Derechos personalísimos / 03. Derecho a la salud y a la integridad personal / a Generalidades



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Citar: Lexis Nº 0003/008072

DERECHOS PERSONALÍSIMOS / 03.- Derecho a la salud y a la integridad personal / a) Generalidades

Tinant, Eduardo L.

Jurisprudencia Argentina

¿Inactividad material administrativa o abandono de persona? (¿O un tertius genus

2001

Jurisprudencia anotada

JA 2001-I-470

(Corte Sup., 24/10/2000 - Campodónico de Beviacqua, Ana C. v. Estado Nacional).JA 2001-I-464

Con nota de EDUARDO L. TINANT

Buenos Aires, octubre 24 de 2000.- Considerando: 1. Que el niño A. S. B. nació el 26/6/1996 con un padecimiento grave en su médula ósea que disminuye sus defensas inmunológicas -enfermedad de Kostman o neutropenia severa congénita-, cuyo tratamiento depende de una medicación especial (de nombre comercial "Neutromax 300") que le fue suministrada sin cargo por el Banco Nacional de Drogas Antineoplásicas, dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social, hasta el 2/12/1998, fecha en que ese organismo puso de manifiesto a sus padres que entregaba el fármaco "por última vez".

2. Que frente al peligro inminente de interrupción de dicho tratamiento, la madre del menor -con el patrocinio letrado del defensor público oficial ante el Juzg. Fed. Río Cuarto- dedujo acción de amparo contra el Ministerio de Salud y Acción Social, la Secretaría de Programas de Salud y el referido Banco de Drogas Antineoplásicas, con el fin de hacer cesar el acto lesivo que privó de la prestación necesaria para el niño con menoscabo de los derechos a la vida y a la salud garantizados por la Constitución Nacional (1) y los tratados internacionales sobre derechos humanos.

3. Que al contestar el informe previsto en el art. 8 Ver Texto ley 16986 (2), el procurador fiscal ante la C. Fed. Córdoba -en representación de la demandada- sostuvo que el hijo de la actora sufría una enfermedad no oncológica, por lo que no era obligación del Banco de Drogas Antineoplásicas proveer el medicamento requerido; que su entrega había obedecido a razones exclusivamente humanitarias, y que la interesada debía acudir a los servicios de su obra social, a cargo del Programa Médico Obligatorio para la protección de las personas que dependen del uso de estupefacientes, según lo dispuesto en la ley 24455 Ver Texto (3) y la resolución 247/1996 Ver Texto MSyAS., o bien solicitar un subsidio en la Secretaría de Desarrollo Social pues el Estado Nacional sólo tenía responsabilidad subsidiaria en esa materia.

4. Que el magistrado hizo lugar al amparo y condenó al Ministerio de Salud y Acción Social a entregar las dosis necesarias del remedio prescripto, sin perjuicio de las gestiones que pudiera realizar para que su provisión se efectuara mediante los organismos a que había hecho referencia la demandada. A tal efecto, ponderó los informes oficiales acerca de las características de la enfermedad y la imposibilidad económica de la familia de pagar el elevado costo del medicamento, el certificado de discapacidad expedido por el Centro Nacional de Reconocimientos Médicos y el diagnóstico de los especialistas en hematología y oncología del Hospital Regional de Río Cuarto y del Hospital Italiano de Córdoba, que demostraban tanto la gravedad de la patología, como la urgencia de mantener el tratamiento del niño en forma permanente e ininterrumpida.

5. Que el juez concluyó que las razones dadas para suspender la asistencia al paciente y hacer recaer esa responsabilidad en la obra social o en la autoridad pública local, resultaban incompatibles con las obligaciones primarias puestas a cargo del Estado Nacional como garante del sistema de salud y que el acto atacado lesionaba los derechos a la vida, a la dignidad personal y al bienestar general protegidos por el preámbulo y por los arts. 33 Ver Texto y 42 Ver Texto CN., la Convención Americana sobre Derechos Humanos (4), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (5) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (6).

6. Que dicho pronunciamiento fue confirmado por la sala B de la Cámara Federal ya mencionada (fs. 82/84). A los fundamentos dados en la instancia anterior, la alzada agregó que:

a) Los derechos a la vida y a la preservación de la salud reconocidos por los arts. 14 Ver Texto, 14 bis, 18 Ver Texto, 19 y 33 Ver Texto de la Ley Fundamental y los tratados internacionales de jerarquía constitucional, conllevan deberes correlativos que el Estado debe asumir en la organización del servicio sanitario.

b) El principio de actuación subsidiaria que rige en esta materia se articula con la regla de solidaridad social, pues el Estado debe garantizar una cobertura asistencial a todos los ciudadanos, sin discriminación social, económica, cultural o geográfica (art. 1 Ver Texto ley 23661) (7), y ello impone su intervención cuando se encuentra superada la capacidad de previsión de los individuos o pequeñas comunidades.

c) La Obra Social para el Personal de Entidades Deportivas y Civiles (OSPEDYC.) a que pertenece la actora, no está en condiciones de asumir la regular cobertura de la medicación necesaria para el tratamiento del niño, habida cuenta de que la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Sur de Córdoba (ACLISA.) ha suspendido el convenio con dicha obra social por falta de pago de las prestaciones y la entidad "Córdoba Farmacéutica Coop. Ltda." ha rescindido el contrato a partir del 11 de marzo de 1999, por lo que los afiliados de aquélla se encuentran sin la debida cobertura médica y asistencial.

ch) Frente a la actuación deficiente de la entidad médica sindical, la situación de precariedad laboral y económica de la familia y el estado de extrema urgencia que reviste el suministro del remedio requerido, es el Estado Nacional -mediante el Ministerio demandado- el que debe intervenir subsidiariamente para dar adecuada tutela a los derechos del menor, sin perjuicio de que efectúe los trámites necesarios para lograr que esa asistencia sea realizada de modo regular y efectivo por los organismos que correspondan.

