatus generacional, etnicidad latina, sexo y edad) y considerar cómo los factores contextuales a nivel grupo (que radican en la pobreza y en los vecindarios de enclave étnico) pueden afectar a quienes las agencias policiacas cuestionan su ciudadanía.

Basamos este estudio en una investigación primaria que consiste de 677 encuestas recabadas en el 2014 en El Paso, Texas, una ciudad en la frontera Estados Unidos-México, vecina de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. La pregunta de quién es categorizado como indocumentado debe examinarse de manera pertinente, particularmente en El Paso, dado a que está sujeta a una aplicación generalizada y dura por parte de la vigilancia fronteriza y se convierte así en una ubicación vital para crear los derechos de los inmigrantes y para los derechos humanos en general, en los Estados Unidos (Heyman, 2004). Comenzaremos por probar la hipótesis sobre la probabilidad de que las agencias de aplicación de la ley pregunten más a las primeras y segundas generaciones su estatus de ciudadanía que a las terceras generaciones y posteriores. Después, analizaremos la influencia de los efectos del vecindario sobre la probabilidad de que a los individuos se les pregunte su estatus de ciudadanía utilizando procedimientos de modelos jerárquicos lineales (HGLM, por sus siglas en inglés). De manera específica, determinaremos si los individuos que habitan en vecindarios pobres o en enclaves étnicos/de inmigrantes tienen más probabilidad de que ser sujetos a la categorización de ciudadanía.

PERFIL DE CIUDADANIA

Existe una investigación limitada sobre la elaboración del perfil de ciudadanía y por lo tanto para establecer mejor una imagen conceptual tomada de una variedad de información. La mayoría de la literatura sobre vigilancia migratoria se ha enfocado en factores a nivel individual. Por lo tanto, comenzaremos discutiendo como el origen étnico y el estatus de ciudadanía se entrelazan afectando a quienes las agencias policiacas cuestionan su estatus ciudadano. Examinaremos posteriormente las prácticas de vigilancia discrecional especialmente en lo que se refiere a la vigilancia migratoria. Por último, volveremos a los factores contextuales a nivel vecindario que pueden afectar a quienes las agencias policiacas cuestionan su estatus de ciudadanía.
NIVEL-INDIVIDUAL

Perfil racial y de ciudadanía

La práctica de detectar inmigrantes indocumentados también aumenta la preocupación obvia del perfil racial. El impacto del enfoque legal a la vigilancia migratoria se ha dirigido particularmente a los latinos y en especial a los mexicanos pobres y a los centroamericanos. (Chavez, 2008; Ngai, 2003; Provine and Sanchez, 2011; Provine et al., 2016). Como lo argumentó Provine y Sánchez (2011), las prácticas vigilancia municipal dirigidas a la eliminación de los inmigrantes han llevado a la categorización étnico racial, híper vigilancia y detenciones abusivas. La conexión de raza, clase y estatus de ciudadanía moldean la estructura social de los inmigrantes como delincuentes, afectando a los ciudadanos nacidos de latinos en los E.U. (Aranda et al., 2014) e incluso a los nativos no latinos y no inmigrantes (Chavez, 2008; Kil et al., 2009).

La actitud racista de detectar inmigrantes indocumentados ha llevado a la deportación desproporcionada de latinos (Provine et al., 2016), la mayoría con delitos menores (Golash-Boza, 2012). De hecho, solo el 12% de los deportados en el 2013 ha cometido un delito grave lo cual señala que la apariencia de ser latino en vez de ser una mala conducta, guía el criterio del oficial de policía. (Kennis, 2011; Provine et al., 2016). Provine et al. (2016, 108) argumentó que “lo que queda claro es que se ha dado el perfil racial para lograr resultados en las deportaciones y es muy probable que así continúe, a menos que ya no resulte efectivo y ha continuado aun cuando el gobierno federal ha rediseñado su enfoque en la aplicación de la ley para los inmigrantes que han cometido delitos graves.

En conjunto, incluso antes de que aumentara la vigilancia migratoria los latinos incluyendo a los ciudadanos y residentes legales permanentes, informaron que sienten que son parados por la policía con más frecuencia, tienen una percepción negativa de la policía y tienen menos probabilidades de reportar delitos (Vidales et al., 2009). De hecho, no existe una gran diferencia entre los grupos de latinos nacidos en el extranjero y los nativos respecto a la vigilancia migratoria a nivel local. (Saenz y Morales, 2015). Basado en la Encuesta Nacional del Centro Hispano Pew sobre los latinos (2008), Saenz y Morales (2015) encontraron que los latinos generalmente desaprueban la vigilancia migratoria a cargo de las políticas locales que normalmente es responsabilidad del gobierno federal.

Específicamente, más del 80% de los mexicanos (nacidos en el extranjero y nativos) salvadoreños (nacidos en el extranjero y nativos), otros isleños del pacifico (nacidos en el extranjero y nativos) y los sudamericanos (nacidos en el extranjero), creen que la aplicación de las leyes migratorias debería ser responsabilidad del gobierno y no de la policía local. Cuando se trata de una parada oficial en sí, Sáenz y Morales (2015) encontraron que cerca del 10% de los individuos de origen mexicano, tanto nacidos en el extranjero como nativos han sido detenidos por la policía y se les ha cuestionado su estatus migratorio. Esto está ligado con los 834 ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos por error bajo Comunidades Seguras (Provine et al., 2016).

Discrecionalidad en la vigilancia e inmigrantes

La pregunta de quién es detenido y cuestionado por las agencias policiacas por sospecha de ser indocumentado es difícil de contestar, debido en parte a la amplia discreción que implica el trabajo policiaco. Provine et al. (2016:105) argumentó que “la aplicación local de la ley es un trabajo arduamente individualista en el que los oficiales en servicio generalmente van más allá de la perspectiva de sus supervisores y gozan de amplio criterio respecto a cómo investigar y a quién cuestionar, detener o arrestar. “ Aún más, los oficiales casi siempre pueden encontrar una causa posible para parar a un conductor (Por ejemplo, por no llevar puesto el cinturón de seguridad) o detenerlo por infracciones técnicas como una luz trasera quebrada o unas placas sucias (Proviene et al 2016). Bajo tales circunstancias, la verdadera razón para detener a alguien es diferente de la infracción por la que se le multó.

Hasta la fecha, la literatura académica en la aplicación de la ley en el contexto migratorio se basa en las entrevistas etnográficas y a fondo que demuestran el alto nivel discrecional que practican los oficiales cuando deciden a quien cuestionar. Los inmigrantes son parte de la comunidad y por lo tanto es muy probable que entren en contacto con los oficiales policiacos locales o estatales. (Armenta, 2011). Decker et al. (2009) describió una amplia variación en las circunstancias bajo las cuales los departamentos de policía preguntan el estatus de ciudadanía. Independientemente de si el departamento tiene políticas en cuanto a la aplicación de las leyes migratorias o no, el poder de la política departamental en las decisiones de primera línea no está claro, considerando la amplia discrecionalidad que las agencias policiacas utilizan en las calles (Provine et al., 2016). Debido a la discrecionalidad del trabajo policiaco, las decisiones para la aplicación de la ley se hacen en base al cálculo moral del oficial de detener a los “hombres malos” en vez de hacerlo bajo un marco legal. (Herbert 1998). De hecho, en ocasiones lo que el oficial de policía determina como “lo correcto” puede estar en conflicto con la ley (Herbert 1998).

La vigilancia migratoria también se da en forma alterna en los departamentos que no cuentan con políticas encaminadas a la aplicación de las leyes federales migratorias o se da “de manera ilegítima”. Basado en un estudio sobre el Phoenix Metroplex Versanyi (2008) se encontró que las políticas migratorias se dan “tras bambalinas” mediante decretos sobre el uso de espacios públicos que excluyen de manera directa o indirecta a las personas indocumentadas. Quizás la vigilancia “ilegitima” más común de los inmigrantes se da a través de las infracciones de tránsito. De hecho, los cargos más serios para más de la mitad de los inmigrantes deportados en el 2013, fueron las multas de tránsito (Provine et al., 2016). Un estudio del 287 (g) en Nashville, Armenta (2016) arrojó que la cultura departamental le da prioridad a las detenciones de tráfico, que colocan de manera inevitable, a la policía local en contacto con inmigrantes no autorizados quienes por no ser elegibles para tener una licencia de conducir o una identificación, son vulnerables al arresto. Esto preocupa a los inmigrantes indocumentados quienes con algunas excepciones, no tienen acceso a una identificación estatal o a una licencia de conducir y por lo tanto están cometiendo una infracción con el simple hecho de manejar.

Otro reto para las políticas migratorias es la falta de aculturación hacia los estándares de las agencias norteamericanas de vigilancia. Por ejemplo, la policía sospecha de las personas que no siguen las prácticas norteamericanas de orillarse al lado derecho del camino cuando el tráfico se detiene (Khashu, Busch, and Latif, 2005; Lewis and Ramakrishnan, 2007). Esto inquieta a los inmigrantes que no están familiarizados con las prácticas norteamericanas. En cambio, los inmigrantes también son reacios al confiar en los oficiales policiacos debido a las experiencias negativas que han tenido con la aplicación de la ley en sus países de origen (Davis et al., 2001; Menjivar and Bejarano, 2004), aunque en el caso de los inmigrantes chinos la comparación con las normas policiacas en su país de origen se asocia con perspectivas favorables de aplicación de la ley en los E.U. (Wu et al., 2011). Aún más, las personas que han inmigrado en fechas recientes están menos conscientes de las prácticas de vigilancia comunitaria que tienen una implicación en las relaciones policía-comunidad. (Davis and Miller, 2002).

POBREZA Y ENCLAVES Y PERFIL DE CIUDADANIA EN EL VECINDARIO

A pesar de la raza/etnicidad y el estatus migratorio de una persona, el contexto del vecindario donde residen los individuos puede ofrecer importante información contextual sobre a quién cuestionan los agentes policiacos su estatus de ciudadanía. Hasta la fecha, la mayoría de la literatura sobre vigilancia y latinos e inmigrantes se ha enfocado en cómo los factores a nivel individual influyen en el interrogatorio y la detención, por parte de la policía, en vez de las características que se asocian con los vecindarios donde viven las personas. Además, la mayoría de la literatura sobre el contexto de vigilancia y del vecindario se ha enfocado en el aprendizaje etnográfico de las experiencias de la gente pobre urbana de color y ha destacado la vigilancia punitiva, un número desproporcionado de infracciones y el trato irrespetuoso (Por ejemplo, Desmond and Valdez, 2013; Goffman, 2009; Rios, 2011), entre otros impactos negativos. Además, la literatura sobre las desventajas del vecindario concentrado y la raza se ha enfocado en el delito, mientras que la literatura sobre grupos de vecindarios de inmigrantes cae bajo el contexto del enclave étnico, los cuales han dado muy poca importancia a la vigilancia. A continuación, esbozamos algunas visiones útiles que se basan tanto en el aprendizaje sobre la influencia de las desventajas de los vecindarios concentrados y el delito y los enclaves étnicos.

Existe menos investigación de encuestas sobre el contexto del vecindario y la vigilancia que haya examinado la influencia de la pobreza y la raza/etnicidad. Una excepción importante es el trabajo de Sampson & Associates (Sampson y Bean 2006; Sampson and Wilson 1995) quienes conceptualizaron la tesis de la invariancia racial que destaca la importancia de la segregación de las desventajas concentradas y raciales al explicar las desigualdades raciales entre negros y blancos en relación a los delitos. La tesis de la invariancia racial también se considera relevante para los latinos (Martínez 2003; 2008). Las personas de color y los latinos son relegados a vivir en las áreas geográficas marcadas por las desventajas concentradas debido a una variedad de desigualdades económicas y sociales (Por ejemplo, desempleo, dependencia de la asistencia social, pobreza, disfunción familiar e inestabilidad de vivienda) todas asociadas con los delitos (Martin et al. 2011).

