D., M. L. 28/05/2009 Voces abandono de persona



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Tribunal de Impugnación Penal de Santa Rosa

D., M. L.

28/05/2009

Voces



ABANDONO DE PERSONA ~ DELITO ~ DOLO

Tribunal: Tribunal de Impugnación Penal de Santa Rosa

Fecha: 28/05/2009

Partes: D., M. L.

Publicado en: LLPatagonia 2010 (febrero), 93

Cita Online: AR/JUR/25995/2009

Hechos

La Cámara en lo Criminal condenó a la imputada como autora del delito de abandono de persona seguido de muerte, agravado por la relación materno filial que unía a la víctima con el causante, por el hecho de haber dejado solo y encerrado en su casa a su hijo de tres años de edad, sin cuidados de terceras personas y en horas de la madrugada, produciéndose un incendio en el lugar que produjo la muerte del niño. La defensa interpuso recurso de impugnación. El Tribunal de Impugnación revocó la resolución impugnada y absolvió a la acusada.



Sumarios

  1. 1 - El abandono de persona legislado en el art. 106 del Cód. Penal es un delito de peligro hacia la integridad física, la salud o la vida de las personas, producto de un accionar voluntario del autor, quien con su omisión genera la situación de peligro o riesgo para el sujeto pasivo, es decir, que el desamparo generado por el activo debe llevar ínsito una situación generadora de peligro para la víctima, aspecto éste que, por otra parte, debe hallarse debidamente internalizado en el subjetivismo de aquél —en el caso, se revocó la resolución que había condenado a una madre que había dejado solo a su hijo de 3 años encerrado en su casa durante la madrugada, el cual había fallecido por un incendio que se produjo en la vivienda por un cortocircuito—, pues de lo contrario mal podemos hablar de un accionar típico doloso.

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Jurisprudencia Vinculada (*)

Ver También

 Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Tercero, 27/07/2007, "Durán, María Vanesa y otro", La Ley Online ;  Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala I, 07/06/2007, "R., S. M. y otro", La Ley Online ;  Cámara del Crimen N° 1 de San Luis, 23/04/2007, "Paredes, Juan Carlos y Ochoa, Nanci del Carmen", LLGran Cuyo 2007 (setiembre), 872 .

(*) Informacion a la época del fallo.


  1. 2 - Resulta improcedente responsabilizar penalmente, por el delito de abandono de persona, a la madre por la circunstancia de haber dejado a su hijo de tres años, durmiendo por un lapso de dos o tres horas, durante la madrugada, dentro de su propio domicilio y sin cuidados de terceros, sin que conociera de antecedentes relacionados con problemas eléctricos en la vivienda, pues ello no importó por si mismo la creación de una situación de peligro actual y concreto para la integridad física o la vida del menor, sino que el incendio que provocó su muerte fue producto de un cortocircuito eléctrico, cuyo origen se desconoce, lo que hace se trate de una cuestión sobreviviente, absolutamente fortuita e imprevisible.

  2. 3 - El delito de abandono de persona supone la existencia de un dolo en el autor referido al desamparo de la víctima y al peligro corrido en la situación concreta y no basta con la comprobación de quehaceres descuidados o negligentes que no sobrepasen el límite de la culpa —en el caso, se revocó la resolución que había condenado a una madre que había dejado solo a su hijo de 3 años encerrado en su casa durante la madrugada, el cual había fallecido por un incendio que se produjo en la vivienda por un cortocircuito—, pues este tipo legal no prevee la forma culposa de omisión.

  3. 4 - Corresponde absolver, por la comisión del delito de abandono de persona, a la imputada acusada de haber dejado solo a su hijo de tres años, durmiendo por un lapso de dos o tres horas, durante la madrugada, dentro de su propio domicilio y sin cuidados de terceros, produciéndose un incendio debido a un cortocircuito eléctrico que produjo la muerte del niño, si de la prueba colectada no puede inferirse que la inculpada haya colocado en "situación de desamparo", "ni de abandono" a su hijo, toda vez que si bien dejó solo al menor en el domicilio, su deceso no puede reputarse a su conducta sino a una situación extraña a la misma, cual fue la extensión del fuego por circunstancias ajenas a su accionar.

TEXTO COMPLETO:

Santa Rosa, mayo 28 de 2009.

