¿De qué se trata? 16 de enero de 2002 el tlc chile-eeuu



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Seguros y Servicios Relacionados con Seguros

En materia de presencia de compañías de seguros, se consolidó la apertura actual, que permite el establecimiento de compañías de seguros extranjeras en Chile. Sin embargo, se acordó que Chile también permitirá el establecimiento bajo la forma de sucursales, habiendo plena libertad para regular estas sucursales las que tendrán las mismas obligaciones de capital y reservas que las compañías establecidas como subsidiarias.


En materia de comercio transfronterizo se adquirió el compromiso de permitir que compañías de seguros de EEUU no establecidas en Chile sólo puedan ofrecer seguros que cubran los riesgos relacionados con el transporte marítimo y aéreo internacionales a clientes residentes en Chile.
Por último, se consolida el consumo en el extranjero de seguros, con la excepción de los obligatorios y los relacionados con la seguridad social, tal como lo permite actualmente la legislación chilena sobre la materia.

Bancos y Otros Servicios Financieros

Respecto de los servicios bancarios y de valores, se consolidó la actual apertura a la presencia comercial de instituciones financieras extranjeras en el mercado de capitales de Chile. No habrá ningún cambio respecto de la forma como se regulan las sucursales de bancos extranjeros en Chile.


En materia de comercio transfronterizo se consolida la prestación de servicios relacionados con la entrega de información sobre los mercados financieros, de procesamiento de datos financieros y de asesorías de inversión por parte de entidades financieras no establecidas en Chile.
En cuanto a la administración de fondos de pensiones se mantiene la plena libertad para que el Banco Central fije el límite de inversión de estos fondos en el exterior. En el acuerdo se consolida el derecho de establecimiento de empresas de administración de fondos de pensiones (AFPs) de propiedad estadounidense, tal como lo permite actualmente la legislación chilena.
A través de este capítulo también se consolida el consumo en el extranjero de aquellos servicios financieros que la ley permite, con sujeción a las normas en materia de cambios externos del Banco Central.

Beneficios para Chile

Además de los beneficios que a Chile se le abren como un potencial exportador de servicios financieros, merece destacarse el hecho que el país pueda transformarse en el lugar desde el cual las instituciones financieras de los Estados Unidos presten servicios financieros en los demás mercados de América Latina. Tampoco debe perderse de vista el beneficio que obtendrán los consumidores ante un eventual aumento de competencia entre los distintos oferentes de servicios financieros.


También se lograron acuerdos respecto de la transparencia de las normas para el desarrollo y aplicación de regulaciones financieras, en la misma línea de lo que ya están haciendo las superintendencias respectivas para establecer mecanismos de consulta y diálogo con el sector privado al modificar o crear una norma.


14.- COMERCIO ELECTRONICO
El comercio electrónico es un tema nuevo en el ámbito del comercio internacional que involucra el intercambio de bienes y servicios a través de Internet. A nivel multilateral, aún no hay un tratamiento ni un acuerdo sobre la regulación que dé garantías al desarrollo de esta actividad. El objetivo del capítulo del TLC es reconocer la creciente relevancia del comercio electrónico y la importancia de limitar las barreras innecesarias para que éste se pueda desarrollar.
Es el primer Tratado de Libre Comercio que incorpora disciplinas vinculantes en materia de comercio electrónico:


  1. El capítulo sólo se refiere a los Productos Digitalizados (PD) trasmitidos electrónicamente, es decir, sólo aquellos que se “bajan” del computador. Lo anterior, significa que los PD que vienen incorporados en un “medio portador” están fuera del alcance de las disciplinas de este capítulo.

  2. Ambos países adquirieron el compromiso de no aplicar “aranceles aduaneros” a los PD, que se transmiten electrónicamente.

  3. Se acordó el principio de no discriminación para los PD, sobre la base del trato NMF, por el hecho de haber sido creados, publicados, almacenados, transmitidos, contratados por, o puestos por primera vez a disposición en términos comerciales en el territorio de la otra parte o que su autor, distribuidor, intérprete, es una persona de la otra Parte. No obstante ello, las Partes podrán elaborar una lista de medidas disconformes con esta obligación dentro del plazo de un año contado desde la fecha de entrada en vigencia del tratado, las cuales podrán seguir en vigor aún cuando sean contrarias al principio de no discriminación.

  4. Se estableció el concepto de PD, definiéndolo como un bien, o “los contenidos asociados a un servicio”, transmitidos electrónicamente; estos productos digitalizados incluyen programas computacionales, texto, video, imágenes, grabaciones de sonido y otros productos que son digitalmente codificados.