7. Que contra esa decisión, la vencida interpuso el recurso extraordinario cuyo rechazo dio lugar a la presente queja. Funda su agravio principal en que el fallo ha trasladado indebidamente a la Nación la responsabilidad de atender la dolencia del menor y ha liberado a la obra social y a la autoridad local de las obligaciones legales que pesaban a su cargo, lo que contradice el principio de actuación subsidiaria del Estado, los derechos de propiedad y defensa en juicio y las facultades reservadas de las provincias en materia de salud (arts. 17 Ver Texto, 18 y 121 Ver Texto CN.; fs. 85/90 vta.).

8. Que, en tal sentido, la recurrente aduce que en la condena se ha soslayado considerar la vigencia de la ley federal 24455 Ver Texto y el deber de la obra social de cumplir el Programa Médico Obligatorio (resolución 247/1996 Ver Texto MSyAS.); que no existe sustento legal para obligar a actuar al Estado Nacional en defecto de esa entidad, y que la carga impuesta por el a quo compromete los recursos económicos disponibles para organizar los planes de salud, de acuerdo con lo previsto en la ley 24156 Ver Texto (8) -de administración financiera- en detrimento de la población desprovista de cobertura médica que el ministerio tiene que proteger.

9. Que la apelante solicita también la descalificación de la sentencia por falta de fundamento normativo y arbitrariedad en la consideración de aspectos conducentes, pues no ha valorado adecuadamente que la atención del niño había sido prestada sólo por razones humanitarias, no legales, y que la obra social había expresado su disposición a entregar el medicamento, lo que implicaba haber regularizado su relación con la actora.

10. Que los agravios que se refieren a la arbitrariedad en la apreciación de las constancias de la causa sólo reflejan meras discrepancias con el criterio de la Cámara basado en el examen de cuestiones de hecho y prueba que son ajenas -como regla y por su naturaleza- a la instancia del art. 14 Ver Texto ley 48 (9), aparte de que no logran desvirtuar el juicio del a quo relativo al estado de desamparo asistencial en que dejaba al menor la decisión de interrumpir la medicación en razón de no contar con efectiva cobertura de su obra social.

11. Que más allá de los reparos que suscitan las afirmaciones formuladas respecto a que la mencionada entidad sindical habría asumido su responsabilidad en la entrega del medicamento, las cuales aparecen en contradicción con la postura asumida por la propia apelante, que pretende desligarse de sus obligaciones frente al incumplimiento de dichas entregas, lo resuelto sobre este tema se basó en la prueba documental que daba cuenta de la falta de atención médica y farmacológica en que se encontraba el menor a raíz de haber sido suspendidos o rescindidos -desde el año 1999- los convenios que vinculaban a la obra social con las asociaciones sanitarias locales, tema que la demandada ha pasado por alto en su crítica al fallo pues se ha limitado a negar el estado deficitario de aquella organización sin hacerse cargo, como es debido, de los resultados de la referida prueba.

12. Que, por otra parte, no es plausible considerar que mediaran razones de "comodidad" en el procedimiento que siguió la actora en resguardo de la salud de su hijo, pues si hubiese tenido asegurada la asistencia que requería -como supone la demandada- no habría debido acudir a un amparo judicial para lograr la entrega del medicamento que podía obtener regularmente de su propia obra social.

13. Que tampoco resultan admisibles las objeciones relativas a la omisión de la alzada de considerar la ley federal 24455 Ver Texto, que incorporó entre las prestaciones que deben dar las obras sociales a sus afiliados, la cobertura para los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos derivados del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y la drogadicción. El medicamento indicado para tratar la deficiencia del sistema inmunológico del niño nada tiene que ver con los aspectos a que hace referencia esa legislación cuando incluye -en el programa obligatorio- la rehabilitación de las personas que dependan física o psíquicamente del uso de estupefacientes (art. 1 incs. b y c), por lo que el ámbito de aplicación de la norma invocada es ajeno al caso.

14. Que, en cambio, es formalmente procedente el recurso extraordinario con relación a los agravios de la parte que cuestionan la responsabilidad asignada al Estado Nacional frente a la situación que compromete la vida y la salud del niño, lo cual involucra la interpretación de normas federales y la decisión ha sido contraria a los derechos que en ellas ha fundado la apelante. Corresponde señalar que esta Corte, en la tarea de esclarecer la inteligencia de las disposiciones superiores en juego, no se encuentra limitada por las posiciones de la Cámara ni del recurrente, sino que le incumbe realizar una declaración sobre el punto en debate (Fallos 308:647 Ver Texto [10]; 314:1834 Ver Texto [11]; 318:1269 [12], entre otros).

15. Que el tribunal ha considerado que el derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional (Fallos 302:1284 Ver Texto [13]; 310:112 Ver Texto [14]). También ha dicho que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos 316:479 [15], votos concurrentes).

16. Que a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75 Ver Texto inc. 22 Ley Suprema), ha reafirmado en recientes pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos 321:1684 Ver Texto [16] y causa A.186 XXXIV, "Asociación Benghalensis y otros v. Ministerio de Salud y Acción Social - Estado Nacional s/amparo ley 16986 Ver Texto" del 1/6/2000, mayoría y votos concurrentes y dictamen del procurador general de la Nación a cuyos fundamentos se remiten).

17. Que los aludidos pactos internacionales contienen cláusulas específicas que resguardan la vida y la salud de los niños, según surge del art. 7 Ver Texto Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (17), del art. 25 Ver Texto inc. 2 Declaración Universal de Derechos Humanos, de los arts 4 Ver Texto inc. 1 y 19 Ver Texto Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, del art. 24 Ver Texto inc. 1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del art. 10 Ver Texto inc. 3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vinculados con la asistencia y cuidados especiales que se les deben asegurar.

