Diario concursal



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● Concursal. Arts. 164 y ss. LC. Personas afectadas por la declaración de culpabilidad. Administradores de hecho.

4.Sentencia A.P. León (s. 1ª) de 25 de abril de 2014. (09/07/2014)


Sentencia de la Audiencia Provincial de León (s. 1ª) de 25 de abril de 2014 (Dª. ANA DEL SER LÓPEZ).

SEGUNDO.- Requisitos exigidos a la figura del administrador de hecho. Doctrina Jurisprudencial.

Debemos comenzar con un resumen de la jurisprudencia existente sobre la condición de administrador de hecho que permite la atribución de responsabilidad, dada la alegación del recurrente sobre el error en la aplicación del derecho respecto de la condición de administrador de hecho de D. Eladio . En el fundamento jurídico siguiente se examinará la prueba practicada y el error de valoración en el que se centra el primer motivo de recurso.

Sobre los administradores de hecho es la Sentencia del TS de 4 de diciembre de 2012 la que recientemente precisa su concepto en el sentido ya recogido por la Resolución de Primera Instancia. Podemos resumir que será administrador de hecho el que ejerce efectivamente el cargo al margen de un formal y válido nombramiento como si realmente estuviera legitimado. Y siguiendo la doctrina del TS expresada en la citada Sentencia de 4 de diciembre de 2012 que muestra cautela respecto de la coexistencia de administradores de hecho y de derecho, partiendo de la regla general de que responde de los daños derivados de la administración lesiva el administrador de derecho, también admite "la posible coexistencia de administradores de derecho puramente formales con otro u otros de hecho, singularmente cuando se acredita que la designación formal tiene por objeto eludir la responsabilidad de quien realmente asume el control y gestión de la sociedad bajo la cobertura del apoderamiento...", por lo que entendemos que no es posible excluir la responsabilidad de la persona que real y efectivamente ejerce las funciones de administrador de la sociedad, coexistiendo con un administrador de derecho (que figura como tal frente a terceros) y en connivencia con él, el cual de facto se somete sin cuestionamiento a las decisiones del primero y, cuando es preciso, las ejecuta formalmente.

La SAP Barcelona de 26 de junio de 2013 recuerda que "el elemento esencial de la figura del administrador de hecho es el de autonomía o falta de subordinación a un órgano de la administración social, de tal modo que pueda razonablemente entenderse que esa persona, al margen de un nombramiento formal o regular, está ejercitando en la práctica cotidiana las funciones del poder efectivo de gestión, administración y gobierno de que se trate, asumiendo la sociedad los actos de esa persona como vinculantes para ella y, por tanto, como expresión de la voluntad social. Debe añadirse la habitualidad en el ejercicio de tales funciones, permanencia o continuidad que excluyen una intervención puntual en la gestión de la sociedad, excluyendo de este concepto a aquellas personas cuya actuación se quede en la esfera previa a la decisión, lo que no es sino consecuencia del requisito de la autonomía de decisión".

También la STS de 8 de febrero de 2008, al abordar esta materia, aporta importantes precisiones: "la condición de administrador de hecho no abarca, en principio, a los apoderados (SSTS 7 junio 1999, 30 julio 2001), siempre que actúen regularmente "por mandato de los administradores o como gestores de éstos", pues "la característica del administrador de hecho no es la realización material de determinadas funciones, sino la actuación en la condición de administrador "sin observar las formalidades esenciales que la Ley o los estatutos exigen para adquirir tal condición". Añade que cabe, sin embargo, la equiparación del apoderado o factor mercantil al administrador de hecho (SSTS 26 de mayo 1998, 7 mayo 2007) en los supuestos en que la prueba acredite tal condición en su actuación. Esto ocurre cuando se advierte "un uso fraudulento de la facultad de apoderamiento a favor de quien realmente asume el control y gestión de la sociedad con ánimo de derivar el ejercicio de acciones de responsabilidad hacia personas insolventes", designadas formalmente como administradores que delegan sus poderes, pero puede ocurrir también en otros supuestos de análoga naturaleza, como cuando frente al que se presenta como administrador formal sin funciones efectivas aparece un apoderado como verdadero, real y efectivo administrador social (STS 23 marzo 2006). En definitiva, siguiendo la STS de 4 de diciembre de 2012 "cuando la actuación supone el ejercicio efectivo de funciones propias del órgano de administración de forma continuada y sin sujeción a otras directrices que las que derivan de su configuración como órgano de ejecución de los acuerdos adoptados por la junta general".

