D. Estado de cumplimiento de las recomendaciones de la cidh



Descargar 1.39 Mb.
Página14/26
Fecha de conversión07.04.2019
Tamaño1.39 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

Caso 9903, Informe No. 51/01, Rafael Ferrer Mazorra y otros (Estados Unidos)


  1. En el Informe No. 51/01, fechado el 4 de abril de 2001, la Comisión concluyó que el Estado era responsable de haber violado los artículos I, II, XVII, XVIII y XXV de la Declaración con respecto a la privación de libertad de los peticionarios.




  1. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Que, tan pronto sea posible, convoque revisiones con respecto de todos los peticionarios que permanecen bajo la custodia del Estado, a fin de determinar la legalidad de su detención de acuerdo con las normas aplicables de la Declaración Americana, en particular los artículos I, II, XVII, XVIII y XXV de la Declaración, según se informa en el análisis de la Comisión que consta en el presente informe.


2. Que revise las leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que a todos los extranjeros que son detenidos bajo la autoridad y control del Estado, incluidos los extranjeros que las leyes de inmigración del Estado consideren “excluibles”, se les otorgue la plena protección de todos sus derechos establecidos en la Declaración Americana, incluidos en particular los consagrados en los artículos I, II, XVII, XVIII y XXV de la Declaración, según se informa en el análisis de la Comisión que consta en el presente informe.

 


  1. En sus Informes Anuales de 2006, 2007, 2008 y 2009, la Comisión indicó que sus recomendaciones, arriba transcritas, se encontraban pendientes de cumplimiento. Por cartas fechadas el 6 de marzo de 2007 y el 6 de enero de 2009, el Estado reiteró sus argumentos presentados el 15 de diciembre de 2005, en que expresaba su discrepancia con las conclusiones de la CIDH, se rehusaba a cumplir las recomendaciones de la Comisión, y negaba cualquier violación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.




  1. El 18 de noviembre de 2010, la CIDH solicitó a las dos partes que en el plazo de un mes presentaran información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 14 de diciembre de 2009, el Estado solicitó una prórroga, a la que no se pudo acceder debido al cronograma para la preparación del Informe Anual de este año. Los peticionarios no presentaron información actualizada.




  1. La Comisión concluye que las recomendaciones reseñadas siguen pendientes de cumplimiento. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando su cumplimiento.


Caso 12.243, Informe No. 52/01, Juan Raúl Garza (Estados Unidos)

 


  1. En el Informe No. 52/01, fechado el 4 de abril de 2001, la Comisión concluyó que el Estado era responsable de la violación de los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana por condenar a Juan Raúl Garza a la pena de muerte. Asimismo, la Comisión también señaló que Estados Unidos cometería una grave e irreparable violación del derecho fundamental a la vida, consagrado en el artículo I de la Declaración Americana, si procediera a la ejecución del Sr. Garza sobre la base de las actuaciones penales en consideración.




  1. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

 

1. Otorgar al Sr. Garza una reparación efectiva, que incluya la conmutación de la sentencia.  

 

2. Revisar las leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que las personas acusadas de delitos punibles con la pena capital sean juzgadas y, de ser condenadas, sean sentenciadas de acuerdo con los derechos establecidos en la Declaración Americana, incluidos los artículos I, XVIII y XXVI de la misma y, en particular, mediante la prohibición de que se introduzcan pruebas de delitos no juzgados durante la etapa de formulación de la sentencia en juicios por delitos punibles con la pena capital.



 

  1. En sus Informes Anuales de 2006 y 2007, la CIDH asumió que las recomendaciones arriba transcritas seguían pendientes de cumplimiento.  En una nota fechada el 6 de marzo de 2007, el Estado informó a la Comisión que el Sr. Garza había sido ejecutado en junio de 2001.  En relación con la recomendación Nº. 2, además, el Estado reiteró su posición anteriormente expresada el 15 de diciembre de 2005, respecto de su disconformidad con esta recomendación. El Estado reiteró su posición mediante comunicación del 6 de enero de 2009.