Si bien Chile no es en la actualidad un productor de PDs, si es necesario tener presente que los productores de PDs chilenos podrán gozar de un trato preferente en EE.UU. y además va a ser posible captar inversiones de otros países que quieran enviar estos productos desde Chile para gozar de un trato no discriminatorio dentro de EE.UU. Lo anterior, le va a dar a Chile una ventaja comparativa a nivel mundial, y sobre todo, en Sudamérica.



15.- COMPRAS PUBLICAS
La suscripción del Capítulo de Contratación Pública en el marco del Acuerdo alcanzado con los Estados Unidos beneficia a nuestro país en términos muy concretos en dos grandes áreas: acceso al mercado público estadounidense y mejoras en las disciplinas de contratación pública, sin que ello reste flexibilidad o dinamismo a los procedimientos internos vigentes.
Mayor y mejor acceso al mercado de EEUU


  • El gasto total del gobierno de EEUU en el año 1998 superó los 1.43 billones de dólares (32% PIB) y para el año 2000, las adquisiciones a nivel federal - sin considerar Estados y empresas públicas - fueron del orden de los 203.5 mil millones de dólares, cifra que representa, por sí sola, aproximadamente el 90% de las adquisiciones de todos los países parte en las negociaciones del ALCA. Como contrapartida, en el año 2001, las adquisiciones en nuestro país - sin considerar municipalidades y empresas públicas - fueron del orden de los 3 mil millones de dólares.




  • En este contexto, un primer elemento destacable del Acuerdo es que abre a los proveedores chilenos de bienes y servicios un nuevo mercado público. En la actualidad, la participación de Chile en dicho mercado es inexistente, por cuanto, a diferencia de lo que sucede en Chile- donde no existen limitaciones o prohibiciones a proveedores extranjeros para contratar con el sector público - en los Estados Unidos, por mandato legal (Buy American Act, de 1933), las entidades de gobierno sólo están autorizadas a adquirir bienes domésticos, exclusivamente de proveedores de los Estados Unidos. Sólo los países con quienes EEUU ha suscrito acuerdos comerciales ( NAFTA, Israel; ACP7) están excluidos de dicha normativa lo que permite que sus bienes sean elegibles en los procesos de contratación, exclusión que el Acuerdo hará extensiva a nuestros proveedores, quienes de esta forma podrán participar en los procesos de contratación de los Estados Unidos, en igualdad de condiciones con sus proveedores nacionales.




  • La cobertura acordada en el capítulo es amplia. Chile no sólo tendrá acceso a la totalidad de entidades en el ámbito federal, sino que, además, accederá a las adquisiciones de 37 Estados8 y a una serie de empresas públicas norteamericanas, logrando un mejor acceso que el otorgado a los países del NAFTA y numerosos países del ACP, impedidos de participar en contratos a nivel subfederal. Asimismo, Chile tendrá acceso a las adquisiciones del gobierno central para contratos a partir de los $50.000 dólares, siendo este monto, el menor aplicado por los Estados Unidos en sus acuerdos comerciales, equivalente al otorgado en el marco del NAFTA, pero muy inferior a los montos acordados en el ACP ($150.000 dólares, aprox.). De esta forma, Chile se beneficiará del mejor trato que los Estados Unidos otorga a cualquier otro socio comercial, en términos de cobertura (entidades, bienes, servicios y umbrales).




  • Se consagran los principios de trato nacional, no-discriminación y transparencia de los procesos de contratación; se establece la necesidad de publicar, adecuadamente y en un sólo medio, todos los llamados a licitación cubiertos por el capítulo, además de informar oportunamente los resultados de tales licitaciones; se estandarizan los plazos para la presentación de ofertas; se establecen reglas para asegurar estándares mínimos de integridad de los funcionarios públicos involucrados en los procesos de contratación; se establece la licitación pública como regla general de contratación y se reafirma el derecho a recurrir ante una autoridad jurisdiccional independiente frente a cualquier violación de los principios señalados.

Asimismo, el capítulo constituye una valiosa herramienta de apoyo en la política de perfeccionamiento de los procesos de contratación pública impulsada por el Gobierno, al ser coincidente con los objetivos planteados a nivel interno, a saber, entre otros:




  • Mejorar los canales de información de los agentes interesados, tanto nacionales o extranjeros, que digan relación con las necesidades, procesos y resultados de contratación, incrementando la transparencia de su funcionamiento y cobertura.




  • Crear condiciones de transparencia, probidad, eficiencia y competencia en un mercado de contratación pública descentralizado y abierto, de modo que los organismos públicos obtengan mejores condiciones de compra y menores costos en su gestión.




  • Ayudar al desarrollo del mercado de proveedores, proveyendo información de los requerimientos del sector público, sus requisitos y normativas de operación.




  • Aumentar las posibilidades de elección para los organismos públicos, ya que se informa de un mayor número de proveedores y de sus características. Además, hace públicas las estadísticas de las operaciones de compra de cada institución.



