Diario concursal



Descargar 0.66 Mb.
Página9/18
Fecha de conversión24.03.2017
Tamaño0.66 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

● Concursal. Art. 84 LC. Calificación del crédito por reintegro de una subvención o anticipo indebidamente percibidos, al haberse incumplido las obligaciones fijadas para su concesión cuando la resolución administrativa que impone la obligación de reintegrar es posterior al concurso, pero el incumplimiento es anterior. Es crédito concursal, no contra la masa.

5.Sentencia A.P. Valladolid (s. 3ª) de 12 de mayo de 2014. (09/07/2014)


Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid (s. 3ª) de 12 de mayo de 2014 (D. MIGUEL ÁNGEL SENDINO ARENAS).

PRIMERO. La Abogacía del Estado en la representación que legalmente ostenta de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria-AEAT- DELEGACIÓN ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON), recurre en apelación la sentencia de instancia que estima parcialmente su demanda incidental frente a la Administración Concursal y la concursada, ADVENTA SOLUCIONES AVANZADAS S.A. y declara que la mitad del importe principal -10.267,76 Euros, reclamado en concepto de reintegro de subvenciones del ECYL por importe total de 24.628,22 Euros le corresponde el privilegio general del artículo 91.4 de la Ley Concursal . Alega la recurrente, en síntesis, infracción, por inaplicación de lo establecido en el articulo 84 de la Ley Concursal que establece que deberán calificarse como "créditos contra la masa" los generados durante los procedimientos concursales en ejercicio de la actividad concursal de los deudores y los que resulten de obligaciones legales surgidas con posterioridad a la declaración del concurso (ap 2.5º y 2.10º); e infracción igualmente de lo estatuido en los articulo 2 y 37 y concordantes de la ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones (LGS) pues de ellos se deduce que la obligación del beneficiario de una subvención de reintegrar las cantidades percibidas a causa de ella no existe o se genera al momento de su concesión, tesis mantenida por la sentencia apelada, sino que surge en el instante en que no se efectúa la actividad subvencionada y solo si se produce este incumplimiento, que es el acontecimiento que determinará la perdida de los importes recibidos, con el efecto o consecuencia de su devolución a la Administración concedente con los correspondientes intereses, impuesto específicamente por la LGS y no por el artículo 1123 del C. Civil invocado en la sentencia recurrida y las sentencias de la Audiencias Provincial de Asturias en que se apoya. Pide por todo ello se dicte nueva sentencia que revoque la de instancia y declare en su lugar que los créditos por reintegro de subvenciones reclamados por la AEAT, por importe de 24.628,22 Euros, les corresponde la calificación de créditos contra la masa.

Se opone a este recurso la Administración Concursal solicitando su desestimación e integra confirmación de la sentencia apelada.

SEGUNDO. Suscita la recurrente en su recurso, una cuestión de estricto orden jurídico interpretativo consistente en determinar la calificación que haya de otorgarse al crédito por reversión de subvenciones concedidas por la Administración Publica (en este caso subvenciones del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León-ECYL)

Mantiene la administración concursal y la sentencia apelada, en resumen, que la obligación de reintegro de tales subvención no nace de la ley, sino del incumplimiento de la obligación de cumplir ciertas condiciones establecidas para su concesión, operando a modo de condición resolutoria y despliega sus efectos "ex tunc", a modo de lo dispuesto en el art. 1123 del Código Civil, lo que determina su consideración de crédito administrativo concursal con la calificación que se le reconoce, al haber sido concedidas (las subvenciones) en fecha muy anterior a la declaración del concurso, tesis esta que no comparte la Abogacía del Estado que entiende que el crédito debe ser calificado contra la masa ya que surge y nace del incumplimiento y causa restitutoria, producidas cuando la concursada ya estaba en situación de concurso voluntario.

Pues sobre, esta cuestión, aunque ciertamente no existe un tratamiento uniforme entre las Audiencias Provinciales, se ha pronunciado recientemente esta misma Sección (Sentencia de fecha 18 de febrero de 2014.Ponente Sr. Muñiz) con ocasión del recurso interpuesto por la Abogacía del Estado en un supuesto similar, que "mutatis mutandi" sirve para dar una cumplida contestación a objeciones y alegaciones de la Abogacía del Estado recurrente, parecidas a las de esa anterior.