  1. El 18 de noviembre de 2010, la CIDH solicitó a ambas partes que presenten información actualizada sobre cumplimiento de las recomendaciones en el plazo de un mes. Ninguna de las partes suministró información actualizada a la Comisión Interamericana dentro del plazo establecido.




  1. En base a la información proporcionada previamente, la CIDH concluye que ninguna de las recomendaciones ha sido cumplida. Teniendo en cuenta que la ejecución del Sr. Garza resulta en incumplimiento definitivo de la primera recomendación del Informe, la Comisión Interamericana continuará supervisando el cumplimiento de la segunda recomendación.


Caso 11.753, Informe No. 52/02, Ramón Martínez Villarreal, (Estados Unidos)

 


  1. En el Informe No. 52/02, fechado el 10 de octubre de 2002, la CIDH concluyó que el Estado era responsable de: a) la violación de los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana en el juicio, condena e imposición de sentencia a pena de muerte de Ramón Martínez Villareal; y b) ejecutar el Estado al Sr. Martínez Villareal de conformidad con el proceso penal del que se trata en este Caso, el Estado perpetrará una violación grave e irreparable del derecho fundamental a la vida en virtud del artículo I de la Declaración Americana.




  1. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

 

1. Otorgue al señor Martínez Villareal una reparación efectiva que incluya un nuevo juicio de conformidad con las garantías del debido proceso y un juicio imparcial que le confieren los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana o, de no poderse celebrar un nuevo juicio en cumplimiento de estas garantías, la puesta en libertad del Sr. Martínez Villareal.



 

2. Examine sus leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que todo nacional extranjero arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva en los Estados Unidos, es informado sin retraso alguno de su derecho a asistencia consular y que, con su coincidencia, el consulado adecuado es informado sin dilación de las circunstancias del nacional extranjero, de conformidad con las garantías judiciales de debido proceso y un juicio imparcial consagradas en los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana. 




  1. En sus Informes Anuales de 2006 y 2007, la Comisión declaró que se había dado cumplimiento parcial a sus recomendaciones.  En ese sentido, el 6 de marzo de 2007 el Estado informó a la CIDH que el Sr. Martínez Villareal fue considerado jurídicamente incapaz para ser sometido a juicio, con lo que la sentencia de pena de muerte fue revocada. Según el Estado, a la fecha de 5 de febrero de 2007, el Sr. Martínez Villareal sigue bajo tratamiento en un Hospital del Estado de Arizona, y continúa judicialmente incapacitado para ser sometido a un nuevo juicio.




  1. En relación con la recomendación No. 2, el Estado alegó que está totalmente comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones contenidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En ese sentido,  viene emprendiendo esfuerzos a fin de mejorar el cumplimiento de la obligación de respetar el derecho a la asistencia consular de los extranjeros detenidos, por ejemplo, a través de un programa intenso de concientización llevado a cabo por la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado. Asimismo, según el Estado, desde el 1998 el Departamento de Estado distribuyó más de mil videos de entrenamiento, panfletos y libretas a fuerzas de seguridad locales, estaduales y federales sobre el arresto y la detención de extranjeros; así como realizó más de 350 seminarios de entrenamiento sobre el derecho a la asistencia consular en todo el país y sus territorios, y creó un curso de entrenamiento por Internet sobre la materia.




  1. Los peticionarios enviaron una comunicación fechada el 1º de mayo de 2008 en la que sostienen que sigue pendiente el cumplimiento por parte de Estados Unidos.  Mantienen que no se ha cumplido con la primera recomendación, ya que “a pesar de la liberación del Sr. Martínez Villareal del pabellón de condenados a muerte, el Gobierno de los Estados Unidos no lo ha liberado ni ha tomado medidas para reparar las violaciones del debido proceso y un juicio parcial establecidas por la Comisión en el Informe No. 52/02”.  Sostienen, además, que “Estados Unidos ha avanzado muy poco en el cumplimiento de la segunda recomendación de la Comisión, contenida en el Informe No. 52/02, y de hecho ha debilitado el derecho de notificación consular al retirarse del Protocolo Opcional de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y al no ejecutar la sentencia Avena de la Corte Internacional de Justicia”. 




