D. Estado de cumplimiento de las recomendaciones de la cidh



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Caso 12.080, Informe No. 102/05, Sergio Schiavini y María Teresa Schnack (Argentina)


  1. El 27 de octubre de 2005, mediante Informe No. 102/05 la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso de Sergio Schiavini y María Teresa Schnack.  En resumen, los peticionarios habían planteado alegatos referentes a la responsabilidad del Estado por la muerte de Sergio Andrés Schiavini, ocurrida el 29 de mayo de 1991 durante un enfrentamiento entre miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y un grupo de asaltantes que tomaron como rehenes a varias personas entre las que se encontraba el joven Schiavini.  Los peticionarios señalaron como agravios por parte del Estado el uso excesivo de la fuerza durante el tiroteo; la denegación de protección y garantías judiciales; y los actos de persecución a los que se ha visto sometida María Teresa Schnack a partir la muerte de su hijo, Sergio Schiavini, por impulsar los procesos de investigación.




  1. Por medio del acuerdo de solución amistosa, el Estado reconoció su responsabilidad por “los hechos sucedidos y la violación de los derechos y garantías reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos que surgen del informe de admisibilidad No. 5/02 adoptado por la CIDH en el marco de su 114º período ordinario de sesiones. 




  1. De conformidad con dicho acuerdo, el Estado se comprometió a:

1.  Constituir un Tribunal Arbitral "ad-hoc"  a efectos de que éste determine el monto de las reparaciones pecuniarias debidas a los causahabientes de Sergio Andrés Schiavini, integrado por tres expertos independientes, de reconocida versación en materia de derechos humanos y alta calidad moral, uno designado a propuesta de los peticionarios, el segundo a propuesta del Estado nacional y el tercero a propuesta de los dos expertos designados por las partes. El Tribunal deberá estar integrado, a más tardar, dentro de los 30 días siguientes a la aprobación del presente acuerdo por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

 

2. Definir de común acuerdo el procedimiento a aplicar, labrando un acta y enviándola a la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A tal efecto, las partes designarán un representante para participar en las deliberaciones sobre el procedimiento. A efectos de representar al Estado nacional, delégase en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la designación de un funcionario del área con competencia en materia de derechos humanos en ambos Ministerios.



 

3. Conformar un grupo de trabajo técnico, al que se invitará a participar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a efectos de realizar los estudios y diligencias necesarias para someter a consideración del Poder Legislativo, y en su Caso, de las autoridades que fueran competentes, de las siguientes iniciativas tendientes a adoptar las medidas necesarias para adecuar a estándares internacionales la normativa actualmente en vigor, de conformidad con el punto 2 del acta de fecha 11 de noviembre de 2004:

 

a) Proyecto de reforma legislativa que establezca la obligatoriedad, sin excepción, de la realización de autopsias en todo Caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, incluyendo la prohibición de la participación en la misma de los miembros de las fuerzas de seguridad en aquellos hechos en los que hayan tenido participación;



 

b) Proyecto de reforma al Código Procesal Penal de la Nación mediante el cual se incorpora el derecho de los familiares de la víctima de optar por designar un perito de parte con carácter previo a la realización de la autopsia;

 

c) Análisis de la normativa vigente relacionada con la actuación del cuerpo médico forense, con el objeto de evaluar la posibilidad de modificaciones que contribuyan a garantizar transparencia y eficacia en el ejercicio de sus funciones;



 

d) Proyecto de reforma al Código Procesal Penal de la Nación, mediante la cual se introduce, como causal de revisión, la violación de derechos humanos;

 

e) Proyecto de reforma al Código Penal de la Nación, mediante la cual se introduce, como causal de suspensión o interrupción del curso de la prescripción, la violación de derechos humanos;



 

f) Evaluación de la legislación interna en materia de toma de rehenes y uso de la fuerza, a efectos de adecuarla a los estándares internacionales conforme al principio N° 3 de la Resolución 1989/65 de la ONU;

 

g) Propuesta de que, para el eventual Caso de que el recurso de revisión vinculado con el Caso Schiavini interpuesto por la Procuración General provincial ante la Sala 111 del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires no prospere, se constituya una "Comisión de la Verdad”, a cargo del Estado nacional, con el objeto facilitar la tutela efectiva de tal derecho;