Sin embargo, cuando se trata de vecindarios de inmigrantes no queda muy claro la influencia de lo que se conoce como desventajas concentradas sobre delitos y vigilancia. Ampliando sobre la perspectiva de invariancia racial de Sampson y asociados (por ejemplo, Sampson y Bean 2006; Sampson y Wilson 1995), Martinez (2002, 2013) y Martinez y Valenzuela (2006) desarrollaron la teoría de la revitalización del inmigrante para describir como la inmigración revitaliza los vecindarios urbanos empobrecidos con familias trabajadoras y nuevos negocios, los cuales disminuyen la delincuencia. Vélez (2009) por otra parte, acepta que los inmigrantes que han inmigrado en fecha reciente, revitalizan los vecindarios urbanos en desventaja pero que los mismos aumentaron los niveles de homicidio a nivel local en los contextos de vecindarios en desventaja.

Al estudiar la influencia de los grupos de vecindarios, la literatura del inmigrante se ha enfocado en el concepto del enclave étnico. Creado primero por Hanna y Hanna (1967), Alejandro Portes y Asociados (Portes and Bach 1985; Portes y Manning 1985; y Portes y Stepick 1985; pero también el Modelo 1985) desarrollaron teóricamente el concepto del enclave étnico, incluyendo la inmigración además del origen étnico. Portes (1987:291) definió la economía del enclave como el involucramiento “de grupos de inmigrantes que se concentran en una ubicación de espacio distinta y organizan una variedad de negocios que ofrecen servicio a su propio mercado étnico y/o a la población en general. Su característica básica es que una parte importante de la fuerza laboral inmigrante es empleada por empresas propiedad de otros inmigrantes”. El término de la economía del enclave étnico ha permanecido como una ventaja económica del grupo de la ubicación (Light and Gold 2000), incluyendo la protección de la discriminación (Portes and Bach 1985; Zhou 1992). Los enclaves étnicos en sí, compensan las deficiencias de origen y la discriminación que los grupos étnicos enfrentan en el mercado de mano de obra en general.

En contraste, algunos luchan contra las modalidades protectoras de los enclaves étnicos. Se ha descubierto que los enclaves étnicos en particular, se encuentran en condiciones deprimentes del mercado laboral (por ejemplo, Sanders and Nee, 1987Chin, 2005Schrover 2001 Sanders and Nee, 1987). En el caso de los mexicanos y centroamericanos, en vez de una economía étnica controlada donde los trabajadores puedan ejercer poder (Light and Gold, 2000), los lugares de trabajo con coetnicidad concentrada se asocian con la desigualdad que se encuentra en el empleo segregado (Morales, 2009). De este modo, existe una fuerte evidencia que la agrupación de inmigrantes y minorías étnicas se relaciona con las características negativas de la segregación y de los vecindarios concentrados en desventaja.

Aunque los enclaves étnicos han llegado a interpretarse más ampliamente como agrupaciones de inmigrantes en vecindarios dentro de los centros urbanos (Waldinger y Bozorgmehr, 1996), la mayor atención académica en los enclaves étnicos se ha concentrado en los resultados económicos con una limitada atención hacia como el hecho de vivir en un enclave puede influir en las interacciones con la aplicación de la ley. Sin embargo, existen indicios que los vecindarios latinos y de inmigrantes representan un blanco, por la presunta ilegalidad de sus residentes. El más notable es Romero (2006) quien encontró el Chandler Roundup en Arizona o la “Operación Restauración” donde el Departamento de Policía de Chandler en el condado de Maricopa en Arizona se enfilaba en los residentes, por su “mexicanidad”, por hablar español y estar en un vecindario latino.