  1. La carta de los peticionarios se remitió al Estado junto con una solicitud de información el 20 de agosto de 2008, y otra carta en la que se solicitaba información actualizada fue enviada el 5 de noviembre de 2008.  El Estado respondió el 6 de enero de 2009, reiterando la posición expuesta en la carta del 5 de marzo de 2007, resumida más arriba.




  1. El 12 de noviembre de 2009, la CIDH solicitó a las dos partes que en el plazo de un mes presentaran información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 14 de diciembre de 2009, el Estado solicitó una prórroga, a la que no se pudo acceder debido al cronograma para la preparación del Informe Anual de este año. Los peticionarios no respondieron dentro del plazo establecido.




  1. El 18 de noviembre de 2010, la CIDH solicitó nuevamente a ambas partes que presenten información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones, en el plazo de un mes. Ninguna de las partes suministró a la Comisión Interamericana la información solicitada, dentro del plazo fijado. Sin embargo, el 23 de junio de 2010, el Estado envió una carta en la cual “informa sobre medidas tomadas en la Nación, en implementación de las obligaciones de los Estados Unidos bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (CVRC)”. El Estado declara que toma muy seriamente sus obligaciones bajo la CVRC y luego procede a describir varias iniciativas que incluyen información, asesoramiento y entrenamiento en notificaciones y acceso consulares, para agentes de policía, fiscales y jueces a nivel federal, estatal y local. Asimismo, se refiere a la publicación y distribución masiva de un manual preparado por el Departamento de Estado con instrucciones e información completa y útil para agentes que detengan o arresten a nacionales extranjeros. Otros medios utilizados por el Estado para distribuir esta información incluyen fichas de bolsillo para agencias de policía, prisiones y otras entidades a lo largo del país, así como páginas web sociales y sesiones de información y entrenamiento, todos encaminados a “llamar la atención e incrementar el cumplimiento con las obligaciones de notificaciones y acceso consulares y sobre como las violaciones alegadas son remediadas y resueltas.”




  1. La presentación del Estado de junio de 2010 no hace ninguna referencia a la primera recomendación.




  1. Con base en la información recibida, la Comisión concluye que el Estado ha cumplido parcialmente con las recomendaciones. En consecuencia, continuará supervisando los asuntos pendientes de cumplimiento.


Caso 11.140, Informe No. 75/02, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos)


  1. En el Informe No. 75/02, fechado el 27 de diciembre de 2002, la CIDH concluyó que el Estado no había garantizado el derecho de las Dann a la propiedad, en condiciones de igualdad, en contravención de los artículos II, XVIII y XXIII de la Declaración Americana, en relación con sus reivindicaciones de los derechos de propiedad por las tierras ancestrales Western Shoshone.




  1. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

 

1. Otorgue a Mary y Carrie Dann una reparación efectiva que incluya la adopción de las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar el respeto del derecho de las Dann a la propiedad, de acuerdo con los artículos II, XVIII y XXIII de la Declaración Americana, en relación con sus reivindicaciones del derecho de propiedad por las tierras Western Shoshone.



 

2. Revise su legislación, procedimientos y prácticas para garantizar que los derechos de propiedad de los indígenas se determinan de acuerdo con los derechos establecidos en la Declaración Americana, incluidos sus artículos II, XVIII y XXIII.



 

  1. El Estado no ha suministrado a la Comisión información actualizada respecto al cumplimiento de las recomendaciones en este Caso. Sin embargo, en una reunión de trabajo que tuvo lugar en el curso del 127º período ordinario de sesiones, en marzo de 2007, el Estado reiteró su posición de larga data de que las reivindicaciones de tierras de los Shoshones Occidentales fueron debidamente resueltas por la Comisión de Reivindicaciones Indígenas de 1962, por lo que considera cerrada la materia en cuestión. El Estado agregó que este Caso se relaciona con una controversia dentro de la comunidad y que existen numerosas órdenes ejecutivas sobre la protección de los derechos de los indígenas.  En cuanto a la cuestión de los recientes proyectos de minería en las tierras en litigio, el Estado afirmó que ha adoptado medidas atenuantes.




  1. En comunicaciones del 21 de noviembre de 2007 y 12 de diciembre de 2007, los peticionarios indicaron que Estados Unidos no ha hecho nada para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión en este Caso. Además, los peticionarios afirman que Estados Unidos también ha violado los derechos de las víctimas en este Caso al implementar las medidas siguientes: la continuación de los planes de depositar desechos nucleares en las tierras ancestrales de los Shoshones occidentales; el avance en el acueducto que drenaría aguas del acuífero subyacente a las tierras de los Shoshones occidentales; la continuación de los procesos de aprobación de la expansión de la minería aurífera y la autorización del pastoreo en zonas con significado espiritual y cultural; el avance en la venta de las tierras ancestrales de los Shoshones occidentales en el marco de los planes de expansión de la minería y el arrendamiento para la explotación de petróleo y gas; la aprobación de la construcción de una usina eléctrica a carbón en tierras de los Shoshones occidentales, y la amenaza de la quema controlada de casi 60.000 acres de tierras ancestrales de los Shoshones occidentales.  En vista de lo anterior, los peticionarios solicitaron a la Comisión que realizara una visita de investigación in situ del territorio de los Shoshones occidentales y recomendara un taller de capacitación para funcionarios públicos sobre los derechos humanos internacionales de los pueblos indígenas.




  1. La CIDH solicitó información actualizada a ambas partes el 5 de noviembre de 2008.  Estados Unidos respondió mediante carta fechada el 6 de enero de 2009, reiterando su posición anterior en este asunto.  Por su parte, los peticionarios enviaron una carta el 5 de diciembre de 2008 en la que describían los “acontecimientos perturbadores” en cuanto al incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión por parte de los Estados Unidos.




  1. Además de otros asuntos, los peticionarios mencionan que, el 12 de noviembre de 2008, la Oficina de Administración de Tierras de los Estados Unidos aprobó oficialmente el Proyecto de Expansión Cortez Hills, un plan de la empresa Barrick Gold para “construir y operar una mina a cielo abierto utilizando lixiviación de cianuro en la ladera del Monte Tenabo” considerado “de gran importancia cultural y espiritual para los pueblos Shoshones occidentales”.  Además de la falta de acceso al lugar por los Shoshones, los peticionarios sostienen que esto “resultaría en nuevo hueco de 2.200 pies en la propia montaña en sí, además de las emisiones de cianuro, la desecación, la contaminación de mercurio y demás productos derivados dañinos”.  Agregan que “la decisión de expandir las operaciones mineras en el Monte Tenabo es directamente importante para las hermanas Dann, ya que se encuentran en su área de uso tradicional” y que han “presentado una denuncia a la Corte Federal del Distrito de Reno en la que procuran un remedio declaratorio y preceptivo para detener la mina”.




  1. Los peticionarios también consideran que los Estados Unidos han estado acosando a Carrie Dann, mandándole un aviso de recolección de deuda por una suma de US $6.433.231,40 en nombre del Departamento del Interior de los Estados Unidos por “no haber pagado las cuotas de pastoreo, una actividad que se basa en el uso tradicional y habitual de sus tierras ancestrales”.  Se han negado a pagar esta deuda por considerar que no se les puede cobrar por la “entrada ilegal del ganado” en sus propias tierras.




  1. Asimismo, los peticionarios mencionan que, “además del Proyecto de Expansión Cortez Hills en el Monte Tenabo, Estados Unidos continua avanzando en la expansión de otras minas de oro en todo el territorio de los Shoshones occidentales” sin su consentimiento.  En este sentido, señalan que el Estado está “avanzando en los planes para depositar desechos nucleares de alto nivel en las Montañas Yucca, Nevada” y que “se están ejecutando los planes para realizar perforaciones exploratorias de uranio en las colinas de la Montaña Merritt en el territorio de los Shoshones occidentales” y que dicha explotación “representará la perforación de 150 pozos y la creación de estanques de contención cerca de tres enclaves de nativos americanos”.  Los peticionarios también mencionan otros proyectos que afectarían a las tierras ancestrales de los Shoshones occidentales, como las concesiones geotérmicas, la construcción de una línea de transmisión de 234 millas a través de Nevada y un plan de explotación de los acuíferos para abastecer de agua a Las Vegas. 