El doctor Jensen dijo:

En principio, cabe afirmar que el recurso de impugnación deducido por la defensa resulta admisible, toda vez que, razonablemente fundado, se dirige contra una sentencia definitiva (arts. 429 y 430, inc. 1°, ambos del Cód. Proc. Penal, según la reforma introducida por ley n° 2297).

Que también aparecen debidamente explicitados los motivos en que el agraviado funda su recurso, brindando ellos el marco en el que este tribunal revisor debe realizar el máximo esfuerzo de contralor, según los lineamientos sentados por la C.S.J.N., en el fallo "Casal, Matías E. y otro" —20/09/2005—, donde al referirse sobre los alcances de esta segunda instancia o doble conforme, expresó que "...debe entenderse en el sentido que habilita a una revisión amplia de la sentencia, todo lo extensa que sea posible al máximo esfuerzo de revisión de los jueces de casación, conforme a las posibilidades y constancias de cada caso particular y sin magnificar las cuestiones reservadas a la inmediación, sólo inevitables por la oralidad conforme a la naturaleza de las cosas".

Ello así y tomando en consideración que ese Alto Cuerpo en la jurisprudencia aludida expuso que la revisión así entendida implica la eliminación definitiva de la controversia surgida entre las limitantes por cuestiones de hecho y de derecho, debiendo "aplicarse en nuestro derecho la teoría que en la doctrina alemana se conoce como del agotamiento de la capacidad de revisión o de la capacidad de rendimiento...", habré de ingresar al examen de la cuestión planteada con la amplitud de conocimiento y revisión expuesta.

Planteo de nulidad:

En tal sentido y habiendo el impugnante planteado la nulidad de la indagatoria prestada por la imputada a fs.139, me habré de referir en primer término a esta cuestión. Dos son los agravios esgrimidos por la defensa para sustentar su pretensión: la pre-existencia de un declaración testimonial prestada por la imputada en sede policial (fs. 29/30) y el incumplimiento del plazo de 24 horas previsto en el Art. 261 del C.P.P. para recepcionarle declaración al imputado, estando detenido.

Que sin perjuicio de un posterior tratamiento individual de la cuestiones mencionadas, adelanto desde ya la improcedencia formal de la nulidad planteada, pués la misma aparece como extemporánea al haber operado el plazo de caducidad previsto en el Art. 149, inc. 1° del C.P.P., toda vez que tratándose de nulidades relativas, producidas en la instrucción, el plazo máximo para su interposición lo fue en el término de la citación a juicio, en tanto que de las constancias de autos surge en forma palmaria que el primer planteo nulificatorio efectuado por la defensa ocurrió en la audiencia de debate.

Sin perjuicio de ello y al sólo efecto de despejar todo tipo de dudas respecto a la legitimidad del trámite instaurado en autos, me habré de referir puntualmente a los agravios de la defensa. En lo que hace al primero de ellos, referido a la pre-existencia —en relación a la indagatoria— de una declaración testimonial prestada por la imputada en sede prevencional, es necesario recordar que un acta de esta naturaleza, labrada por los funcionarios policiales y sin una posterior ratificación del testigo en sede judicial, carece de todo valor procesal, incluso indiciario, por lo que su contenido no puede ser tenido en cuenta con fines probatorios y mucho menos confesionales, y de hecho la declaración cuestionada no fue considerada, ni evaluada en el auto de procesamiento, ni tampoco en la sentencia recurrida, por lo que dicha diligencia en nada afecta la validez de la declaración indagatoria de la encartada.

Se ha agraviado igualmente la defensa por considerar que su pupila fue indagada fuera del exiguo plazo de 24 horas previsto en el Art. 261 del C.P.P. Este planteo es manifiestamente incorrecto y podría haberse ahorrado tiempo y trabajo la defensa con una adecuada y responsable compulsa del expediente. Adviértase que según constancias de fs. 108/109 la imputada D. fue detenida el día 09/09/2006 en la ciudad de Azul, Pcia. de Buenos Aires, en tanto que del informe glosado a fs. 141 es dable advertir que fue trasladada a la ciudad de General Acha, sede del Juzgado instructor, el día 11/09/2006, arribando a las 20:50 horas, en tanto que de fs. 139 surge que fue indagada el día 12/09/2006.