16.- PROPIEDAD INTELECTUAL
Las negociaciones también involucraron el tratamiento de los derechos de propiedad intelectual. Al incluir este tema en los acuerdos internacionales, se busca proteger los derechos de autor, marcas de fábrica o de comercio y las denominaciones de origen, entre otros.

La legislación chilena aún no se ajusta plenamente a los compromisos suscritos en el acuerdo TRIPS que norma el tratamiento de estos asuntos a nivel multilateral, pues los dos proyectos de ley que existen en esta materia y que apuntan a cumplir con tales adecuaciones, aun e encuentran en trámite legislativo.


Esta legislación debió haber entrado en vigencia a principios de 2000. Una vez que ambos proyectos concluyan su trámite legislativo, Chile quedará con un adecuado nivel de protección a los derechos de propiedad intelectual, levemente superior a aquel prescrito en el acuerdo TRIPS.
El TLC también incluye el tratamiento de los derechos de propiedad intelectual. Se trata de un extenso capítulo que incursiona en materias de gran complejidad pero claves para el desarrollo de la creación e innovación en el país. Aquí se incorporan temas como: protección de marcas, indicaciones geográficas, nombres de dominio de Internet, protección de señales satelitales portadoras de programas codificados, derechos de autor y derechos conexos (artistas, interpretes y productos de fonogramas), patentes, normas de observancia; productos regulados (protección a la información no divulgada); y la suscripción de ciertos acuerdos internacionales.


  • En estas materias llegamos a un acuerdo con estándares modernos y de país desarrollado, pero en equilibrio con los intereses de los usuarios y de la comunidad chilena en general. Esto incentivará la innovación y la creación en Chile al mismo tiempo que las inversiones extranjeras en nuevos sectores intensivos en tecnología




  • EEUU reconoció y se comprometió a proteger las indicaciones geográficas de los productos chilenos, elemento crucial para agregar valor a las exportaciones agrícolas.




  • Una acción eficaz contra la piratería que afecta principalmente a la industria audiovisual y del software, pero sin excesos que faciliten conductas monopólicas o que generen barreras que podrían entrabar el acceso justo y razonable de consumidores y usuarios al conocimiento y los contenidos.




  • Un incentivo al desarrollo de la industria cultural que tiene importancia estratégica para la economía chilena a través de tres vías: incrementando los estándares de protección a los derechos de autores, artistas y productores; conservando la jerarquía de derechos que existen en Chile a la vez que ciertas excepciones para el mundo analógico; y mediante la “reserva cultural” en el capítulo de servicios del TLC, Chile se asegura que podrá establecer políticas proactivas de fomento a este tipo de industrias.




  • Un sistema de patentes eficaz, que en el caso de los medicamentos conserva el consenso construido en la Cámara de Diputados en la discusión sobre el proyecto de ley respectivo. Se asegura la protección de la innovación, pero sin una sobre protección que dificulte el acceso de la población a medicamentos a costos razonables.


17.- MEDIO AMBIENTE
Los temas relativos al medio ambiente han ido adquiriendo una importancia creciente en la agenda del comercio internacional. El TLC es el primer acuerdo comercial que incorpora este tema en forma comprensiva, fomentando por un lado los mecanismos de cooperación bilateral, asegurando el cumplimiento de las normas ambientales nacionales en lo relativo al comercio bilateral y resguardando la soberanía de los países en estas materias.


  • Ambos países se comprometen al cumplimiento de la propia legislación ambiental. Esta es la única obligación recurrible en lo ambiental y puede ser exigible a través de los procedimientos de Solución de Controversias del Acuerdo.




  • Se reconoce el derecho de cada Parte de establecer sus propios niveles de protección ambiental y políticas y prioridades de desarrollo ambiental, así como de adoptar y modificar, en consecuencia, su legislación ambiental.




  • Ambas Partes deben procurar que sus leyes ambientales provean altos niveles de protección y deberán esforzarse por seguir mejorándolos.




  • El acuerdo consigna que es inapropiado que las Partes intenten debilitar o reducir los niveles de protección ambiental con el fin de alentar el comercio o la inversión.




  • Se crea un Consejo de Asuntos Ambientales compuesto por representantes de las Partes, de nivel ministerial o su equivalente, o por quienes ellos designen, que se reunirá periódicamente.




  • Se establece un mecanismo de consultas específico para las materias ambientales, que contempla plazos e instancias previamente definidos; la posibilidad de realizar consultas con expertos gubernamentales y externos y de recurrir a determinados procedimientos como los buenos oficios, mediación o conciliación. En estas consultas el Consejo Ambiental juega un rol fundamental.




  • En caso de que el Consejo no pudiera resolver algún problema, se puede recurrir al Mecanismo de Solución de Controversias, que contempla la elaboración de Listas Especiales de Expertos en Asuntos Ambientales para integrar los Paneles.




  • Se incorpora una importante participación de la sociedad civil en la implementación de lo acordado.




  • Se fortalecen las relaciones de cooperación e inversión entre ambos países, y se acuerda:

  • llevar a cabo, a través de los ministerios o agencias pertinentes, un número determinado de proyectos de cooperación (8) que fueron identificados en el curso de la negociación; y,

  • iniciar prontamente la negociación de un Acuerdo de Cooperación Ambiental, donde se determinarán y se fijarán prioridades para nuevas actividades de cooperación.




  • Entre los proyectos ya identificados cabe mencionar:

  • Mejoramiento de la calidad de los combustibles, especialmente petróleo diesel y gasolina.

  • Disminución de la contaminación proveniente de prácticas agrícolas por medio de programas de entrenamiento para promover, entre otros, el adecuado manejo de fertilizantes y pesticidas químicos.

  • Mejoramiento de la fiscalización ambiental.

  • Desarrollo e implementación de alternativas eficientes al uso del bromuro de metilo.




  • Se incluyó una mención sobre responsalidad social y ambiental por parte de las empresas que operen en ambos países. En efecto, las Partes se comprometen a alentar a las empresas que operan en sus territorios a incorporar, de una manera voluntaria, principios de responsabilidad corporativa en sus políticas.




  • El TLC contribuirá a que Chile sea reconocido y valorado como un país que adhiere firmemente a los principios de Desarrollo Sustentable y que se esfuerza por armonizar crecimiento económico con equidad social y con la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales.



18.- ASUNTOS LABORALES
Los temas relativos a los asuntos laborales han ido adquiriendo una importancia creciente en la agenda del comercio internacional. El TLC es el primer acuerdo comercial que incorpora este tema en forma comprensiva, fomentando por un lado los mecanismos de cooperación bilateral, asegurando el cumplimiento de las normas laborales nacionales en lo relativo al comercio bilateral y resguardando la soberanía de los países en estas materias.


  • Ambos países se compromete al cumplimiento de la propia legislación laboral, respecto de las normas laborales fundamentales que se definen en el texto y que son:

- Libertad sindical;

- Negociación colectiva,

- Trabajo forzoso

- Trabajo infantil

- Condiciones de trabajo aceptables relativos a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional


La cobertura de las obligaciones para EEUU abarca la legislación federal, fiscalizada por el gobierno federal. En el caso de Chile, abarca las leyes o reglamentos fiscalizados por la agencia de gobierno encargada de la fiscalización de las leyes laborales.



  • El tratado prevé como obligación que ninguna de las Partes dejará de cumplir con su propia normativa laboral como una forma de promover el comercio entre las partes.




  • Chile ya se ha comprometido al cumplimiento de estas normas laborales en forma previa, al ratificar los convenios fundamentales de la OIT y al suscribir la Declaración de OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, de 1998, junto con la unanimidad de los países del planeta. No se exige homologación normativa.




  • Existe expreso resguardo del principio de soberanía respecto de modificar la propia legislación o respecto de la posibilidad de determinar las acciones regulatorias o de la Administración sobre todos los temas laborales.




  • Existe igualmente resguardo de la autonomía del Poder Judicial en cuanto las disposiciones de acuerdo no permiten que las decisiones de los Tribunales, en materias pendientes o ya resueltas sean objeto de revisión o reapertura de acuerdo a este Tratado.




  • Ambos países reafirman sus compromisos adquiridos ante la OIT respecto de los derechos fundamentales en el trabajo, en el sentido que procurarán asegurar que sean reconocidos y protegidos por la legislación nacional y que no se debilitarán o reducirán tales protecciones para promover el comercio o la inversión.




  • Se establece, acorde con las obligaciones sustantivas, mecanismos de garantías procesales para hacer valer tales derechos, los que están en plena concordancia con normas constitucionales de Chile que resguardan el debido proceso y con los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en esta materia.




  • La institucionalidad es muy simple para no burocratizar ni encarecer el sistema, con Puntos de Contacto entre las Partes, a nivel de los Ministerios del Trabajo y un Consejo de Asuntos Laborales (de nivel ministerial) para supervisar la implementación y revisión de los acuerdos alcanzados en la materia y particularmente del Mecanismo de Cooperación Laboral, con reuniones periódicas y con un programa de trabajo. Se establece la asesoría o consulta a grupos de trabajo, expertos u ONGs.




  • Se establece un Mecanismo de Cooperación Laboral para promover el respeto de la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales y su Seguimiento de la OIT (1998) y muy especialmente para promover el cumplimiento del Convenio 182 de OIT relativo a la Prohibición y Acción Inmediata para la Eliminación de las Peores Formas del Trabajo Infantil.