En esta línea, se reiteran un gran número de resoluciones del Tribunal Supremo: 22 de marzo de 2.004 (RJ 2004,1661), 14 de marzo de 2.007 (RJ 2007,1793), 14 de marzo de 2.008 (RJ 2008,4463), 4 de febrero de 2.009 (2009,1364).

Resumiendo, puede esquematizarse la cuestión en los siguientes puntos: a) no cabe equiparar al apoderado o factor mercantil con el administrador de hecho; b) no puede ser administrador de hecho quien actúa por mandato de otro, en particular de quien ostenta la titularidad del órgano de administración; c) es necesario actuar como verdadero administrador (de forma continuada y sin sujeción a otras directrices que las que derivan de su configuración como órgano de ejecución de los acuerdos adoptados por la junta general, es decir actuación con autonomía o falta de subordinación).

TERCERO.- Primer motivo de recurso: Error en la condición de administrador de hecho del recurrente. Falta de intervención en la marcha de la sociedad desde el cese como administrador único el 20 de diciembre de 2006. Valoración probatoria.

El argumento del recurso de apelación se centra en la errónea valoración de la prueba pues se dice que las pruebas documentales y testificales practicadas muestran que D. Eladio no ha ostentado ningún poder de gestión o decisión en la compañía con posterioridad a su cese y que tampoco ha desarrollado un efectivo uso del poder que se le concedió el 24 de enero de 2007. Se indica que la administración de la empresa era ejercida por la administradora legal, incluso con anterioridad a su nombramiento, cuando legalmente el administrador era el recurrente.

En el presente caso, la atribución de la condición de administrador de hecho se realiza a partir de la existencia de un poder general otorgado en enero de 2007, con posterioridad a su cese como administrador legal, documento del que resulta la inversión de la carga de la prueba que el Juez de lo Mercantil atribuye a esta circunstancia cuando interpreta la reforma de la Ley Concursal por Ley 38/2011 y la inclusión del apoderado general junto al administrador o al liquidador. La argumentación de la Sentencia se elabora a partir de la obligación del recurrente de probar que las facultades y poderes generales otorgados no se han ejercido o que lo han sido bajo instrucciones recibidas, concluyendo que es la declaración de dicha administradora, la Sra. Carolina, la que confirma el carácter instrumental y no real del cese de D. Eladio como administrador único de la concursada. Recoge la Sentencia de Instancia el contenido de la declaración de la administradora que señala que carecía de facultades decisorias y se limitaba a tareas meramente administrativas en la empresa.

En el recurso también se cita la declaración de la administradora y se extraen consecuencias contrarias a lo argumentado en la Sentencia recurrida, lo cual obliga a este Tribunal a revisar el material probatorio y dar respuesta a las consideraciones que se hacen en el escrito de recurso, después de examinar concretamente las manifestaciones de la administradora para determinar si existe el error en la valoración de la prueba que se alega en este primer motivo de recurso.

En primer lugar, como cuestión previa, entendemos que ha sido correctamente enfocada la controversia por la sentencia de primera instancia en el sentido de que el poder general otorgado a favor del recurrente obliga al mismo a justificar que de hecho no intervino en forma alguna en la marcha y gestión de la sociedad. Lo cierto es que la reforma de la LC por Ley 38/2011 añade como sujetos pasivos de responsabilidad tanto al apoderado general como al administrador de hecho, completando así una laguna legal y destacando la doctrina jurisprudencial sobre la materia, pues en numerosas ocasiones se atribuye responsabilidad al administrador de hecho. Con la nueva regulación únicamente se está contemplando expresamente uno de los más clásicos supuestos de administrador de hecho que se producen en la práctica, equiparando la figura del apoderado general a la del administrador de hecho, y uno y otro al administrador de derecho en lo que se refiere a su responsabilidad, a los efectos concursales que nos ocupan (la misma equiparación se establece en el nuevo art. 172 bis, relativo a la responsabilidad concursal). En este sentido ya se indica en la Exposición de Motivos de la Ley 38/11 que la reforma "...introduce una serie de importantes modificaciones que pretenden tanto corregir errores de enfoque detectados en la práctica como colmar las lagunas de la Ley", y más adelante señala que "...La Ley pretende igualmente precisar el régimen jurídico de algunos aspectos concretos del concurso. Así sucede en primer lugar con la regulación de la responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles durante el concurso ...".

