Demanda sobre el maíz transgénico Lilia América Albert



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21/07/15

Demanda sobre el maíz transgénico

Lilia América Albert

Hace 22 meses, México se convirtió en territorio libre de cultivo de maíz transgénico cuando un juez federal dictó la medida precautoria que suspendió la autorización de todo tipo de siembra de maíz modificado genéticamente y restituyó la moratoria al maíz transgénico que había sido violada por el ejecutivo federal en 2009, cuando aprobó la siembra de estos cultivos en fases experimental y piloto, en una desviación incalificable de sus responsabilidades y en contra del interés nacional y puso al servicio de las corporaciones transnacionales el aparato jurídico mexicano -pagado con nuestros impuestos- para litigar a favor del maíz transgénico

La medida precautoria fue decretada en septiembre de 2013 en respuesta a la demanda de acción colectiva presentada en julio anterior en defensa del derecho humano a biodiversidad y un medio ambiente sano, justo cuando las trasnacionales productoras de organismos genéticamente modificados (OGM) intentaban iniciar la siembra comercial de este maíz en México.

Inicialmente, esta demanda fue promovida por 53 personas y 20 organizaciones civiles vinculadas a la producción y al consumo de los maíces nativos y hasta ahora ha mantenido a raya al multimillonario aparato legal de las corporaciones y el gobierno.

Este 5 de julio, tras una serie de victorias inusitadas, esta demanda cumplió dos años en los cuales el colectivo demandante ha ganado la totalidad de los 93 recursos legales que el gobierno y las trasnacionales interpusieron en 17 tribunales federales.

El abogado René Sánchez Galindo, quien preside el equipo legal que ha logrado detener la estrategia de Monsanto y las otras transnacionales, anunció que ahora van a luchar por la suspensión definitiva de los cultivos de maíz transgénico en el país y reconoció que, hasta ahora, el poder judicial ha aplicado los derechos colectivos consignados en la ley y en los tratados internacionales firmados por México en la materia.

Entre los puntos que se han ganado hasta el momento están que Monsanto fue obligada a reconocer que todas sus solicitudes de cultivos transgénicos incluyen el uso del herbicida glifosato, Syngenta reconoció que el intercambio de semillas es fuente de diseminación de transgenes, Sagarpa aceptó que los transgénicos no aumentan los rendimientos, Cibiogem concedió que los cultivos transgénicos son más caros, la SHCP informó que las importaciones de maíz disminuyeron el último año; es decir, que la producción nacional de maíz aumentó, mientras la Secretaría de Salud confesó que no ha realizado, ni realiza, ningún estudio de impacto en la salud humana en México por el consumo de maíz transgénico.

Adelita San Vicente, de la organización Semillas de Vida y representante del colectivo, dijo: “no somos unos cuantos ambientalistas perdidos los que estamos dando esta lucha, ya se han sumado muchas personas y organizaciones como UNORCA”.

El juicio formal apenas comenzó porque, aunque la demanda fue presentada el 5 de julio de 2013 y la medida precautoria fue dictada el 17 de septiembre siguiente, estos dos años se fueron en resolver las impugnaciones interpuestas por Monsanto, Syngenta, otras corporaciones y el gobierno federal para echar abajo la resolución del juez.

La estrategia legal de los demandantes está enfocada en demostrar la triple amenaza que se cierne sobre México: (1) la biodiversidad del maíz nativo podría pasar de ser un bien colectivo, a ser propiedad privada de un puñado de empresas; (2) esta biodiversidad podría perderse y, con ello, se causaría el fin de una cultura milenaria y (3)se pondría en riesgo la salud de la población mexicana que, a diferencia del resto del mundo, consume maíz directamente y en grandes cantidades.