  • En el capítulo laboral se establece un sistema de consultas tendiente a evitar disputas y buscar soluciones mutuamente satisfactorias para cualquier dificultad que pueda suscitarse entre ambos países, con posibilidad de recurrir a expertos o a mecanismos de buenos oficios, mediación o conciliación. El mecanismo de consultas se establece de un modo expedito pero con plazos que permitan un razonable estudio de los casos presentados, los que deben ser debidamente documentados y fundados. Este mecanismo es previo a cualquier procedimiento de solución de disputas. En caso de que el Consejo no pudiera resolver algún problema, se puede recurrir al mecanismo de solución de controversias.




  • Está establecida en numerosas disposiciones la participación de la sociedad civil (organizaciones sindicales y empresas), tanto en relación al Consejo de Asuntos Laborales y al Mecanismo de Cooperación Bilateral, como también en el caso de una eventual controversia.




  • Se resguarda el principio de la especificidad de los asuntos laborales, quedando radicada la titularidad activa para realizar consultas en los Puntos de Contacto de ambos países y en el Consejo de Asuntos Laborales. Asimismo, la lista de panelistas para un eventual panel arbitral incluirá expertos en Derecho del Trabajo y su aplicación, entre otros; y también se contempla para los asuntos laborales un mecanismo específico de implementación de la resolución del panel arbitral en el capítulo de solución de controversias.



19.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS


  • Un sistema de solución de controversias eficaz es fundamental para asegurar el adecuado funcionamiento de las normas acordadas en el Tratado de Libre Comercio. Para un país como Chile, muy abierto al mundo y con recursos limitados, es una herramienta crucial para que los contenciosos que se susciten con sus grandes socios no sean resueltos por éstos de manera unilateral, sino de una manera que asegure objetividad al socio más pequeño.



  • El sistema de solución de diferencias del TLC busca resolver de una manera eficiente, fluida e imparcial aquellos conflictos que afectan la relación comercial en lo concerniente a las disciplinas negociadas,. Este sistema considera varias instancias, la primera de las cuales es la de consultas o negociaciones directas entre las Partes y la segunda considera la intervención de la Comisión de Libre Comercio del Acuerdo como instancia de discusión y solución de disputas a través de buenos oficios, mediación o conciliación. Si las partes no llegan a un acuerdo satisfactorio se constituye un panel arbitral, compuesto de tres árbitros, que deberá determinar si una Parte ha incumplido con sus obligaciones y, eventualmente, presentar sus recomendaciones.



  • A diferencia de los sistemas clásicos de solución de controversias, que sólo prevén la retorsión cuando la parte demandada no cumple con la decisión arbitral, el mecanismo previsto en el Tratado incorpora como alternativa la opción de pagar una compensación monetaria correspondiente a un porcentaje de los beneficios de efecto equivalente que tendría derecho a suspender la Parte demandante. Sin embargo, en materia laboral y ambiental esa compensación monetaria constituye una contribución monetaria, cuyo objeto es financiar el plan de acción que acuerden las Partes en orden a mejorar el cumplimiento de la propia normativa de la Parte demandada.


Etapas y características del procedimiento



  • Se regula el sistema general para solucionar controversias entre Estados lo que permite tener un procedimiento pre-establecido, reglamentado en las Reglas de Procedimiento, también
    acordadas.

  • El procedimiento establece etapas definidas y plazos, que deben cumplirse.

  • El procedimiento tiende a favorecer el entendimiento entre las Partes tanto en la etapa de consultas como en la etapa de implementación de la resolución del panel.

  • Si no prospera el entendimiento entre las Partes en el período de Consultas, éstas designan un panel de 3 personas independientes, que emite una opinión respecto si hay o no incumplimiento. Cada Parte elige a un panelista de una lista pre-seleccionada con anterioridad, nacional de esa Parte, y entre ambas Partes, eligen a un tercer panelista, también de una lista predeterminada, no nacional de las dos Partes.

  • Dictada la resolución del panel, las Partes deben convenir como implementarlo. A falta de acuerdo podrá pactarse una compensación y a falta de acuerdo en ésta la Parte demandante puede suspender la aplicación de beneficios otorgados por el Tratado salvo que la Parte demandada ofrezca
    pagar una retribución monetaria. La Comisión puede decidir que la retribución se coloque en un fondo para financiar iniciativas que favorezcan el comercio entre las Partes.