  1. El 12 de noviembre de 2009, la CIDH solicitó a las dos partes que en el plazo de un mes presentaran información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 14 de diciembre de 2009, el Estado solicitó una prórroga, a la que no se pudo acceder debido al cronograma para la preparación del Informe Anual de este año.




  1. Por su parte, el 11 de diciembre de 2009, los peticionarios presentaron una comunicación detallada que inclulía varios anexos, con “observaciones sobre el incumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe No. 75/02”. Como parte de las observaciones, los peticionarios reiteran y actualizan la información que presentaran en diciembre de 2008. Con respecto a los hechos ocurridos durante el período comprendido por este Informe Anual, los peticionarios mencionan que el año pasado Estados Unidos continuó “avanzando en la expansión de otras explotaciones auríferas a cielo abierto en el territorio de los Shoshones occidentales, sin el consentimiento de estos”. Agregan que “el 1 de agosto de 2009, una fuente noticiosa pública informó que se habían descubierto filtraciones de agua radiactiva fuera del sitio de pruebas de Nevada, donde se realizaron 928 pruebas nucleares entre 1951 y 1992” y que, pese a que las zonas de filtraciones de aguas radiactivas se encuentran dentro de territorio de los Shoshone occidentales, no existe constancia alguna de que algún representante de este pueblo indígena haya sido consultado sobre las medidas que habrían de adoptarse para corregir la situación.




  1. Los peticionarios también mencionan en su más reciente comunicación que existe “un empuje masivo en favor de la explotación energética energía” en tierras de los Shoshone occidentales, sin el consentimiento de estos. Se hace referencia a varios proyectos de extracción de petróleo y gas, arrendamientos para extracción de energía y corredores de transmisión iniciados durante 2009. Según los peticionarios, con autorización del Gobierno de Estados Unidos, en 2009, “Barrick Gold empezó la detonación de explosivos y el escurrido del Monte Tenabo” y que las operaciones a pleno podrían comenzar ya en el primer trimestre de 2010, con graves consecuencias para esta zona, que tiene gran significado para los Shoshone occidentales, como se explicó antes. Los peticionarios agregan que Estados Unidos amenazan con iniciar una acción legal contra un miembro de la familia Dann por interferir con el retiro “autorizado a nivel federal” de objetos tradicionales de esta zona. También mencionan que se había presentado una denuncia “procurando una acción de reparación mediante orden judicial que detenga la extracción minera hasta la celebración de una audiencia en pleno sobre los méritos del caso” y que, en instancia de apelación, el Tribunal del Noveno Circuito dictó la orden judicial el 3 de diciembre de 2009. Los peticionarios señalan que, sin embargo, “la decisión se limitaba a las violaciones de la legislación federal sobre medio ambiente, y no atendía una preocupación por la protección de los derechos de los pueblos indígenas”, y que Barrick Gold ha indicado que continuará sus operaciones hasta que la instancia inferior dicte una orden formal que implemente la detención de la explotación.




  1. Otra cuestión planteada por los peticionarios es que Estados Unidos sigue enviando notificaciones sobre cobro de una deuda a Carrie Dann, a su familia en sentido amplio y a otros Shoshone occidentales. Específicamente, señalan que “el 23 de junio de 2009, cinco representantes del BLM de Estados Unidos comparecieron a la casa de la Sra. Dann y confirmaron verbalmente una ‘deuda’ pendiente de casi 6,5 millones de dólares y declararon que siguen vigentes las mismas políticas que dieron lugar en el pasado a la incautación de su ganado”.




  1. El 18 de noviembre de 2010, la CIDH solicitó nuevamente a ambas partes que presenten información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones, en el plazo de un mes. El Estado no presentó ninguna respuesta en el plazo fijado, pero los peticionarios enviaron sus “observaciones sobre incumplimiento” el 17 de diciembre de 2010.