Puesto que la condición de administrador de hecho no se presume y, además, en la mayor parte de los casos tampoco se dispone de una prueba plena y directa siendo preciso acudir a la prueba indiciaria, la reforma permite entender que el apoderado general resulta ser un administrador de hecho al que se le puede exigir responsabilidad en los términos contemplados en la ley y en este caso partimos de la justificación plena de la existencia de un poder general otorgado al recurrente con posterioridad a su cese como administrador único. No resulta sorpresiva la consecuencia lógica de tales hechos probados y es su condición de administrador de hecho durante el periodo de los dos años anteriores a la declaración del concurso.

Entrando en el análisis de las pruebas practicadas es fundamental la declaración de la administradora legal de la empresa. De sus respuestas resulta que viene a admitir que la gestión efectiva de la sociedad se llevaba por D. Eladio y que ella realizaba funciones meramente administrativas y de oficina, aunque firmara en nombre de la sociedad una vez que fue nombrada administradora. Entendemos que no se deduce de su declaración que haya reconocido que realizaba la gestión y dirección diaria del tráfico mercantil de la concursada, sino únicamente labores de oficina y de administrativa. Así se deduce del reconocimiento de que sus labores continuaron siendo las mismas después del cese como administrador legal de D. Eladio, situación que interpretamos de forma contraria a la expuesta en el escrito de recurso, en el sentido de que la gestión de la sociedad se desarrolló, antes y después del cese, únicamente por el recurrente. Es decisiva la firma del poder general de forma inmediatamente posterior al cese a favor de D. Eladio y la explicación ofrecida en juicio de que se trataba de una costumbre no se corresponde con la respuesta a la cuestión de la existencia de dicho apoderado general, que no consta, cuanto la administración era ejercida por D. Eladio . Compartimos plenamente los argumentos expuestos al respecto por el Juez Mercantil y discrepamos de las argumentaciones desarrolladas en el escrito de recurso. El codemandado era apoderado general de la concursada y después de su cese continuó gestionando la empresa como había hecho con anterioridad, sin que el mismo haya logrado demostrar que se mantuvo al margen de dicha gestión. Y ello, aunque la firma de los documentos correspondientes se hiciera por la administradora legal, que era la que desarrollaba las labores de oficina de la empresa, una vez que las decisiones de trascendencia para la promoción inmobiliaria a que se dedicaba la concursada habían sido tomadas por los gestores reales, antes y después del cese como administrador legal del recurrente.

CUARTO.- Segundo motivo de recurso: El problema temporal de la calificación del concurso. Ámbito subjetivo previsto en el artículo 164.1 LC .

En el escrito de recurso se expresa sorpresa por la condena del administrador de hecho por la concesión de un préstamo en abril del año 2006 a una entidad vinculada, cuando aún era administrador de derecho, cesando en el cargo el 20 de diciembre de 2006, siendo declarado el concurso el 5 de febrero de 2009. Se encuentra entonces, según la argumentación del recurso fuera del límite temporal previsto en el artículo 164.1 de la LC .

Entre los múltiples aspectos polémicos que sigue planteando la sección de calificación se encuentra el que puede denominarse "problema temporal de la calificación".

Antes de la reforma introducida por la Ley 38/2011, el artículo 164.1 LC no incluía esa limitación temporal sino que se refería, sin más, a quienes tuvieran la condición de " administradores o liquidadores, de hecho o de derecho " del concursado persona jurídica. En cambio, el artículo 172.3 LC, relativo a la responsabilidad concursal, contenía una referencia temporal expresa, al disponer que la condena a la cobertura del déficit podría imponerse a los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, " y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración de concurso ".

La reforma operada en la Ley Concursal por la Ley 38/2011, ha incidido directamente en esta cuestión y, en un intento de armonizar la específica acción de responsabilidad concursal del nuevo art. 172 bis con la hipótesis general que determina el concurso como culpable del art. 164.1, ha concretado la legitimación pasiva. Así, del mismo modo que la responsabilidad concursal sólo podía exigirse a los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, o apoderados generales actuales o que lo hubieran sido en los dos años anteriores a la declaración del concurso, la reforma precisa que la legitimación pasiva para soportar la acción de culpabilidad en general puede extenderse al deudor, sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, a sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, "apoderados generales, y de quienes hubieran tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración del concurso".