 

h) Elaboración de un proyecto normativo mediante el cual se establezca un procedimiento para la tramitación y diligenciamiento de las peticiones que se sustancien ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que contemple la creación de un órgano específico con competencia en el proceso de toma de decisiones - incluyendo la institución de la "solución amistosa" - y un mecanismo de cumplimiento de las recomendaciones y/o sentencias de la Comisión y/o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

4. Facilitar las actividades del grupo de trabajo, y proporcionar el soporte técnico y el uso de las instalaciones que sean necesarias para el desarrollo de su tarea, a informar periódicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de los resultados de la gestión encomendada al grupo técnico, invitándose a la Comisión a participar activamente en la evaluación de los proyectos que de allí surjan, como así también del seguimiento y desarrollo de tales iniciativas.



 

5. Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la República Argentina, en el diario "La Unión" de Lomas de Zamora, y en los diarios "Clarín", "La Nación" y "Página/12", una vez homologado.




  1. El 19 de noviembre de 2010, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. 




  1. Mediante comunicación de fecha 13 de enero de 2011, el Estado presentó información sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de los puntos que conforman el anterior acuerdo de solución amistosa. En cuanto a las medidas de reparación pecuniarias el Estado invocó la conclusión de la CIDH en su Informe Anual 2009, según la cual los aspectos relativos a la indemnización monetaria se encuentran cumplidos. En efecto, el laudo arbitral correspondiente fue efectivizado mediante el pago de la reparación pecuniaria a favor de los beneficiarios, en fecha 22 de octubre de 2007, mediante un depósito bancario.




  1. En relación con las medidas de reparación no pecuniarias, el Estado informó los siguientes avances: En primer lugar, informó sobre la conformación de la Comisión de la Verdad la cual está integrada por el Dr. Martín Esteban Scotto, nombrado por la parte peticionaria, el Dr. Carlos Alberto Beraldi, propuesto por el Estado Nacional, y el Dr. Héctor Granillo Fernández, designado por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, indicó que con el fin de que dicha Comisión inicie sus trabajos se solicitó al gobierno provincial copia de tres causas judiciales y de una administrativa, las cuales fueron detalladas por el Estado en su presentación. Adicionalmente, informó sobre la reunión de trabajo celebrada el 1 de septiembre de 2010, en la que los expertos integrantes de la Comisión acodaron trabajar conjuntamente en el borrador del Reglamento de la Comisión.




  1. Segundo, con respecto a las reformas normativas comprometidas, el Estado informó que los respectivos proyectos se encuentran en evaluación en las áreas estatales correspondientes. En cuanto a la reforma normativa tendiente a ordenar los procedimiento ante los Organismos Internacionales de promoción y protección de Derechos Humanos, el Estado informó que se llevó a cabo una reunión de trabajo convocada en el marco del 140º período de sesiones de la CIDH, en la que participaron la Comisionada Luz Patricia Mejía, representantes del CELS y CEJIL y funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y de la Cancillería. En dicha reunión se expusieron los avances producidos en la preparación del proyecto de resolución conjunta, así como sobre la posibilidad de avanzar en un proyecto normativo de mayor jerarquía en cumplimiento de lo acordado en el presente seguimiento.




  1. Con base en la información disponible, la Comisión concluye aparte de los aspectos del acuerdo relacionados con la indemnización monetaria, las demás medidas de reparación, continúan pendientes de cumplimiento.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que el acuerdo amistoso se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 12.298, Informe No. 81/08, Fernando Horacio Giovanelli (Argentina)