  1. En su presentación, los peticionarios expresaron que “han pasado ocho años y aún los Estados Unidos no ha hecho nada para cumplir con estas recomendaciones, sino que ha empeorado acciones y amenazas adicionales contra las hermanas Danns y otros Western Shoshone y las tierras que tradicionalmente usan y ocupan. Asimismo, expresaron su preocupación porque consideran que “la administración actual recientemente ha tomado la posición de que limitarán la aplicación de normas internacionales de derechos humanos, a su legislación y políticas existentes respecto de Pueblos Indígenas.”




  1. Los peticionarios sostienen que el Estado no ha cumplido con la primera recomendación y presentan al respecto información sobre la autorización de una mina de oro a cielo abierto en Monte Tenabo, el cual describen como de “una gran significancia espiritual y cultural para la familia Dann y el pueblo de Western Shoshone en general”. Los peticionarios indican que la “escalada de operaciones mineras en y alrededor del Monte Tenabo, es significativo para las Danns, ya que se encuentra dentro del área tradicional de su uso” y que “las operaciones han cerrado el acceso a un lugar previamente utilizado por las Danns para ceremonias y encuentros, amenazan vida vegetal esencial para las costumbres de los Western Shoshone y pueden dañar un manantial sagrado adyacente.”




  1. En su última comunicación, los peticionarios también indicaron que “Estados Unidos continúa con la extracción de recursos y otras actividades destructivas”, lo que incluye minas de oro y litio en tierras tradicionales y lugares espirituales de los Western Shoshone. También aluden a la continuación del proyecto de utilizar la Montaña Yucca como lugar de desechos nucleares, y a la proyectada construcción de una tubería en tierras de los Western Shoshone para proveer agua al valle de Las Vegas. Los peticionarios indican que durante julio de 2010 el Estado de Nevada aprobó la construcción de una línea de transmisión eléctrica de 235 millas y que otros siete proyectos de transmisión están pendientes de aprobación. También refieren la construcción de un gasoducto para gas natural de 678 millas, que comenzó el 31 de julio de 2010, el cual impactará por lo menos en 4,854 acres en Nevada; los peticionarios sostienen que esto “dañará y restringirá el acceso de numerosos Western Shoshone a lugares espirituales y culturales, además de utilizar 210 millones de galones de aguas subterráneas de Nevada”.




  1. Respecto de la segunda recomendación, los peticionarios expresaron:

Es improbable que los Estados Unidos “revisen sus leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que los derechos de propiedad de personas indígenas sean determinados de acuerdo a los derechos establecidos en la Declaración Americana…” considerando su reciente posición respecto de la Declaraciones de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (“Declaración de la ONU”), que limita sus derechos inherentes que reconoce la política existente en los Estados Unidos hacia los Pueblos Indígenas.


En su reciente manifestación respecto de la Declaración de la ONU, los Estados Unidos hacen varias referencias a la implementación de derechos de acuerdo a leyes y políticas federales existentes, incluyendo: “[la Declaración] expresa aspiraciones de los Estados Unidos, aspiraciones que este país busca lograr dentro de la estructura de la Constitución de los Estados Unidos, leyes y obligaciones internacionales, buscando también, cuando resulte apropiado, mejorar nuestras leyes y políticas”. La posición de los Estados Unidos también reduce el derecho de consentimiento previo e informado a una “consulta” de acuerdo a su política existente.
Si esto representa alguna indicación de la posición de los Estados Unidos respecto de conformar sus leyes a los estándares internacionales de derechos humanos, entonces hay poca esperanza de cumplimiento de la recomendación de la Comisión de que los Estados Unidos asegure que sus leyes sean consistentes con los derechos de propiedad indígena, según se encuentran definidos por la Declaración Americana. Los Estados Unidos debe elevar sus propias leyes y políticas al estándar mínimo contenido en la Declaración de la ONU y la Declaración Americana.


  1. Sobre la base de la información disponible, la Comisión concluye que las recomendaciones formuladas en el Informe No. 75/02 siguen pendientes de cumplimiento. En consecuencia, la CIDH continuará supervisando su cumplimiento.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal