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Macri con el PAN mexicano

El jefe de Gobierno electo, Mauricio Macri, se reunió ayer con el flamante presidente del centroderechista Partido Acción Nacional (PAN) de México, Manuel Espino, con quien conversó sobre la relación bilateral y la situación latinoamericana. El PAN es el partido al que pertenece el ex presidente de México Vicente Fox, con quien Néstor Kirchner tuvo un duro cruce en la cumbre de las Américas de Mar del Plata cuando se debatió el ALCA. El PAN comparte con Compromiso para el Cambio, la fuerza de Macri, la adhesión a la Internacional Demócrata Cristiana (IDC), un foro de partidos conservadores que se reunió la semana pasada en Roma.



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La homofobia de Enríquez

El legislador de PRO Jorge Enríquez presentó un proyecto para repudiar el Mundial de Fútbol Gay y sostuvo que así “se prepara el terreno para la introducción de cambios radicales en la organización familiar”. El ARI salió a cruzarlo y consiguió que se declarase de interés ese mundial. “El proyecto homofóbico de Enríquez encubre las ideas reaccionarias del PRO. Sus palabras ratifican los dichos de su jefe político, Mauricio Macri, cuando sostuvo que los derechos humanos se habían terminado con el fin del siglo XX”, disparó el director de la Comisión de Derechos Humanos, Facundo Di Filippo, quien presentó el proyecto contrario.


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SE REVISARAN LAS SANCIONES Y EL FUNCIONAMIENTO

Hubo acuerdo en el subte


Por Laura Vales
Los trabajadores del subte y la empresa Metrovías llegaron a un principio de acuerdo para que los trenes funcionen normalmente mientras la concesionaria revisa las sanciones impuestas al personal. El entendimiento incluye el compromiso de que no habrá paros mientras estén abiertas las negociaciones. Tiene dos aspectos: por un lado, Metrovías deberá rever en el Ministerio de Trabajo el despido de un delegado y los apercibimientos enviados a otros 60 operarios. Por el otro, la Defensoría del Pueblo va a armar un equipo, con la participación de técnicos especializados, la empresa, los gremios y el gobierno, para analizar las denuncias que formula el cuerpo de delegados sobre el mal funcionamiento de las máquinas.

El acuerdo se logró en una reunión convocada por la Defensoría del Pueblo de la Nación. Participaron su titular, Eduardo Mondino, la viceministra de Trabajo Noemí Rial y todas las partes en conflicto: dos representantes de Metrovías, tres de la Unión Tranviarios Automotor (el sindicato enfrentado con los delegados de base), la Secretaría de Transportes, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (responsables de las cuestiones de seguridad de los trenes) y cuatro delegados, entre ellos el despedido Néstor Segovia. Duró dos horas y hubo fuertes discusiones sobre cuál es el real estado de los trenes.

La CNRT planteó, por ejemplo, que “en ningún caso” de los denunciados hubo deficiencias que pusieran en riesgo la seguridad del transporte. Los delegados sostuvieron, por el contrario, que en el año ya hubo cuatro descarrilamientos. En este marco, Mondino propuso la creación de un equipo de trabajo en la Defensoría, para el que convocará a profesionales universitarios que analicen técnicamente las denuncias de inseguridad.

Por otra parte, en el Ministerio de Trabajo se realizará posiblemente el lunes una primera reunión sobre el tema de las sanciones disciplinarias. La viceministra Noemí Rial dijo que “se acordó que los delegados van a concurrir a la UTA llevando la nómina de los apercibidos, la UTA nos va a presentar la nota y fijaremos una audiencia para ir resolviendo los casos”. El camino descripto por la funcionaria, con la UTA como negociadores legales del tema, tiene su peso, porque todo el conflicto de los subtes está atravesado por una crisis de representación gremial en la que la dirigencia del sindicato está enfrentada a los delegados.

Roberto Pianelli, integrante de ese cuerpo, calificó el acuerdo como “positivo” y anticipó que pedirán que Metrovías “retire además las cámaras de TV montadas en los talleres y saque a la policía” de los lugares de trabajo.

En un comunicado de prensa, la empresa rechazó las acusaciones de no ocuparse del mantenimiento. Sostuvo que lleva invertidos “118 millones de pesos durante el 2007” a ese efecto y cuenta con “certificaciones de calidad tanto nacionales como internacionales”. Metrovías dijo, además, ratificar “el respeto por las condiciones en que sus 4000 empleados trabajan diariamente, apoyando la voluntad de trabajo de cada uno de ellos”.