  1. El 30 de octubre de 2008, mediante el Informe No. 81/08 la Comisión aprobó el acuerdo de solución amistosa suscrito por las partes en el Caso 12.298, Fernando Horacio Giovanelli. En resumen, los peticionarios habían planteado alegatos referentes a la responsabilidad del Estado por la muerte de Fernando Horacio Giovanelli, quien alrededor de las 21:45 horas del 17 de octubre de 1991, a escasos metros de su hogar fue interceptado por funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y luego de requerirle su identificación, lo detuvieron y trasladaron en un móvil sin identificación a la sede de la Comisaría Tercera de Quilmes. Los peticionarios sostienen, que en dicho local policial la presunta víctima fue brutalmente golpeada y luego trasladada hasta la ubicación del Puente 14 de Agosto (Partido de Quilmes) a pocos metros de la comisaría, donde fue arrojada a la vereda y asesinada por uno de los agentes policiales con un disparo de arma de fuego en su cabeza (con ingreso en el lóbulo de la oreja izquierda).También afirmaron, que con posterioridad su cuerpo fue trasladado hasta la zona conocida como “Villa Los Eucaliptos”, la cual pertenece a la jurisdicción de la Comisaría y, arrojado aproximadamente dos horas y media después de su muerte enfrente de la villa miseria.  En relación con la investigación de los hechos, los peticionarios alegaron que la versión de los hechos expuesta en el atestado policial que sirvió de base para la respectiva causa penal estaba lleno de inconsistencias; que la investigación policial fue deliberadamente orientada para encubrir la verdad del homicidio; y que los distintos jueces que tuvieron a cargo la causa se limitaron a producir prueba poco conducente para el esclarecimiento de la muerte del joven Giovanelli y, no confrontaron los elementos que aparecieron confusos, sospechosos y contradictorios en la causa.




  1. Por medio del acuerdo de solución amistosa, suscrito el 23 de agosto de 2007, el Gobierno de la República Argentina manifestó su voluntad de asumir responsabilidad objetiva en el ámbito internacional en su calidad de Estado parte de la Convención y solicitó a la Comisión tener por reconocidas las violaciones alegadas en los términos de la petición.




  1. De conformidad con dicho acuerdo, el Estado se comprometió a:


a. Medidas de reparación pecuniarias

 

1. Las partes convienen en constituir un Tribunal Arbitral "ad-hoc", a efectos de que éste determine el monto de las reparaciones pecuniarias debidas a los peticionarios, conforme a los derechos cuya violación se ha tenido por reconocida, y de acuerdo con los estándares internacionales que sean aplicables.



 

2. El Tribunal estará integrado por tres expertos independientes, de reconocida versación en materia de derechos humanos y alta calidad moral, uno designado a propuesta de los peticionarios, el segundo a propuesta del Estado nacional y el tercero a propuesta de los dos expertos designados por las partes. El Tribunal deberá estar integrado, a más tardar, dentro de los 30 días siguientes a la aprobación del presente acuerdo por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

 

3. El procedimiento a aplicar será definido de común acuerdo entre las partes, de cuyo contenido se dejará constancia en un acta cuya copia se elevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A tal efecto, las partes designarán un representante para participar en las deliberaciones sobre el procedimiento. A efectos de representar al Estado nacional, delégase en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la designación de un funcionario del área con competencia en materia de derechos humanos en ambos Ministerios.


4. El laudo del tribunal arbitral será definitivo e irrecurrible. El mismo deberá contener el monto y la modalidad de las reparaciones pecuniarias acordadas, los beneficiarios de las mismas, y la determinación de las costas y honorarios que pudieran corresponder, tanto en el procedimiento llevado a cabo en el ámbito internacional como en la instancia arbitral, debiendo ser sometido a la evaluación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del proceso de seguimiento del cumplimiento del acuerdo, con el objeto de verificar que el mismo se ajusta a los parámetros internacionales aplicables. Los montos reconocidos en el laudo serán inembargables y se encontrarán exentos del pago de todo impuesto, contribución o tasa existente o por crearse.

 

5. Los peticionarios renuncian, de manera definitiva e irrevocable, a iniciar todo otro reclamo de naturaleza pecuniaria contra el Estado Nacional en relación con el presente caso. Asimismo, ceden y transfieren a favor del Estado Nacional todos los derechos litigiosos que pudieran corresponderle en virtud de los hechos denunciados contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, obligándose a suscribir el correspondiente instrumento ante Escribano Público Nacional dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del cumplimiento efectivo del pago del monto que resultare del laudo arbitral.