Decíamos entonces y repetimos ahora que resultaba de interés para resolver el tema debatido, literalmente: " destacar el criterio que la Sala 3ª de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo mantiene sobre la naturaleza de las subvenciones públicas. En tal sentido la sentencia de 25 de abril de, 2007, reiterando lo ya expresado en la anterior sentencia de 2 de junio de 2003, mantiene que "Nuestra jurisprudencia ha reconocido el carácter modal de la subvención o, si se prefiere, su naturaleza como figura de Derecho público, que genera inexcusables obligaciones a la entidad beneficiaria, cuyo incumplimiento determina la procedencia de la devolución de lo percibido sin que ello comporte, en puridad de principios, la revisión de un acto administrativo declarativo de derecho que haya de seguir el procedimiento establecido para dicha revisión en los artículos 102 y siguientes de la LRJ y PAC. Y es que la subvención comporta una atribución dineraria al beneficiario a cambio de adecuar el ejercicio de su actuación a los fines perseguidos con la indicada medida de fomento y que sirven de base para su otorgamiento. La subvención no responde a una causa donandi, sino a la finalidad de intervenir la Administración, a través de unos condicionamientos o de un modus, libremente aceptado por el beneficiario en la actuación de éste. Las cantidades que se otorgan al beneficiario están vinculadas al pleno cumplimiento de los requisitos y al desarrollo de la actividad prevista al efecto. Existe, por tanto, un carácter condicional en la subvención, en el sentido de que su otorgamiento se produce siempre bajo la condición resolutoria de que el beneficiario cumpla unas exigencias o tenga un determinado comportamiento o realice una determinada actividad en los concretos términos en que procede su concesión. No puede, por tanto, ignorarse el carácter modal y condicional, en los términos como ha sido contemplado por la jurisprudencia de esta Sala, al examinar la eficacia del otorgamiento de las subvenciones su carácter finalista determina el régimen jurídico de la actuación del beneficiario y la posición de la Administración concedente. En concreto, para garantizar en todos sus términos el cumplimiento de la afectación de los fondos a determinados requisitos y comportamientos, que constituye la causa del otorgamiento, así como la obligación de devolverlos, en el supuesto de que la Administración otorgante constate de modo fehaciente el incumplimiento de las cargas asumidas, como deriva del propio esquema institucional que corresponde a la técnica de fomento que se contempla". Tras sentar el carácter modal declara, "cuando se trata del reintegro o denegación de subvenciones por incumplimiento de los requisitos o indebida utilización de las cantidades recibidas, esto es por incumplimiento de la finalidad para la que se conceden u otorgan, basta la comprobación administrativa de dicho incumplimiento para acordar la denegación de la subvención o la devolución de lo percibido. O, dicho en otros términos, en tal supuesto no se produce propiamente la revisión de un acto nulo que requiera la aplicación de lo establecido en el artículo 102 LRJ y PAC o una declaración de anulabilidad del acto que requiera una declaración de lesividad, según el artículo 103 LRJ y PAC, sino que el acto de otorgamiento de la subvención, que es inicialmente acorde con el ordenamiento jurídico, no se declara ineficaz por motivo que afecte a la validez de su concesión, sino que despliega todos sus efectos; y entre ellos, precisamente, la declaración de improcedencia, el reintegro o devolución de las cantidades cuando no se ha cumplido la condición o la finalidad para la que se otorgó la subvención. Es éste un efecto inherente al acto de otorgamiento de la subvención que ni se revisa ni se anula, en sentido propio, sino que la denegación o devolución representa la eficacia que corresponde al incumplimiento de la condición resolutoria con que se concede la ayuda".

Tal criterio es reiterado entre otras en las STS de 10 de marzo de 2009, 24 de febrero de 2003, de 13 de enero de 2003, de 12 de mayo de 2004, de 17 de octubre de 2005, de 25 de marzo de 1998, etc... ".

Y añadíamos a continuación: "El régimen normativo establecido en la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General Subvenciones y jurisprudencia referenciada que lo interpreta, configuran el reintegro de las subvenciones públicas como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones impuestas para su concesión de modo semejante al que se establece en el Derecho privado para las obligaciones sometidas a condición resolutoria contemplado el art. 1123 C. Civil . Por tanto la subvención desplegará sus efectos siempre y cuando no acontezca la causa de reintegración, pues si esta acaece determinará la pérdida de los derechos adquiridos y la restitución de las prestaciones ejecutadas. En materia de obligaciones de tracto único, como la que nos ocupa la regla general, tal y como afirma la sentencia de instancia, es la de la retroacción absoluta o con efectos ex tunc, lo que conlleva que la relación habrá de retornar al estado que tenía antes de constituirse con el consiguiente deber de las partes de restituir todo aquello que se hubiesen entregado en su virtud. Así lo afirma reiteradamente la Sala Primera del Tribunal Supremo, entre otras en su sentencia de 3 junio 2009, expresando que "en principio y por regla general, los efectos de la resolución contractual se producen "ex tunc", colocando a los intervinientes en la misma situación en que se hallarían si el contrato no se hubiese celebrado, lo que lleva consigo la obligación de restituir cada parte lo que haya recibido de la otra por razón del vínculo obligacional, sin perjuicio del derecho de terceros adquirentes de buena fe". Dicho criterio se ve definitivamente reforzado por lo dispuesto en la propia Ley 38/2003, pues en su art. 37 el efecto que anuda al acaecimiento de cualquiera de las causas resolutorias de la subvención no es otro sino el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente, interés que data desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro. Dicho interés sanciona la mora y ese instituto no puede operar lógicamente sino desde el momento en que una obligación preexistente es exigible y se incumple, conforme dispone el art. 1100 del Código Civil . Pues bien, ese momento lo data la propia ley que comentamos en el de cobro de la subvención, no en la fecha en que se hubiere incumplido la condición o condiciones a que esta se hallaba sometida ni en la de la resolución que así lo declare.

Y concluíamos; "Por otra parte, esa es la solución que mejor se compadece con los intereses presentes en el proceso concursal, pues si se optase por datar el crédito de la Administración por el reintegro de la subvención en la fecha de inicio del expediente incoado al efecto o en la de la resolución que pone fin al mismo ello equivaldría a dejar en manos del acreedor la fecha de dicho crédito y consiguientemente su clasificación. Otro tanto ocurriría si lo datásemos en la fecha de incumplimiento de la condición o condiciones impuestas para la concesión de la subvención.."


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal