D. Estado de cumplimiento de las recomendaciones de la cidh



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CAS0

CUMPLIMIENTO TOTAL

CUMPLIMIENTO PARCIAL

PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO

Caso 11.312,  Informe No. 66/03, Emilio Tec Pop (Guatemala)




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Caso 11.766, Informe No. 67/03, Irma Flaquer (Guatemala)




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Caso 11.197, Informe No. 68/03, Comunidad San Vicente de los Cimientos (Guatemala)




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Petición 9168, Informe No. 29/04, Jorge Alberto Rosal Paz (Guatemala)




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Petición 133-04, Informe No. 99/05, José Miguel Mérida Escobar (Guatemala)




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Caso 10.855, Informe No. 100/05, Pedro García Chuc (Guatemala)




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Caso 11.171, Informe No. 69/06, Tomas Lares Cipriano (Guatemala)




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Caso 11.658, Informe No. 80/07, Martín Pelicó Coxic (Guatemala)




X




Caso 12.264, Informe No. 1/06, Franz Britton (Guyana)







X

Caso 12.504, Informe No. 81/07 Daniel y Kornel Vaux (Guyana)







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Caso 11.335, Informe No. 78/02, Guy Malary (Haití)







X

Casos 11.826, 11.843, 11.846 y 11.847, Informe N° 49/01, Leroy Lamey, Kevin Mykoo, Milton Montique y Dalton Daley (Jamaica)





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Caso 12.069, Informe No. 50/01, Damion Thomas (Jamaica)





X



Caso 12.183, Informe No. 127/01, Joseph Thomas (Jamaica)





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Caso 12.275, Informe No. 58/02, Denton Aitken (Jamaica)




X




Caso 12.347, Informe No. 76/02, Dave Sewell (Jamaica)




X




Caso 12.417, Informe No. 41/04, Whitley Myrie (Jamaica)







X

Caso 12.418, Informe No. 92/05, Michael Gayle (Jamaica)




X




Caso 12.447, Informe No. 61/06, Derrick Tracey (Jamaica)




X




Caso 11.565, Informe No. 53/01, Hermanas González Pérez (México)







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Caso 11.807, Informe No. 69/03, José Guadarrama (México)12

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Petición 388-01, Informe 101/05 Alejandro Ortiz Ramírez (México)13

X







Caso 12.130, Informe N° 2/06, Miguel Orlando Muñoz Guzmán (México)







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CAS0

CUMPLIMIENTO TOTAL

CUMPLIMIENTO PARCIAL

PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO

Petición 161-02, Informe No. 21/07, Paulina del Carmen Ramírez Jacinto (México)




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Caso 11.381, Infororme No. 24/09 Reyes Penagos Martínez y otros (México)




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Caso 12.228, Informe No. 117/09 Alfonso Martín del Campo Dodd (México)







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Petición 11.822 (Mme No. 100/01, Milton García Fajardo (Nicaragua)




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Caso 11.506, Informe No. 77/02, Waldemar Gerónimo Pinheiro y José Víctor Dos Santos (Paraguay)







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Caso 11.607, (Informe No. 85/09 Víctor Hugo Maciel (Paraguay)




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Caso 11.800, Informe No. 110/00, César Cabrejos Bernuy (Perú)

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Caso 11.031, Informe No. 111/00, Pedro Pablo López González y otros (Perú)




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Caso 11.099, Informe No. 112/00, Yone Cruz Ocalio (Perú)




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Casos 10.247 y otros, Informe No. 101/01, Luis Miguel Pasache Vidal y otros (Perú)




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Caso 12.035; Informe No. 75/02, Pablo Ignacio Livia Robles (Perú)14

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Caso 11.149, Informe No. 70/03 Augusto Alejandro Zúñiga Paz (Perú)15

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Caso 12.191, Informe No. 71/03, María Mamerita Mestanza (Perú)




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Caso 12.078, Informe No. 31/04, Ricardo Semoza Di Carlo (Perú)




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Petición 185-02, Informe No. 107-05, Roger Herminio Salas Gamboa (Perú)




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Caso 12.033, Informe No. 49/06, Rómulo Torres Ventocilla (Perú)16

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Petición 711-01 y otras, Informe No. 50/06, Miguel Grimaldo Castañeda Sánchez y Otros (Perú); Petición 33-03 y otras, Informe No. 109/06, Héctor Núñez Julia y otros (Perú); Petición 732-01 y otras, Informe 20/07 Eulogio Miguel Melgarejo y otros; Petición 758-01 y otras, Informe No 71/07 Hernán Atilio Aguirre Moreno y otros; Petición 494-04 (Perú)




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Petición 494-04, Informe No. 20/08 Romeo Edgardo Vargas Romero (Perú)




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Caso 12.269, Informe No. 28/09 Dexter Lendore (Trinidad y Tobago)