 

6. Sin perjuicio de la precedente cesión a su favor, y a todo evento, el Estado nacional manifiesta que se reserva su derecho a repetir las sumas efectivamente abonadas a los peticionarios que determine el Tribunal Arbitral contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, mediante la detracción de tales montos de las sumas que pudieran corresponder a la citada provincia como consecuencia de la ley de coparticipación federal, y/o cualquier otra vía que fuera jurídicamente procedente.

 

b. Medidas de reparación no pecuniarias

 

1. El Gobierno de la República Argentina se compromete a dar a publicidad el presente acuerdo una vez que éste sea homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conforme lo dispuesto por el artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el "Boletín Oficial de la República Argentina", y en un diario de alcance nacional mediante una gacetilla de prensa, cuyo texto será consensuado previamente con los familiares de la víctima.



 

2. El Gobierno de la República Argentina asume el compromiso de invitar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a que informe respecto del estado de los siguientes expedientes que se encuentran radicados en dependencias públicas de la jurisdicción provincial, hasta su definitiva conclusión:

 

a) Expediente Nº 1-2378 caratulado "N.N. s/Homicidio - víctima: Giovanelli, Fernando Horacio" en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Transición Nº 3 del Departamento Judicial de Quilmes, Provincia de Buenos Aires.



 

b) Expediente N° 3001-1785/00 caratulado "Suprema Corte de Justicia - Secretaría General S/Situación Irregular observada en la tramitación de la causa Nº 1-2378 del Juzgado Criminal y Correccional de Transición Nº 3 de Quilmes", en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires - Oficina de Control Judicial e Inspección.

 

3. El Gobierno de la República Argentina se compromete a invitar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a evaluar la posibilidad de incorporar el caso "Giovanelli" a los planes de estudio actualmente en vigencia en los institutos de formación policial como medida de no repetición de prácticas violatorias de derechos humanos.



 

4. El Gobierno de la República Argentina se compromete a elaborar un proyecto normativo mediante el cual se establezca un procedimiento para la tramitación y diligenciamiento de las peticiones que se sustancien ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que contemple el proceso de toma de decisiones —incluyendo la institución de la "solución amistosa"—, un mecanismo de tratamiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y un procedimiento de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en consonancia con lo prescripto en el artículo 28 (cláusula federal) en relación con los artículos 1 inciso 1 (obligación genérica de respeto y garantía) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno), de la Convención Americana de Derechos Humanos.




  1. El 22 de diciembre de 2009, el Estado informó sobre la conformación del Tribunal Arbitral ad-hoc que determinará el pago de las reparaciones pecuniarias a los familiares de Fernando Horacio Giovanelli. El 1 de junio de 2010 la peticionaria envió copia a la CIDH del laudo arbitral emitido en abril de 2010, y solicitó su aprobación. Dicha solicitud es reiterada por los peticionarios el 4 de julio y el 18 de agosto de 2010, fecha en la que informó sobre el fallecimiento del Sr. Guillermo Giovanelli.




  1. Según la documentación recibida por la CIDH, el 8 de abril de 2010, el Tribunal Arbitral para la Determinación de Reparaciones Pecuniarias en el Caso Giovanelli VS. Argentina, conformado por los árbitros Fabián Omar Salvioli, Presidente; y Oscar Schiappa-Pietra y Ricardo Monterisi, emitió su laudo arbitral estableciendo reparaciones a favor de Esther Ana Ramos de Govanelli, madre de Fernando Giovanelli; Horacio José Giovanelli, padre de Fernando Giovanelli; Guillermo Jorge (hermano) y Enrique Jose Giovanelli (hermano). Dicho fallo estableció por concepto de lucro cesante, la suma de US$100.000 (cien mil dólares estadounidenses); por concepto de daño emergente la suma de US$ 3,000 (tres mil dólares estadounidenses); y US$15,000 (quince mil dólares estadounidenses) por concepto de daño patrimonial familiar. Por concepto de compensación al daño inmaterial, US$ 60,000 correspondiente a Fernando Giovanelli; US$ 50,000 correspondiente a Horacio José Giovanelli; US$ 50,000 correspondiente a Esther de Giovanelli; US$20,000 correspondiente a Guillermo Giovanelli y US$ 20,000 correspondiente a Enrique José Giovanelli. En relación a costas y gastos, tasó prudencialmente los honorarios del proceso ante la CIDH en US$3,700, de los cuales se otorgó US$1,800 a COFAVI y US$ 1800 a Mariana Bordones. En adición, asignó US$ 2,000 por gastos ante la CIDJ, más US$ 1,600 por honorarios a Mariana Bordones en el proceso ante el Tribunal Arbitral.