Ello así, el plazo en cuestión fue cumplido adecuadamente, pues la norma subexamen —Art. 261 del C.P.P.— dispone que la indagatoria deberá ser recepcionada en el término de 24 horas en que la persona fue puesta a disposición del Juez, y no a partir de su detención. Sin perjuicio de lo expuesto resulta oportuno destacar que ocurren situaciones en las que existe una imposibilidad material de cumplir con tal exigencia debido a que la persona, aún estando dentro de la jurisdiccional del Tribunal interviniente y habiendo sido notificada por el preventor a su disposición, sucede a menudo que no se encuentra en la misma ciudad y existen problemas logísticos para su traslado a la sede jurisdiccional, pues las circunscripciones judiciales de nuestra Provincia, en especial la 1ª y 3ª, tienen una extensión de cientos de kilómetros, por lo que cabe concluir que este plazo, si bien aparece como ordenatorio, de ninguna manera puede considerárselo como perentorio a los fines de nulificar la indagatoria, en la medida que no surja manifiesta una injustificable mora judicial.

Impugnación de la sentencia:

Habré de ingresar seguidamente a la consideración del planteo impugnatorio del fallo presentado por el recurrente. En lo que atañe a la primera cuestión expuesta, relativa a la existencia del hecho y su autoría por la imputada, debo expresar que objetivamente ha quedado probado en autos que el deceso del menor víctima se produjo en circunstancias en que su madre, la imputada de autos, se ausentó de su domicilio en horas de la madrugada —entre las 02:00 y 05:30 horas aproximadamente—, dejando al niño dormido y sin la presencia de otros moradores en la vivienda, ocurriendo en ese lapso un cortocircuito en la instalación eléctrica del inmueble que originó un incendio, a consecuencias del cual resultó la muerte del menor por asfixia.

Si bien la defensa a cuestionado la falta de certeza en cuanto al horario de la muerte de la víctima, argumentando que no está probado si el niño estaba vivo o no cuando arribó la imputada de regreso a su domicilio, considero que tal circunstancia resulta irrelevante a los fines de modificar el aspecto objetivo del caso, es decir la muerte de una persona como consecuencia del incendio registrado en el inmueble, tal como lo determinó el certificado médico de fs. 6, pues sea que el deceso se produjo antes del arribo de D o en forma inmediata posterior, lo cierto es que el motivo de la muerte fue la asfixia por inhalación de gases tóxicos producto del incendio.

Respecto a la segunda cuestión, referida a la calificación legal que corresponde asignarle a la conducta de la imputada, habré de coincidir con el impugnante en cuanto a que el hecho objetivo así planteado, carece de entidad suficiente para endilgarle responsabilidad penal en los términos del Art. 106 del C.P. —Abandono de Personas—.

Ello resulta así por cuanto los sentenciantes al considerar la segunda cuestión fijada en el fallo en crisis, relativa a la calificación legal de la conducta de la imputada, expresaron: "...la autora, por su propia voluntad se alejó de la vivienda en horas de la noche para concurrir a un local bailable y, dejó a su hijo solo y sin asistencia de terceras personas, exponiéndolo al peligro y en situación de desamparo por la incapacidad propia de un menor de tres años de edad, impeditiva de requerir auxilio para proteger su integridad física, falleciendo a consecuencia de la inhalación de gases tóxicos. Este accionar se encuentra enunciado en el artículo 106, párrafos primero y tercero del Código Penal...".

Respetuosamente considero que los integrantes del Tribunal a-quo partieron de una premisa equivocada, al considerar que el ausentamiento de la madre del domicilio, dejando al menor solo, es decir sin la asistencia de terceras personas, configuró el abandono tipificado en la norma penal enunciada, siendo igualmente errónea la interpretación que hicieran de los comentarios de Carlos Creus sobre la situación de desamparo que objetivamente identifica a este delito.

El abandono de personas legislado en el Art. 106 del C.P. es un delito de peligro hacia la integridad física, la salud o la vida de las personas, producto de un accionar voluntario del autor —dolo—, quien con su omisión genera la situación de peligro o riesgo para el sujeto pasivo, es decir que el desamparo generado por el activo debe llevar ínsito una situación generadora de peligro para la víctima, aspecto este que, por otra parte, debe hallarse debidamente internalizado en el subjetivismo de aquél, pues de lo contrario mal podemos hablar de un accionar típico doloso, como bien lo expone el recurrente.