Sin embargo, esta delimitación, que concreta los sujetos que pueden soportar la acción de culpabilidad concursal, no solventa las cuestiones que se plantean en relación con el "problema temporal" de la calificación. En concreto surge la duda sobre si los hechos imputados a los legitimados pasivos han de haber sido ejecutados también dentro del período de los dos años antes a la declaración del concurso. Una lectura de las presunciones que determinan la culpabilidad del concurso indica que en alguna de ellas el propio legislador fija un límite temporal anterior y así la referencia a la presentación de las cuentas anuales en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso (art. 165.3º LC).

Con las modificaciones introducidas, no existe dificultad en establecer que la calificación de culpabilidad, en cuanto se refiere a la determinación de las personas afectadas, y sus consecuencias tienen el límite temporal referido: es necesario que la persona afectada ostente alguna de las condiciones establecidas al tiempo de la declaración de concurso o que la haya ostentado dentro del período de los dos años anteriores a la declaración de concurso y no cabe establecer como personas afectadas a quienes tuvieron alguna de las condiciones establecidas, pero fuera de ese período. Y surge la duda de si esa misma limitación temporal resulta de aplicación en la determinación de los actos o conductas susceptibles de comportar la calificación de culpabilidad del concurso. Se trata de dilucidar si se pueden o no tener en cuenta actos realizados antes de los dos años previos a la declaración de concurso.

Entre las tesis que se manejan, entendemos que resulta más acertada la que no extiende con carácter general la limitación temporal de los dos años del artículo 164.1 LC a la determinación objetiva de los comportamientos susceptibles de establecer la calificación del concurso. Son varios los argumentos que se pueden invocar en apoyo de esta interpretación.

El primero resulta de atender al propio tenor literal de la norma. Es cierto que la limitación temporal se contiene en la cláusula general del artículo 164.1 LC . Pero es una limitación que, por los términos en que se encuentra formulada, se refiere sólo a la identificación de los posibles sujetos afectados por la calificación. Se vincula exclusivamente a quienes hubieren tenido una de esas "condiciones" (administrador o liquidador, de hecho o de derecho, o apoderado general) dentro de ese período. Es, por tanto, una limitación temporal de carácter subjetivo, pero no objetivo y no se extiende a la identificación de los posibles comportamientos que dan lugar a la calificación de culpabilidad. Si se hubiera querido extender la limitación temporal a este aspecto, se podría haber hecho con relativa facilidad, introduciendo una fórmula semejante a la relativa a la identificación de los actos susceptibles de rescisión pero nada de eso se ha hecho, ni en la redacción originaria de la Ley ni en la reforma introducida por la Ley 38/2011.

El segundo argumento por el que se alcanza la misma conclusión es acudiendo a criterios de interpretación sistemática y al catálogo de presunciones establecido por el legislador en los artículos 164.2 y 165 LC . Entre los comportamientos determinantes de presunciones iuris et de iure de culpabilidad, sólo el artículo 164.2.5 LC incluye una limitación temporal, al disponer que en todo caso el concurso se calificará como culpable " cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos ". El resto de presunciones iuris et de iure de culpabilidad no introducen límite temporal alguno en cuanto a la definición de los comportamientos relevantes. Y, por lo que se refiere a las presunciones de dolo o culpa grave, el artículo 165.3º LC incluye los casos en que " el deudor obligado legalmente a la llevanza de contabilidad, no hubiera formulado las cuentas anuales, no las hubiera sometido a auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez aprobadas, no las hubiera depositado en el Registro Mercantil en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso ". Si sólo se pudieran tener en cuenta comportamientos realizados en los dos años anteriores a la declaración de concurso, sería imposible la aplicación de esta presunción en sus íntegros términos, que por definición va más allá de ese período y hace referencia a los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso. La interpretación sistemática parece, así, confirmar la resultante del texto de la norma.