  1. Según lo previsto en el fallo arbitral, el pago por parte del Estado argentino debe realizarse “dentro del plazo de tres meses contado a partir de la notificación de la aprobación del presente [laudo] por parte de la H. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.” En atención a lo anterior y por requerimiento expreso de las partes, en el marco del 140º período de sesiones la Comisión evaluó el proceso desarrollado para llegar al fallo arbitral, así como la decisión emitida en cuanto a las reparaciones pecuniarias en el caso y mediante nota del 15 de noviembre de 2010 comunicó a las partes que el laudo se ajusta a los estándares internacionales aplicables.




  1. El 22 de noviembre de 2010, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones.  El 16 de diciembre de 2010 la peticionaria remitió constancia de la nota remitida el día 13 del mismo mes y año a la Cancillería notificando los herederos instituidos de Horacio José Giovanelli a los efectos del pago del laudo arbitral. Por su parte, mediante nota de 12 de enero de 2010 el Estado informó que, tras la homologación por parte de la CIDH del laudo dictado por el Tribunal Ad Hoc para la Determinación de las Reparaciones Pecuniarias en el presente caso, se han iniciado los trámites administrativos tendientes a cancelar el pago del monto determinado por dicho Tribunal.




  1. Por lo tanto, la Comisión concluye que el acuerdo de solución amistosa se encuentra pendiente de cumplimiento. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Caso 12.159, Informe No. 79/09, Gabriel Egisto Santillán (Argentina)


  1. El 6 de agosto de 2009, mediante el Informe No. 79/09 la Comisión aprobó el acuerdo de solución amistosa suscrito por las partes en el Caso 12.159, Gabriel Egisto Santillán. En resumen, la parte peticionaria señala que el Estado es responsable por la muerte de Gabriel E. Santillán ocurrida el 8 de diciembre de 1991, cuando contaba con 15 años de edad, a causa de un impacto de bala recibido el 3 de diciembre de 1991, en circunstancias en que miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires perseguían a individuos no identificados acusados de la sustracción de un vehículo. La denuncia se refiere también a la supuesta denegación de protección y garantías judiciales por falta de debida diligencia en el proceso de investigación de los hechos y sanción de los responsables por la muerte de Gabriel E. Santillán.




  1. El 28 de mayo de 2008, el Estado de Argentina y la madre de la víctima suscribieron un acuerdo de solución amistosa, que fue aprobado mediante Decreto Ejecutivo Nacional N° 171/2009 del 11 de marzo de 2009. El acuerdo estableció principalmente lo siguiente:


III. Medidas a adoptar

 

a. Medidas de reparación pecuniarias

 

1. Las partes convienen en constituir un Tribunal Arbitral “ad-hoc”, a efectos de que éste determine el monto de las reparaciones pecuniarias debidas a los peticionarios, conforme a los derechos cuya violación se ha tenido por reconocida, y de acuerdo con los estándares internacionales que sean aplicables.


2. El Tribunal estará integrado por tres expertos independientes […] El Tribunal deberá estar integrado, a más tardar, dentro de los 30 días siguientes del presente acuerdo por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

 

3. El procedimiento a aplicar será definido de común acuerdo entre las partes […]



 

4. El laudo del tribunal arbitral será definitivo e irecurrible […]

 

5. Los peticionarios renuncian, de manera definitiva e irrevocable, a iniciar todo otro reclamo de naturaleza pecuniaria contra el Estado Nacional en relación con el presente caso […]



 

6. Sin perjuicio de la precedente cesión a su favor, y a todo evento, el Estado nacional manifiesta que se reserva su derecho a repetir las sumas efectivamente abonadas a los peticionarios que determine el Tribunal Arbitral contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires […]

 

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