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Pobres, caóticos y corruptos

Transparencia Internacional vinculó pobreza con corrupción. Otro estudio revela cómo crece el fraude en sectores empresarios.


Por Raúl Dellatorre
Cuanto más pobres, más corruptos. Los países desgarrados por conflictos pagan un alto costo en materia de transparencia institucional. Cuanto más hostil con el capital privado extranjero, más retrocede un país en el índice de percepción de la corrupción. Estas son las conclusiones generales que se pueden extraer de la edición 2007 de este termómetro de la corrupción que elabora Transparency International, que ubica a la Argentina en un poco decoroso puesto 105 entre 180 países calificados, de mejor a peor. Lo que no debiera perderse de vista es que el índice se elabora en base a encuestas y estudios realizados sobre la opinión de expertos y empresarios, residentes y no residentes, de los países o territorios sobre los que opinan. Bajo estas condiciones, Haití, Irak, Myanmar (ex Birmania) y Somalia resultaron votados en los cuatro peores lugares en el ranking de corrupción. Venezuela y Ecuador son los países sudamericanos percibidos como los más corruptos, mientras que Chile y Uruguay ocupan las mejores posiciones entre los de la región.

En forma simultánea, un “informe global sobre fraudes”, que analiza cómo afectan estas prácticas a las empresas en diferentes sectores, señala que en el área de servicios financieros se registra el más alto índice de pérdidas por compañía ocasionadas por fraude. En la industria manufacturera, en tanto, se observa un muy bajo grado de prevención para contrarrestar el fraude, siendo el área donde estos ilícitos se encuentran más extendidos.

Este estudio fue realizado por la consultora Kroll Internacional, junto a The Economist Intelligence Unit, unidad de información empresarial de The Economist Group, editora de la revista británica homónima. El estudio hecho sobre diez sectores económicos muestra en el lugar más envidiable al de Servicios Profesionales. En él se sufren “menos casos de fraude y sus pérdidas por compañía son dos terceras partes menores a las de otros sectores”. En el sector Salud, Famacéuticos y Biotecnología, en tanto, el fraude corporativo se presenta como “un problema grave que se está extendiendo”. Un caso especial es el de Recursos Naturales, donde la proporción de compañías afectadas es notablemente menor al resto, pero el costo por incidente es mucho más alto. “La corrupción y los sobornos se consideran la vulnerabilidad más grande del sector”, señala el informe.

En cuanto a las consideraciones generales, el estudio señala que “se ha popularizado el robo de activos físicos o acciones, un delito que padeció el 34 por ciento de los encuestados”. El costo promedio del fraude a grandes compañías fue superior a los 20 millones de dólares, y una de cada diez perdió más de 100 millones.

Además, “el grado de corrupción y soborno varía ampliamente entre una región y otra”, precisa el trabajo. “La proporción más elevada recae en las compañías que recientemente padecieron de corrupción y soborno en el Medio Oriente y Africa (39 por ciento)”, la proporción de casos en Europa Oriental duplica a la de Europa Occidental (29 contra 14), y la de América latina triplica a la de América del Norte (29 contra 9 por ciento).

Cuando los hombres de empresa juzgan a los países son aún más severos, según refleja la encuesta de Transparency. De 0 a 10, el 40 por ciento de los países considerados recibió una puntuación menor a 3, que equivale a una calificación de “corrupción desenfrenada”, según la pintoresca definición de Huguette Labelle, presidenta de TI. Ese 40 por ciento de países, además, son “desesperadamente pobres”, agregó ayer al presentar el informe.

“Somalia y Birmania, que comparten la peor puntuación, tienen un Producto Interior Bruto anual medio per cápita de 600 y 1800 dólares, respectivamente”, explicó. “Otros países con grandes problemas, como Afganistán, Irak y Sudán, donde confluyen la guerra, la corrupción y la pobreza, siguen en la parte baja del índice”, agregó. Sin embargo, Labelle reconoció que la corrupción “no es simplemente un problema de países pobres”, no sólo por lo que muestran los reiterados escándalos en el mundo desarrollado, sino que también subrayó la responsabilidad de los países ricos en “llevar” la corrupción a las naciones pobres.

