D. Estado de cumplimiento de las recomendaciones de la cidh



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b. Medidas de reparación no pecuniarias

 

1. El Gobierno de la República Argentina se compromete a dar a publicidad el presente acuerdo una vez que éste sea homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conforme lo dispuesto por el artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, y en un diario de alcance nacional mediante una gacetilla de prensa, cuyo texto será consensuado previamente con los familiares de la víctima.



 

2. El Gobierno de la República Argentina asume compromiso de invitar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a que informe respecto del estado de los siguientes expedientes que se encuentran radicados en dependencias públicas de la jurisdicción provincial, hasta su definitiva conclusión:

 

a. Expediente N° 5-231148-2 caratulado “Atentado y Resistencia a la autoridad en concurso ideal con Abuso de Armas, Homicidio y Hallazgo de Automotor, Víctima: Santillán, Gabriel Egisto” en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Transición N° 2 del Departamento Judicial de Morón, Provincia de Buenos Aires.


b. Expedientes número 3001-2014/99, caratulado “Ministerio de Justicia. Santillán, Gabriel Egisto. Informe sobre causa N° 23.148/91” y 3001-465/05 caratulado “Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires – Subsecretaría de Justicia remite causa 12.159 – Santillán, Gabriel Egisto”, ambos radicados ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

 

3. El Gobierno de la República Argentina se compromete a hacer sus mejores esfuerzos para realizar, a la mayor brevedad posible, una actividad académica relacionada con la problemática vinculada con la interacción y articulación entre el Estado Federal y los Estados Provinciales en materia de cumplimiento de obligaciones asumidas internacionalmente, a la luz de lo dispuesto por el artículo 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  




  1. En el Informe 79/09 la Comisión valoró positivamente el reconocimiento de responsabilidad de la República Argentina por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales referido a los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 8 y 25 en relación con el artículo 1(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, reconoció los esfuerzos desplegados por las partes para lograr el acuerdo de solución amistosa y declaró que el mismo es compatible con el objeto y fin de la Convención.




  1. En dicha oportunidad, la CIDH determinó continuar con el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de los puntos establecidos por las partes.




  1. Mediante comunicación del 19 de noviembre de 2010, la CIDH solicitó a las partes información en seguimiento. Por escrito recibido el 7 de diciembre de 2010, la parte peticionaria indicó que se ha constituido el Tribunal Arbitral Ad-Hoc y se ha aprobado el reglamento para el trámite del proceso arbitral. Asimismo, informó que la parte peticionaria presentó escrito de reparación pecuniaria, de lo cual se dio traslado al Estado y éste ya presentó su respuesta al respecto. En relación a las medidas de reparación no pecuniarias señaló que no ha habido impulso.




  1. Por su parte, mediante nota del 12 de enero de 2011, el Estado manifestó que se encuentra en pleno trámite el proceso ante el Tribunal Ad Hoc para la Determinación de las Reparaciones Pecuniarias, de conformidad con los plazos procesales establecidos en el reglamento acordado por las partes a tales efectos.




  1. Por lo expuesto, la Comisión concluye que el acuerdo amistoso se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes de cumplimiento


Caso 11.732, Informe No. 83/09, Horacio Aníbal Schillizzi Moreno (Argentina)


  1. En el Informe No. 83/09 de fecha 6 de agosto de 2009, la Comisión  concluyó que el Estado argentino había violado, respecto a Horacio Aníbal Schillizzi Moreno, los derechos a la protección y a las garantías judiciales, bajo los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con los términos del artículo 1(1) de la misma. En resumen, los peticionarios alegaron que con motivo de un incidente de recusación, los jueces de la Sala "F" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal sancionaron el 17 de agosto de 1995 al señor Schillizzi a tres días de arresto por "maniobras destinadas a obstruir el curso de la justicia". Los peticionarios alegaron que la sanción de arresto se impuso sin respetar las garantías judiciales, porque a su juicio el tribunal no fue imparcial, no fundamentó la decisión, no permitió el derecho a la defensa y tampoco hubo un control judicial del fallo. Asimismo, que la sanción de arresto fue arbitraria e ilegal pues violó el derecho a la libertad personal, aunada a que el rechazo de las autoridades judiciales a la solicitud de cumplir esta sanción en el domicilio, violó el derecho a la integridad personal y a la igualdad ante la ley.