El tercer argumento se obtiene al considerar la finalidad perseguida con la reforma: solucionar el problema de coordinación entre el artículo 164.1 LC y el artículo 172 LC y, dentro de éste, entre los números 2º y 3º del apartado 2 -consecuencias de la calificación de culpabilidad y el apartado 3 -responsabilidad concursal-, de manera que, a partir de la reforma, quede claro que la calificación y sus consecuencias sólo pueden afectar, en el caso de persona jurídica, a sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, y apoderados generales, que lo sean al tiempo de la declaración de concurso o lo hubieran sido en los dos años anteriores a esa fecha. No parece que se haya querido limitar con carácter general a ese período temporal la identificación de los comportamientos determinantes de la calificación y sus consecuencias.

Los que postulan una interpretación conforme con la expuesta por el recurrente (extender con carácter general el límite temporal de los dos años también a la identificación de las conductas), tesis que como se argumenta en la página 23 del escrito recurso ha sido acogida por la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra de 25 de mayo de 2012, chocan con la dificultad que para esta interpretación supone la presunción del artículo 165.3º LC: " no hay encaje posible con la conducta del art. 165.3 in fine, que habla de tres ejercicios anteriores ". Es imposible compatibilizar esta interpretación con el contenido de la presunción del artículo 165.3º LC .

Entendemos entonces que pueden investigarse conductas cometidas con anterioridad al plazo de los dos años anteriores al concurso siempre que tales conductas hayan tenido incidencia en la declaración de insolvencia del deudor, con independencia de su comisión en un momento temporal anterior. Dicho de otro modo, el hecho doloso o con culpa grave determinante de la insolvencia, cometido por quien ha sido administrador en el periodo de dos años antes de la declaración del concurso, genera culpabilidad aunque tuviera un origen temporal más allá de los dos años.

En este supuesto nos encontramos con un ejemplo típico de conducta anterior ejecutada por el administrador legal que cesó posteriormente y que continuó gestionando la empresa a través de un poder general. Cumple por tanto, los requisitos exigidos por la LC pues se considera administrador de hecho dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso y desde luego responde por la financiación sin garantía concedida a una entidad vinculada en un período anterior a los dos años, siendo el autor de dicha financiación pues era el administrador único de la entidad en concurso. Y aunque la conducta se inicia con anterioridad lo cierto es que igualmente debemos considerar que ha continuado con posterioridad pues la situación se mantiene en el tiempo, sin que se tomen medidas para solventar las consecuencias de la concesión del préstamo, por lo que la situación de insolvencia que causó el crédito concedido se agravó en el periodo de los dos años anteriores a la declaración de concurso y en definitiva los hechos se perpetuán en el tiempo y responde quien tiene en sus manos facultades de gestión y no solventa la situación que él mismo ha producido.

El último argumento utilizado por la parte recurrente con carácter subsidiario es que la conducta analizada debería encuadrarse en el supuesto especial regulado en el artículo 164.2.5 de la LC y no en el general contemplado en el artículo 164.1 LC, siendo su consecuencia inmediata la aplicación de un límite temporal: "cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos" . En realidad el razonamiento pretende centrar la atención en la incoherencia de limitar a los dos años un supuesto grave de salida de bienes del patrimonio del concursado y no limitarlo en este caso en que se concede un préstamo y no desaparece bien alguno. Esta causa de recurso se desestima en primer lugar porque este supuesto no puede definirse como salida fraudulenta de bienes. Y el razonamiento sobre la gravedad de la conducta tampoco se corresponde con la interpretación que el Tribunal Supremo realiza del artículo 164.2.5º de la Ley Concursal .

La Sentencia del TS de 27/03/2014 resume el criterio en los siguientes términos: "El carácter fraudulento que exige este precepto para que la salida de bienes o derechos del patrimonio del deudor sea determinante del carácter culpable del concurso no proviene de su clandestinidad, que justificaría un alzamiento de bienes tipificado en el art. 164.1.4º de la Ley Concursal . El elemento de fraude en la salida de bienes o derechos que contiene tal precepto ha de relacionarse con el exigido en el art. 1291.3 del Código Civil para la acción rescisoria por fraude........Por tanto, aunque puede concurrir una actividad intencionada y directamente dolosa, para que concurra fraude basta con una simple conciencia de causarlo, porque el resultado perjudicial para los acreedores fuera conocido por el deudor o éste hubiera debido conocerlo (sentencias de esta sala núm. 191/2009, de 25 de marzo, y núm. 406/2010, de 25 de junio, y las que en ellas se citan).......Por lo expuesto, los hechos son concluyentes en mostrar la existencia de fraude, al menos como conciencia de perjudicar a los acreedores".

En definitiva, la concesión de un préstamo a una sociedad vinculada no resulta una conducta que pueda incardinarse en el supuesto de salida fraudulenta de bienes (cuya limitación temporal además se explica por razones de coordinación con las acciones de reintegración) y en todo caso la gravedad de esta causa no es mayor que otras que pudieran encuadrarse en el artículo 164.1 LC . Y como argumento similar podemos señalar que el alzamiento de bienes regulado en el 164.2.4º LC no tiene limitación temporal, siendo un supuesto igualmente grave.

QUINTO.- Tercer motivo de recurso: Presupuesto objetivo del concurso culpable.

La parte recurrente argumenta que el artículo 164.1 de la LC recoge el criterio de imputación general del concurso culpable y exige la concurrencia simultanea de varios presupuestos, considerando que la concesión de financiación en abril de 2006 a Constructora TASCO 3000 S.L., sin aseguramiento, no es constitutiva de una actuación que de forma dolosa o gravemente negligente haya generado ni agravado la situación de insolvencia de TORRELEÓN, SL.

Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia de 19 de julio del 2012 y sentencia de 17 de noviembre de 2011), que sigue y precisa la doctrina establecida ya en otras anteriores, sobre la concurrencia en la calificación del concurso de dos supuestos: el previsto en el apartado 1 del artículo 164 LC, que tiene autonomía propia, y del que es complementario el artículo 165, y el previsto en el apartado 2 del artículo 164 LC . Por tanto, en el apartado 1 del artículo 164 de la LC se establece una norma para la calificación del concurso que se funda en un elemento objetivo (generación o agravación de la insolvencia), un elemento subjetivo (que medie dolo o culpa grave) y un nexo causal entre ambos.

Los argumentos del Juez de lo Mercantil en este apartado deben darse por reproducidos pues son correctos y se ajustan a la prueba practicada. Ciertamente la concesión del crédito a Construcciones Tasco 3000 SL, entidad vinculada, sin exigencia de garantías, y con obligación de devolución a largo plazo, supone una actuación claramente negligente del administrador que excede de lo que pueden considerarse operaciones de financiación ordinarias entre entidades vinculadas y resulta completamente injustificada en atención al objeto social de la entidad en concurso. Esta concesión de financiación ha sido la causa de la generación del estado de insolvencia, tal como resulta del análisis de las cuentas anuales y del contenido del informe de la administración concursal que atribuye la falta de liquidez de la concursada al crédito concedido en 2006 a la entidad vinculada pues como consecuencia del préstamo se produce la falta de capacidad de la concursada para hacer frente a las obligaciones exigibles a corto plazo.

En la página 29 del escrito de recurso se detalla la operación de financiación objeto de enjuiciamiento y se dice que el año 2006 es un momento de estabilidad económico-financiera de la concursada, lo que determinaría la razonabilidad de la concesión del préstamo. Este es precisamente el argumento que permite deducir la negligencia de la actuación del administrador pues resulta acreditado que la estabilidad financiera de la concursada finalizó precisamente con la concesión del préstamo ya que a principios del año 2007 y como consecuencia de esa operación ya no existía líquido suficiente para hacer frente a las obligaciones contraídas por la empresa. La relación de causalidad entre la actuación del administrador y la generación del estado de insolvencia no admite discusión pues las cuentas anuales muestran esta inmediata consecuencia.

Por último, las alegaciones sobre la responsabilidad del recurrente por la comisión de una irregularidad contable relevante no precisan de mayor concreción pues en la Sentencia de Primera Instancia no se imputa tal conducta al administrador de hecho y el recurso interpuesto por el mismo no va a perjudicar su posición. Esta cuestión además resultaría discutible pues a efectos de calificación concursal no siempre se justifica la equiparación entre el administrador de derecho y el administrador de hecho, teniendo en consideración que existe una persona gravada por el deber jurídico específico de formulación de la contabilidad y que no se demuestra que el recurrente tuviera facultades en relación con la formulación de la contabilidad o que su actuación impidiera la elaboración con exactitud de los correspondientes asientos contables.


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