18. Que ese último tratado reconoce, asimismo el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, así como el deber de los Estados parte de procurar su satisfacción. Entre las medidas que deben ser adoptadas a fin de garantizar ese derecho se halla la de desarrollar un plan de acción para reducir la mortalidad infantil, lograr el sano desarrollo de los niños y facilitarles ayuda y servicios médicos en caso de enfermedad (art. 12 Ver Texto Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

19. Que los Estados parte se han obligado "hasta el máximo de los recursos" de que dispongan para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en dicho tratado (art. 2 Ver Texto inc. 1). En lo que concierne al modo de realización en estados de estructura federal, el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha reconocido que dicha estructura exige que los cantones sean los responsables de ciertos derechos, pero también ha reafirmado que el gobierno federal tiene la responsabilidad legal de garantizar la aplicación del pacto (conf. Naciones Unidas; Consejo Económico Social; Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Informes iniciales presentados por los Estados parte con arreglo a los arts. 16 Ver Texto y 17 del Pacto. Observaciones. Suiza -E/1990/5/Add. 33-, 20 y 23 noviembre de 1998, publicado por la Secretaría de Investigación de Derecho Comparado de esta Corte en "investigaciones" 1 [1999], ps. 180/181).

20. Que, asimismo, la "cláusula federal" prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos impone al gobierno nacional el cumplimiento de todas las obligaciones relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial, y el deber de tomar "de inmediato" las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, para que las autoridades componentes del Estado federal puedan cumplir con las disposiciones de ese tratado (art. 28 Ver Texto incs. 1 y 2). La Convención sobre los Derechos del Niño (18) incluye, además, la obligación de los Estados de alentar y garantizar a los menores con impedimentos físicos o mentales el acceso efectivo de los servicios sanitarios y de rehabilitación, de esforzarse para que no sean privados de esos servicios y de lograr cabal realización del derecho a beneficiarse de la seguridad social, para lo cual se debe tener en cuenta la legislación nacional, los recursos y la situación de cada infante y de las personas responsables de su mantenimiento (arts. 23 Ver Texto, 24 y 26 Ver Texto).

21. Que el Estado Nacional ha asumido, pues, compromisos internacionales explícitos encaminados a promover y facilitar las prestaciones de salud que requiera la minoridad y no puede desligarse válidamente de esos deberes so pretexto de la inactividad de otras entidades públicas o privadas, máxime cuando ellas participan de un mismo sistema sanitario y lo que se halla en juego es el interés superior del niño, que debe ser tutelado por sobre otras consideraciones por todos los departamentos gubernamentales (art. 3 Ver Texto Convención sobre los Derechos del Niño, ya citada).

22. Que, al respecto, la ley 23661 Ver Texto instituyó el sistema nacional de salud, con los alcances de un seguro social, "a efectos de procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica". Con tal finalidad, dicho seguro ha sido organizado dentro del marco de una concepción "integradora" del sector sanitario, en el que la autoridad pública reafirme su papel de conducción general del sistema y las sociedades intermedias consoliden "su participación en la gestión directa de las acciones" (art. 1 Ver Texto). Su objetivo fundamental es "proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación..." (art. 2 Ver Texto).

23. Que el Ministerio de Salud y Acción Social, mediante la Secretaría de Salud, es la autoridad de aplicación que fija las políticas sanitarias del seguro y es también el organismo designado en la ley 23661 Ver Texto para llevar a cabo la política de medicamentos. En tal carácter, le corresponde "articular y coordinar" los servicios asistenciales que prestan las obras sociales comprendidas en la ley 23660 Ver Texto (19), los establecimientos públicos y los prestadores privados "en un sistema de cobertura universal, estructura pluralista y participativa y administración descentralizada que responda a la organización federal de nuestro país" (arts. 3 Ver Texto, 4, 7 Ver Texto, 15 Ver Texto, 28 Ver Texto y 36 Ver Texto).

24. Que la misma ley establece que las prestaciones serán otorgadas de acuerdo con los planes nacionales de salud, los que deben asegurar "la plena utilización de los servicios y capacidad instalada existente". El Fondo Solidario de Redistribución es el instrumento destinado a dar apoyo a los agentes y jurisdicciones adheridas, equiparar niveles de cobertura obligatoria y asegurar la financiación de programas en favor de sus beneficiarios (arts. 24 Ver Texto y 25).

25. Que la Obra Social para el Personal de Entidades Deportivas y Civiles -a que pertenece la actora-, está comprendida entre los agentes sindicales que integran el referido Sistema Nacional de Seguro de Salud y, en tal carácter, su actividad se encuentra sujeta a la fiscalización de la actual Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, bajo la órbita del ministerio demandado, que debe disponer medidas concretas para garantizar la continuidad y normalización de las prestaciones sanitarias a cargo de las obras sociales y, en especial, el cumplimiento del Programa Médico Obligatorio (conf. arts. 1 Ver Texto inc. a, 3 Ver Texto, 15 Ver Texto, 27 Ver Texto y 28 ley 23660; 2 Ver Texto, 9 Ver Texto, 15 Ver Texto, 19 Ver Texto, 21 Ver Texto, 28 Ver Texto y 40 Ver Texto in fine ley 23661; decretos 492/1995 20] -arts. 1, 2 y 4- y 1615/1996 [21] -arts. 1, 2 y 5-; resolución 247/1996 Ver Texto MSyAS.).

26. Que, por otra parte, la Constitución de la Provincia de Córdoba garantiza para todos sus habitantes el derecho a la vida, atribuye al gobierno local facultades para regular y fiscalizar el sistema de salud, integrar todos los recursos y concertar la política sanitaria con el gobierno federal, las provincias, sus municipios y demás instituciones sociales públicas y privadas, y conserva la potestad del poder de policía provincial en materia de legislación y administración atinente a dicho sistema (arts. 19 Ver Texto inc. 1 y 59 Ver Texto).

27. Que lo expresado pone en evidencia la función rectora que ejerce el Estado Nacional en este campo y la labor que compete al Ministerio de Salud y Acción Social, como autoridad de aplicación, para garantizar la regularidad de los tratamientos sanitarios coordinando sus acciones con las obras sociales y los estados provinciales, sin mengua de la organización federal y descentralizada que corresponda para llevar a cabo tales servicios (véanse, asimismo, en este sentido, las "Políticas sustantivas e instrumentales" de la Secretaría de Salud, aprobadas por decreto 1269/1992 [22]).