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CAS0

CUMPLIMIENTO TOTAL

CUMPLIMIENTO PARCIAL

PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO

Caso 11.500, Informe No. 124/06, Tomás Eduardo Cirio (Uruguay)

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Caso 12.553, Informe No. 86/09 Jorge José y Dante Peirano Basso (Uruguay)




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Petición 12.555 , Informe No. 110/06, Sebastián Echaniz Alcorta y Juan Víctor Galarza Mendiola (Venezuela)







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Caso 11.804, Informe No. 91/03, Juan Ángel Greco (Argentina)


  1. El 22 de octubre de 2003, mediante Informe No. 91/03 la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso de Juan Ángel Greco.  En resumen, los peticionarios alegaron que el 25 de junio de 1990 el Sr. Greco, 24 años de edad, fue detenido ilegalmente y maltratado cuando trataba de obtener asistencia policial al denunciar una agresión.  Los peticionarios señalaron que mientras el Sr. Greco estaba detenido en la Comisaría de Puerto Vilelas, Provincia del Chaco, se produjo un incendio en su celda, en circunstancias no aclaradas, que le provocó graves quemaduras.  Asimismo, sostuvieron que la Policía era responsable de provocar el incendio y de demorar varias horas el traslado de la víctima al hospital.  El Sr. Greco estuvo hospitalizado hasta su fallecimiento, el 4 de julio de 1990, y enterrado, conforme a lo denunciado por los peticionarios, sin una autopsia adecuada.  Los peticionarios señalaron también que el Estado no realizó una investigación adecuada para aclarar los hechos aducidos, con lo cual denegó a la familia su derecho a que se hiciera justicia y a obtener una indemnización.




  1. De conformidad con el acuerdo amistoso, el Estado se comprometió a:

1. Reparar económicamente a los familiares de Juan Ángel Greco en la suma de Pesos Trescientos Mil ($300.000) que se pagarán a la Sra. Zulma Bastianini de Greco a razón de Pesos Treinta Mil ($30.000) mensuales en el plazo previsto en el Punto 3 del presente Item, comprendiendo la misma daño material, daño moral, lucro cesante, gastos, honorarios y todo otro rubro que pudiera derivarse de la responsabilidad asumida por la Provincia del Chaco.


2. Enviar a los peticionarios y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por intermedio de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, fotocopia certificada y legalizada de dos causas en la que la Provincia de Chaco ha solicitado el reexamén.

 

3. Instar, en el marco de sus competencias, la reapertura de Ia causa penal y las investigaciones correspondientes.



 

4. Disponer la reapertura del sumario administrativo N°130/91-250690-1401 una vez reabierta la causa penal.

 

5. Asegurar en el marco de sus competencias, el acceso de los familiares de la víctima a las investigaciones judiciales y administrativas.


6. Publicar el acuerdo en los principales medios de prensa gráficos nacionales y de la provincia del Chaco.

 

7. Continuar impulsando medidas legislativas y administrativas para una mejor protección de los Derechos Humanos. Al respecto el Estado dejo constancia en el acuerdo de que se había elaborado y remitido a la Cámara de Diputados de la Provincia para su estudio y aprobación un Proyecto de Ley a través del cual se crea una Fiscalía Penal de Derechos Humanos.



 

8. Fortalecer la tarea de la Comisión Permanente de Control de los Centros de Detención creada por Resolución del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo de la Provincia del Chaco Nro. 119, de fecha 24 de febrero de 2.003.



 

9. Acentuar la tarea del Órgano de Control Institucional (O.C.I.) creado por el Art. 35 de la Ley Orgánica Policial de la Provincia del Chaco N° 4.987 diseccionándolo hacia una más efectiva protección de los derechos humanos, por parte de la Policía de la Provincia. En ese sentido, el Estado deja constancia que por iniciativa del Poder Ejecutivo se constituyó en el ámbito de la Cámara de Diputados, el Consejo Provincial para la Promoción y Educación de los Derechos Humanos creado por Ley Nro. 4.912, para lo cual ya se han designado y convocado los representantes de los distintos organismos y poderes intervinientes. 




  1. El 13 de noviembre de 2009, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones. 




  1. En relación con las medidas de reparación pecuniarias, conforme fuera informado en anteriores presentaciones, el Estado indicó en su respuesta que mediante Decreto 19/2004 el Poder Ejecutivo provincial autorizó a la Dirección de Administración del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo a liquidar y abonar a la Sra. Zulma Bastianini de Greco la suma de Pesos Trescientos Mil ($300.000) que serían pagadas en diez cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Treinta Mil ($30.000) dentro de los diez (10) días hábiles de cada mes. Asimismo, que con fecha 1 de marzo de 2005, el Ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo de la Provincia de Chaco informó que en fecha 29 de octubre de 2004 se efectuó el décimo depósito de los pagos establecidos por el Decreto 19/04. En dicho decreto el Poder Ejecutivo provincial estableció expresamente que el monto indemnizatorio no estaría sujeto al pago de ningún impuesto, contribución o tasa existente o por cerrarse.