Si bien la doctrina consultada en general ha coincidido sustancialmente con este concepto —Carlos Creus, Bompadre, Ricardo Núñez—, es Sebastián Soler quien lo trata con mayor precisión y claridad en su obra Derecho Penal Argentino, T. III, pag. 172 y siguientes. Allí expresa: "...Lo que establece la situación de abandono más que el alejamiento o no alejamiento del autor es la existencia o inexistencia de una situación de peligro.

...La simple privación de asistencia o la interrupción de aquélla no son suficientes, siempre que pueda razonablemente calcularse que la duración breve de la inasistencia no creará peligro para la vida o la salud.

....La situación de riesgo ha de medirse con el criterio de lo que puede razonablemente ocurrir.

Más adelante, al tratar la cuestión atinente al sujeto activo de este delito, Soler dice: "...Desde luego que en la forma de este delito consistente en colocar a alguien en una situación de peligro, cualquiera puede ser sujeto activo. ...Lo que cuenta es que ciertas personas tienen el deber de quedarse cuando su alejamiento crea un peligro actual, presente para la vida o la salud de la víctima".

Seguidamente y al referirse a "La comisión..." (pág. 177), el autor expone: "....El hecho se consuma en el momento de dejar al abandonado en situación peligrosa para el cuerpo o la salud, derivada de la falta de custodia. Pero en este punto es preciso observar que, contrariamente a lo que suele hacerse, para fijar bien el momento de la consumación de este delito, hay que atender más a la creación de la situación de riesgo que al incumplimiento de deberes. El hecho de que el sujeto incumpla un deber preexistente no es motivo para imputarle a él la creación de peligro. No se trata, pues, de un delito de omisión propio, aunque pueda cometerse mediante omisión, pues su consumación no consiste en no cumplir los deberes de asistencia, sino en poner en peligro la vida del abandonado mediante el abandono".

Queda claro de lo expuesto la necesidad de distinguir entre el incumplimiento del deber de asistencia, que en el caso de autos surge manifiesto por la relación filial que unía a D. con su hijo, con una situación de desamparo o abandono peligroso para la salud o la vida del sujeto pasivo, la que por otra parte debe generarse por el propio abandono malicioso y no por una contingencia fortuita y no previsible, "...La situación de riesgo ha de medirse con el criterio de lo que puede normalmente ocurrir", nos dice el maestro Soler.

El incumplimiento citado en primer término está ligado a una omisión de cuidados, propia de los delitos culposos, en tanto que el abandono de una persona, dejándola en una situación de riesgo actual y real producto del desamparo generado por el sujeto activo con su alejamiento malicioso, identifica al tipo penal subexamen.

Sentadas estas premisas, cabe preguntarse en este estado si produjo la encartada una situación de peligro actual y real para la integridad física o la vida de su hijo menor de edad al dejarlo durmiendo en su domicilio, para ausentarse del lugar, sin dejar a otras personas a cargo del niño, y en su caso si pudo razonablemente representarse que en su ausencia pudiera desencadenarse una contingencia de peligro capaz de producirle la muerte.

Considero que ambos interrogantes deben responderse en forma negativa, por cuanto la circunstancia de haber dejado la madre el niño durmiendo por un lapso de dos o tres horas, durante la madrugada, dentro de su propio domicilio, sin que conociera de antecedentes relacionados con problemas eléctricos en la vivienda, no importó por sí mismo la creación de una situación de peligro actual y concreto para la integridad física o la vida del menor, sino que el incendio fue producto de un cortocircuito eléctrico, cuyo origen se desconoce, lo que hace se trate de una cuestión sobreviniente, absolutamente fortuita e imprevisible, como bien lo expuso Fiscalía de Cámara en su alegato, por lo que mal puede responsabilizarse a título de dolo a la madre por un suceso de esta naturaleza.

Este aspecto subjetivo del tipo penal que nos ocupa, exige no sólo que el autor produzca la situación de peligro con el abandono malicioso de la víctima, sino también que internalice la existencia del peligro que ha generado para ésta, aspecto este que no ha sido debidamente abordado por los sentenciantes al tiempo de tener por acreditada la responsabilidad penal de la imputada, pues como bien lo expresa la defensa, nadie puede ser responsabilizado a título de dolo por una situación fáctica desconocida y no provocada, respecto a la cual ni siquiera tuvo razonablemente la posibilidad de prever su resultado —dolo eventual—.

Resulta igualmente necesario destacar que el aludido retiro voluntario de la imputada de su domicilio para asistir a un local nocturno invocado por los sentenciantes, más allá del reproche moral y social que puede tener esta conducta, ello de ninguna manera modifica la objetividad propia del tipo penal subexamen, pues si este accionar desaprensivo de la madre hubiera influido en el decisorio, estaríamos en presencia de un claro caso de valoración de la prueba por el método de la íntima convicción y no por el de la sana crítica exigido por el Art. 370 del C.P.P.

Habré de expresar por último que si bien a criterio del suscripto la conducta de M L D resulta propia de una omisión de cuidados, en los términos del tipo penal culposo legislado en el Art. 84 del C.P., no es posible a esta altura del proceso formular reproche alguno en tal sentido hacia su persona, toda vez que desde la comisión del hecho —17/05/1998— hasta el acto de recepción de la declaración indagatoria —12/09/2006, fs. 139—, primer acto procesal considerado como secuela del juicio y por consiguiente con idoneidad para interrumpir el curso de la prescripción de la acción penal —Art. 67, 4° párrafo, letra b) del C.P.—, transcurrió en exceso el término previsto en el Art. 62, inc. 2° del C.P. atento el máximo punitivo previsto en la norma penal aludida supra —Art. 84 del C.P.—, por lo que la prescripción de la acción penal ha operado para este ilícito.

Por lo expuesto, habré de hacer lugar a la impugnación deducida por la defensa técnica de M. L. D., revocando el fallo condenatorio dictado en su contra por la Cámara en lo Criminal n° Uno de esta ciudad a fs. 426/432, disponiendo su absolución en relación al hecho investigado en autos.

El doctor Flores dijo:

Entiendo correcto el voto de mi colega preopinante, me adhiero al mismo en un todo, votando en consecuencia de igual forma toda vez que da mi juicio las razones necesarias y suficientes para decidir correctamente el recurso incoado.

A modo de complemento y en relación a la impugnación de la sentencia interpuesta por el recurrente, cabe señalar que no se encuentra cuestionada la causa del siniestro (incendio producido por un cortocircuito en la instalación eléctrica de la vivienda) ni la causa del deceso del niño (asfixia por inhalación de gases tóxicos). Es a partir de allí desde donde debe analizarse la actuación de la madre ante tal evento y si su accionar merece, conforme lo señala la sentencia puesta en crisis, reproche penal y su conducta se encuadra en las previsiones anunciadas en el art. 106, párrafo primero y tercero, y 107 del Código Penal.

Descripto el acontecimiento histórico atribuido a la imputada, el que se tuvo por acreditado, cabe analizar cual fue la responsabilidad que le cupo a la encartada al retirarse del domicilio dejando a su hijo, en horas de la madrugada, solo y encerrado en la vivienda y sin la asistencia de terceras personas en la que posteriormente fallece luego de provocarse un incendio en el lugar.

De la lectura del art. 106 del Código Penal surge una conducta típica cual es "poner en peligro la vida o la salud de otro" y dos medios comisivos, cuales son, "colocar en situación de desamparo" o "abandonar a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que debe mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado...".

En mérito a ello cabe analizar si la inculpada M L D fue quien puso en peligro la vida de su hijo menor de edad, privándolo de la protección a la que estaba obligada a proporcionarle y si tal situación fue creada intencionalmente por la endilgada para poder dedicar su tiempo a su recreación, eludiendo al deber interpuesto por la ley.