28. Que la decisión de prestar asistencia al menor, adoptada oportunamente por la autoridad nacional hasta que resolvió interrumpir la entrega de la medicación (f. 11), había atendido a la situación de urgencia y extrema necesidad que tenía el tratamiento prescripto para salvaguardar la vida y la salud del niño, lo que se ajustaba a los principios constitucionales que rigen en esta materia y a las leyes dictadas en su consecuencia, según han sido examinadas anteriormente.

29. Que las constancias de expediente indican que el suministro del fármaco fue realizado por el Banco Nacional de Drogas Antineoplásicas a solicitud de la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación -coordinación Córdoba-, que hizo mérito de la gravedad del caso y de la falta de protección en que se hallaba la familia del menor, lo que dio lugar a la resolución de su cobertura hasta que se regularizara la asistencia de la afiliada mediante la obra social a la que pertenecía.

30. Que la prolongación de ese estado -puesto de manifiesto en las actuaciones que llevaron al a quo a concluir que la afiliada no había recibido tratamiento sanitario efectivo por aquella entidad- priva de sustento a los planteos de la parte que pretenden negar una obligación de ayuda al menor en defecto de la obra social, toda vez que subsisten al presente las razones "exclusivamente" humanitarias que dieron lugar a la entrega del remedio, las cuales, por otra parte, no pueden ser entendidas sino como reconocimiento de la responsabilidad de la demandada de resguardar la vida del niño.

31. Que la existencia de una obra social que deba cumplir el Programa Médico Obligatorio -resolución 247/1996 Ver Texto MSyAS., ya citada-, no puede redundar en perjuicio de la afiliada y menos aún del niño , pues si se aceptara el criterio de la recurrente que pretende justificar la interrupción de su asistencia en razón de las obligaciones puestas a cargo de aquella entidad, se establecería un supuesto de discriminación inversa respecto de la madre del menor que, amén de no contar con prestaciones oportunas del organismo al que está asociada, carecería absolutamente del derecho a la atención sanitaria pública, lo que colocaría al Estado Nacional en flagrante violación de los compromisos asumidos en el cuidado de la salud.

32. Que, además, el niño se halla amparado por las disposiciones de la ley 24431 , de "protección integral de las personas discapacitadas" -a que adhirió la Provincia de Córdoba- y ello obliga también a asegurarle los tratamientos médicos en la medida en que no puedan afrontarlos las personas de quienes dependa o los entes de obra social a los que esté afiliado (conf. certificado de f. 6; arts. 1 Ver Texto, 3 Ver Texto y 4 ley 22431 [23] y ley provincial 7008 ), lo cual corrobora la sinrazón del acto de la autoridad pública que amenazó con grave riesgo sus derechos a la vida y la salud.

33. Que por ley 24901 Ver Texto (24) se ha creado un sistema de prestaciones básicas "de atención integral a favor de las personas con discapacidad" y se ha dejado a cargo de las obras sociales comprendidas en la ley 23660 Ver Texto la obligatoriedad de su cobertura (arts. 1 Ver Texto y 2 Ver Texto). Empero, frente al énfasis puesto en los tratados internacionales para preservar la vida de los niños, el Estado no puede desentenderse de sus deberes haciendo recaer el mayor peso en la realización del servicio de salud en entidades que, como en el caso, no han dado siempre adecuada tutela asistencial, conclusión que lleva en el sub examine a dar preferente atención a las necesidades derivadas de la minusvalía del menor y revaloriza la labor que debe desarrollar con tal finalidad la autoridad de aplicación.

34. Que la resolución de la alzada ha sido suficientemente explícita en cuanto ha asignado a la demandada responsabilidad subsidiaria y ha dejado a salvo sus atribuciones para encauzar la entrega del medicamento con la urgencia y oportunidad que el caso exige, sin liberar al gobierno provincial o la obra social de sus obligaciones legales, y es inconcebible que puedan invocarse perjuicios derivados de las gestiones encomendadas en la sentencia, cuando es el Estado Nacional el encargado de velar por el fiel cumplimiento de los derechos constitucionales que amparan la vida y la salud del niño y de asegurar la continuidad de su tratamiento.

35. Que, finalmente, en cuanto a la objeción basada en el art. 121 Ver Texto CN., aparte de que ese planteo importa invocar agravios de terceros, la apelante no ha demostrado que la decisión de mantener el tratamiento afecte el principio de federalismo o ponga en crisis las facultades reservadas por los gobiernos locales en la organización de su sistema de salud. No obstante ello, este pronunciamiento ha dejado establecida la responsabilidad que cabe también en esta materia a las jurisdicciones provinciales.

Por ello, oídos el defensor público oficial y el procurador fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario con el alcance fijado en los considerandos que anteceden y se confirma la sentencia apelada. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y devuélvase.- Julio S. Nazareno.- Eduardo Moliné O'Connor.- Carlos S. Fayt.- Enrique S. Petracchi.- Antonio Boggiano.- Guillermo A. F. López.- Adolfo R. Vázquez. En disidencia: Augusto C. Belluscio.

DISIDENCIA DEL DR. BELLUSCIO.- Considerando: que el recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 Ver Texto CPCCN.).

Por ello, y habiendo dictaminado el procurador fiscal, se desestima esta presentación directa. Intímese al recurrente para que, en el ejercicio financiero correspondiente, haga efectivo el depósito previsto en el art. 286 Ver Texto Ccit., de conformidad con lo prescripto en la acordada 47/1991 (25). Notifíquese, tómese nota por Mesa de Entradas y, oportunamente, archívese, previa devolución de los autos principales.

NOTAS:

(1) LA 1995-A-26 - (2) ALJA 1967-A-500 - (3) LA 1995-A-114 - (4) LA 1994-B-1615 - (5) LA 1994-B-1633 - (6) LA 1994-B-1639 - (7) LA 1989-A-58 - (8) LA 1992-C-3353 - (9) ALJA 1853-1958-1-14 - (10) JA 1987-I-614 - (11) JA 1992-II-239 - (12) JA 1992-II-32 - (13) JA 1981-II-61 - (14) JA 1987-II-331 - (15) JA 1993-IV-558 - (16) JA 1993-II-337 - (17) LA 1994-B-1607 - (18) LA 1994-B-1689 - (19) LA 1989-A-51 - (20) LA 1995-C-3214 - (21) LA 1996-C-3464 - (22) LA 1992-B-1957 - (23) LA 1981-A-202 - (24) LA 1997-D-3798 - (25) LA 1991-C-3469.



¿INACTIVIDAD MATERIAL ADMINISTRATIVA O ABANDONO DE PERSONA? (¿O UN TERTIUS GENUS: ABANDONO DE DEBER?)

Por EDUARDO L. TINANT

"Os deleitáis estableciendo leyes; sin embargo, os deleitáis más aún quebrantándolas"

(Khalil Gibrán, "El Profeta")

SUMARIO: I. La protección de la salud como derecho humano fundamental.- II. Las cuestiones humanitarias y legales en juego.- III. Cuando la inacción administrativa se convierte en injustificable desamparo.- IV. Colofón

I. LA PROTECCIÓN DE LA SALUD COMO DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL

La salud humana constituye un bien jurídico individual pero también un bien jurídico social (1). En esa inteligencia el derecho social a la salud pertenece al grupo de los derechos de "segunda generación" ya que, a la luz de la concepción social del constitucionalismo, su centro de gravedad se ha desplazado de lo individual a lo social (2).

La reforma constitucional de 1994 ha recogido expresamente esta tendencia, garantizando el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos y el hospital público y gratuito en general. El medicamento por su condición de bien social integra el derecho a la salud (3).

De tal forma, el término "derecho humano a la salud" expresa hoy un concepto más extenso: el derecho a una mejor calidad de vida y configura "un derecho de naturaleza prestacional, un derecho de la población -in paribus conditio- a servicios médicos suficientes para una adecuada protección y preservación de su salud" (4).

El Estado debe, pues, promover y facilitar las prestaciones de salud, brindar los servicios cuando la actividad privada resulte insuficiente o excesivamente onerosa, ya sea mediante planes de salud, la creación de centros asistenciales o la provisión de determinados medicamentos y/o tratamientos médicos en hospitales públicos, incluyendo la elaboración de vacunas contra enfermedades endémicas (5). Reside en tales obligaciones, sin duda, el principio bioético de justicia (6).

II. LAS CUESTIONES HUMANITARIAS Y LEGALES EN JUEGO

Un niño afectado por una neutropenia severa congénita o enfermedad de Kostman -que ataca la médula ósea disminuyendo las defensas inmunológicas- fue asistido con la medicación especial que requiere su tratamiento por el Banco Nacional de Drogas Antineoplásicas, dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social, organismo que decidió interrumpir el suministro sin cargo del fármaco aduciendo que no tenía la obligación de proveerlo y que su entrega había obedecido a razones exclusivamente humanitarias.

El fallo da cuenta de las peripecias judiciales que debió sobrellevar la familia del menor con el fin de hacer cesar el acto que privó de tan esencial prestación con menoscabo de los derechos a la vida y a la salud garantizados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos, primero ante el Juzg. Fed. Río Cuarto y luego ante la C. Fed. Córdoba, incluyendo el recurso extraordinario cuya denegación originó la queja de la demandada y que la Corte -por mayoría- declaró procedente no sin argumentar rotundamente en favor de la continuidad de la prestación debida confirmando así la sentencia apelada. Dicho abordaje permite tener en tan delicada materia un ajustado criterio -siempre orientador- del Tribunal de la Nación (7).

Queda en claro que no sólo razones humanitarias -de suyo suficientes- sino también legales -con ápice en las indicadas normas supralegales- abonaban la asistencia sanitaria cuya arbitraria interrupción debió corregir la Justicia. Tal lo que surge de los preceptos contenidos en las leyes 22431 Ver Texto (LA 1981-A-202) (sistema de protección integral de las personas discapacitadas), su complementaria y modificatoria 24901 (LA 1997-D-3798) (sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia y promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos), y concordantes de 23660 (LA 1989-A-51) (régimen de obras sociales), 23661 (LA 1989-A-58) (sistema nacional de seguro de salud, con el Ministerio de Salud y Acción Social como autoridad de aplicación de la política de medicamentos) y 24455 (LA 1995-A-114) (incorporación de prestaciones obligatorias en las obras sociales), desbrozados con elocuencia por la Corte sobre la base de que el Estado no puede desentenderse de sus deberes en la realización del servicio de salud, máxime si se trata de preservar la vida y la salud de un niño (8) que requiere preferente atención a las necesidades derivadas de su minusvalía (9), tornando ocioso repetir aquí los razonamientos desarrollados para arribar a la solución.

Analizaremos seguidamente, no obstante, algunos aspectos que consideramos esenciales.

III. CUANDO LA INACCIÓN ADMINISTRATIVA SE CONVIERTE EN INJUSTIFICABLE DESAMPARO

El caso exhibe: a) una pretensión prestacional (la anulación del acto lesivo posibilitando la inmediata continuidad del tratamiento del niño gravemente enfermo); b) una inactividad material de la Administración, no ya tácita sino expresa (media su decisión de interrumpir acciones positivas con las que empezara a dar cumplimiento a la obligación indeclinable del Estado de garantizar derechos humanos fundamentales como los que se hallaban en juego); c) la certidumbre de que la autoridad de aplicación tuvo entonces la oportunidad de medir las consecuencias disvaliosas de su decisión, concretamente la situación de desamparo asistencial en que dejaba al menor, lo que lleva a plantear si cabe reprocharle no ya mera inacción propia de la indicada inactividad material sino incuria propia del abandono y, en esa dirección, del abandono de persona; d) contraponiéndose a lo antedicho, un renovado ejemplo de activismo judicial.

Veamos un poco más.

Los derechos de los particulares pueden verse lesionados no sólo por la actuación sino también por la omisión (10) de los entes administrativos, que abarca su inactividad formal y material (11).

