Derechos sexuales y reproductivos en el Sistema de derechos humanos de Naciones Unidas: la perspectiva de los comités



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Derechos sexuales y reproductivos en el Sistema de derechos humanos de Naciones Unidas: la perspectiva de los comités
Line Bareiro1
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979, une lo que no debía haberse separado e incluye tanto los derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos civiles y políticos, que por la tensión entre las dos superpotencias, están separados en dos pactos2, ya que cada cual quería su propio instrumento de derechos humanos. En su artículo 12 la CEDAW establece que los Estados deben asegurar a las mujeres “el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”. Esa fue la primera inclusión de derechos reproductivos en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, al aprobarse la Convención CEDAW no hubo un solo país del mundo que aceptó un artículo sobre violencia en contra la mujer3.

Posteriormente, la Convención Internacional sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad y el Estatuto de Roma incorporan derechos sexuales y derechos reproductivos, siendo este último el instrumento con la más alta protección, ya que incluye como violaciones del Estatuto la violación sexual, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzosa y las violaciones sexuales, “u otros abusos sexuales de gravedad comparable” tanto como delitos de lesa humanidad, de guerra y de genocidio.

La idea de los derechos reproductivos nace recién en la década de 1960 pues la píldora anticonceptiva permitió a las mujeres heterosexuales separar la sexualidad de la reproducción. Pero esos derechos no tuvieron un desarrollo lineal imagínense que fue recién el Tribunal de la ex Yugoeslavia en 1992 y la sentencia del Tribunal del genocidio de Ruanda, en 19944, quienes condenaron como crimen de guerra las violaciones sexuales. Los aportes de estos tribunales permitieron que se reconozcan como crímenes violaciones a la sexualidad y reproducción de las mujeres, en el Estatuto de Roma.

El Comité de Derechos Humanos (CDH) por su parte, en su Observación General Nº 28 y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) en su Observación General Nº 16 incorporan claramente derechos sexuales y derechos reproductivos. Los Estados deben informar al CDH sobre abortos selectivos si el feto es mujer, sobre toda muerte en relación al embarazo y el parto, informar sobre medidas para evitar embarazos no deseados y si proveen acceso al aborto en casos de violación, así como sobre esterilizaciones forzadas y prostitución forzada. Al Comité DESC deben informar si eliminaron las restricciones legales en materia de salud reproductiva.

No es fácil establecer estándares de derechos humanos, pero puede afirmarse que estos se establecen cuando hay coincidencia de todos los órganos de tratado del Sistema de Naciones Unidas sobre una materia. Eso sucede con la prohibición absoluta del aborto, que el CDH, el Comité DESC, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos del Niño y por supuesto el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), consideran que es violatoria de los derechos humanos y como mínimo recomiendan la despenalización en cuatro causales: riesgo de vida o de daño permanente a la salud, malformación del feto incompatible con la vida extrauterina, violación sexual e incesto.

Pero de ninguna manera debe interpretarse que los órganos de tratado del Sistema de Naciones Unidas promueven simplemente el aborto. Por ejemplo, el Comité CEDAW tiene observaciones y recomendaciones muy duras respecto al aborto sin consentimiento, a los abortos selectivos y el uso del aborto como método de control de la natalidad. De hecho a Cuba, que tiene una buena legislación sobre derechos reproductivos y el aborto es legal, se le ha dicho reiteradamente que debe superar su falta de accesibilidad a métodos anticonceptivos y en las Observaciones Finales del 2013, que debe mejorar también sus programas de educación sexual pues es preocupante que haya numerosas niñas de 12 años en adelante que abortan. En términos generales a los países en los que se accede sin restricciones a métodos anticonceptivos y han legalizado el aborto con consentimiento de la mujer y regla del tiempo generalmente se le recomienda que usen métodos no invasivos, conforme a los avances científicos.

Hasta ahora me he referido al diálogo constructivo entre los Comités del Sistema de Naciones Unidas y los Estados Parte. Pero además algunos comités ofrecen la posibilidad de llevar casos individuales en virtud de protocolos facultativos, es decir que los Estados que previamente ratificaron el instrumento principal, pueden ratificar o no. Voy a mencionar tres casos que me parecen importantes dentro del Sistema Internacional de derechos humanos.

Pero antes, aunque no me voy a referir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, quisiera comentarles que siempre he estado muy orgullosa de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), sobre todo ahora que una de las recomendaciones constantes del Comité CEDAW a los países Europeos es que ratifiquen el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), que es muy similar a la Convención de Belem do Pará. Los logros que se han conseguido son resultado del trabajo de excelentes juristas feministas en la región que no tienen miedo de ir en contra de aquello que grandes juristas patriarcales han defendido que no se puede hacer en el derecho. Gracias a ellas, hoy cuesta pensar que 36 años atrás era imposible aprobar legislación contra la violencia hacia las mujeres.


