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Una polémica que no es menor


Por Eduardo Videla

Aunque la Legislatura porteña sancionó en general el nuevo Régimen Procesal Juvenil, la norma que regula los procesos judiciales contra chicos de entre 16 y 18 años, la norma no puede entrar en vigencia porque los legisladores no se pueden poner de acuerdo en dos artículos que quedaron pendientes: si se debe aplicar o no prisión preventiva a los menores, y si la mediación, como alternativa de resolución de conflictos, puede aplicarse a todos los casos o deben excluirse los delitos contra la integridad sexual o la vida. “No puede haber mediación entre un abusador y su víctima”, aseguró una diputada kirchnerista, mostrando una de las aristas que se debatirán hoy en la Legislatura, que pretende convertir ese cuerpo normativo en ley.

Los legisladores quieren aprobar hoy el Régimen Procesal Juvenil pendiente, ya que ayer entró en vigencia el Código Procesal Penal de la Ciudad, que si bien es un conjunto de normas garantistas, no contempla la situación especial de los menores. Es decir que desde ayer, todos los menores sometidos a proceso penal serán juzgados por el Código de mayores.

Los legisladores kirchneristas y macristas acordaron que la prisión preventiva será aplicada “sólo para delitos con penas mayores a los tres años de prisión y no podrá ser mayor a los 60 días”, dijo a Página/12 la diputada Ivana Centanaro (Frente para la Victoria), presidenta de la Comisión de Justicia. El ARI es partidario de que no se aplique la prisión preventiva a menores, al igual que los diputados Martín Hourest y Alejandro Rabinovich.

El otro punto conflictivo es el de la mediación, en el que se produce la misma división: el ARI sostiene que todos los casos penales pueden ser incluidos en esa alternativa, mientras que los kirchneristas quieren establecer excepciones para los casos de violencia familiar, abuso sexual y delitos contra la vida.


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OTTO KRAUSE.

Un extraño gas tóxico


El Colegio Otto Krause, en el barrio porteño de San Telmo, fue evacuado ayer por la tarde cuando un gas tóxico afectó a estudiantes y profesores, quienes sufrieron náuseas y cefaleas. Cinco alumnos debieron ser oxigenados, con síntomas similares a los que causa el gas lacrimógeno –náuseas, cefaleas y ardor en las mucosas–, según informaron fuentes del SAME. Los primeros jóvenes que abandonaron las instalaciones, por una puerta lateral, afirmaron que se trataba de una “granada o bomba lacrimógena o de gas pimienta” que habrían arrojado otros estudiantes, versión que más tarde fue desmentida por las autoridades del colegio. Tras las inspecciones de bomberos de la Policía Federal y personal de Defensa Civil, el director del Otto Krausse, Pedro Bini, dijo que “no hubo registro de explosiones ni se encontraron vestigios de cartuchos que indicaran la presencia de un artefacto explosivo como una granada”. Bini, quien descartó que los autores del episodio fueran alumnos de la escuela, advirtió que “en el edificio de la Liga de Lucha Contra el Mal de Chagas (a 50 metros del Otto Krausse, sobre Paseo Colón) tuvieron el mismo problema y evacuaron el tercero, cuarto y quinto pisos, con gente descompuesta”.

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Callejeros, también procesados por el pago de coimas a la policía

Para el juez, la banda de Cromañón pagó a policías para que permitieran entrar a Cromañón más gente que la permitida.


Por Carlos Rodríguez
El escenario del juicio por el incendio de Cromañón, donde murieron 194 personas, está cada vez más oscuro para los integrantes de la banda Callejeros. El juez de instrucción Alberto Baños decidió procesarlos como “partícipes necesarios” del delito de “cohecho activo”, dado que les adjudicó participación en el pago de coimas a policías de la comisaría séptima, con jurisdicción en el barrio de Once, donde funcionaba el boliche bailable en el que ocurrió la tragedia. Los procesados son los seis integrantes de la banda de rock, más el escenógrafo y el manager. El abogado Juan José Kali, que representa a dos de los imputados, eludió dar una opinión sobre el tema, dado que todavía no recibió “la notificación ni los argumentos del fallo”. Callejeros ya estaba procesado por el delito de “estrago doloso”, que tiene una pena de hasta 20 años de prisión. Ahora, por cohecho, le podrían sumar, al menos, otros tres años de cárcel, hecho que complica su situación procesal.