La pretensión prestacional presupone la facultad jurídica del pretensor de obtener una eventual sentencia de condena del ente administrativo obligado a la realización de una prestación determinada. Tiende por lo tanto a lograr el cumplimiento de ciertos deberes de dar o de hacer, excepcionalmente de no hacer, por parte de determinados entes que ejercen funciones administrativas.

En los últimos tiempos se ha registrado un significativo avance al respecto, si bien por vía judicial, teniendo el Estado que dar efectivo cumplimiento a las obligaciones establecidas en favor de una persona o conjunto determinado de ellas, tal como fue condenado en casos en los que había omitido prestar el servicio de salud pública o de asistencia social (12) y podrá reclamarse con mayor rigor en la Provincia de Buenos Aires mediante la pretensión prestacional, modalidad absolutamente novedosa en nuestro derecho público provincial y también federal, consagrada por el código procesal contencioso administrativo que aguarda su entrada en vigencia junto con el nuevo fuero (art. 12 Ver Texto inc. 6 y concs., ley 12008 y mod. 12310 Ver Texto), a fin de remediar la inercia estatal cuando ésta se exhiba como inactividad material, vale decir, una pasividad, un no hacer de la Administración dentro del marco de sus competencias ordinarias y no ya dentro de un procedimiento (13).

En el caso -según adelantamos- la inactividad material administrativa se muestra atípica, desde que se origina en un acto cuyo cese fue peticionado. Constituye por lo tanto una omisión deliberada y manifiesta, frente a la situación de urgencia y extrema necesidad que tenía el tratamiento prescripto para salvaguardar la vida y la salud del niño (consid. 28 del fallo) y cuyo contexto familiar y social distaba de ofrecer una solución alternativa (consid. 6, "c" y "ch"), circunstancias que la autoridad de aplicación debió ponderar antes de "desentenderse de sus deberes haciendo recaer el mayor peso en la realización del servicio de salud en entidades que no han dado siempre adecuada tutela asistencial" (consid. 33).

Cabe preguntarse pues, si la decisión de interrumpir la entrega de la medicación dejando al menor en estado de desamparo asistencial (consid. 10) reviste el título de abandono y, en tal caso, de abandono a su suerte de persona incapaz de valerse y a la que el autor deba mantener o cuidar (14).

Frías Caballero (15), atendiendo las modalidades que puede asumir en el mundo externo el elemento voluntario interior, señala que hay delitos de omisión impropia o de comisión por omisión cuando se vulnera a la vez una norma prohibitiva (16) y otra que contiene un mandato positivo (17). Se hace algo realizando una conducta omisiva: se comete omitiendo (18).

El delito de comisión por omisión requiere así: a) una situación de peligro objetivo para un bien jurídico; b) deber de intervenir para hacer cesar o precaver el riesgo o la situación de peligro (19); c) incumplimiento del deber de intervenir (omisión) (20).

En el abandono de personas, enseña Soler (21), todas las figuras son figuras de peligro. El peligro tomado en cuenta por estas infracciones es el que puede derivar tanto para la vida como para la salud (22). El hecho objetivo y subjetivo debe consistir solamente en el abandono (23).

El prestigioso jurista contribuye sobremanera a nuestra reflexión cuando -tras inquirir si basta la omisión de cuidados debidos para configurar el abandono- indica: "Es preciso no llevar la tesis a términos muy extremos, pues se corre el riesgo de llamar abandono a cualquier omisión de deberes, identificando el abandono de un deber con el abandono de una persona. La ley exige que se abandone a una persona, y si se refiere luego al deber de mantener o cuidar lo hace para que queden individualizadas las personas que antes ha mencionado" (24). Asimismo cuando previene: "Difícilmente podrá darse la figura en el abandono o en el incumplimiento de un deber singular, aunque referible a la persona", admite: "Puede ser que, en casos excepcionales, el médico sea responsable de esa situación; pero cuando la ley habla de cuidar no se refiere a la atención médica eventual, sino a la situación jurídica de asistencia personal" (25), y concluye: "En el segundo de los modos de comisión de este delito -el que se consuma dejando abandonada a la persona- la fuente de la obligación de no dejar está constituida por una preexistente obligación (vgr. legal) de mantener o cuidar. De tal manera, la determinación del ámbito de esa obligación, coincidirá con la determinación de los sujetos a quienes tales obligaciones incumben" (26).

Pues bien. Es cierto que en el caso la autoridad de aplicación "no colocó" (no puso) en peligro al niño, vale decir no lo expuso a una situación que no padeciera antes con riesgo cierto para su vida y su salud. Pero no lo es menos que "lo dejó" en estado de desamparo asistencial en razón de no contar con efectiva cobertura de su obra social (consid. 10), alegando en sustancia una actuación subsidiaria del Estado (consid. 3 y 7).

Ello da algún pábulo a la segunda hipótesis del tipo legal (cuyo concepto es abandonar) en la que la conducta del autor no es de eminente actividad -como en la primera- sino que implica dejar definitiva o temporalmente de modo que se ponga en peligro la incolumnidad personal, con la salvedad de que el abandono requiere una imposibilidad de lograr asistencia o ayuda ajena. La cual -agregamos- no ha quedado evidenciada en la especie.

Corresponde entonces, de acuerdo con la prudente recomendación de Soler, estimar el abandono de la atención al menor en que incurrió la autoridad de aplicación (conf. consid. 28) abandono de deber (lo que no es poco) y no abandono de persona. En cualquier caso, como forma de incumplimiento de los deberes jurídicos de asistencia estatal en materia de salud pública (bien jurídico protegido) (27).

En suma: no hubo stricto sensu inactividad material de la Administración sino abandono del deber de prestar asistencia sanitaria de la misma, lindante con el abandono de persona.

El activismo no exento de sensibilidad de los magistrados puso las cosas en su lugar, brindando un renovado ejemplo sobre esta misión judicial que -hasta no hace mucho inédita- encierra una intervención fuertemente preventiva y tutelar, llevando a una nueva intensidad de comunicación con el justiciable que se asocia a la solución (28).