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UN JUEZ LE PIDIO A LA UBA UN ESTUDIO AMBIENTAL

Una autopista que hace ruido

Según la Justicia, ni AUSA ni el gobierno porteño cumplieron con el fallo que ordenaba mitigar los ruidos del tránsito. Preocupación de ambientalistas por una subida en Parque Chacabuco.


Por Eduardo Videla
La Justicia porteña le pidió a la Universidad de Buenos Aires que realizara un plan de readecuación ambiental de la Autopista 25 de Mayo, para mitigar la contaminación sonora que produce ese viaducto, dado que “ni la empresa AUSA ni el gobierno porteño cumplieron con ese trámite, exigido hace cuatro años por una sentencia judicial”, informó a este diario el juez de la causa. La resolución se produce justo cuando AUSA construye una nueva subida y una bajada a la altura de Parque Chacabuco que, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), querellante en la causa, “podría generar mayor flujo de tránsito y por lo tanto mayor impacto sonoro en la autopista”.

El juez dispuso que un equipo de peritos de la UBA, integrado por especialistas de las facultades de Ingeniería y de Arquitectura, realizara el estudio, que será con cargo para la ciudad de Buenos Aires. La medida fue adoptada por el juez en lo Contencioso Administrativo de la ciudad Guillermo Treacy, debido a que Autopistas Urbanas SA “nunca presentó el plan de readecuación ambiental que se ordenó por un fallo de octubre de 2003”, afirmó el magistrado.

Ese fallo, dictado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, le ordenó a la empresa dependiente del Estado porteño realizar “un estudio de impacto ambiental y un plan de adecuación ambiental”, donde debía especificar “los niveles de ruido en el espacio público y en el interior de los edificios (viviendas y escuelas) ubicados en las zonas linderas a la autopista” y proponer las “soluciones técnicas para reducir los niveles de ruido”. De acuerdo con el fallo, el Gobierno de la Ciudad debía expedirse respecto de las soluciones propuestas.

Según el abogado de la FARN, Andrés Napoli, AUSA presentó “un plan de tres puntos que incluía la repavimentación de toda la autopista para mitigar el ruido, un proyecto para que no pase por esa vía el tránsito pesado y una iniciativa para disminuir la velocidad máxima, que debía tratarse en la Legislatura”.

“Lo único que se hizo fue la repavimentación, porque el Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas rechazó la propuesta de desviar los camiones y la Legislatura nunca trató el proyecto para disminuir la velocidad. Como el resultado se obtenía por la combinación de los tres factores, sólo se logró bajar 1,5 decibel”, dijo Napoli a Página/12.

El letrado manifestó su preocupación por la obra en marcha para construir una nueva subida a la altura de la calle Curapaligüe, ya que “estimularía el ingreso de vehículos a la autopista y una posible mayor circulación de autos en el centro”.

Ante una consulta de este diario, voceros de AUSA informaron que esa obra tiene un certificado de aptitud ambiental, el Nº 3564, otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente en septiembre de 2005. Pero desde la FARN relativizaron el estudio, ya que “no se puede evaluar el impacto ambiental de una parte de la autopista si AUSA no ha hecho el estudio de impacto de todo el trazado, como le ordenó la Justicia”.

“La construcción de una nueva subida es contradictoria con la política oficial que pretende desalentar el flujo de vehículos hacia el centro, que se manifestó con la propuesta de incrementar la tarifa de peaje para los automovilistas que viajaban solos”, dijo Napoli.

Ante una consulta de este diario, ni en AUSA ni en la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas quisieron opinar sobre el tema.

Lo cierto es que la obra ya se inició y afecta una franja del parque, hacia el sur, incluida la tala o relocalización de cinco árboles “que fue autorizada por un convenio con la Dirección de Espacios Verdes”, según confirmó un vocero del Ministerio de Espacio Público. Hacia el norte, la bajada pasa sobre un centro de jubilados y a pocos metros de un jardín de infantes y dos escuelas públicas.

La causa por la contaminación sonora provocada por la Autopista 25 de Mayo se inició en el año 2006 a partir de la denuncia de un particular, patrocinado por la FARN, a la que luego adhirieron más de 300 vecinos y otras dos organizaciones, la Fundación Metropolitana y la Fundación Ciudad. Una de las soluciones que se contemplaron en ese momento fue la colocación de paneles acústicos en las zonas donde la contaminación sonora afecta más a los vecinos.

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SIN ACUERDO POR LA PREVENTIVA Y LA MEDIACION

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