  • En materias laborales y medio ambientales, donde la única obligación recurrible a través del mecanismo de solución de controversias, es el incumplimiento sostenido y recurrente de la propia legislación, siempre que esto afecte el comercio entre ambos países, una vez establecido el incumplimiento por un panel, si las Partes no logran acuerdo en un plan de acción para remediar el incumplimiento , el panel puede determinar una contribución monetaria que deberá colocarse en un fondo para financiar iniciativas laborales o ambientales. Si no se cumple con el pago de la contribución, la Parte demandada puede tomar otras medidas, entre ellas la suspensión de beneficios, para cobrarla.

  • Se acordaron importantes reglas sobre transparencia en el procedimiento, lo que implica que las presentaciones de la Partes se harán públicas, que las audiencias sean también públicas y que terceros interesados (amicus curiae) puedan hacer presentaciones al panel bajo ciertas condiciones.



Transparencia


  • los actos administrativos de aplicación general serán públicos, inclusive las medidas por adoptar.

  • los procedimientos administrativos serán imparciales, debidamente publicitados y notificados, con la posibilidad de defensa.

  • los actos administrativos serán revisables por tribunales imparciales e independientes.


Administración del Tratado.


  • Se crea una Comisión con representantes de ambos países.

Cada Parte debe establecer una Oficina para apoyar los procedimientos de solución de controversias.

PARTE II: EVALUACION DEL IMPACTO DEL TLC


  • Según estudios de la DIRECON, la expansión exportadora global inducida por el TLC Chile-EEUU asumiendo la plena desgravación, ascendería a US$ 504,4 millones, lo que respecto al comercio exportador actual representa un incremento de 15,9% y significa un 0,7% de PIB. El aumento de las exportaciones tiene un efecto de arrastre importante en las actividades de servicios que las apoyan, es decir : telecomunicaciones, infraestructura portuaria, aeropuertos, transporte marítimo y aéreo (aumento en frecuencia de rutas, nuevos destinos, más vuelos directos ; nuevos centros de operación y almacenaje, captación de demanda de fletes de países vecinos, entre otros).




  • Desde el punto de vista de las importaciones, Chile compró de EEUU US$3083 millones en 2001, lo cual representó un 20% del total de importaciones. Para EEUU las compras que hace desde Chile significan solo un 0,3% del total de importaciones. Si Chile alcanzara a cubrir sólo un 0,4% de tales importaciones, ya se estaría agregando 2 puntos de crecimiento al PIB. El impacto estimado sobre las importaciones estadounidenses derivado del TLC es del orden de US$348 millones, lo que representa un incremento de 11% de las importaciones desde EEUU y de 2,7% en la variación global de importaciones.




  • En lo que se refiere al grueso de la oferta de productos de EEUU importables, inducida por el TLC, éstos son más bien complementarios que directamente competitivos con la producción interna chilena. Un 84% del incremento global de importaciones provendría de la desviación de comercio importador chileno que actualmente proviene de terceros países que compiten con EEUU; y sólo el 16% correspondería a la creación de nuevos flujos importadores que podrían tener un riesgo competitivo para la producción interna.




  • La desgravación arancelaria genera en el mercado interno una tendencia a la reducción de los precios de los bienes importados y un aumento de la cantidades demandadas de los mismo. En este sentido, los acuerdos comerciales tienen por fin beneficiar al consumidor y aumentar su bienestar. Naturalmente, la magnitud del efecto generado sobre el precio y la cantidad, dependerá del grado de competencia en el mercado local, de la sensibilidad de la oferta internacional y de la demanda por el bien importado. Tratándose de un bien final (p.ej. teléfonos celulares) traído de EEUU y que no se produce en Chile, la reducción del arancel, con una baja elasticidad de la demanda, registrará una disminución de precios significativa.




  • Un elemento importante en las negociaciones es la eliminación lo más inmediata posible de los aranceles escalonados que limitan la diversificación exportadora, particularmente en los rubros de mayor grado de elaboración. Los resultados obtenidos de la negociación con EEUU permiten avizorar en el corto plazo un promisorio horizonte para la industria textil, vestuario y calzado, aunque en la agroindustria el proceso de desgravación será más lento.




  • Las actividades del sector textil, vestuario y calzado tienen elevada protección en el comercio internacional, particularmente en los países desarrollados. En este sentido, la desgravación inmediata en gran parte de estos sectores es un logro relevante. Según estudios de DIRECON, el impacto exportador que podría alcanzar la degravación en los sectores señalados (todos ellos intensivos en mano de obra) sería del orden de US$166 millones, es decir casi un tercio de los impactos globales ya mencionados. Esto favorecería el aumento del empleo en estos sectores.




  • De acuerdo a la experiencia de México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hubo un importante crecimiento de sus exportaciones hacia EEUU y de las inversiones directas de los EEUU en México. Desde la entrada en vigor del TLCAN (1994), las exportaciones de México a EEUU se han más que triplicado (3,27 veces), con una tasa de crecimiento promedio anual de 16% en el periodo 1994-2001. Por otra parte, la entrada de inversiones directas de EEUU a México casi se ha cuadruplicado (3,96 veces), con una tasa de crecimiento acumulativa promedio anual de 21,7% en el periodo 1994-2001. La relación de vecindad geográfica entre estos dos países, sin duda también influye en la magnitud de estos flujos.




  • En el caso de Chile, las favorables condiciones de acceso a la economía más grande del mundo y la estabilidad de reglas contempladas en el TLC con EEUU constituyen un atractivo para las decisiones de inversión en Chile de las principales empresas internacionales, tanto de EEUU, como europeas y asiáticas. Desde este punto de vista, debería crecer la participación relativa de Chile en la cartera de proyectos de inversión en la región y entre las economías emergentes, incluyendo las oportunidades que también se abren para inversionistas argentinos y brasileños.




  • El TLC con EEUU también abrirá importantes oportunidades de inversiones en tecnologías de la información, afirmando a Chile como plataforma de servicios en este sector. En este sentido, se trata de reemplazar servicios que se proveen hoy desde EEUU o en la región, para eventualmente producirlos en Chile. Este tema es abordado por el “Programa de Atracción de Inversiones de Alta Tecnología" de Corfo, que se ha planteado como meta para los próximos 4 años generar 10.000 nuevos empleos y exportaciones cercanas 150 millones de dólares, en servicios de tecnologías de la información (actualmente se exportan 20 millones). Ya se han instalado en el país 12 centros de servicios internacionales de importantes empresas multinacionales (call center, soporte y servicios compartidos de tecnologías de la información, centros de desarrollo de software regional , contact center).




  • El TLC ayudará a abordar uno de los principales cuellos de botella de Chile: el financiamiento del desarrollo. Con un efecto favorable sobre el riesgo país, mayor atracción para la inversión extranjera y mayor competencia en el sistema financiero, se generarían mejores condiciones para expandir la cobertura y profundidad de la oferta de crédito, incluyendo los segmentos de largo plazo y de apoyo a capital semilla y a innovadores, a más bajo costo.




  • La ampliación de mercado inducida por el TLC con EEUU arrastra a su vez a un aumento de la rentabilidad esperada de la inversión al nivel local. Primero, por las mayores economías de escala que inciden en un menor costo unitario de producción y segundo, por las economías que se producen por la importación mas barata de equipos y bienes intermedios producidos en EEUU lo cual tendería a reforzar el menor costo unitario indicado. Además, un mayor flujo comercial se podría traducir en una disminución en los costos del flete aéreo y marítimo.




  • De acuerdo a estimaciones de la DIRECON, el TLC con EEUU podría implicar que las exportaciones de Chile crezcan en 0,7% del PIB y las inversiones en 1,7% de PIB, agregando 2 puntos al PIB en el crecimiento de largo plazo, por una vez.



PARTE III: PROCEDIMIENTOS PARA TRAMITACION DEL TLC EN EE.UU. Y CHILE
Estados Unidos


  • Los pasos que deberá recorrer el Tratado de Libre Comercio Chile-EE.UU. en los Estados Unidos, según la Trade Promotion Authority (TPA) y otras leyes comerciales, se desarrollan en tres etapas:

1) Entre el fin de la negociación y la firma del Acuerdo;

2) Entre la firma del Acuerdo y la introducción de la Ley de Implementación al Congreso; y

3) Entre la introducción de la Ley de Implementación al Congreso y su ratificación.




  • Los principales plazos involucrados en estas tres etapas, se pueden resumir como sigue :




  1. Después del término de la negociación, el Presidente informa al Congreso su intención de firmar. No existe plazo para cumplir con esta notificación; en todo caso, para Chile, esta notificación no se hará antes del 15 de enero y se debe hacer 90 días antes de la firma, la cual posiblemente se realizaría en el mes de abril.

  2. Dentro de 60 días de firmado el acuerdo el Presidente debe presentar al Congreso una descripción de las modificaciones legales que se deberán introducir en la ley interna de los EE.UU. para implementar el acuerdo (Implementing Legislation).

  3. En un plazo indefinido después de firmado el Acuerdo, el Presidente deberá remitir a ambas Cámaras el borrador del proyecto de ley de implementación, una copia del texto legal final del Acuerdo y una declaración de las medidas administrativas necesarias para implementar el Acuerdo (Statement of Administrative Action).

  4. Una vez efectuada la presentación anterior, el Congreso tiene 90 días para votar el proyecto, aceptándolo o rechazándolo.

En resumen, desde que el Presidente anuncia su intención de firmar el TLC hasta su firma y publicación en el Federal Register, y su entrada en vigencia según lo determinado por las cláusulas del Acuerdo, podrían transcurrir entre 6 y 10 meses.