Alyne da Silva Pimentel vs Brasil

El primer caso es el de Alyne da Silva Pimentel vs. Brasil en que el Comité CEDAW con su dictamen de 2011, se convirtió en el primer órgano de derechos humanos que aprobó una recomendación sobre muerte materna prevenible. El caso se trataba de una mujer pobre, negra, empleada doméstica, de bajo nivel educativo, que llegó con seis meses de embarazo al hospital con vómitos y malestar general y le mandaron a su casa, diciéndole que vuelva dos días después. Cuando la mujer vuelve a las 48 horas estaba muerta de dolor y lo que en realidad pasaba era que el feto había muerto más de 48 horas atrás. La tienen ocho horas en una camilla, no había terapia intensiva, se le traslada a otro hospital sin su historia médica, y muere (Comité CEDAW, 2008).

Brasil procuró cumplir íntegramente la Recomendación del Comité CEDAW, no sólo en cuanto a las reparaciones a la madre y a la hija de Alyne, sino también las medidas de no repetición mejorando por ejemplo los servicios de atención a mujeres gestantes y capacitando al personal de la judicatura y al personal médico y paramédico en derechos de las mujeres e incluso tomó medidas simbólicas que no se le había pedido, abriendo una casa para mujeres gestantes en la Baixada Fluminense.
LC vs Perú

El segundo caso que quiero comentar es el de LC vs Perú que fue totalmente diferente. En este caso es muy interesante ver como los derechos se conjugan, no solamente el derecho a la salud, los derechos reproductivos y a vivir libre de violencia. LC es una niña de 13 años, violada por un señor de 34 años en el mercado donde trabajaba su mamá, ella mantiene el silencio y tiene miedo porque cree que está embarazada, no asiste a ningún servicio público, ni le cuenta a su mamá sino que intenta suicidarse lanzándose del techo de su casa. La niña sobrevive pero con la caída rompe su columna, le llevan al servicio de salud y los médicos dicen que hay que operarla inmediatamente, pues si no, va a quedar paralítica. Sin embargo, no le operan al darse cuenta que estaba embarazada. Es decir priorizan el feto inviable en el estado de LC, a la adolescente. A pesar de que en el Perú había una disposición en el Código Penal de despenalización del aborto terapéutico para casos de riesgo de vida o de daño permanente en la salud, recién cuatro meses después cuando la niña expulsó el feto, la operaron y quedó parapléjica.

El Comité CEDAW en su dictamen del caso LC vs Perú recomendó al Estado establecer medidas de reparación que incluyeran indemnización, garantizar el derecho a la educación y medidas de rehabilitación a LC. Además le recomendó que revisara su normativa y estableciera un mecanismo de acceso efectivo al aborto terapéutico, adoptara directrices o protocolos para garantizar el aborto no punido y que adoptara medidas para que los derechos reproductivos sean conocidos y respetados en todos los centros sanitarios, y finalmente la despenalización del aborto por violación. El Perú no cumplió en general la Recomendación de CEDAW, pero dos días antes de ir al diálogo con el Comité CEDAW en el año 2014, aprobó el protocolo de aborto terapéutico que estaba despenalizado desde hacía 90 años en el Código Penal, pero no se cumplía (Comité CEDAW, 2009).
KL vs Perú

El tercer caso que les quiero comentar es el de KL vs Perú en el que no se le dejó abortar a una niña que tuvo un embarazo anencefálico y además se le hizo amamantar a un ser sin cerebro, que vivió unas horas. El CDH consideró que la negación al acceso de aborto legal constituyó una violación del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, específicamente del derecho a estar libre de tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros (CDH, 2003).

Quiero llamar la atención que los distintos órganos que dan seguimiento a los instrumentos de derechos humanos del Sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, han recurrido a sus respectivos artículos como el de salud, acceso a la justicia, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esto tiene relación con el contenido del instrumento que monitorea cada Comité.
Prohibición absoluta del aborto

Las Observaciones Finales del Comité CEDAW a Chile del año 2012 se refieren entre otras a la confusión en el uso de los conceptos de igualdad y equidad; la recomendación de adopción de medidas especiales de carácter temporal para acelerar el logro de la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la Convención; la adopción de medidas para eliminar los estereotipos y mejorar el equilibrio en las responsabilidades familiares; la obligación de eliminar el requisito de violencia habitual y de procesar a los autores; y en el tema de la salud, el Comité expresó su preocupación sobre presuntos casos de esterilización forzada de personas portadoras de VIH, y que debe garantizar el acceso adecuado a servicios de planificación de la familia y de anticonceptivos, incluida anticoncepción de emergencia, y reiteró su preocupación de que el aborto sigua siendo un delito en toda circunstancia. (Comité CEDAW, 2012).