  1. La CIDH formuló al Estado argentino las siguientes recomendaciones:

1. Reconocer públicamente responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos determinadas por la Comisión en el presente informe. En especial, realizar, con la participación de altas autoridades del Estado y el señor Horacio Aníbal Schillizzi Moreno, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente caso.


2. Adoptar, como medida de no repetición, las acciones necesarias para asegurar que las sanciones disciplinarias sean aplicadas a través de procesos realizados con el debido proceso legal.


  1. El 22 de noviembre de 2010 la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de las anteriores recomendaciones.




  1. Mediante nota del 21 de diciembre de 2010 los peticionarios indicaron a la CIDH que lamentablemente hasta esa fecha no habían podido acceder a información que dé cuenta sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Con anterioridad a la publicación del Informe No. 83/09 los peticionarios habían informado a la CIDH, que tras la última entrevista que tuvieron con el señor Schillizzi en el año 2006, habían perdido contacto con el mismo y que todos los intentos que habían realizado para comunicarse con él habían resultado infructuosos.




  1. Por su parte, en comunicación del 12 de enero de 2011 el Estado se refirió únicamente a la segunda recomendación respecto de la cual remitió un informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según el cual para el 21 de diciembre de 2010 “todas las cámaras nacionales y federales de capital e interior del país dieron cumplimiento con la adopción de medidas reglamentarias a fin de poder ejercer las facultades disciplinarias que la ley confiere a los tribunales, en armonía con el respeto al debido proceso adjetivo, según lo dispuesto por la acordada nº 26/08 de la Corte Suprema”.




  1. La Comisión observa con beneplácito los avances realizados por el Estado para dar cumplimiento con la segunda recomendación del Informe Nº 25/08, la cual según la información aportada por el Estado se encontraría plenamente cumplida, toda vez que las autoridades judiciales argentinas habrían adoptado las previsiones reglamentarias necesarias para que las sanciones disciplinarias se apliquen conforme a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.




  1. Dado que los peticionarios no contaban con elementos de información para formular sus observaciones sobre el cumplimiento de las recomendaciones la CIDH, antes de proferirse sobre las mismas, correrá traslado del informe del Estado a los peticionarios. No obstante lo anterior, la CIDH hace un llamado a ambas partes para hacer sus mejores esfuerzos a fin de ubicar al señor Horacio Aníbal Schillizzi Moreno y dar cumplimiento a la primera recomendación.




  1. En virtud de lo anterior, la Comisión concluye que el Estado argentino ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones reseñadas. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.


Casos 12.067, 12.068 y 12.086, Informe No. 48/01, Michael Edwards, Omar Hall, Brian Schroeter y Jerónimo Bowleg (Bahamas)

 


  1. En el Informe No. 48/01 del 4 de abril de 2001, la Comisión concluyó que el Estado era responsable de: a) la violación de los artículos I, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana por haber sentenciado a los señores Edwards, Hall, Schroeter y Bowleg a una pena de muerte obligatoria; b) la violación de los derechos de los señores Edwards, Hall, Schroeter y Bowleg consagrados en el artículo XXIV de la Declaración Americana por no otorgar a los condenados un derecho efectivo de petición de la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia; c) la violación de los derechos de los señores Hall, Schroeter y Bowleg amparados en los artículos XI, XXV y XXVI de la Declaración Americana, en razón de las condiciones inhumanas de detención a que fueron sometidos los condenados; d) la violación de los derechos de los señores Edwards, Hall, Schroeter y Bowleg amparados en los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana por no proporcionar asistencia letrada a los condenados para iniciar acciones constitucionales; y e) la violación de los derechos de los señores Schroeter y Bowleg a ser juzgados sin demora indebida, al amparo del artículo XXV de la Declaración.




  1. La CIDH efectuó al Estado las siguientes recomendaciones:

 

  • Otorgue a los señores Edwards, Hall, Schroeter y Bowleg una reparación efectiva que incluya la conmutación de la sentencia y una indemnización;

  • Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que la pena de muerte se impone en cumplimiento de los derechos y libertades garantizados en la Declaración Americana, incluyendo, en particular, los artículos I, XXV y XXVI, y garantizar que nadie sea sentenciado a muerte en virtud de una ley de sentencia obligatoria.

  • Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar la efectividad en Bahamas del derecho consagrado en el artículo XXIV de la Declaración Americana a la petición de amnistía, indulto o conmutación de la sentencia.

  • Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar la efectividad en Bahamas del derecho a una audiencia imparcial, consagrado en el artículo XXVI de la Declaración Americana, y el derecho a la protección judicial, protegido por el artículo XVIII de la Convención Americana, en relación con el recurso a acciones constitucionales.

  • Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar la efectividad en Bahamas del derecho consagrado en el artículo XXV de la Declaración Americana a ser juzgado sin dilación injustificada.

  • Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar la efectividad en Bahamas de los derechos amparados en los artículos XXV y XXVI de la Declaración Americana a un tratamiento humano y a no recibir un castigo cruel, infamante o inusitado.




  1. El 18 de noviembre de 2010 la Comisión solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe No. 48/01, conforme al artículo 48(1) del Reglamento de la Comisión. La Comisión no ha recibido respuesta de ninguna de las partes a esas comunicaciones.




  1. Sobre la base de estas consideraciones, la Comisión concluye que las recomendaciones reseñadas siguen pendientes. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando su cumplimiento.


Caso 12.265, Informe No. 78/07 Chad Roger Goodman (Bahamas)


  1. En el Informe No. 78/07 del 15 de octubre de 2007, la Comisión concluyó que el Estado de Bahamas era responsable de la violación de los artículos I, XXV y XXVI de la Declaración Americana al haber impuesto al Sr. Goodman a una sentencia de pena capital con carácter obligatorio. Con base en sus conclusiones, la CIDH recomendó que el Estado:

 

1. Otorgue al señor Goodman una reparación efectiva que incluya la conmutación de la sentencia y una indemnización por la violación de los artículos I, XI, XVIII, XXIV, XXV y XXVI de la Declaración Americana.


2. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar que la pena de muerte sea impuesta en cumplimiento de los derechos y libertades garantizadas por la Declaración Americana, incluidos y en particular, los artículos I, XXV y XXVI, y asegure que ninguna persona sea sentenciada a muerte por una ley de sentencia obligatoria en Bahamas.
3. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar la vigencia en Bahamas del derecho consagrado en el artículo XXV de la Declaración Americana a ser juzgado sin demora injustificada.
4. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar la vigencia en Bahamas del derecho a un trato humano y del derecho a no ser objeto de un castigo cruel, degradante o inusual, dispuesto en los artículos XI, XXV y XXVI de la Declaración Americana, en relación con las condiciones de detención.
5. De conformidad con el artículo 43.2 de su Reglamento, la Comisión decide remitir el presente Informe al Estado de Bahamas, solicitándole le haga saber, dentro de los dos meses a partir de su remisión, de las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión que constan en el mismo.


  1. El 18 de noviembre de 2010, la Comisión Interamericana solicitó información a ambas partes respecto al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el informe arriba referido, y estableció un plazo de un mes para su presentación. La CIDH no recibió respuesta a esta comunicación de ninguna de las partes dentro del plazo establecido. Con base en estas consideraciones, la Comisión concluye que el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas continúa pendiente. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando su cumplimiento.


Caso 12.513, Informe No. 79/07 Prince Pinder (Bahamas)


  1. En el Informe No. 79/07 del 15 de octubre de 2007, la Comisión concluyó que al autorizar e imponer una sentencia de castigo corporal judicial al Sr. Pinder, el Estado de Bahamas es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos I, XXV, y XXVI de la Declaración Americana en perjuicio del Sr. Pinder. Con base en sus conclusiones, la CIDH recomendó al Estado:

1. Que otorgue a Prince Pinder un recurso efectivo que comprenda a) la conmutación de la pena de castigo corporal judicial y b) rehabilitación.


2. Que adopte las medidas legales o de otro género que puedan ser necesarias para abolir el castigo de la flagelación previsto en el Estatuto (de Medidas Punitivas) de la Legislación Penal de ese país, de 1991.


  1. El 18 de noviembre de 2010, la Comisión Interamericana solicitó información a ambas partes respecto al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el informe arriba referido, y estableció un plazo de un mes para su presentación. La CIDH no recibió respuesta a esta comunicación de ninguna de las partes dentro del plazo establecido. Con base en estas consideraciones, la Comisión concluye que el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas continúa pendiente. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando su cumplimiento.


Caso 12.053, Informe No. 40/04, Comunidad Indígena Maya del Distrito Toledo (Belice)

 


  1. En el Informe No. 40/04 del 12 de octubre de 2004, la Comisión concluyó que el Estado era responsable de: a) la violación del derecho a la  propiedad consagrado en el artículo XXIII de la Declaración Americana, en perjuicio del pueblo maya, al no adoptar medidas efectivas para reconocer su derecho de propiedad comunal en las tierras que ha ocupado y usado tradicionalmente, sin perjuicio para otras comunidades indígenas, y para delimitar, demarcar y titular o establecer por otra vía los mecanismos necesarios que aclaren y protejan el territorio en el que existe su derecho; b) la violación del derecho de propiedad consagrado en el artículo XXIII de la Declaración Americana, en perjuicio del pueblo maya, al otorgar concesiones madereras y petroleras a terceros, para utilizar los bienes y recursos que podrían quedar comprendidos por las tierras que deben demarcar, delimitar y titular o aclarar y proteger por otra vía, en ausencia de consultas efectivas y  del consentimiento informado del pueblo maya; c) la violación del derecho a la igualdad ante la ley, la protección de la ley y la no discriminación, consagrado en el artículo II de la Declaración Americana, en perjuicio del pueblo maya, al no otorgarle las protecciones necesarias para ejercer sus derechos de propiedad plena y equitativamente con los demás miembros de la población de Belice; d) la violación del derecho a la protección judicial consagrado en el artículo XVIII de la Declaración Americana, en perjuicio del pueblo maya, al tornar ineficaces los procedimientos judiciales internos debido a un atraso irrazonable y al no brindarles, por tanto, un acceso efectivo a la justicia para la protección de sus derechos fundamentales. 




  1. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Adopte en su legislación interna y a través de consultas plenamente informadas con el pueblo maya, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para delimitar, demarcar y titular o aclarar y proteger por otra vía el territorio en el cual el pueblo maya tiene un derecho de propiedad comunal, de acuerdo con sus prácticas consuetudinarias de uso de la tierra y sin perjuicio para otras comunidades indígenas.


2. Adopte medias para delimitar, demarcar y titular o aclarar y proteger por otra vía las correspondientes tierras del pueblo maya, sin perjuicio para otras comunidades indígenas y, hasta tanto se adopten tales medidas, se abstenga de todo acto que pueda dar lugar a que agentes del propio Estado o terceros actuando con aquiescencia o tolerancia de éste, afecte la existencia, el valor, el uso o goce de los bienes  ubicados en las zona geográfica ocupada y usada por el pueblo maya.
3. Repare el daño ambiental resultante de las concesiones madereras otorgadas por el Estado respecto del territorio tradicionalmente ocupado y usado por el pueblo maya.

 


  1. El 1º de febrero de 2006, la Comisión escribió al Estado y a los peticionarios y les solicitó información actualizada con respecto al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión, contenidas en el Informe No. 40/04.  Los peticionarios respondieron a la Comisión mediante nota del 1º de marzo de 2006, en la que declararon que hasta entonces el Estado de Belice no había cumplido con las recomendaciones de la Comisión.  Además, los peticionarios solicitaron a la Comisión que otorgara medidas cautelares encaminadas a hacer efectivo el cumplimiento de las recomendaciones. En julio de 2006, la Comisión consideró la solicitud de los peticionarios y se rehusó a otorgar medidas cautelares. 




  1. El 2 de noviembre de 2007, la Comisión escribió al Estado y a los peticionarios y les solicitó información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión contenidas en el Informe No. 40/04. Los peticionarios respondieron a la Comisión mediante una carta fechada el 30 de noviembre de 2007, en la que señalaban que, hasta el momento, el Estado de Belice no ha cumplido las recomendaciones de la Comisión. Sin embargo, los peticionarios informaron a la Comisión sobre un fallo emitido por la Corte Suprema de Belice el 18 de octubre de 2007, el cual “determinó que Belice está obligado no solamente por la Constitución de Belice, sino también por los tratados internacionales y el derecho internacional consuetudinario, a reconocer, respetar y proteger los derechos territoriales tradicionales de los Mayas”. Los peticionarios agregaron que dicho fallo había sido “influenciado considerablemente por el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2004”. Los peticionarios señalan que las actividades de explotación forestal y exploración de petróleo, así como los contratos de arrendamiento, han continuando en los territorios mayas del Distrito de Toledo no obstante el fallo de la Corte Suprema y las recomendaciones de la Comisión contenidas en el Informe No. 40/04.




  1. El 2 de septiembre de 2008, el Estado presentó un documento denominado “Informe sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de Belice para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como estipula el Informe No. 40/04”.  Belice menciona en ese informe que ha realizado esfuerzos orientados por su obligación de cumplir con las recomendaciones de la CIDH en el Caso, así como con la sentencia de la Corte Suprema en el Caso Cal y otros c. el Fiscal General y otros.  El Estado destaca el hecho de que, en el Caso Cal, el Presidente de la Corte Suprema consideró el informe de la Comisión; que las recomendaciones de la Comisión y la sentencia de la Corte Suprema contienen disposiciones similares con respecto a los esfuerzos por delimitar, demarcar, titular o proteger por otra vía la propiedad comunal maya de acuerdo con el uso y prácticas de índole consuetudinaria.  También menciona, no obstante, que el Caso ante la CIDH guarda relación con todas las comunidades indígenas mayas en el Distrito de Toledo, mientras que el Caso Cal fue presentado solamente por dos comunidades mayas del Distrito de Toledo: los pueblos de Santa Cruz y Conejo.  El Estado agrega que, por cuestiones prácticas, en ese momento solamente se centró en la implementación de la sentencia del Caso Cal, pero observa que la Alianza de Líderes Mayas ha ampliado su petición y presentó una acción colectiva en junio de 2008, que procura que la Corte reconozca los derechos territoriales consuetudinarios de 38 pueblos mayas del Distrito de Toledo.  




  1. El informe continúa mencionando los esfuerzos del Gobierno de Belice por “delimitar, demarcar, titular o proteger por otra vía los derechos de propiedad comunal mayas, de acuerdo con el uso y prácticas de índole consuetudinaria”, incluyendo las reuniones celebradas en diciembre de 2007 y enero de 2008, pero aclara que “los esfuerzos fracasaron”.  Según el Estado, ello podría atribuirse a la falta de información de la comunidad afectada, la intervención de las organizaciones mayas y el desacuerdo existente en cuanto a las fronteras comunes.  Asimismo, menciona que, después de las elecciones generales y el cambio de gobierno, las partes en este Caso se reunieron el 10 de abril de 2008 y acordaron desarrollar un marco para la ejecución de la sentencia del Caso Cal.  Entre las medidas provisionales adoptadas por el Gobierno de Belice, el 27 de marzo de 2008, el Fiscal General emitió una orden de cesar y desistir con respecto a las tierras en el Distrito de Toledo.  Poco después, la medida fue reconsiderada porque resultó en un cierre de las operaciones relacionadas con la tierra en el Distrito de Toledo, la industria maderera se paró por completo con graves repercusiones económicas, y los trabajadores –la mayoría de los cuales pertenecen a las comunidades mayas del Distrito de Toledo – se encontraron repentinamente sin trabajo.  La orden fue modificada para que se aplicara solamente a las tierras de los pueblos de Santa Cruz y Conejo, y según el Estado de Belice, las partes siguieron comunicándose a pesar de no alcanzar un consenso.




  1. En cuanto a la mitigación de los daños al medio ambiente causados por la explotación forestal, el Estado indica que el Departamento de Montes de Belice informó que la situación de 2004 que suscitó las recomendaciones de la CIDH había cambiado.  Entre otros, menciona que solamente hay tres titulares de licencias a largo plazo operando en el Distrito de Toledo, y que no se han otorgado más licencias a largo plazo desde la primera orden del Fiscal General de marzo de 2008.  El Estado también señala que el Departamento de Montes está trabajando, en colaboración con organizaciones no gubernamentales mayas con base en Toledo y el sector privado, en la Iniciativa Bosques Sanos, con miras a abandonar las prácticas de explotación forestal convencionales y emprender actividades forestales sostenibles basadas en las normas internacionales.  Por último, Belice reafirma su compromiso de “seguir dialogando con los pueblos indígenas mayas de Belice con el fin de ejecutar la sentencia de la Corte Suprema de Belice y cumplir con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.      