Activismo bien entendido, cabe añadir. La Justicia, aun en la hipótesis meramente omisiva o de abandono de deber de la Administración, debe guardar una intervención no sustitutiva de ésta (29).

Como lo hizo la Corte en el caso, más allá de nuestra duda inicial -quizá compartida por el lector- sobre si llegó a configurarse algún delito de comisión por omisión.

IV. COLOFÓN

No siempre el Estado cumple per se las prestaciones sanitarias comprometidas. Inactividad material administrativa (o abandono de deber) que suele reparar, cual reservorio ético y jurídico, el activismo judicial al que hemos hecho referencia. A condición de que las personas afectadas ejerzan el derecho constitucional a la jurisdicción.

No parece éste el itinerario más adecuado, al menos el de una comunidad organizada y sensible a los padecimientos y las necesidades de sus integrantes.

La protección del derecho a la salud es una obligación impostergable del Estado y por tanto de inversión prioritaria, cometido que incluye la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y farmacológica en caso de enfermedad, en especial cuando se dan extremos como los aquí comentados.

El gobernante -como sostiene Abelardo F. Rossi- no distribuye bienes y valores como dueño de cosa propia (o del Estado) sino como administrador del bien común.

Es deseable que de una buena vez lo entiendan los funcionarios públicos encargados de efectivizar la justa distribución de los recursos sanitarios de conformidad a las normas constitucionales y legales que rigen la materia, sin que la Justicia los obligue a ello con tan alarmante como dispendiosa insistencia o caminar cual funámbulo por la cornisa que separa el ámbito administrativo del penal en aras de un retaceo -aun pretextando la defensa del erario- seguramente digno de mejor causa.

NOTAS:

(1) Desde la óptica de la filosofía de los derechos humanos y los principios bioéticos, como puntualiza Pedro F. Hooft, el reconocimiento de la salud constituye una precondición o valor instrumental necesario para la posible realización de otros valores y el ejercicio de otros derechos de raigambre constitucional ("Bioética y derechos humanos. Temas y casos", 1999, Ed. Depalma, p. 142.).



(2) Carnota, Walter F., "Proyecciones del derecho humano a la salud", ED 128-877.

(3) La Carta nacional (LA 1995-A-26) alberga así entre otras cláusulas la fijación por el Congreso de políticas conducentes al desarrollo humano, la jerarquía constitucional de diversos instrumentos comunitarios e internacionales que han reconocido la salud como valor y derecho humano fundamental, y el régimen de seguridad social especial e integral tanto del niño como de la mujer durante el embarazo y la lactancia, protección que incluye el derecho a la atención y preservación de la vida y la salud de ambos (art. 75 Ver Texto incs. 19, 22 Ver Texto y 23 Ver Texto).

Ver mi nota "Salud, privacidad y acceso a la jurisdicción, soportes de tres derechos constitucionales y -a la vez- de los principios bioéticos y de los valores cimeros de la vida, la dignidad y la libertad humanas", JA 1999-III-363 Ver Texto .

(4) Carnota, Walter F., "Proyecciones del derecho humano a la salud", ED 128-879 y 880.

(5) El Estado tiene el deber ineludible de proteger la vida y la salud como derechos humanos fundamentales de toda la población. En materia de salud pública le corresponde gestionar y aplicar los recursos necesarios para la efectivización de tales derechos y en especial -conforme al art. 12 Ver Texto Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (LA 1984-B-1633)- adoptar las medidas necesarias para reducir la mortinatalidad y la mortalidad infantil así como el desarrollo de la salud de los niños.

(6) El surgimiento de la bioética -señala José A. Mainetti- se ha dado junto a la teorización sobre la justicia y sus aplicaciones en biomedicina, en particular el derecho a la salud y el sistema de macro y microasignación de recursos en la atención médica. De tal modo la creciente economización de la medicina replantea la cuestión de la justicia distributiva en la política sanitaria en el marco de los tres megaproblemas de la medicina postmoderna: costos, responsabilidad y calidad en la atención de la salud. En cualquier caso -añade- la justificación del derecho a la salud mediante el principio de justicia es otra conquista de la bioética ("Bioética sistemática", 1991, Ed. Quirón, p. 47).

Si se elimina la distribución de lo común, la comunidad pierde su razón de ser. Por ello, dice Edgardo Fernández Sabaté ("Filosofía del Derecho", 1984, Ed. Depalma, p. 309), la justicia general no es sino un medio para lograr la justicia distributiva. En términos de Santo Tomás, "en la justicia distributiva se da algo a alguna persona privada, en cuanto lo que es del todo es debido a la parte" ("Summa theologicae", II-II, q.61, a.2).

Como afirma Abelardo F. Rossi, la distributiva -a diferencia de la conmutativa- es la forma de justicia que presenta un sentido más auténticamente humano en cuanto tiene en cuenta -para establecer la igualdad- principalmente a la persona en su dignidad de tal, a sus condiciones, a sus méritos, a sus necesidades y, además, a todas las personas que integran la comunidad de que se trate ("La quiebra y la justicia distributiva", ED 64-601; "La justicia distributiva: su importancia en los tiempos de crisis", en "La justicia y el orden social", publicación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, 1977; "Sobre la acceptio personarum", ED 124-760).

También para Gladys J. Mackinson la justicia distributiva aplicada a la distribución de recursos en salud puede contribuir al ideal de justicia. Empero -observa- "la decisión última no es jurídica, médica o académica: depende exclusivamente de proyectos políticos sustentables, de cumplimiento efectivo" ("Salud pública, asignación de recursos y justicia", Cuadernos de Bioética, n. 6, p. 57, Bs. As., setiembre 2000).