Igualmente podemos sumar a las observaciones del Comité CEDAW a Chile, aquellas que se hicieron a la República Dominicana que son muy importantes y las que se le van haciendo a los distintos países que mantienen prohibición absoluta del aborto. Es muy impresionante como en nuestra historia el aborto por causales estuvo despenalizado en toda la región, pero fueron diferentes formas de dictadura las que en las últimas décadas del siglo XX quitaron ese derecho, y en la mayoría de los casos, no existían los mecanismos, protocolos de actuación u obligación de prestar los servicios. Ahora estamos avanzando para que el derecho no sea letra muerta y exista un acceso a la igualdad sustantiva y ejercicio real de los derechos.
Vínculos entre los sistemas

Con respecto al vínculo entre el Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano, es ilustrativa la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso González y otras vs México. El caso se refiere a la desaparición y muerte de tres mujeres que fueron encontradas en un campo algodonero en Ciudad Juárez, quienes presentaban signos de violencia sexual. Se trataba de tres cadáveres encontrados, pero hubo más de 400 muertes de mujeres no investigadas y ninguna sanción a los responsables. En su sentencia la Corte IDH indica que aunque México no reconoció ante ningún órgano del Sistema Interamericano que no hubo la debida diligencia, sí lo hizo ante el Comité CEDAW5.

Otro ejemplo de esta conexión es la recomendación del Comité CEDAW a Venezuela en sus Observaciones Finales de 2014, para que retire su denuncia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y vuelva a adherirse a ella. Es mucho lo que podemos perder con la decisión venezolana de salir de la CADH, pues debilita al Sistema Interamericano de derechos humanos. Si hay algo importante de la Organización de Estados Americanos es justamente su sistema de derechos humanos, que no pocas veces ha estado en riesgo. América Latina debería cuidar lo aún poco que hemos construido de justicia para todas las personas, en el ámbito regional y global.

No hay que perder la oportunidad de incorporar el control de convencionalidad a nuestros países. La Corte IDH dice que todos los poderes del Estado deben hacer control de convencionalidad. Algunas personas denominan bloque de constitucionalidad, a la adopción de la obligación de revisar las leyes, políticas y otras medidas tanto conforme a la Constitución como a los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado. Esto es fundamental para avanzar, no podemos seguir firmando, ratificando y olvidándonos de nuestras obligaciones. Las leyes deben desde su entrada en vigencia estar conforme al derecho internacional de los derechos humanos en todos los países que ratificaron cada instrumento.


Conclusión

Cuando hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos nos enfrentamos a derechos centrales de la vida misma. Ciertamente, las visiones al respecto pueden ser muy distintas e incluso, chocar entre sí. Sin embargo, bien sabemos que en derechos humanos no se admite relativismo cultural alguno, el artículo 5 de CEDAW deja en claro que la cultura debe cambiar cuando va en contra de los derechos de las mujeres.

Un aspecto preocupante es que la población no está suficientemente y bien informada sobre sus derechos y entonces no los usa, sobre todo cuando los Estados los hacen inaccesibles. Cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo hay una serie de políticas y servicios que tienen que proveer los Estados para evitar un embarazo no deseado, pero si sucediese, tiene que existir la posibilidad de interrupción legal.

Quiero expresar una preocupación sobre el proyecto de despenalización del aborto en Chile. La primera causal incluye en lo terapéutico solamente el riesgo de vida y no de salud o de daño permanente, lo que implicaría por ejemplo que si el caso de LC ocurriera en Chile, la niña también hubiera quedado parapléjica. Espero que se considere incluir el riesgo a la salud y de posibles daños o lesiones permanentes.


Bibliografía
Comité de Derechos Humanos (CDH) (2003), KL vs Perú, Comunicación Nº 1153/2003, CCPR/C/85/D/1153/2003.
Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) (2008), Alyne da Silva Pimentel vs. Brasil, Comunicación N° 17/2008, CEDAW/C/49/D/17/2008.
Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) (2009), LC vs. Perú, Comunicación N° 22/2009, CEDAW/C/50/D/22/2009.
Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) (2012), Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto de Chile, adoptadas por el Comité en su 53º período de sesiones (1º a 19 de octubre de 2012), CEDAW/C/CHL/CO/5-6.

1 Line Bareiro es politóloga feminista, integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer hasta diciembre de 2014.

2 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue aprobado por la Asamblea General (AG) de la ONU el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigencia el 3 de enero de 1976 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue aprobado por la AG el mismo día 16 de diciembre de 1966 y entró en vigencia el 23 de marzo de 1976, dos meses y medio después del Pacto DESC.

3 Posteriormente el Comité CEDAW estableció dos Recomendaciones Generales sobre violencia contra las mujeres, la RG Nª 12 y la RG Nº19 y todos los 188 Estados Parte informan sobre lo que han hecho para eliminar la violencia contra las mujeres.

4 En Ruanda, entre 100.000 y 250.000 mujeres fueron violadas durante los tres meses de genocidio en 1994 (http://www.un.org/es/preventgenocide/rwanda/about/bgsexualviolence.shtml )

  1. 5 La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras vs. México, más conocida como “Campo Algodonero”, cita en numerosas ocasiones la investigación realizada por el Comité CEDAW en virtud del artículo 8 de su Protocolo Facultativo. Sobre lo señalado pueden revisarse entre otros los párrafos 131, 132, 133, 264 y 398. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf






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