  1. El 27 de octubre de 2008, la CIDH celebró una audiencia con ambas partes del Caso con el fin de recibir información sobre el cumplimiento de sus recomendaciones.  Los peticionarios indicaron que la Alianza de Líderes Mayas ha estado intentando emprender conversaciones con el Gobierno electo en febrero de 2008 sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema.  Según los peticionarios, las acciones del Gobierno fueron al principio “bastante alentadoras” en el sentido de que “reconoció que la sentencia tenía repercusiones para todas las tierras mayas del Distrito de Toledo, y no solamente las de los dos pueblos que interpusieron la demanda” y que “tomó una medida concreta y efectiva para proteger el derecho consuetudinario maya, y emitió una orden que suspendía el arrendamiento de tierras, la concesión de permisos y otros arreglos sobre tierras en Toledo, hasta aviso ulterior, pendiente del proceso de implementación”.  Los peticionarios señalan que hubo un “cambio radical de postura” justo unas semanas después de la emisión de la orden, la cual fue “efectivamente revocada… limitando su aplicación a los pueblos demandantes de Conejo y Santa Cruz, y dejando las tierras de los otros 36 pueblos mayas en el Distrito de Toledo sin protección y vulnerables a la explotación por terceras partes”. Según los peticionarios, la falta de medidas de protección ha resultado en “numerosas infracciones, violaciones y expropiaciones de tierras mayas”.  La Alianza de Líderes Mayas interpuso una acción ante la Corte Suprema de Belice en la que solicita que mantenga el status quo en las tierras mayas del Distrito de Toledo hasta que el Gobierno “promulgue un marco jurídico o administrativo que reconozca y proteja los derechos territoriales de los mayas”.




  1. El 3 de noviembre de 2008, la CIDH envió una carta a ambas partes del Caso para solicitar información sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en su informe. El Estado respondió el 25 de noviembre de 2008, reiterando el contenido del informe del 2 de septiembre de 2008.  Los peticionarios presentaron sus observaciones el 3 de diciembre de 2008, las cuales incluyen la afirmación de que “el Estado no ha cumplido, ni mínimamente, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.  Los peticionarios consideran que las declaraciones de Belice durante la audiencia ante la CIDH fueron alentadoras, pero que en la práctica el Estado “sigue comportándose como si estos derechos no existen y no merecen una protección eficaz”, y citan a autoridades expresando que la sentencia del Caso Cal solamente se aplicará a otros pueblos mayas si éstos presentan sus respectivos Casos ante la Corte Suprema de su país.




  1. En cuanto a la delimitación de las tierras de los pueblos mayas, los Peticionarios sostienen que el Estado todavía no ha emprendido ningún esfuerzo, ni en los pueblos de Santa Cruz y Conejo, donde los tribunales de Belice le ordenaron hacerlo.  Indican, asimismo, que los miembros de los pueblos mayas de todo el Distrito han empezado a demarcar sus propias fronteras con el consentimiento de los pueblos vecinos, de manera que, una vez el Gobierno desarrolle un mecanismo, el proceso será relativamente fácil puesto que las fronteras ya se habrán definido.  Los peticionarios también agregan que, a pesar de sus acciones iniciales durante 2008 mencionadas con anterioridad, el Estado “sigue tratando las tierras mayas como tierras sin gravámenes para fines de emitir arrendamientos, donaciones y concesiones para la explotación de los recursos naturales, incluyendo las concesiones madereras y petrolíferas”, y enumeras varios ejemplos específicos.




  1. En cuanto a la recomendación de la CIDH de que el Estado repare el daño ambiental, los peticionarios admiten que “se ha hecho algo, a pesar de las explotaciones forestales de gran escala”, pero consideran que ello no es atribuible al Estado de Belice.  No obstante, mencionan que las explotaciones forestales continúan a una escala inferior y que, en  algunas comunidades, esto está afectando negativamente a las actividades de caza y pesca de los mayas.  Según los peticionarios, dada la ausencia de medidas afirmativas por parte de las autoridades de Belice, los propios mayas han tomado acción para minimizar el daño ambiental resultante de las explotaciones forestales, tales como la creación de organizaciones de gestión conjunta, y brindando apoyo a iniciativas ecológicas y de conservación.  Los Peticionarios concluyen solicitando que una delegación de la CIDH realice una visita sobre el terreno con el fin de analizar la situación.




  1. El 11 de noviembre de 2009, la Comisión Interamericana solicitó a las dos partes que presentaran información sobre el cumplimiento de las recomendaciones indicadas. El Estado no presentó su respuesta durante el plazo establecido. Los peticionarios respondieron el 10 de diciembre de 2009 con un informe en el que presentan varias consideraciones jurídicas y de hecho que los llevan a concluir que no se cumplieron las recomendaciones sobre este caso.