En resumen, aunque existe una limitada atención hacia los vecindarios étnicos y de inmigrantes ya que los residentes están más propensos a ser cuestionados por las agencias policiacas sobre su estatus de ciudadanía, nosotros podemos concluir algunas ideas importantes de la literatura antes mencionada. Primero, la influencia por vivir en vecindarios pobres donde la vigilancia policiaca se ha enfocado en gran medida en las experiencias de personas de color en áreas urbanas sujetas a una variedad de efectos negativos asociados con una desproporcionada criminalización. Segundo, existe una gama de evidencias sobre si los vecindarios étnicos y de inmigrantes se asocian con las desventajas o protecciones sociales. Tercero, existe alguna evidencia que la vigilancia migratoria local está asociada con una vigilancia excesiva de vecindarios latinos y de inmigrantes (Romero, 2006)

DATOS Y METODOS

Muestra

Este estudio se basa en información básica que se integra de 46 grupos de vecindarios y 677 encuestas individuales. Nuestro diseño de muestra sigue el componente de la Encuesta Comunitaria de Robert Sampon’s and Associates (1977) del Proyecto sobre el Desarrollo Humano para los Vecindarios de Chicago (PHDCN, por sus siglas en inglés). Nosotros operamos los vecindarios agregando las áreas del censo que son similares en términos de información geográfica (tales como interestatales, carreteras y otros puntos importantes), indicadores demográficos y económicos de la Encuesta de Comunidad Norteamericana (ACS, por sus siglas en inglés) (2015) de 5 años (2008-2012) de áreas del censo sobre economía, nacidos en el extranjero, idioma y latinos y una evaluación etnográfica rápida donde obtenemos información de las calles acerca de si las áreas del censo deben ser consideradas vecindarios independientes o unidos con áreas de censos vecinos. Entonces seleccionamos aleatoriamente agrupaciones de vecindarios y escogimos al azar 20 viviendas dentro de cada vecindario.

La información fue recabada entre marzo y agosto del 2014 en El Paso, Texas. Una vez que fue seleccionada al azar, enviamos una carta avisando por correo a nuestros encuestados que su vivienda había sido seleccionada aleatoriamente para participar en el estudio y les preguntamos si deseaban participar de manera voluntaria. A los encuestados se les dio la opción de llamarnos o de programar una cita o que uno de nuestros asistentes de investigación visitara su vivienda en los próximos 3 a 4 días para realizar la entrevista o programar una cita. Se les pagó $20.00 dólares a los encuestados por participar en el estudio.

Contexto

Este estudio está basado en El Paso, Texas que se ubica en la frontera Estados Unidos-México y es ciudad hermana de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. El Paso representa un lugar ideal para realizar este estudio sobre las percepciones de ilegalidad de ciudadanía dado que el censo de E.U. estima que el 25.5% de la población nació en el extranjero y el 82.2 % es latina (de los cuales el 76.6 % es de origen mexicano). Aún más, congruente con la paradoja de la delincuencia de los inmigrantes latinos, El Paso ha sido clasificada como el área más segura o entre las áreas estadísticas metropolitanas más seguras de los E.U. en los últimos diez años (Borunda, 2013).

Como ciudad fronteriza, El Paso también está sujeto a las medidas policiacas de híper-vigilancia. En esta región, los residentes tienen encuentros frecuentes con los agentes policiacos federales, en particular con la patrulla fronteriza. De hecho, El Paso se ha caracterizado como una región de militarización debido al uso del discurso parecido al de guerra, la tecnología e incluso el uso de personal militar como parte de las iniciativas de control fronteriza (Bejarano et al., 2012). Hoy en día, tales políticas legales y administrativas que se concentran en las medidas de seguridad nacional y que incrementan la vigilancia se han extendido al interior del país (Coleman 2007; De Genova y Peutz 2010; Provine and Sanchez, 2011; Salter 2004; Guiraudon y Lahav 2000), convirtiendo a la región fronteriza en un sitio importante para investigar cómo las agencias policiacas han incrementado la categorización a inmigrante indocumentado.