  1. En relación con las medidas de reparación no pecuniaria, el Estado informó que conforme a lo establecido por el Decreto 19/2004, el Acuerdo de Solución Amistosa fue publicado en dos diarios de circulación nacional (Clarin y Ámbito Financiero) y cuatro de circulación local (Norte, El Diario, Primera Línea y La Voz del Chaco). En cuanto al compromiso de continuar impulsando medidas legislativas y administrativas para dar una mejor protección a los derechos humanos, el Estado hizo mención a la sanción, el 16 de mayo de 2006, de la Fiscalía Especial Penal en materia de Derechos Humanos (Ley 5702), que se encuentra actualmente en funcionamiento. Finalmente, el Estado reiteró que en el caso se reabrió la causa penal y el sumario administrativo llevado a cabo contra el Comisario Principal de la Policía Juan Carlos Escobar, el Subcomisario de Policía Adolfo Eduardo Valdez y el Sargento Primero Julio Ramón Obregon, a fin de deslindar las responsabilidades correspondientes; e informó que dichos expedientes se encuentran en plena sustanciación.




  1. El 23 de noviembre de 2010, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones pendientes de cumplimiento.




  1. En relación con las investigaciones judiciales, el Estado remitió en su comunicación del 12 de enero de 2011 el informe elaborado por el Gobierno de la Provincia del Chaco con relación a la intervención del Fiscal en lo Penal Especial de Derechos Humanos en el trámite judicial de la causa judicial caratulada “Escobar, Juan Carlos y otros s/ Abandono de Persona Seguido de Muerte”, Expte. No. 5.145/03, según el cual al 20 de octubre de 2010 las autoridades judiciales no habían notificado lo resuelto en relación con dicha intervención en la causa.




  1. Por su parte, los peticionarios indicaron en su comunicación de 21 de diciembre de 2010 que en reiteradas ocasiones denunciaron la falta de avances en las investigaciones debido a la reticencia de las autoridades judiciales. Informaron que luego de la muerte de la madre de la víctima la responsabilidad del Estado quedó en una mayor evidencia, y que difícilmente se producirían avances concretos en la causa si los Estados nacional y provincial no asumían una actitud más activa.




  1. Los peticionarios reiteraron la información según la cual, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de la Provincia de Chaco solicitó ser tenido como “querellante particular” en la causa. Al respecto, los peticionarios advierten que si bien, a su juicio, no es función del Ministerio Público constituirse en querellante sino instar la acción pública, carecen de información sobre la resolución adoptada por los autoridades judiciales en relación con dicha solicitud, así como sobre las medida que eventualmente haya solicitado la Fiscalía en tal carácter. Asimismo, indican que en la reunión de trabajo sostenida por las partes a instancias de la CIDH en febrero de 2010, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se comprometió a explorar la posibilidad de constituirse en querellante en la causa, sobre lo cual tampoco han recibido información alguna.




  1. En cuanto al procedimiento administrativo, los peticionarios indicaron que continúan sin conocer el estado del trámite del mismo; y en ese sentido reiteran su preocupación por el riesgo de que se aplique la prescripción y de que dicho procedimiento sea supeditado al penal, cuando se trata de dos vías de diferente naturaleza.




  1. Finalmente, en cuanto a las reformas normativas, los peticionarios celebraron la sanción y promulgación de la ley provincial No. 6483 de 2010 que crea el Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes. Los peticionarios consideran que dicho paso fundamental debe ser concretado mediante la adopción de medidas específicas para lograr su puesta en funcionamiento.




  1. En relación con el punto 7º del Acuerdo, los peticionarios reiteraron sus observaciones sobre las serias insuficiencias en torno a las atribuciones y competencias conferidas por ley No. 5.702 a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, sobre la cual además indican que carece de autonomía funcional. Insisten en que si bien la ley denomina “Fiscal” a la figura que crea, se trata meramente de un cargo público, que como en el presente caso, solo tiene facultades para denunciar y constituirse en querellante, para la cual requiere ser habilitado por el juez. Con respecto al cumplimiento de dicho punto del Acuerdo, los peticionarios consideran que es necesario promover una reforma legislativa para modificar la figura de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.




  1. En relación con los compromisos adquiridos por el Estado, la Comisión ya dio por cumplidos tanto los aspectos del acuerdo de solución amistosa relacionados con la indemnización monetaria, como los aspectos relacionados con la publicación del mismo. Sin embargo, con base en la información recibida, la Comisión considera que los aspectos relacionados con el deber de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de Juan Ángel Greco, siguen pendientes. 




  1. Por lo expuesto, la CIDH concluye que el acuerdo de solución amistosa se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.

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