  1. En cuanto a la primera de las recomendaciones, los peticionarios señalan que “el Gobierno no ha cumplido ningún extremo”, y mencionan específicamente que, en 2009, se reunieron con el Fiscal General para analizar la implementación de la sentencia en el caso antes mencionado de la Corte Suprema, pero que no hubo avances concretos. Los peticionarios pasan luego a explicar el impacto de la política nacional en el gobierno local, financiada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; sin embargo, subrayan su preocupación de que no se consideren los derechos comunales a la tierra del pueblo maya, ya que está previsto comenzar el proceso de demarcación en diciembre de 2009, pero ellos no han sido consultados. Con respecto al nuevo proyecto de ley que regularía las funciones del “alcalde” (un funcionario público maya comunal), los peticionarios sostienen que la sesión informativa celebrada para explicarlo fue insuficiente, dada la complejidad del emprendimiento y la falta de antecedentes sobre la cultura maya de la persona que brindó la información.




  1. En opinión de los peticionarios, la segunda recomendación tampoco fue cumplida. Aunque sí admiten que se redujeron los manejos del gobierno en tierras mayas, los peticionarios señalan que nunca se les comunicó esta circunstancia y que se enteraron leyendo el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas sobre Belice. Finalmente, sostienen que durante el litigio actual sobre esta materia en Belice, el gobierno ha otorgado a terceros intereses propietarios e inclusive concesiones sobre los recursos, en tierras que pertenecen a aldeas y familias mayas. Los peticionarios hacen referencia a permisos de explotación petrolera otorgados en abril de 2009, a la concesión para construir un proyecto hidroeléctrico adjudicado a fines de 2008 y que continúa en 2009, así como a una concesión maderera de enero de 2009 que incluye las zonas usadas por varias aldeas mayas, ninguna de las cuales fue consultada en relación con estas concesiones. Los peticionarios concluyen que “en ausencia de medidas afirmativas de parte del gobierno para cumplir con esta recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la interferencia y destrucción de las tierras y los recursos mayas continúan en forma ad hoc en todo Toledo”.




  1. En cuanto a la tercera recomendación, los peticionarios señalan que “la explotación maderera continúa en menor escala, lo cual, aún así, puede afectar las prácticas de caza y pesca de los mayas” y que Belice “no ha adoptado absolutamente ninguna medida afirmativa para reparar el daño causado por la explotación maderera y otras actividades extractivas en tierras mayas”. A pesar de ello, sostienen que los propios mayas han tomado medidas para reducir al mínimo el daño ambiental de la explotación de la madera, como la creación de organizaciones conjuntas para gestionar los parques nacionales y el apoyo a los empeños ecológicos y de conservación.




  1. El 18 de noviembre de 2010 la Comisión Interamericana solicitó a ambas partes que presenten información sobre el cumplimiento de las recomendaciones antes mencionadas. El Estado no envió su respuesta dentro del plazo establecido. Los peticionarios respondieron el 20 de diciembre de 2010, en un documento titulado “Informe de incumplimiento” el cual contiene varias consideraciones y la conclusión de que no ha habido cumplimiento con las recomendaciones en este caso.




  1. En su documento de 2010, los peticionarios sostienen que el Estado de Belice “se mantiene no dispuesto a reconocer los derechos del Pueblo Maya sobre sus tierras, a pesar de las decisiones de numerosos organismos internacionales y de su propia Corte Suprema.” Mencionan que la Corte Suprema tomó una decisión el 28 de junio de 2010, a favor de las poblaciones Mayas de Toledo “en una acción constitucional de detener todos los procesos gubernamentales en tierras Mayas hasta que exista un mecanismo de demarcación y titulación de esas tierras,” pero el Estado ha apelado esa decisión. Los peticionarios indican asimismo que se ha fijado fecha para oír la apelación para febrero o marzo de 2011.




  1. Respecto de la primera recomendación, los peticionarios mencionan que la decisión del 28 de junio de 2010 “afirma una vez mas la existencia de una costumbre Maya sobre la ocupación de la tierra en todas las aldeas Mayas de Toledo” y que “la decisión indica que lo mismo ocurre con las aldeas del distrito de Stann Creek”. Asimismo, señalan que la decisión de junio de 2010, clarificó lo siguiente:

El hecho de que miembros individuales de la comunidad… tengan solamente derechos de usufructo que no son de propiedad en su naturaleza, no impide el reconocimiento de un título comunitario de propiedad. De hecho, no es posible admitir derechos de usufructo tradicionales, sin admitir un titulo de propiedad comunitaria tradicional.