El Paso tampoco tiene el Acuerdo 287(g) pero si pone en práctica el Programa Comunidades Seguras, conocido hoy como PEP (por sus siglas en inglés). Es importante enfatizar que incluso las ciudades que se resisten a cooperar con los esfuerzos federales para involucrar la vigilancia local migratoria, están expuestas al enfoque nacional sobre la aplicación de la ley (Provine et al. 2016). Además, aunque la mayoría de la literatura sobre vigilancia policiaca migratoria se ha enfocado en los nuevos destinos de los migrantes, la elaboración de perfiles de ciudadanía y detenciones bajo pretexto, siguen siendo motivo de preocupación ya que la vigilancia migratoria se da en cualquier momento que un oficial de campo encuentra inmigrantes (Vea Armenta 2011). En tales casos, incluso los departamentos que pueden no estar asociados con el Departamento de Seguridad Interna deben aun vigilar, detener y proteger a los inmigrantes.



Nivel-1 Dependiente, Independiente y Controles

La variable dependiente en el análisis se basa en la pregunta “En los últimos cinco años, además de los puertos de entrada o puntos de revisión migratoria, ¿qué tan seguido le ha preguntado el personal de las agencias policiacas acerca de sus estatus de ciudadanía?” Aunque la pregunta permite que las personas indiquen si han sido detenidas más de una vez, debido a problemas de estadística por falta de datos y la poca frecuencia con que se les ha preguntado a las personas sobre su estatus de ciudadanía en más de cinco ocasiones diferentes, nosotros operamos la variable dependiente “1” si a los encuestados se les preguntó sobre su estatus de ciudadanía y de lo contrario “0”. Una limitante es que nos falta información sobre dónde fueron cuestionadas las personas acerca de su estatus de ciudadanía y las actividades en que estaban involucradas en ese momento (Por ejemplo, manejando, trabajando, paseando, etc…), sin embargo, las características de los vecindarios donde viven las personas pueden revelar el impacto de las condiciones estructurales sobre la probabilidad de que se les pregunte su estatus de ciudadanía.

La variable independiente es un estatus generacional. La primera generación se integra de personas que nacieron fuera de los Estados Unidos. La segunda generación por personas que nacieron en los Estados Unidos y cuyes madres nacieron en el extranjero. La tercera y/o siguiente generación incluye personas que nacieron en los Estados Unidos y cuyas madres también nacieron en los Estados Unidos. El estatus generacional se mide utilizando dos variables ficticias (primera y segunda generación) con las personas que son de la tercera y/o la siguiente generación del grupo de referencia.

A nivel individual, también incluimos controles para las variables demográficas de etnicidad latina, sexo y edad. La etnicidad latina se clasifica como variable ficticia (1= etnicidad latina, 0- de otra). El sexo también se clasifica como variable ficticia (1= hombre, 0=otro). La edad se mide como variable continua. Desafortunadamente, no podemos incluir un control para la clase social a nivel-individual debido al gran número de valores ausentes.



Nivel 2: Enclave étnico y vecindarios pobres

Para capturar al grado en que un vecindario es un enclave, utilizamos una combinación de encuesta e información de censos (ACS 2008-2012). Comenzamos construyendo una escala continua basada en encuesta del transnacionalismo, (encuesta) aculturación a México, porcentaje de nacidos en el extranjero, porcentaje de nacidos en el extranjero no naturalizados (ACS), porcentaje de personas que hablan solamente español en casa (ACS) y porcentaje de personas de origen mexicano (ACS). Los conceptos de la escala fueron convertidos a puntaje-Z y se sacó el promedio. Se sumaron las respuestas de estos conceptos para crear una medida de escala de “enclavismo”. El Alfa de Cronbach para los conceptos de enclavismo es .824. El análisis del factor extrajo un componente único y la carga menor es de .711. El análisis de origen determinó que la influencia de nivel de “enclavismo” de un vecindario para ser cuestionado sobre su estatus de ciudadanía por las agencias policiacas no es lineal, así que desarrollamos las variables ficticias que representan los vecindarios de bajo enclave (1=puntuaciones-z representando un bajo 30%; 0=lo contrario) y nivel medio de enclave (1=puntuaciones-z entre 31 y 60%, 0= otro (puntaje-z por encima del 61 %).


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