(7) Nos recuerda de tal forma su paradigmática sentencia en la causa "Bahamondez" (6/4/1993) (JA 1993-IV-558) pues, aun sin ingresar al fondo del asunto al decidir por mayoría que la cuestión había devenido abstracta, los fundamentos expuestos acerca del respeto por la persona humana e inviolabilidad de su vida, su honor, sus creencias trascendentales y el derecho a la disposición del propio cuerpo o la autodeterminación corporal (jueces Fayt y Barra), la libertad religiosa -y su corolario la objeción de conciencia- y la dignidad humana (jueces Cavagna Martínez y Boggiano), y la autonomía individual, la salud, la personalidad espiritual y física y el derecho a la privacidad de las personas (jueces Belluscio y Petracchi), marcaron rumbos en la problemática en la que -en el decir de Pedro F. Hooft- los derechos humanos constituyen el hilo conductor o puente entre la bioética y el derecho (publicado en ED 153-249, con notas de Portela, Jorge G., "Hacia una justificación de la objeción de conciencia" y Bidart Campos, Germán J., "La objeción de conciencia frente a tratamientos médicos"; JA 1993-IV-555, con comentario de Rivera, Julio C., "Negativa a someterse a una transfusión sanguínea" ; LL 1993-D-126, con nota de Sagüés, Néstor P., "¿Derecho constitucional a no curarse?"; Colauti, Carlos E., "Precisiones e imprecisiones en el caso `Bahamondez'", LL 1994-B-785).

(8) Cabe sumar así en la solución del conflicto el principio pro minoris que en pos del interés superior del niño desplaza a cualquier otro subyacente (ver consid. 21).

(9) La Corte anuda de tal modo la trilogía conceptual minoridad-discapacidad-situación de urgencia y extrema necesidad acentuando el deber de actuar de la autoridad de aplicación (ver consids. 28 y 33).

En reciente trabajo Sergio Cecchetto se refiere a la salud del menor como bien éticamente deseable de las ciencias de la vida, en cuyo vértice asoma -entre otros- el cuestionamiento político, ético y social: ¿el poner o no todos los recursos en favor de pequeños seriamente enfermos constituye sin más una nueva forma de sobretratamiento o de eutanasia? En su opinión se ha vuelto imperativo -particularmente en el foro pluralista de los comités institucionales de bioética- conjugar los saberes de las ciencias de la salud (cómo hacer) y la ética (qué hacer) para acercarnos a una medicina de excelencia, y aún saber oponernos a todo intento que busque separar artificialmente la técnica de la ética ("Dilemas bioéticos en medicina perinatal", 1999, Ed. Corregidor, p. 150).

(10) "Omitir" es siempre un verbo transitivo: se omite "hacer algo". Ello supone que el concepto de omisión contiene en sí un elemento de referencia -sin el que no puede ser aprehendido- a una determinada acción cuya realización no se emprende. En el ámbito jurídico el concepto normativo de omisión contempla, además, que el hecho negativo o de abstención constituya un deber jurídico u obligación legal del sujeto omiso y por tanto un derecho del interesado a exigirle su cumplimiento.

(11) "Por inactividad material se entiende una pasividad, un no hacer de la Administración dentro del marco de sus competencias ordinarias. La inactividad formal se refiere, por su parte, a la pasividad de la Administración dentro de un procedimiento. Es la simple no contestación a una petición de los particulares" (Hutchinson, Tomás, "Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Comentada, anotada y concordada con las normas provinciales", t. I, 1987, Ed. Astrea, p. 197).

(12) Específicamente la provisión de determinados medicamentos y/o tratamientos médicos en hospitales públicos. Así, en causa "Asociación Benghalensis y otros v. Ministerio de Salud y Acción Social (Estado Nacional) s/amparo ley 16986 Ver Texto", 5/3/1998, la sala 1ª de la C. Nac. Cont. Adm. Fed. confirmó la sentencia de primera instancia que condenó al Ministerio demandado "a dar acabado cumplimiento a su obligación de asistencia, tratamiento y en especial suministro de medicamentos -en forma regular, oportuna y continua- a aquellos enfermos que padecen las consecuencias del virus VIH/SIDA que se encuentren registrados en los hospitales del país". En igual sentido, causa "S/n. v. Ministerio de Salud y Acción Social", C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 2ª, 21/10/1997. Ambos en ED 178-773, con nota de Zilli de Miranda, Martha, "La solidaridad social en dos fallos del fuero contencioso administrativo".

A su vez, en causa "Viceconte, M. C. v. Estado Nacional (Ministerio de Salud y Acción Social) s/amparo ley 16896 " Ver Texto , 2/6/1998, la sala 4ª de la misma Cámara condenó al citado organismo a realizar todas las tareas, obras y adquisiciones pertinentes para producir la vacuna "Candid 1" contra la Fiebre Hemorrágica Argentina o "mal de los rastrojos" y asegurar su inmediato suministro a la totalidad de la población potencialmente afectada por el Virus Junín, enfermedad exclusiva de nuestro país, razón por la cual -no estando prevista su elaboración en el extranjero- el Estado Nacional a través del Ministerio demandado había asumido el compromiso de hacerlo.

El tribunal puntualizó que los llamados "derechos sociales" establecidos en el art. 14 bis Ver Texto CN. y los arts. 11 Ver Texto de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (LA 1994-B-1607), 28 Ver Texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos (LA 1994-B-1611) y 12 Ver Texto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tienen un carácter muy diferente al de las libertades tradicionales. Estos derechos sociales -entre los que indudablemente se encuentra el derecho a la salud- no constituyen para los individuos un derecho de actuar, sino "facultades de reclamar determinadas prestaciones de parte del Estado, cuando éste hubiera organizado el servicio" (ED 178-809; LL 1998-F-303, con comentario de Mertehikian, Eduardo, "La `protección de la salud' como un derecho de incidencia colectiva y una sentencia que le ordena al Estado que cumpla aquello a lo que se había comprometido"; JA 1999-I-484, con notas de Carranza Latrubesse, Gustavo, "Hacia la protección de los derechos en serio" Ver Texto y Albanese, Susana, "La obligación de producir la vacuna `Candid 1' contra el Mal de los Rastrojos" Ver Texto .

Constituyen antecedentes de esta cuestión los pronunciamientos de la citada Cámara y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referentes a los recursos judiciales interpuestos requiriendo del Estado -como obligación de dar- el suministro de la droga supuestamente anticancerosa "

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