Al respecto cabe referir que doctrina y jurisprudencia son contestes en señalar que el abandono de personas es un delito de tipo doloso. "Se requiere el dolo de puesta en peligro, que se determina primeramente, según el concepto general de dolo; es decir, el conocer y querer las circunstancias que pertenecen al tipo penal objetivo. El dolo se debe referir al desamparo de la víctima y al peligro que corre en la situación en concreto" (Eduardo A. Donna, Derecho Penal. Parte Especial, T. I, pág. 369 y sig, 2da. edición, Rubinzal Culzoni editores)... "No basta la simple dejación, fruto de una negligencia o imprudencia, sino que requiere la voluntad de desinteresarse, de sustraerse a un deber de asistencia...". Por su parte Creus señala que el dolo en el delito de abandono de persona esta constituido por el conocimiento del carácter de las acciones que se realizan y por la creación del peligro, sea que se quería este directamente, o si la acepte como eventualidad de aquellos (Carlos Creus, Derecho Penal. Parte Especial, T., pág. 117, Ed. Astrea, Bs. As.). En suma, el abandono de personas constituye un delito de omisión impropia cuya configuración requiere, desde lo objetivo la puesta en peligro de la vida o la salud de quien es incapaz de valerse, derivada de la colocación en situación de desamparo o de abandono por parte de quien tiene la obligación de mantenerla o cuidarla y la posibilidad objetiva de evitar el riesgo por medio de la conducta debida y desde lo subjetivo, el conocimiento de aquellos extremos, especialmente, de la situación objetiva de peligro concreto para la vida o salud.

El abandono supone la existencia de un dolo en el autor referido al desamparo de la víctima y al peligro corrido en la situación concreta... no basta con la comprobación de quehaceres descuidados o negligentes que no sobrepasen el límite de la culpa, puesto que el molde legal en estudio no prevé la forma culposa de omisión (C.N. Apel. Crim. y Corr., Sala VII, N° 46.202 del 08/11/2005). El dolo que exige la figura en análisis no puede presumirse, sino que debe acreditarse mediante elementos de juicios probatorios idóneos que hagan surgir, sin dudas razonables la existencia de aquél.

De autos, conforme a las pruebas de cargo que conforman el plexo probatorio, no puede inferirse según los hechos que se tuvieran acreditados que la inculpada haya colocado en "situación de desamparo" "ni de abandono" a su hijo, toda vez que si bien dejó solo al menor en el domicilio, su deceso no puede reputarse a su conducta sino a una situación extraña a la misma, cual fue la extensión del fuego por circunstancias ajenas a su accionar. O sea, el peligro en concreto comienza a partir de una contingencia distinta de su actitud de retirarse momentáneamente del lugar, lo cual impide tener por configurada la tipicidad objetiva prevista en el art. 106 del C.P. que exige que la situación de peligro sea propuesta por el sujeto activo.

Como bien señalara el colega preopinante, el retiro voluntario de la encartada de su domicilio para asistir a un local bailable, si bien importa una actitud desaprensiva y desinteresada podrá ser valorado desde el punto de vista moral pero de manera alguna tal conducta modifica la objetividad propio del tipo penal, extremos que no advierto en el caso sub-examen. En el abandono o desamparo las formas culposas resultan atípicas.

Podría sí suponer su accionar una transgresión de los deberes de cuidado exigibles en el art. 84 del C.P., por tanto reprocharle su conducta a título de culpa, por el resultado producido y ante la existencia de un nexo de causalidad entre aquella y el resultado mortal producido y sin el cual el desenlace luctuoso no se hubiese producido, pero tal presupuesto no puede ser posible toda vez que la prescripción de la acción penal es un impedimento para ello conforme lo preceptuado en los arts. 67, 4to. párrafo, letra f) y 62 inc. 2° del Código Penal.

En mérito a las consideraciones expuestas entiendo que corresponde hacer lugar al recurso de impugnación deducido a fs. 434/438 por parte de la defensa técnica de la encartada, revocando el decisorio del Tribunal de mérito obrante a fs. 426/432 y disponer la absolución de M L D en relación al hecho investigado en autos.

Por ello, la Sala B del Tribunal de Impugnación, falla: 1.) Haciendo lugar a la impugnación deducida por la defensa técnica de M. L. D., revocando el fallo condenatorio dictado por la Cámara en lo Criminal n° Uno de esta ciudad a fs. 426/432. 2°) Absolviendo de culpa y cargo a M. L. D., de antecedentes personales obrantes en la causa, en relación al delito de abandono de persona (Arts. 106, primer y tercer párrafos y 107 del C.P.) por el que fuera acusada en autos; sin costas (Arts. 498 y 499 del C.P.P.). 3°) Notifíquese. protocolícese el original y agréguese copia al presente. Oportunamente vuelva al Tribunal de procedencia. Cúmplase.— Gustavo A. Jensen.— Carlos A. Flores.


 

 

 








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