Por tanto, los demandantes pretenden que, con base en las pruebas que han aportado y las declaraciones de expertos, el juez declare (a) que en México existe presencia de maíz transgénico en lugares no permitidos y en actividades no autorizadas, (b) que esta presencia afecta negativamente el derecho humano de conservación, participación y utilización sostenible de la diversidad biológica de los maíces nativos y (c) que permitir la liberación comercial de maíz transgénico afectará negativamente la diversidad biológica.

A finales de 2014, después de un año sin cultivo experimental ni autorización de siembras comerciales, Monsanto desempolvó su arsenal de mentiras y relanzó su campaña de promoción del maíz transgénico con base en el argumento insostenible del aumento en la productividad y la reducción del consumo de plaguicidas.

La realidad es que los transgénicos no producen más y, en cuanto al uso de plaguicidas sintéticos, el remedio de Monsanto es peor que la enfermedad pues, al contrario de lo que asegura su propaganda, los cultivos transgénicos han provocado un aumento sin precedentes en el uso de herbicidas e insecticidas los que cada vez son más tóxicos y están generando graves problemas en el ambiente y la salud pública.

En el caso del maíz de Monsanto, la modificación genética es para obtener una planta resistente al herbicida glifosato (Roundup) creado por la misma compañía, o sea, un negocio redondo.

El informe científico Benbrook, dado a conocer en 2012, documenta el uso de plaguicidas en los cultivos de maíz, soya y algodón transgénicos de 1996 a 2011 en Estados Unidos y demuestra que esas variedades aumentaron el uso de plaguicidas en más de 183 millones de kilogramos en esos años en ese país.

Dado que Estados Unidos es el mayor y más antiguo productor de transgénicos, sus datos sobre el desempeño de los OGM son extrapolables al mundo. Ahí ya se observa un fenómeno derivado de la selección natural, pues insectos y malezas están desarrollando resistencia a los plaguicidas que se usan en los OGM y están surgiendo súper plagas que requieren aumentar el volumen y toxicidad de esos productos en una escalada sin fin.

El maíz transgénico fue diseñado para que Monsanto y otras transnacionales monopolicen el cultivo de este grano básico que no aumenta los rendimientos, pero cada ciclo hay que comprar la semilla y pagar regalías a los dueños de las patentes lo que crea dependencia y aumenta los costos. Para muchos productores de maíz en México eso es suficiente para saber que el maíz transgénico no les serviría; por el contrario, agravaría su ya deteriorada economía y colocaría el último eslabón del nuevo esclavismo representado por la agricultura en manos de las corporaciones. Y quizá hay algo peor: el maíz transgénico y su paquete de agrotóxicos indisolublemente asociado causa daños gravísimos al ambiente y a la salud de las personas.

El glifosato es el herbicida más usado en el mundo, es tóxico para los mamíferos, sus residuos se encuentran en ingredientes de la dieta como azúcar, maíz, soya y trigo. Inhibe enzimas esenciales para el funcionamiento del organismo e interfiere en la síntesis de aminoácidos en el intestino, lo cual influye en la génesis de diversas enfermedades, desde trastornos gastrointestinales, obesidad, diabetes, cardiopatías, depresión, autismo e infertilidad, hasta cáncer y Alzheimer.

En marzo pasado, la OMS informó que había concluido que el glifosato es un posible carcinógeno; tras este anuncio, Francia prohibió la venta libre del herbicida, Colombia decidió erradicar su uso como defoliante de coca a partir de octubre próximo, mientras Ecuador y Perú informaron que intentan avanzar en la lucha contra los plaguicidas.

La batalla legal que se libra ahora mismo en México ya es reconocida como el reto jurídico más importante contra los cultivos transgénicos en el mundo; por la importancia del maíz en la alimentación y la economía global tendrá repercusiones en todo el orbe y, en vista del enorme valor de lo que está en juego para nuestro país y la humanidad, los ojos del mundo están puestos en México. Ojalá que, por una vez, el gobierno asuma la defensa de los mexicanos en lugar de la defensa de las transnacionales.





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