  1. Los peticionarios indican que, luego de esta decisión, intentaron y lograron involucrar al Estado de Belice en discusiones relacionadas con la implementación de las recomendaciones contenidas en el informe 40/04 de la CIDH. Consideran que “en base al test legal desarrollado por el gobierno, ninguna de las comunidades Mayas restantes conseguirían establecer sus títulos sobre la tierra.” Los peticionarios también describen la posición del Partido Democrático Unido (United Democratic Party), partido que estaba en el gobierno en el momento de la decisión de apelar la decisión de junio de 2010, como una posición que incurría en un malentendido y en desinformación respecto del efecto de la apelación. En su presentación de diciembre de 2010, los peticionarios sumaron otra consideración en relación a la falta de independencia del poder judicial en Belice, lo cual desde su punto de vista afecta el cumplimiento total de las recomendaciones de la Comisión Interamericana en su caso.




  1. Aluden también al anuncio por parte del Estado de Belice de una Política Nacional sobre Gobernabilidad Local, financiada por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que, entre otras cosas, implica la aprobación una ley de demarcación de Limites Comarcales y una nueva Ley de Alcaldías. Aún cuando consideran que esta legislación “tiene el potencial de ser muy positiva y podría proveer al menos un mecanismo parcial para demarcar y proteger títulos consuetudinarios sobre la tierra”, los peticionarios destacan que no fue consultada apropiadamente con los pueblos Maya y que, en el contexto de la negativa del gobierno a reconocer derechos consuetudinarios Mayas sobre la tierra, consideran que la “nueva legislación amenaza con restringir la jurisdicción y el alcance de las instituciones de gobierno consuetudinario Maya, impidiendo aún mas el ejercicio de derechos consuetudinarios Maya”. Los peticionarios mencionan asimismo que, en noviembre de 2010, la Asociación de Alcaldes de Toledo presentó a consideración del gobierno un proyecto de ley, el cual no recibió ninguna respuesta de las autoridades; y que los alcaldes no han suministrado “ningún proyecto sobre la ley de demarcación”.




  1. En relación con la segunda recomendación contenida en el Informe 40/04 de la CIDH, los peticionarios informan que “el aspecto mas importante de la decisión del 28 de junio de 2010, fue que la Corte ordenó una amplia restricción a toda interferencia del gobierno o la tolerancia a intrusiones de terceros, con el uso y ocupación de los Mayas sobre sus tierras en todo Toledo, abarcando todas las poblaciones Mayas, hasta que exista un mecanismo oficial de demarcación y documentación de sus títulos.” Sin embargo, los peticionarios indican que “debido a la falta del Gobierno de Belice de reconocer y proteger derechos consuetudinarios sobre la tierra, continúan las interferencias por parte de terceros, actuando supuestamente con concesiones y permisos del gobierno, con los derechos de propiedad Maya” y mencionan varios incidentes que se produjeron en mayo, junio, julio y octubre de 2010.




  1. Respecto de la tercera de las recomendaciones, los peticionarios indican que “el Gobierno no ha tomado ninguna medida concreta para reparar el daño causado por la tala u otras actividades extractivas en tierras Mayas.” Mas aún, mencionan que, aún cuando el Estado de Belice se encuentra aparentemente cumpliendo con la restricción de 2010 que impide otorgar concesiones y permisos en tierras Mayas, “no ha tomado ninguna medida para prevenir actividades realizadas con los concesiones y permisos que ya se habían emitido o responder a individuos que entran y usan tierras Mayas con supuestos permisos y concesiones” y “que la aplicación de la prohibición contra esas terceras personas, ha sido dejada a las comunidades Mayas y sus organizaciones lideres”. Finalmente los peticionarios solicitan que la Comisión Interamericana reitere sus recomendaciones al Estado de Belice.




  1. Sobre la base de la información presentada por ambas partes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que sigue pendiente el cumplimiento de las recomendaciones antes mencionadas. Por consiguiente, la Comisión alienta una vez más a ambas partes a continuar con sus esfuerzos por formular y alcanzar acuerdos que puedan contribuir a un avance positivo hacia su cumplimiento. La CIDH seguirá supervisando los puntos pendientes.

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