Chile
El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos seguirá el procedimiento que determina la Constitución para la tramitación de los acuerdos internacionales. Según la experiencia histórica, la tramitación de los acuerdos y tratados comerciales firmados por Chile duró en el pasado entre 2 meses (Mercosur) y 8 meses (TLC Chile-México). En el caso del Acuerdo con la Unión Europea, por la importancia, extensión material y complejidad del Acuerdo, se acordó la formación de una Comisión Especial en cada Cámara, encargada de efectuar un estudio especial del mismo. Este estudio fue realizado antes del ingreso a tramitación parlamentaria.
Marco constitucional para la tramitación parlamentaria de acuerdos internacionales

Deben destacarse dos disposiciones de la Constitución Política de la República:

En primer término, el Artículo 32 que establece en su numeral 17 que: “Son atribuciones especiales del Presidente de la República ...Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 50 Nº1º. Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretos si el Presidente de la República así lo exigiere;”.
Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 50 Nº1 de la Carta política, es una atribución exclusiva del Congreso Nacional, aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación. La carta política señala que la aprobación de un tratado se someterá a los trámites de una ley con algunos rasgos particulares, entre los cuales destaca: Que una vez que el Presidente de la República, que es el conductor de las relaciones internacionales según establece la Constitución Política, decida enviar el tratado internacional para su aprobación parlamentaria, corresponderá al Congreso la aprobación o rechazo de éste. Segundo, significa que la aprobación o rechazo debe efectuarse como un todo, no pudiendo éste introducir modificaciones al tratado. Tercero, el tratado respectivo es enviado al Congreso Nacional mediante un Mensaje Presidencial, instrumento en el cual se solicita la aprobación de un Proyecto de Acuerdo aprobatorio del tratado respectivo y que consta de una exposición de motivos que fundamentan tal solicitud.

Aprobación parlamentaria.


Como sucede con los proyectos de ley, los tratados internacionales deben ser aprobados por ambas Cámaras, esto es, la Cámara de Diputados y el Senado.

En cuanto al procedimiento interno, una vez ingresado el Proyecto de Acuerdo a la Cámara de origen, que es aquella donde se inicia el procedimiento legislativo, éste debe ser visto por las comisiones parlamentarias respectivas. Las comisiones deben analizar el tratado y emitir su informe proponiendo a la Sala su aprobación o rechazo. En caso de rechazo, el tramite parlamentario termina. En caso de ser aprobado por la Sala de la Cámara de origen, el Proyecto de Acuerdo queda despachado y aprobado su primer trámite constitucional.


Seguidamente, dada la naturaleza bicameral del H. Congreso Nacional de Chile, el tratado en cuestión debe ser asimismo aprobado por la cámara revisora, que es aquella que lo conocerá en segundo trámite constitucional. En este caso, procede igualmente el estudio por las Comisiones respectivas y el posterior pronunciamiento de la Sala de la cámara revisora, aprobando o rechazando el Proyecto de Acuerdo. En caso de rechazo, la tramitación parlamentaria termina.
En cambio, una vez aprobado el Proyecto de Acuerdo por ambas Cámaras, debe ser remitido al Presidente de la República por la Cámara de Origen para la realización, de estimarlo el Ejecutivo, de los trámites correspondientes para la ratificación del referido tratado y su incorporación al ordenamiento jurídico interno.


1 "Estudio de Expectativas Económicas, Diciembre 2002", realizado por El Diario, Exinde IMS y Atento Chile, entre el 16 y 28 de diciembre de 2002.

2 La única excepción es la frambuesa. Este producto se encuentra en los límites que el SGP impone para beneficiarse del sistema y, por ende, fue retirado de la lista de productos que obtienen este beneficio en enero de 2003.

3 La única excepción de facto se refiere al azúcar por la vía de la exigencia de ser superávitario en la producción nacional para acogerse a las rebajas arancelarias del acuerdo.

4 Este grupo de productos eliminará sus aranceles de manera lineal u otro tipo de trayectoria.

5 Esta tasa se aplica bajo la forma ad-valorem (0,21%) con un techo de US$ 485 e incluso para los productos que gozan de arancel 0%

6 Ultimas cifras disponibles.

7 Acuerdo Plurilateral sobre Contratación Pública (GPA, sigla en inglés).

8 En cifras de 1999, la oferta de los Estados incluye 11 de los 12 Estados con adquisiciones en billones de dólares iguales o superiores a 4 billones: California (24.3), Texas (13,6), Maryland (10,3), Florida (7,9), New York (5,7), Missouri (5,4), Massachusetts (5,4), Pennsylvania (5,3), Arizona (4,6), Washington (4,3), Tenessee (4,3) y Colorado (4,2).

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