También se refirió al tema el secretario de prensa de la UTA, Mario Calegari, quien respaldó la postura de la concesionaria: “Los delegados entendieron finalmente que sus denuncias por el supuesto mal funcionamiento y mantenimiento de las formaciones no reviste una situación extrema”, señaló el sindicalista. Calegari indicó además que se realizará “una revisación exhaustiva y completa de las formaciones” y aseguró que se analizarán caso por caso las sanciones aplicadas en perjuicio de los trabajadores.
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INSPECCION A UN PSIQUIATRICO Y DESCARGO DE SUS DUEÑOS

Una polémica por el chaleco

Los propietarios de la clínica denunciada por una defensora de menores explicaron que sólo sujetan a pacientes en “casos aislados” y “por indicación médica”. Califican la denuncia de “maliciosa”.


Por Eduardo Videla
Funcionarios judiciales y del gobierno porteño realizaron ayer una inspección en la clínica psiquiátrica del barrio de Palermo donde una defensora de menores denunció que había visto, en una inspección sorpresiva, jóvenes sujetados con chalecos de fuerza. Por su parte, los dueños de la clínica hicieron su descargo, a través de una carta documento dirigida a la defensora general de la Nación, Stella Martínez, en la que califica la denuncia de “injuriosa y maliciosa” y explica que los casos de “sujeción física” se dan por “indicación médica” en “algún caso aislado, donde el riesgo de agresividad hacia sí o hacia terceros implique el riesgo de integridad física”.

La Justicia porteña, por un lado, y una fiscalía nacional, por otro, investigan las condiciones en que están internados niños, jóvenes y adultos en el Instituto de Psicopatología Nuestra Señora de Luján, ubicada en la calle Cabrera 3314 y 3373, en Palermo. La investigación se generó a partir de la denuncia realizada por la defensora pública de Menores e Incapaces en lo Civil, María Carolina Paladini. La funcionaria concurrió al lugar, en su condición de coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación, cuya misión es supervisar las condiciones de internación de los menores alojados tanto en los llamados institutos correccionales como en centros de salud.

En su denuncia, la defensora hace constar que encontró a una chica de 22 años y a un paciente de 17, atados y sujetados a la cama. Como la defensora tomó fotografías de las instalaciones, empleados de la clínica llamaron a personal de seguridad. Se generó entonces una situación de tensión, que derivó en una denuncia de “hostigamiento” por parte de la funcionaria judicial.

Los propietarios de la clínica, Gabriela Gabino y Raúl Abiad, ambos psicólogos, argumentaron que el incidente se produjo debido a que la defensora Paladini “se negó a identificarse”. También negaron que se haya hecho presente, a partir de la denuncia, el fiscal en lo contravencional Carlos Gómez Ríos, quien instruye una causa por presunto “hostigamiento”. “Sí concurrieron de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad, a quienes se les deberá solicitar el informe correspondiente”.

Los responsables de la institución, entrevistados por Página/12, se lamentaron porque “a partir de la denuncia, la Secretaría Nacional de Niños, Adolescentes y Familia (Senaf) suspendió la derivación de pacientes” a la institución.

El Instituto de Psicopatología Nuestra Señora de Luján tiene una antigüedad de veinte años y está en plena expansión: cuenta con ocho sedes en las que atiende a unos 500 pacientes (según la información proporcionada por la entidad). De ellos, 250 están internados y otros tantos se atienden de manera ambulatoria. Entre los internados, unos 60 son derivados por el Senaf: en su totalidad, se trata de menores judicializados. Por cada uno, el Instituto recibe del Senaf una beca de 1350 pesos mensuales. El resto de los pacientes son de obras sociales o casas de provincias.

“La Senaf se maneja con presupuestos de hace 15 años, que no se incrementaron a pesar de la devaluación”, se quejó Abiad, responsable de la institución, que está a punto de abrir un nuevo centro ambulatorio en el barrio de Palermo. Este diario quiso saber la opinión de los funcionarios de la Senaf sobre el caso, pero no obtuvo respuesta.

En su descargo, los dueños de la clínica se quejaron por la visita sorpresiva de la defensora. “¿Cómo se elige el día o la institución para realizar inspección?”, preguntaron a la defensora general. En diálogo con este diario, concluyeron que la visita fue “por encargo” de una asesora tutelar, que había denunciado otro caso de un menor sujetado con chaleco de fuerza. “¿Por qué no se llevan a su casa a los menores?”, sugirió Abiad.


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