“Estoy absolutamente satisfecho por la decisión (del juez Baños) porque yo fui quien promovió esta imputación por cohecho activo”, le dijo a Página/12 el abogado José Iglesias, padre de una de las víctimas y querellante en la causa. Al principio, los miembros de Callejeros habían sido sobreseídos del delito de cohecho por la jueza María Angélica Crotto, pero la decisión fue apelada por Iglesias y dejada sin efecto por la Cámara del Crimen. “Nosotros fuimos los que aportamos un elemento fundamental, como fue un escrito realizado de puño y letra por (Diego) Argañaraz (el manager de la banda) en el que se detallan los pagos a la policía”, insistió Iglesias. En los papeles aparecía, en forma clara, la palabra “cana” y el monto de las supuestas coimas, que en uno de los recitales en Cromañón era de 500 pesos y en el otro de 300.

“Ellos (por Callejeros) intentaron demostrar que se trataba de pagos en regla, por policía adicional, pero quedó demostrado que no había nada asentado legalmente y que se trata de coimas”, sostuvo Iglesias. Al respecto, Juan José Kali, abogado de Argañaraz y del músico Maximiliano Djerfy, eludió dar opinión por el momento porque todavía no tiene “los argumentos del fallo y no puedo decir ni una palabra; de lo único que tengo conocimiento es del procesamiento, nada más”, le dijo a este diario. Iglesias, por su parte, aseguró que con el nuevo procesamiento “la situación de Callejeros es más grave, todavía, porque los jueces pueden considerar que el delito de estrago doloso fue cometido en concurso real con el de cohecho y eso agravaría la pena final”. Estrago doloso tiene una pena máxima de 20 años, mientras que el de cohecho llega a un tope de seis, aunque se cree que a Callejeros no le pueden dar más de tres años por ser “partícipes necesarios”, como consideró el juez Baños, quien está al frente de la causa en forma transitoria.

Fuentes judiciales aclararon que el nuevo procesamiento no incluye la “prisión preventiva”. Por ahora, ninguno de los miembros de la banda está en prisión. Los procesados son los músicos Patricio Santos Fontanet, Juan Alberto Carbone, Maximiliano Djerfy, Christian Torrejón, Elio Delgado y Eduardo Vázquez, el escenógrafo Daniel Cardell y el manager Diego Argañaraz. El juez Baños consideró que todos tuvieron una participación secundaria en los sobornos que el gerenciador de la discoteca, Omar Chabán, habría pagado a los policías de la comisaría séptima para hacer posible que Cromañón funcionara a pesar de las irregularidades en el acta de habilitación del local y en los recitales.

Chabán, igual que Callejeros, siempre negó el pago de coimas, pero ahora todos están procesados por ese delito, inclusive los policías. Se trata de los oficiales Carlos Díaz, Miguel Angel Belay, Gabriel Sevald y los suboficiales Oscar Sosa y Cristian Villegas. Los policías están procesados por “cohecho pasivo”. Otro de los imputados por las coimas es Omar Villarreal, jefe de seguridad de Cromañón y mano derecha de Chabán en el negocio. Al juez Baños le queda ahora por resolver la situación procesal del ex secretario de Seguridad porteño Juan Carlos López, cuyo sobreseimiento fue revocado por la Cámara de Casación, que ordenó que se profundizara la investigación sobre su participación en los hechos. También tiene que investigarse a fondo el expediente denominado “emergentología”, que analiza la actuación de los funcionarios del gobierno porteño en el momento del incendio de la discoteca. Lo que se busca establecer es si fueron adecuadas las medidas que se tomaron para enfrentar la emergencia.

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